El régimen militar que se instauró en 1973 en Chile canceló, como se sabe, las tendencias de desarrollo de la sociedad precedente. En lo económico, una nueva estrategia de desarrollo que condenaba el industrialismo protegido y privilegiaba aquellas actividades económicas en las que el país tenía ventajas comparativas para una concurrencia fácil al mercado mundial, ponía ante todo la exigencia de abaratar el costo del trabajo. En lo político, el quiebre de las formas democráticas que significó el golpe de Estado, no tenía como objetivo el cambio de gobierno, sino la gestación de un nuevo orden político que excluyera de los centros de decisión a los sectores cuya demanda estaba poniendo en peligro algunos parámetros de identidad de la sociedad. El autoritarismo político era necesario, a su vez, si se quería que fueran los trabajadores quienes soportaran los mayores costos de la nueva estrategia de acumulación.