Las imágenes de los muertos en las calles de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, o en los abarrotados estadios-hospitales en Brasil, serán recordadas por mucho tiempo. Pronto se leerá: «El virus fue mortal. Era rápido como un rayo, invisible e imparable. Particularmente insidioso, pérfido: se alimentaba de los viejos y los débiles».

Así, o similares, serán las narraciones que un día describan la crisis en la época del coronavirus. Se hablará de «época», porque una cosa está clara: para cuando hayamos enterrado a nuestros muertos y hayamos hecho nuestros duelos, ya todo habrá cambiado. Es por eso que vale la pena ir pensando, desde ahora, en lo que estamos viviendo.

La política también mata. Desde el decenio de 1980, la política ha avanzado decidida y convincentemente, sin límites ni sensibilidad. Desde entonces, tanto en América Latina como a escala internacional, se ha volcado hacia la optimización de las condiciones de los mercados financieros, de las grandes fortunas y de las empresas. Abrió la puerta a la globalización económica y obstaculizó su regulación social y ecológica. En todo el mundo se descuidaron las políticas de protección social y se destruyó el medio ambiente. Con el desarrollo del neoliberalismo, muchos fueron lanzados a la pobreza. Hoy en día, miles de millones de personas en todo el mundo viven en la miseria. Este ha sido un escenario particularmente obsceno porque se ha producido, además, bajo la bandera de la prosperidad, la libertad y la democracia.

No solo mata el altamente infeccioso coronavirus. También son letales las profundas trincheras de la desigualdad social, la miseria material de gran parte de la población y la completa ausencia o fragmentación de los servicios sociales. Todas estas son cuestiones que la política ha ignorado, tolerado o, incluso, promovido. Al igual que en Estados Unidos o en Europa, en América Latina las vidas se pierden no solo por la agresividad de un virus, sino por la fractura social, la sobrecarga laboral y la ausencia de financiación de los servicios de cuidado y de salud.

En América Latina –como en la mayoría de las demás regiones del Sur global–, el distanciamiento social es una terapia de lujo que solo una minoría puede permitirse. Más de la mitad de la población económicamente activa de la región trabaja en la economía informal. La subsistencia de familias enteras depende de su desempeño en calles y mercados. Por lo tanto, la cuarentena y la interrupción del trabajo significan hambre, inanición o incluso la muerte. Esto alimenta la escalada social, la violencia y los conflictos políticos. Además, el virus no distingue fronteras ni estratos sociales. Las clases medias y altas también sufren recortes y sienten, por primera vez, lo dependientes que son sus privilegios de sus mal pagados empleados. Por eso la cuarentena no puede ser la única respuesta para el contexto latinoamericano.

La crisis del coronavirus, que pone en cuarentena a un tercio de la población mundial, está llevando a muchas familias a los límites de su resiliencia. La cuarentena, sin embargo, también abre espacios para pensar en nuestro mundo después del coronavirus. Seguimos sin estar preparados. Nos encontramos inseguros y asustados. Pero quizás podamos, al menos, ganar algo nuevo durante la desaceleración forzada, sobre todo desde los lugares donde no hay una lucha diaria por la supervivencia: una reflexión sobre el futuro.

Fortalecer la democracia. En la actualidad, muchos países se encuentran en circunstancias excepcionales y requieren medidas de ese mismo tipo. Los Estados del mundo parecen estar respondiendo al llamado del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y están declarando la «guerra al coronavirus». Sin embargo, muchas medidas, como las operaciones militares, los toques de queda y las prohibiciones de reunión, traen consigo recuerdos desagradables de tiempos que creíamos que habían pasado. Los Estados de América Latina saben muy bien cómo se manejan las guerras, especialmente las domésticas. La «coronacrisis» legitima la concentración del poder en el Ejecutivo y vuelve seductoras las medidas autoritarias y represivas. ¿Cuánto se socava la democracia en esta lucha contra el coronavirus? Una acción decisiva es tan indispensable como mantener la máxima transparencia en la información sobre las medidas y su aplicación. Los derechos democráticos no deben ser restringidos en tiempos de crisis. Se debe prestar especial atención a la participación social y política y a las minorías.

