Opinión
Octubre 2020

Disyuntivas progresistas en Puerto Rico

Con nuevas elecciones a la vista, que siguen a un ciclo de protestas y a una amplia crisis institucional y social, el progresismo puertorriqueño busca salir de una discusión sobre el estatus de la isla que ha venido obstruyendo debates más amplios sobre cómo generar alternativas democráticas y antineoliberales.

Disyuntivas progresistas en Puerto Rico

I. Durante las últimas décadas, Puerto Rico vivió bajo una serie de crisis anudadas que se siguen reproduciendo y profundizando: austeridad, corrupción, endeudamiento masivo, colapso de la infraestructura y de los servicios públicos esenciales (salud, educación, etc.), huracanes catastróficos de la era de la crisis climática, y ahora la pandemia de covid-19. El verano de 2019 fue un momento de amplias movilizaciones democráticas que lograron la renuncia del entonces gobernador Ricky Rosselló. En este contexto de diversas y entrelazadas crisis y de cansancio, hastío y frustración con el desastre generalizado del país se dan las elecciones para gobernador y cargos legislativos del 3 de noviembre de 2020.

El problema de cómo enfrentar la grave crisis del país en el marco electoral plantea una disyuntiva política estratégica. Por un lado, está la tendencia política que representan los partidos que se fundamentan en la lógica identitaria basada en el estatus de Puerto Rico: alguna versión del Estado Libre Asociado y la independencia. Es decir, el estatuto jurídico-político de las relaciones entre la isla y Estados Unidos. En particular, esto remite al problema de la soberanía del pueblo puertorriqueño, es decir, a la condición colonial de Puerto Rico.

Los tres partidos tradicionales, el Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se fundamentan en la lógica identitaria basada en el estatus. Esta lógica, debe reconocerse, se despliega en muchas ocasiones de manera puramente retórica o demagógica. No obstante, estos partidos mal que bien siguen articulando su discurso desde la centralidad del paradigma del estatus. (Cabe indicar que para estas elecciones el PIP ha suavizado su postura planteando que un voto por ese partido no es necesariamente un voto por la independencia pero, no obstante, no ha querido o no ha podido romper con la lógica del estatus que le da su razón de ser).

Una de las consecuencias de este paradigma ha sido apuntalar el régimen de partidos imperante (la partidocracia), cuya expresión más importante es el bipartidismo o la alternancia en el gobierno entre el PNP y PPD, dos partidos de orientación neoliberal. Por más de 50 años el bipartidismo entre el partido que favorece la anexión de Puerto Rico (el PNP) y el que defiende el actual estatus colonial de Estado Libre Asociado (el PPD) ha dominado la escena política del país. Lejos de diferenciarse, las políticas del binomio PNP-PPD han agravado la crisis y han llevado al país al desastre y al colapso institucional que vive hoy.

Por otro lado, está la tendencia que convoca a una política democrática ciudadana fuera del paradigma del estatus y que está centrada en la oposición al programa neoliberal, y en favor de políticas que propendan al bienestar común y que amplíen y profundicen la democracia. Esta tendencia la representa, con todas sus limitaciones, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). En el pasado reciente, cada vez que se han buscado alternativas a las políticas neoliberales que implementan los partidos dominantes, se ha chocado contra los muros institucionales del bipartidismo. De ahí que se haya hecho necesaria «la acción ciudadana amplia para buscar alternativas y ampliar el modelo democrático». El MVC responde, en parte, a esta necesidad que hoy es todavía más urgente. Este movimiento emergente se creó en 2019 como una alternativa frente al bipartidismo reinante y ha logrado en muy poco tiempo convertirse en un protagonista fundamental del escenario político electoral. Con escasos recursos financieros, este movimiento ha roto con la vocación de minoría de parte de la tradición progresista de hablarle solo a los convencidos; esto es, ha logrado trascender el perímetro de la izquierda y ha tendido puentes con diversos sectores sociales.

