Tema central
NUSO Nº 289 / Septiembre - Octubre 2020

Fronteras y movilidad humana en América Latina

La pandemia ha reforzado la importancia del binomio fronteras-movilidad. Las fronteras tienen un rol coercitivo, y su cierre reforzó la vulnerabilidad y exposición al riesgo de muchos migrantes. En América Latina las políticas migratorias se han ido uniformando con la finalidad de restringir la movilidad humana, pero esto no se tradujo en inmovilidad, sino en irregularización y mayor riesgo para quienes migran, al tiempo que el foco en el tráfico como un problema penal termina criminalizando a quienes ya son víctimas de esas prácticas.

Fronteras y movilidad humana en América Latina

La relación entre fronteras y movilidad humana en el mundo se ha vuelto una temática de primer orden debido a la propagación del covid-19. Han surgido múltiples análisis desde diversas disciplinas en torno de esta dupla, pues se ha advertido que las fronteras jurídico-administrativas de los Estados no pueden controlar la pandemia a pesar de su cierre. En esta coyuntura, la movilidad humana ha demostrado poseer una fuerza única, un ímpetu que solo la naturaleza de la vida puede explicar. Al mismo tiempo, observamos varias situaciones que rayan en el (des)criterio internacional respecto al tratamiento generalizado de las migraciones. Nos encontramos en un momento histórico en el que la movilidad humana ha demostrado su capacidad de traspasar fronteras a pesar de todas las medidas de control –incluyendo el sanitario– impuestas internacionalmente, y la dificultad de contener los flujos migratorios hacia adentro y hacia afuera constituye una alerta para los Estados. Con esto, el rol securitario de las fronteras respecto de la soberanía estatal y del nacionalismo ha dado pie a múltiples formas de violencia hacia las personas en movilidad, que siendo migrantes o trabajadores y trabajadoras fronterizos o solicitantes de refugio, han visto vulneradas sus vidas, expuestas al contagio y al abandono por parte de las autoridades estatales de los países de tránsito y de inmigración, así como de sus países de origen.

En un ejercicio de sistematización del impacto del covid-19 en las personas migrantes realizado por un equipo interdisciplinario e internacional en el que participamos1, se identificaron 11 situaciones en común en relación con las migraciones en los países de las Américas (Norte, Centro y Sur): a) cierre de fronteras e híper vigilancia; b) hipernacionalismo selectivo; c) espiral de violencia al sur; d) personas irregularizadas y desposeídas de derechos; e) suspensión del derecho al asilo y al refugio; f) producción del miedo como forma de control; g) construcción de espacios de confinamiento y sacrificio humano; h) migración en reversa; i) trabajadores esenciales pero desechables; j) niñez y adolescencia al borde; y k) luchas de los migrantes, redes de solidaridad y reacciones xenófobas.

¿Qué nos dicen estas situaciones? Que la migración se ha vuelto un tema central en el manejo político de la gestión de las fronteras durante esta pandemia. Así, el control sanitario de las naciones se superpone al control de la movilidad de manera orquestada a escala de las Américas. Asimismo, se observa que las respuestas sociales han sido similares en distintas latitudes del continente, lo que abre un nuevo foco de interés respecto a la movilización y acción en torno de las personas migrantes, reconocidas como grupos extremadamente vulnerables frente al virus y a sus consecuencias sociales, como la xenofobia y la pérdida de empleo. En este escenario, podemos afirmar que el orden fronterizo internacional mantiene y profundiza el rol coercitivo de las fronteras, particularmente respecto de la movilidad humana en tránsito que se enfrenta constantemente a barreras, restricciones y violencias.