Desmantelando la carrera armamentista. La lucha contra el virus como «enemigo invisible» ha estado, con demasiada frecuencia, plagada de metáforas bélicas por parte de los gobernantes de Estados Unidos, Europa, China e incluso por los líderes de América Latina. Pero el coronavirus no conoce fronteras nacionales y no puede ser derribado con disparos. Quien quiera derrotarlo debe ajustar sus estrategias: un primer paso sería la suspensión inmediata de todas las acciones bélicas, seguida del cese de todas las acciones militares amenazantes, como las de Estados Unidos hacia Venezuela. Otra medida debería reorientar de forma inmediata los fondos de los gastos militares hacia la financiación de la salud pública mundial. Actualmente, los gastos para armamentos ascienden a 1,8 billones de dólares. Con fondos de esta magnitud no solo se logrará combatir el coronavirus, sino también establecer una atención médica básica en muchos países del Sur global. Esta propuesta tiene implicancias concretas para América Latina, en tanto el gasto militar de la región en 2018 aumentó en 3% en comparación con el año anterior. Con un gasto de alrededor de 1,5% del PIB, Brasil es actualmente el país que más está invirtiendo en armamento. Quien decide sobre los armamentos es exclusivamente el Estado. Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deberían ser los abanderados y frenar la actual carrera armamentista.

Reforzar la cooperación global. La pandemia transfronteriza exige una respuesta mundial coordinada. El aterrorizante número de muertos en Estados Unidos da un nuevo y brutal significado al postulado de «América primero». Nos recuerda que los esfuerzos nacionales aislados no han podido prevenir ni evitar la propagación del virus. Por el contrario, estas posturas están exacerbando sus consecuencias. Una respuesta internacional concertada habría frenado y contenido la difusión del virus. Pero la cooperación multilateral ha perdido influencia en estos últimos años. La pandemia es, por lo tanto, una advertencia para fortalecer y ampliar nuevamente el multilateralismo.

En la lucha contra la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado –a pesar de todas las criticas recientes– la eficacia de la cooperación multilateral. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en cambio, hace alarde de su desprecio por la humanidad cuando se niega a ayudar a un país como Venezuela, que ha sido asolado por una catástrofe social. Las lecciones son simples: más recursos y más democratización para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y para las organizaciones regionales e internacionales, suspensión inmediata de todas las sanciones contra países como Irán, Cuba o Venezuela por motivos humanitarios. Se necesita rápidamente condonar la deuda de los países vulnerables, a través del FMI y el Club de París. También con este fin resulta necesario el establecimiento de un amplio fondo de ayuda internacional para el Sur global. La propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de un Plan Marshall global de 2,5 billones de dólares es un paso en la dirección correcta. Todo sistema sanitario débil crea residuos locales para el virus, a través de los cuales nuevas olas pandémicas se propagarán globalmente a mediano plazo.

Transformar la arquitectura financiera mundial. En la última crisis financiera, los responsables (los grandes bancos y otros actores globales) solo fueron rescatados gracias a una drástica intervención estatal. Esta experiencia no ha frenado a estos sectores en su insaciable búsqueda de ganancias: el número de multimillonarios en todo el mundo casi se ha duplicado desde 2008. Incluso ahora se ha intentado sacar provecho de la crisis del coronavirus, como lo ha demostrado la especulación contra el euro. Los instrumentos económicos solo pueden, en escasa medida, alinear los mercados financieros con la financiación de los servicios públicos o con las inversiones ecológicas. Por lo tanto, debemos erradicar las ideas neoliberales de austeridad e implementar préstamos públicos masivos, que deben ser garantizados internacionalmente por el FMI y los bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al mismo tiempo, necesitamos una regulación democrática de los mercados financieros mediante controles más estrictos de los créditos y las transferencias de capital. Las ganancias de los activos y del capital deben ser gravadas más fuertemente. Según Oxfam, alrededor de 2.150 multimillonarios tienen ahora más riquezas que 60% de la población mundial. Es hora de asumir la responsabilidad de estos superricos y aumentar sus tasas tributarias. Desde el punto de vista técnico, su implementación no es tan difícil. De hecho, cada país de América Latina puede hacerlo por sí mismo. Lo relevante de la cooperación internacional es que puede drenar a los paraísos fiscales y evitar la fuga de capitales. El debilitamiento de la Bolsa de Valores de Londres está abriendo excelentes oportunidades en esta dirección.