Es importante destacar que el MVC es una fuerza política innovadora que tiene la posibilidad de contribuir a mover el escenario político del país hacia una dirección progresista. Está conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas diversos y plurales, muchos jóvenes, que ofrecen ideas innovadoras y traen nuevos imaginarios y que están dispuestos a romper los esquemas anquilosados del pasado. Y, simultáneamente, cuenta con la participación destacada de activistas sociales veteranos. Finalmente, se trata de un movimiento que está en contra de la «partidocracia» y, por tanto, está organizando de manera novedosa como una «red de redes».

El MVC aboga por un proceso democrático de autodeterminación mediante el proceso de una Asamblea Constitucional de Estatus, cuyo resultado sea vinculante. Este partido se compromete a impulsar el estatus político (anexión, independencia o libre asociación) que sea favorecido democráticamente por la ciudadanía. En tal sentido, el MVC no apoya ninguna opción de estatus en particular. Lo que reivindica es el proceso democrático de autodeterminación. De ahí que sea un movimiento abierto a que sus afiliados apoyen, en el plano personal, cualquiera de las alternativas en juego. Esto implica que el MVC no participa de la lógica del régimen de partidos imperante, que postula que los partidos políticos en Puerto Rico se definen como partidos ideológicos en torno de su estatus frente a Estados Unidos.

Esta posición es quizás la que más diferencia al MVC de los demás partidos en la contienda electoral de 2020. No debe sorprender que el independentismo tradicional resienta la posición del MVC. Pero su denuncia a esta posición se hace desde el paradigma tradicional que ha contribuido decisivamente al inmovilismo y estancamiento político en Puerto Rico. Estos sectores critican asimismo que el MVC entienda que la anexión es también una opción de descolonización y que, además, este partido interpele a electores que favorecen esta opción. La perspectiva del MVC sobre la «cuestión del estatus» posibilita que este movimiento se enfoque en cuestiones sociales, económicas y ambientales; y le ofrece un espacio político para crecer fuera del gueto minoritario del independentismo.

El MVC retoma la posición sobre el estatus que adoptó el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) en las elecciones de 2012 y 2016. (De hecho, los principales dirigentes del PPT se han integrado al nuevo movimiento). Sin embargo, a pesar de que el PPT era un nuevo partido, fue percibido como un partido tradicional. En particular, fue considerado entre los votantes como otro partido independentista, aunque formalmente no lo era. Esa fue una de las razones por las que no tuvo el impacto electoral deseado y perdió la franquicia electoral en ambas elecciones. Pero donde el PPT no tuvo éxito, el MVC sí lo ha tenido: romper con la tradición política del independentismo y ser percibido como una nueva alternativa para superar el bipartidismo.

II. En la actual coyuntura política no es posible una salida al neoliberalismo sin un movimiento amplio en favor de una política democrática ciudadana. No se trata de que el estatus carezca de importancia, es que debería dejar de ser el alfa y omega de todos los asuntos. Este paradigma se ha convertido en una formulación que se traga cualquier otra discusión política sobre la crisis y las alternativas democráticas al neoliberalismo.

El estatus es, en efecto, la lengua del sentido común de la cultura política tradicional puertorriqueña, y el efecto de esto ha sido achatar y empobrecer el imaginario político y, sobre todo, bloquear la emergencia de imaginarios alternativos. Su lógica asume como dado que la preferencia que se tenga sobre uno u otro estatus determina las posiciones ideológicas en el imaginario político de izquierda a derecha. Esto ha conllevado, por ejemplo, la falacia de que si eres independentista necesariamente eres de izquierda y que si eres de izquierda eres necesariamente independentista. O alternativamente, que si eres anexionista eres necesariamente de derecha y que si eres de derecha eres necesariamente anexionista. De esta forma, el paradigma del estatus ha fosilizado la discusión política del país e invisibilizado cualquier alternativa que pretenda situarse fuera de esa jaula discursiva.

Más aún, el problema del estatus (el colonialismo) no es lo mismo que la condición colonial y sus efectos políticos, sociales y económicos en la crisis. La condición colonial desborda la «cuestión del estatus». El discurso dominante en la política puertorriqueña reduce la cuestión colonial –un complejo dispositivo de relaciones de poder y dominación– a un asunto meramente jurídico, y evade el problema de la colonialidad del poder. Más aún, el colonialismo ciertamente agrava e implica elementos particulares a la crisis por la que atravesamos, pero no podemos reducir la crisis a la subordinación política a Estados Unidos. La crisis capitalista neoliberal es global, Puerto Rico no es excepcional, sino un caso particular de una crisis más amplia. Hay que reconocer entonces que esta crisis global del neoliberalismo desborda los límites de la política del estatus y el problema de la soberanía nacional.