Interesa aquí plasmar algunas ideas respecto a cómo el cierre de fronteras a escala latinoamericana ha venido reforzando la vulnerabilidad y la exposición al riesgo de las personas en movilidad, más allá del covid-19. Uno de los mayores riesgos es el que identificamos como tráfico de migrantes, fenómeno que estudiamos desde la antropología del cuerpo y de la movilidad. La importancia de analizar el «tráfico» radica en que los Estados suelen asociarlo a un delito cometido por las personas migrantes. Frente a ello, es necesario desresponsabilizar a las personas objeto de tráfico y responsabilizar a los Estados y sus fronteras de la irregularización y de los abusos y peligros a los que las exponen. Para esto, presentaremos tres ideas claves: a) el tráfico de personas es una denominación penal que impide identificar la densidad del tránsito que significa la experiencia de la migración clandestina en tránsito; b) el cruce clandestino de fronteras, asociado al tráfico, es provocado por el racismo estructural inherente a las políticas migratorias; c) no existe voluntariedad en el tráfico, ni al inicio del proyecto migratorio ni en el transcurso, por eso es más oportuno hablar de migración forzada.

La densidad del tránsito

El concepto densidad del tránsito considera la experiencia de la movilidad irregularizada que recurre al tráfico o al «coyotaje»2 para poder cumplir un proyecto migratorio. El concepto de movilidad irregularizada busca enfatizar que tanto el cruce clandestino como la vida en clandestinidad en un país de destino o de tránsito son situaciones involuntarias, que ocurren dentro de un marco jurídico que produce irregularidad administrativa. Autores críticos de los abordajes tradicionales sobre el tráfico de personas ponen en el centro del debate la responsabilidad del sistema de producción capitalista que ha generado, mediante la migración irregularizada, un nuevo régimen de acumulación flexible3. La densidad del tránsito está constituida por dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas, que se plasman en estrategias de movilidad clandestina que requieren de una importante capacidad de agencia ante la pluralidad de actores que explotan la vulnerabilidad de las personas migrantes4. Esto es así ya que una de las principales características de esta situación es la pérdida del control de la situación, como producto de la dependencia de un «coyote», de una «red de tráfico» o de la autorización de un policía fronterizo para cruzar la frontera. El contrabando o tráfico de personas es definido por el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire como «la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material»5. Esta estrecha definición del tráfico ha favorecido la difusión internacional de análisis centrados en una óptica penal, en la que la persona objeto de tráfico es considerada corresponsable del cruce clandestino de fronteras, lo que da lugar al término erróneo de migrantes «ilegales» que cometen un crimen trasnacional contra las leyes del Estado6.

En Chile, el ingreso clandestino es considerado un delito, tanto por la legislación migratoria, el decreto ley 1094 de Extranjería de 1975, como por la ley N° 20507, de 2011, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Estos son, además, delitos contra la soberanía, lo que implica que la persona que es capturada por fuerzas policiales en su ingreso por un paso no habilitado no tiene la posibilidad de denunciar el tráfico del que fue objeto. Al contrario, debería autodenunciarse, quedando en situación irregular, lo que la conduce a la expulsión administrativa, sin un debido proceso judicial en la mayoría de los casos7. Este enfoque penal, que se repite en otros países del continente, impide identificar la densidad de la experiencia que se ha denominado migración clandestina en tránsito, que se refiere a la movilidad de aquellas personas imposibilitadas de acceder a una visa, que utilizan como alternativa el ingreso a los países de tránsito y de destino por vías irregulares y con la ayuda de terceros8. Esta experiencia de movilidad transfronteriza se despliega en una situación que sintetizamos en el concepto de densidad del tránsito. Primeramente, imaginemos esa densidad como materia que se encuentra en el camino y que dificulta el andar. Se trata de una materia compuesta por múltiples dimensiones y, a pesar de las dificultades que se interponen, se avanza, atravesándolas y empapándose de ellas. En un sentido estricto, «el ‘tránsito’ se entiende como la estancia temporal o el trayecto entre dos países»9, pero los trabajos que han profundizado el concepto se refieren a trayectorias migratorias a través de diversos países sin los documentos requeridos, evidenciando problemas en torno de los derechos humanos de quienes migran, de su vulnerabilidad, de las crisis «humanitarias» y de las políticas gubernamentales10. Con esto, podemos plantear que el tránsito es una experiencia densa, pues está estructurada en el marco de la globalización neoliberal, y por lo tanto, está compuesta por una dimensión política-económica que ha posicionado a las personas migrantes como mano de obra barata, flexible y explotable en la división social del trabajo. Otra dimensión del tránsito es la posición social de no ciudadanos en la que se encuentran las personas en movilidad, expuestas a la pérdida de derechos sociales, viviendo una crisis de la ciudadanía. Asimismo, este tránsito está constituido culturalmente, pues las formas en que se desarrolla se expresan en el nivel local en lo que se ha denominado el sistema de «coyotaje», que permite avanzar en la clandestinidad pero que incluye el despojo del que son víctimas las personas traficadas11.