Configurar la economía con criterios sociales y ecológicos. Hoy en día, es en Estados Unidos y Europa donde se están elaborando los mayores paquetes de apoyo económico después de la Segunda Guerra Mundial. También en algunos países latinoamericanos como México se pretende contener los efectos económicos de la crisis mediante programas de ayuda gubernamentales. Este apoyo es esencial para amortiguar los efectos de la crisis. El tiempo del coronavirus debe convertirse en el tiempo de un nuevo New Deal mundial, que no solo incluya a todos, sino que comprometa a todos (incluidas las empresas y los ricos) y en el que el Estado democrático no solo despeje el camino, sino que marque el ritmo y establezca los objetivos.

Es sorprendente lo poco imaginativos que han sido hasta ahora los programas de muchos gobiernos. Sus enfoques principales han sido la estabilización y el mantenimiento sistémico. Pero especialmente ahora hay oportunidades extraordinarias para comprometer más fuertemente toda la economía con formas de producción ecológicamente compatibles, para reducir el transporte privado en favor de la movilidad pública, para ampliar las fuentes de energía sostenible, etc. También hay que velar por que se preste un apoyo especial a la economía local, a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales y por que se acorten las cadenas de suministro y producción, en particular en lo que respecta a los criterios de sostenibilidad.

Este es el momento en que América Latina puede realinear su matriz productiva, reflexionar sobre el potencial del mercado interno y reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas, las remesas y el turismo. Sin renunciar drásticamente al comercio mundial, que a través de una ponderada e inteligente regulación puede generar efectos de bienestar para todos, los gobiernos deberían considerar hasta qué punto una re-regionalización de ciertas relaciones económicas no solo sería buena para el clima. La noticia de que ciertos países alcanzarán inesperadamente sus objetivos climáticos debido a la «coronacrisis» solo parece cínica a primera vista. Lo que hay que proyectar ahora es un cambio social que sea tanto ecológico como socialmente decente, como sugieren los enfoques de la llamada «transición justa».

El bien común como primer mandamiento. Si no es solo el coronavirus lo que mata, sino también el descuido de nuestros bienes comunes, debemos finalmente dedicar suficientes recursos a nuestros servicios públicos. Aquí, las actividades reproductivas del cuidado deben ser revalorizadas. 18 millones de personas en América Latina (7% de la fuerza de trabajo) se desempeñan en el servicio doméstico. Más de 90% de ellas son mujeres y casi 80% están empleadas sin contrato de trabajo, sin seguridad social y con salarios bajos. Los indígenas y los negros están sobrerrepresentados en este grupo.

Solo la crisis del coronavirus les ha atribuido a estas actividades la importancia que siempre han tenido para todos nosotros: son «sistémicamente relevantes». La OMS estima que habría que cubrir alrededor de seis millones de puestos de trabajo a escala mundial en el sector del cuidado para poder cumplir la meta para 2030 de garantizar el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado a la salud y el bienestar. Grandes zonas de América Latina, también experimentan el grave impacto de esta escasez.

La deuda de los sistemas de salud. Lo más imperioso en esta coyuntura es poner aceleradamente los fracturados y disfuncionales sistemas de salud en condiciones de poder hacer frente a la avalancha de enfermos de Covid-19. Sin embargo, para el escenario latinoamericano, esto sería una tarea titánica, pues apenas hay servicios públicos eficientes. Esto claramente demuestra otras de las limitaciones de los gobiernos progresistas de América Latina de los dos últimos decenios. Aun cuando han sacado a muchas personas de la pobreza, no han utilizado los enormes ingresos del boom de las materias primas para construir sistemas de salud pública robustos y consolidar las garantías de derechos sociales. La situación actual de Venezuela es particularmente trágica a este respecto, pero los países con sistemas de atención de salud de amplia cobertura, como Cuba y Uruguay, también están siendo sometidos a una enorme prueba de estrés debido al alto nivel de envejecimiento de sus sociedades.