Un reto importante de la coyuntura actual es cómo articular el problema de la condición colonial y su vínculo con las crisis sin caer en la trampa de la política del estatus. Para asumir este reto hace falta un nuevo lenguaje político cuya gramática no esté centrada en este paradigma político, que bloquea otras iniciativas que van en la dirección de convocar a un diálogo y a una agenda común en torno de una salida democrática a la crisis. Poder adelantar esa agenda política es lo que me parece prioritario y necesario en este momento.

El momento actual se caracteriza por la hegemonía del neoliberalismo (aun con sus crisis) y por la ausencia de un amplio movimiento democrático ciudadano antineoliberal. En este contexto, cualquier alternativa de estatus implicaría una salida neoliberal a la crisis. ¿Cuál sería, por ejemplo, el contenido social de la independencia si se resolviera el estatus mañana bajo la hegemonía del neoliberalismo y en ausencia de un movimiento amplio democrático y antineoliberal? ¿Cuáles serían las relaciones sociales de poder? ¿Cuál sería la relación de Puerto Rico con el capitalismo financiero imperante? No hay razones para pensar que serían fundamentalmente diferentes de lo que son hoy. Solo desde la fuerza política, desde un vector de fuerza social, es posible plantearse seriamente un debate sobre las opciones de estatus. ¿Será posible construir una alternativa democrática ciudadana desde estas coordenadas? Este es el reto político.

Alguien podría preguntar: pero ¿por qué no hacer ambas cosas a la vez: luchar por la independencia e impulsar la alternativa democrática ciudadana en contra del neoliberalismo? Digamos que algo parecido ya lo intentó el independentismo en otro contexto y fracasó. Durante la década de 1970, como abordo en mi libro Polémicas. Política, intelectuales, violencia (Ediciones Callejón, San Juan, 2014), los sectores dominantes del independentismo el PIP y el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), junto con otras agrupaciones más pequeñas– adoptaron el socialismo como norte programático y estratégico del proyecto de independencia.

El PIP se concibió como un partido socialista democrático y el PSP se declaró marxista-leninista. Este giro implicó que se debilitara el discurso tradicional de independentismo (bandera, himno y lengua) y se le diera énfasis a la «cuestión social» (igualdad económica y social). La independencia fue concebida como un medio, el más efectivo, para construir una sociedad socialista basada en la igualdad, la justicia social y el poder político de las mayorías asalariadas del país. La independencia per se no era suficiente, la pregunta estratégica del momento era: ¿para qué la independencia? La respuesta: para construir el socialismo.

El contexto de la crisis del capitalismo de esa década creó condiciones idóneas para que el independentismo apoyara de forma activa los movimientos y luchas sociales que surgieron como respuesta a esta crisis. El independentismo tomó la calle con marchas multitudinarias, actos de desobediencia civil (como en Culebra y Vieques) e incluso acciones armadas. Por un momento, al menos así lo vivimos, parecía que era posible una transformación radical del independentismo y una articulación efectiva de un «proyecto socialista», aun con todas las diferencias y matices que existían en su seno. La independencia y el socialismo parecían una posibilidad alcanzable, pero, a pesar de múltiples esfuerzos en esa dirección, no fue así.

Ese proyecto fracasó. Y fracasó, fundamentalmente, porque el independentismo nunca dejó de ser lo que había sido históricamente: un movimiento de intelectuales, sectores medios y profesionales; es decir, en el léxico marxista, un movimiento pequeño burgués. Pero quizás lo más importante es que nunca dejó de ser nacionalista, algo que estratégicamente y de facto lo alejaba de una base social amplia interesada en otros asuntos y desde otros imperativos. Vale precisar que, aún en el periodo de los años 70, el imaginario hegemónico de la izquierda nunca abandonó la concepción de que la independencia era una cuestión de «principios», «un derecho natural».