La migración clandestina en tránsito implica por tanto mayor vulnerabilidad. La experiencia del tránsito entre los lugares de origen y de destino está plagada de situaciones que ponen en riesgo la dignidad y la integridad de las personas y que, en tiempos de pandemia, han expuesto al contagio y el abandono a las personas en movilidad. En muchos países del continente, la población en tránsito ha sido la más perjudicada: desempleada, sin acceso a agua potable, sin albergues y sometida a contextos insalubres, lo que se suma a la indolencia de las autoridades que no facilitaron un retorno seguro cuando hubo intención de regresar al hogar. Así es como en diversas fronteras del continente quedaron varadas personas en movilidad provenientes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, personas deportadas desde México, así como otras en tránsito hacia Estados Unidos provenientes de Haití, Cuba y de diversos países sudamericanos y de otros continentes. Esta situación también se dio en las fronteras entre Ecuador y Colombia, Chile y Bolivia, Brasil y Venezuela; la población originaria de este último país ha sido la más afectada, pues han quedado inmovilizados miles de venezolanos y venezolanas en ruta a su país, transitando a pie o en transporte terrestre12. Pero la movilidad ha desafiado el cordón sanitario, recurriendo al tráfico para alcanzar su objetivo de cruzar las fronteras.

No obstante, a escala internacional se ha identificado que la mayor consecuencia del tráfico de migrantes –como del contagio por covid-19– es el posible fallecimiento de las personas que han sido traficadas. Aunque el número de muertes que resultan de este fenómeno en Sudamérica es reducido, hay evidencia de que han sido ocasionadas por el abandono de las víctimas en la mitad de la travesía o por deshidratación severa, como hemos constatado en el ingreso a Chile por la frontera con Perú y durante el cruce de la frontera entre Chile y Bolivia. Asimismo, el abuso sexual es un tipo de violencia de género bastante frecuente en los relatos de las mujeres migrantes, quienes han vivido desde insinuaciones y vejaciones hasta violaciones. A esto se suma la racialización que experimentan las personas traficadas, como un proceso de jerarquización de la alteridad, que regularmente se produce a través de la sexualización de los cuerpos de las mujeres, afrodescendientes o indígenas, que sufren la violencia sexual de los «coyotes» o policías.

Para intentar comprender el poder que ejerce sobre las personas en movilidad, quisimos buscar los múltiples sentidos de la frontera. Así, identificamos uno fundamental que es el de contribuir a la ignominia, entendida como «una ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de la persona». En nuestra investigación respecto a la subjetividad en la migración clandestina en tránsito, observamos los cuerpos afectados por la ignominia, que experimentan la negación de la movilidad como una forma de inmovilidad del cuerpo. Esta inmovilidad ha sido claramente evidenciada en los grupos de migrantes que en distintas latitudes del continente americano han querido regresar a sus lugares de origen, enfrentando la prohibición de transitar entre los países. Es lo que se ha conceptualizado como «migración en reversa», producida «por el colapso económico en los países de acogida y/o de tránsito en todo el continente, provocando el cese de fuentes de empleo informal para miles de migrantes irregularizados [que] se dirigen a sus lugares de origen para guarecerse pues ahí tienen redes familiares y sociales de apoyo y de cuidado»13. Esta situación es vivida por hondureños, salvadoreños y guatemaltecos irregularizados en ruta desde México a sus países de origen. Lo mismo experimentan nicaragüenses desde Costa Rica hacia Nicaragua, haitianos en ruta desde República Dominicana hacia Haití y migrantes venezolanos desde toda la región andina, como ya mencionamos.