Seguridad social. En los países con una atención sanitaria deficiente y una elevada proporción de economía informal, solo quedaría la alternativa de una ayuda inmediata y directa para la seguridad básica de la población pobre. La experiencia de los gobiernos progresistas que implementaron políticas de transferencias de ingresos (como el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) ha demostrado que esas medidas pueden ser muy eficaces y tienen bajos costos (en promedio, menos de 1% del PIB nacional). La creatividad para trazar estrategias de garantías de seguridad básica ha quedado demostrada por el presidente de El Salvador, quien no solo ordenó una cuarentena de un mes en un plan de emergencia, sino que al mismo tiempo decretó una amplia equiparación de cargas (como la suspensión de pagos de alquileres, préstamos, electricidad, etc.), lo que garantiza una red de protección básica para los más pobres. También el gobierno argentino sostiene una amplia política social de emergencia, Esta política contrasta con la adoptada por Chile, que implementó un paquete económico que supuso un notable 4,7% del PIB, pero que ofrece pocas medidas para los vulnerables. En aquellos países donde no se han implementado estrategias de seguridad básica adecuadas –o donde no ha existido la voluntad política–, los resultados pueden no ser los más deseados. El costo de la sangre será imperdonablemente alto, como muestran las dramáticas imágenes de Guayaquil.

Después de la crisis del coronavirus, el objetivo debe ser construir una estructura pública lo más universal posible, mediante una inversión masiva en infraestructura de salud, cuidado, educación, protección social, servicios básicos, transporte y fortalecimiento de las zonas rurales. Esto solo puede lograrse a través del espíritu colectivo. Aquí es donde las elites económicas de América Latina tienen un primer deber. En algunos países, su concentración de riqueza corresponde a 60% del PIB nacional. Apenas se pagan impuestos por estas enormes fortunas. En la región, los ingresos estatales en concepto de impuesto al patrimonio corresponden a menos de 2% del PIB. En comparación, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se sitúan en torno de 8%. Los gobiernos progresistas de los dos últimos decenios no han logrado establecer un sistema fiscal justo en ninguno de los países de la región.

El tiempo del coronavirus es un momento para tomar decisiones aquí y ahora. La pandemia ha privado a las elites de su exit option más importante: pueden todavía enviar su dinero a Estados Unidos, pero no pueden acompañarlo. Este es un buen momento para ganarse al 10% más rico de la región, para lograr un equilibrio en la carga pública, algo de lo que ellos también pueden beneficiarse. Los virus como el del Covid-19 no pueden ser detenidos por los seguros privados o los muros de las comunidades cerradas. Lo que necesitamos en el futuro es un buen cuidado para todos y con todos.

Pero no nos engañemos: ¡después de la crisis, será el antes de la crisis! Las ondas de choque con las que el coronavirus hace explotar esta América Latina fracturada no garantizan ningún cambio. Las crisis son procesos en los que las constelaciones sociales, económicas, culturales y políticas se sacuden, se rompen y se crean nuevas constelaciones. Pero las existentes pueden fortalecerse de la misma manera.

Todos estamos pagando las facturas de la crisis. ¿Todos? Si después de la crisis volvemos a caer en los viejos patrones, los mercados financieros y los bancos pronto volverán a dominar y las políticas de austeridad se harán presentes y conducirán a recortes sociales que se cobrarán la vida de más personas de las que ya se ha llevado el Covid-19. Nuestros servicios sociales se agotarán aún más y ofrecerán cada vez menos protección. Si la próxima pandemia –o el cambio climático, que tampoco conoce fronteras– llega y ataca a estos últimos restos de la humanidad, es poco probable que nuestros hijos se salven una vez más.

Todos decidimos hoy qué historia hay que contar. La época del coronavirus debe ser la del cambio.