El independentismo socialista no aceptaba que fuera posible articular otras estrategias, como impulsar el socialismo a través de la integración a Estados Unidos y en conjunto con otros movimientos progresistas estadounidenses. El «socialismo puertorriqueño», en sus tendencias dominantes, fue solo una máscara retórica con la que el independentismo pretendió interpelar sin éxito a los trabajadores.

La prioridad política máxima era la independencia y las luchas de los trabajadores se concibieron en función de ese objetivo. Pero a diferencia de otros países con una fuerte tradición socialista obrera, el socialismo independentista puertorriqueño nunca logró una implantación sólida entre los trabajadores y se mantuvo como un movimiento de sectores medios, profesionales e intelectuales. Es decir, el independentismo y la clase obrera nunca caminaron juntos políticamente. Ninguna de las variantes de este movimiento de los 70 logró cerrar la profunda brecha entre las clases trabajadoras (y otros sectores del campo popular) y el independentismo-socialista.

Con la caída del Muro de Berlín y el fracaso del «socialismo real», se consolidó en el independentismo un discurso neonacionalista. Esto implicó el abandono del socialismo y de la clase obrera y la vuelta al discurso de afirmación de la nacionalidad puertorriqueña, que ni siquiera fue una vuelta al discurso anticolonial radical.

III. En conclusión, en esta coyuntura hay dos estrategias políticas encontradas sobre cómo enfrentar la crisis neoliberal: la que insiste (aún con sus ambivalencias) en centrar su atención en la política de estatus, es decir, la independencia, y la que propone enfocarse en la creación de amplio movimiento ciudadano contra el neoliberalismo y por la justicia social, racial, de género y ecológica. Adoptar la lógica identitaria del estatus no adelanta la creación de un movimiento ciudadano democrático y antineoliberal, conformado tanto por la multiplicidad de subjetividades que nos constituyen, como a partir de la profunda desigualdad económica y social que caracteriza nuestra sociedad contemporánea.

Un movimiento de este tipo en el contexto actual debería tener dos objetivos mínimos. Por un lado, una plataforma de democracia ciudadana, esto es, el ejercicio del poder político y la deliberación y participación política para diversos y plurales sectores que hoy día están excluidos de este ejercicio. Por el otro, una plataforma antineoliberal, que se oponga a las políticas que generan exclusión económica y desigualdad social y que favorezca políticas que propendan al bienestar común. ¿Será posible articular un movimiento así en Puerto Rico? ¿Será posible que la gente pueda decidir y gobernar la gestión de la vida, en todos sus aspectos, en común? Este es el reto fundamental.

Se ha señalado en reiteradas ocasiones que lo que impide enfrentar el neoliberalismo y el régimen del bipartidismo con mayor efectividad política es la ausencia de unidad. Pero es posible trazar algunos objetivos políticos en torno de los cuales constituir alianzas. Esto es, trazarse unos objetivos comunes mínimos o urgentes es un paso en esa dirección. Para ello, habría que ir desbloqueando los obstáculos como la política de estatus a fin de poder articular un movimiento de democracia ciudadana que tenga como eje una política del bienestar común, es decir, una política en común. Sin embargo, esto no implicaría la desaparición de las diferencias y la diversidad de actores políticos, lo cual no debe ser razón para descartar establecer objetivos políticos mínimos en común.

En estas elecciones, existe la posibilidad real de que por primera vez en más de medio siglo se puedan debilitar significativamente el bipartidismo y el régimen de partidos imperante. La cuestión fundamental es cómo alterar la correlación de fuerzas favorable al statu quo. Esto es, cómo movernos en dirección de reformas que propicien mayor democracia, igualdad y políticas ecológicas. Esto, para mí, es lo crucial. No obstante, aun con el desgaste de los partidos mayoritarios (PNP-PPD), estos son los que tienen mayor probabilidad de ganar, aunque sea una victoria pírrica. Estos dos partidos buscan los votos de los sectores religiosos conservadores y de los electores tradicionales que están en contra del cambio y de sus implicaciones políticas. Ese bloque puede ser mayoritario entre el electorado. Al menos, ese es el cálculo de estos partidos que explotan el miedo al cambio.



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