Las políticas migratorias restrictivas del racismo estructural

Pero no solo el tráfico produce irregularidad, también la frontera juega un rol fundamental como mecanismo de irregularización, al denegar el derecho a la movilidad (debido al régimen de visados) y al refugio (cuando es solicitado en frontera). El caso de los más de cuatro millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, entre ellos solicitantes de asilo, es clave para entender la catástrofe que se vive en diferentes fronteras que no han acogido las solicitudes de esta población. Esto se ha exacerbado con el actual cierre de fronteras, que conllevó a una suspensión temporal de recepciones de nuevas solicitudes de asilo y refugio.

Las personas migrantes en esta situación son forzadas a cruzar las fronteras por pasos no habilitados, por rutas clandestinas, pues no regresarán a sus países de origen cuando están ad portas de cumplir su proyecto migratorio. Es así como en Chile el aumento del tráfico (465% entre 2013 y 2018) ha sido protagonizado por personas provenientes de República Dominicana, Haití, Cuba y Venezuela. Para todos estos países, la política migratoria chilena ha restringido el ingreso al país mediante la imposición de visas consulares, lo que evidenciamos como racismo estructural. El racismo estructural es definido como un conjunto de «sistemas de nivel macro, las fuerzas sociales, las instituciones, las ideologías y los procesos que interactúan entre sí para generar y reforzar las inequidades entre los grupos raciales y étnicos»14. En este sentido, la política migratoria, mediante el sistema de visados, produce migrantes racializados, más fáciles de irregularizar.

En el análisis de las políticas migratorias locales hemos identificado cómo se elaboran y legitiman categorías tales como «delito», «ilícito», «irregular». De manera generalizada, la tipificación del «tráfico ilícito de migrantes» en las leyes nacionales responde a una adecuación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. La elaboración de estas categorías proviene de las agencias internacionales dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (onu), así como la Organización Internacional para las Migraciones (oim), que instan a los Estados a tomar decisiones, a firmar y ratificar acuerdos multilaterales que uniformizan las políticas. Esto se puede evidenciar cuando observamos, por ejemplo, el caso de Ecuador, que convirtió la trata y el tráfico en problemas de seguridad, y como tales, los ha combatido y controlado15.

Lo que podemos observar es que las políticas migratorias, luego de producir migración irregularizada, la criminalizan asociándola a un supuesto descontrol de los flujos migratorios. Hemos visto esta situación en el tratamiento de la migración haitiana, con el aumento a partir de 2017 de la llegada de este grupo nacional a países como Brasil, México y Chile. Las políticas migratorias se alinean de esta manera a lo que se ha denominado gobernabilidad migratoria, que ha levantado el concepto de «migración ordenada, segura y regular» y que produce a la migración irregularizada como amenaza16, con el fin de controlar y gestionar la movilidad humana para obtener de ella una mejor utilidad.

Entendemos que este mecanismo es otro de los sentidos de las fronteras: el de filtrar, es decir, ejercer el racismo de Estado con el fin de jerarquizar a la población migrante entre quienes pueden acceder o no a una regularización migratoria, pero también entre quienes pueden o no insertarse en la sociedad ejerciendo un trabajo digno. Así, las fronteras permanecen en el cuerpo de las personas, pues se reflejan en los lugares donde viven, en los tipos de trabajos a los que acceden, en las relaciones sociales que establecen.

La migración forzada como motor del sistema de explotación de la movilidad humana

Por último, es importante destacar que no existe voluntariedad en el tráfico, ni al inicio del proyecto migratorio ni durante el trayecto. Primero, el supuesto consentimiento en el que se basa el «Protocolo» para penalizar a los hombres y mujeres migrantes no es tal. El cobro por migrar de esta manera es muy elevado, a pesar de que el traslado se hace en condiciones extremadamente precarias, pero las personas se endeudan para pagar porque existe la urgente necesidad de migrar. No obstante, el cobro inicial por el que se llega a un acuerdo con el contrabandista o «coyote» nunca es lo que finalmente se termina pagando; los cobros siempre van aumentando y transformando a las personas migrantes en dependientes de sus traficantes. Rara vez aquellas sabían que el presupuesto previsto desde el inicio del viaje hasta el final no sería suficiente para cumplir su proyecto. Al contrario, en el tránsito fueron perdiendo la certeza de que llegarían bien a puerto, porque se vieron expuestas a situaciones de abuso y violencia, de riesgos y engaños que, sumadas a la exigencia de más dinero, las iban despojando de sus pertenencias y de sus sueños.

Uno de los engaños frecuentes es no informar a las personas que cruzarán las fronteras de forma irregular, haciéndoles creer que todo está en orden, que tienen los documentos necesarios. A pesar de esto, en algunos casos, el «coyote» es percibido como facilitador, guía e incluso como una persona de confianza o «padrino de viaje», debido a que es el único que brinda una salida para migrar17. Así, comprobamos que esta forma de moverse en las rutas migratorias es una consecuencia de las restricciones a la movilidad humana en el capitalismo global, que requiere de un contingente humano forzado a la vulnerabilidad, más fácil de explotar. Asimismo, podemos afirmar que el tráfico es una movilidad forzada, considerando este concepto no solamente por los motivos de emigración, sino por la forma en que los hombres y mujeres migrantes son forzados a moverse de forma clandestina, tal como lo señalan Gardenia Chávez Núñez y Javier Arcentales Illescas, «no en el sentido de presionar su salida, sino de imponer la forma de hacerlo»18, a través del cruce clandestino de fronteras.

Por tanto, quienes recurren al tráfico para migrar son grupos nacionales que tienen pocas alternativas migratorias, ya que se les exige visas consulares para transitar entre los países. Esto implica que deban recurrir a complejas rutas buscando los lugares donde tienen «libre visado», lo que se va transformando, en el tránsito, en rutas del tráfico, pues los acuerdos con personas que facilitan el traslado, cruce de fronteras y estadías en ciertos lugares no perduran.

Las rutas del tránsito que estudiamos hacia Chile están marcadas por una cadena de violencias: económica, la de las policías fronterizas que cobran para autorizar el cruce y la de los coyotes, que además mediante la violencia psicológica, y física a veces, controlan la situación, los tiempos, los intercambios, el transporte y el alojamiento; y también la violencia de género, por parte de la pareja masculina que esconde la información o que abandona a su mujer. Esto implica que sistemáticamente las personas llegan a su destino sin dinero y endeudadas, en particular las mujeres. Las rutas recorridas tienen además la particularidad de ser extremadamente absurdas en algunos casos, pasando por ciudades que se alejan de los destinos, por zonas geográficas difíciles, etc.

Por lo tanto, poner énfasis en la voluntariedad del tráfico contribuye a la irregularización de las personas migrantes, ya que las instituciones de control migratorio no permiten que denuncien que han sido víctimas de tráfico, por el supuesto consentimiento. En suma, lo que en lenguaje jurídico se entiende como «tráfico de migrantes» es la existencia de un sistema de explotación de la movilidad humana, que no siempre funciona como una red articulada, ni como «crimen organizado internacional». Es un complejo sistema que responde a la precariedad de las vidas, que ni siquiera ante la amenaza del coronavirus deja de reproducirse.

Reflexiones finales

Las políticas migratorias latinoamericanas se han uniformado restringiendo la movilidad humana, lo que no significa inmovilidad, pues las personas se dejan explotar buscando una salida a su extrema precariedad y son objeto de distintos tipos de violencia y de racialización. De esta manera, los países latinoamericanos contribuyen a la irregularización de las personas migrantes, en particular de aquellas que se encuentran en tránsito. Vemos, además, que el cierre de fronteras impuesto para frenar la propagación del coronavirus ha venido a reforzar lo que las políticas migratorias ya estaban produciendo: mayor vulnerabilidad y exposición al riesgo. Es así como en tiempos de pandemia América Latina está imitando al gigante del Norte, cuyo contingente de migrantes irregularizados supera los 12 millones de personas –mayoritariamente latinoamericanas y caribeñas–, que actualmente viven bajo la amenaza de ser detenidas y deportadas en cualquier momento. Es urgente cambiar el foco, dejar de observar el fenómeno del tráfico desde la óptica penal y considerar la densidad del tránsito que este implica, constituido por dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas.

  • 1.

    Proyecto (In)Movilidad en las Américas. Covid-19, <www.inmovilidadamericas.org>.

  • 2.

    David Spener: «El apartheid global, el coyotaje y el discurso de la migración clandestina: distinciones entre violencia personal, estructural y cultural» en Migración y Desarrollo 10, 2008.

  • 3.

    Sandro Mezzadra y Brett Neilson: «Between Inclusion and Exclusion: On the Topology of Global Space and Borders» en Theory, Culture & Society, 2013.

  • 4.

    N. Liberona, Carlos Piñones y Haroldo Dilla: «De migración forzada a tráfico de migrantes: migración clandestina en tránsito de Cuba hacia Chile» en Migraciones Internacionales vol. 12, en prensa.

  • 5.

    Organización de las Naciones Unidas: «Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional», ONU, Ginebra, 2000.

  • 6.

    Francisca Barros Sánchez: El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas: comparación y evaluación de las políticas en Chile, ANEPE, s./l., 2018.

  • 7.

    Francisco Jara Bustos: «La expulsión de extranjeros en Chile. Un análisis desde el derecho internacional de los derechos humanos» en Marcela Tapia Ladino y N. Liberona Concha (eds.): El afán de cruzar las fronteras. Enfoques transdisciplinarios sobre migraciones y movilidad en Sudamérica y Chile, Ril Editores, Santiago de Chile, 2018.

  • 8.

    Jacques Paul Ramírez Gallegos y Soledad Álvarez: «‘Cruzando fronteras’: una aproximación etnográfica a la migración clandestina ecuatoriana en tránsito hacia Estados Unidos» en Confluenze vol. 1 N° 1, 2009.

  • 9.

    Andrés López y Jana Wessel: «Migración haitiana en tránsito por Ecuador. Comentario internacional» en Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales N° 17, 2017, p. 20.

  • 10.

    Ernesto Rodríguez, Claudia Fernández Calleros, Rubén Luna González y Edyam Rodríguez García: Bibliografía sobre migración en tránsito irregular 1990-2015, ITAM, Ciudad de México, 2016.

  • 11.

    N. Liberona: «La frontera cedazo y el desierto como aliado. Prácticas institucionales racistas en el ingreso a Chile» en Polis N° 42, 2015.

  • 12.

    V. «(In)Movilidades en las Américas», cit.

  • 13.

    Ibíd.

  • 14.

    Gilbert C. Gee y Chandra L. Ford: «Structural Racism and Health Inequities: Old Issues, New Directions» en Du Bois Review: Social Science Research on Race vol. 14 N° 4, 2010.

  • 15.

    Martha Ruiz y Soledad Álvarez: «Excluir para proteger: la ‘guerra’ contra la trata y el tráfico de migrantes y las nuevas lógicas de control migratorio en Ecuador» en Estudios Sociológicos vol. 37 N° 111, 2019.

  • 16.

    Eduardo Domenech: «Las políticas de migración en Sudamérica: elementos para el análisis crítico del control migratorio y fronterizo» en Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e Política N° 1, 2017.

  • 17.

    M. Ruiz y S. Álvarez: ob. cit.

  • 18.

    G. Chávez Núñez y J. Arcentales Illescas: «Movilidad humana, irregularidad y ‘tráfico ilícito de migrantes’» en Ecuador Debate N° 97, 2016, p. 72.


En este artículo
Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 289, Septiembre - Octubre 2020, ISSN: 0251-3552

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