Chile: Constituyente, elecciones, ¿y un próximo giro a la izquierda?
julio 2021
La apertura de la Convención Constituyente marca un nuevo rumbo para Chile. Con una composición que expresa mejor la diversidad del país, la Constituyente desarrollará un proceso para acabar con la Constitución pinochetista. Sin embargo, la posibilidad de un giro a la izquierda se jugará también en las próximas elecciones presidenciales.
Chile atraviesa un proceso histórico. El 4 de julio se inauguró la Convención Constitucional que tendrá por misión redactar la propuesta de una nueva Carta Magna que enterrará, definitivamente, la heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El nuevo texto constitucional, que deberá ser sometido a un referéndum ratificatorio, será redactado por 155 convencionales constituyentes elegidos con paridad de género y 17 escaños para los pueblos originarios. Este proceso es observado con especial atención en diversos países, especialmente de América Latina.
Este contexto es el resultado de un cúmulo de situaciones que nos permiten sostener, sin temor a equivocarnos, que Chile cambió. El país ya no es el mismo que el que fuera antes del estallido social de octubre de 2019 y que desencadenó el actual momento. Ese terremoto político grado 10 (y vaya que en Chile estamos acostumbrados a los movimientos telúricos) fue solo el detonante de un país que venía acumulando presiones y tensiones que esperaban el momento para ponerse en marcha. Ya era evidente la desconexión de la clase política, los medios dominantes y el poder económico con una ciudadanía cada vez más ahogada en deudas, con servicios como la salud o la educación de alto costo para muchos y gratis (pero de baja calidad y con largas listas de espera) para otros. Un país en el que el clasismo, la segregación y el racismo cotidiano se escondía debajo de la alfombra y era soslayado en el discurso público. Temáticas vinculadas al sistema de pensiones, al modelo educacional y la falta de perspectiva de género ya habían dado señales del descontento que se vivía en el país. Pero las voces que hablaban sobre ello no eran escuchadas. Fue el alza del pasaje de la tarifa del metro la que, a fines de 2019, abrió la válvula a esa energía acumulada que desbordó las calles con millones de personas que, mayoritariamente de forma pacífica, salieron a protestar. Los estallidos acarrearon, sin embargo, componentes de violencia y vandalismo que pusieron en jaque al gobierno, a los partidos políticos y a las diversas instituciones del país.
Tras los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre en Santiago y desde el día siguiente en las distintas regiones del país, multitudinarias manifestaciones espontáneas y otras organizadas permitieron a millones de ciudadanos y ciudadanas salir a expresar sus demandas y frustraciones con el modelo. Las demandas eran múltiples, divergentes e incluso algunas contradictorias entre ellas y se expresaron sin banderas de partidos políticos, gremios, sindicatos u otro liderazgo institucional. La ciudadanía criticaba el modelo de desigualdad, los abusos de poder, las colusiones entre empresas. Y exigía dignidad y una nueva Constitución.
En ese marco de protestas y tensiones, surgió el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución. El 15 de noviembre de 2019, la mayor parte de los partidos políticos chilenos –con la notable excepción del Partido Comunista (según palabras de su Secretario General, Guillermo Tellier, por no haber sido invitados a la primera negociación de los demás partidos políticos y porque no estaban de acuerdo con el quórum de 2/3 para aprobar las normas del texto de la Nueva Constitución, exigiendo que fuera de 3/5)– suscribieron el acuerdo que abría paso a la reforma constitucional que permitió el referéndum del 25 de octubre de 2020. Fue necesario realizar esta reforma porque la Carta Fundamental que rige Chile limita la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, uno de los aspectos que se aspira a modificar en el nuevo texto.
Pese a la pandemia, la participación en el referéndum fue de más del 50% del padrón electoral, rompiendo la tendencia a la baja que se venía registrando en las elecciones anteriores. Un 78% se manifestó favorable a una Nueva Constitución y un 79% votó para que el órgano encargado de redactar el texto fuera íntegramente elegido por la ciudadanía, sin que el Congreso nombrara a la mitad de ellos.
Intenso año electoral
El proceso de lucha por la nueva Constitución fue la antesala de un 2021 que tiene al país sumido en un debate político de una intensidad inusitada. El calendario electoral es muy intenso y ha debido ser modificado por efectos de la pandemia que, como en el resto de los países, lo ha golpeado fuertemente. Este año, Chile ya ha votado por las elecciones de los 155 constituyentes, por los gobernadores regionales (primera vez que bajo esta Constitución son elegidos directamente por los territorios regionales y no designados por el poder central) y por las autoridades locales (alcaldes/esas y concejales/as). Una megaelección en que la participación electoral bajó a un 40%. En la segunda vuelta de la elección de gobernadores, sólo un 23% acudió a las urnas, lo que sigue siendo una señal de alerta y preocupación para el sistema político chileno, el cual se plantea restituir la obligatoriedad del voto por estos días.
Ahora, el país se encuentra a la espera de las elecciones primarias presidenciales del 18 de julio. Dos de las coaliciones que buscan el sillón presidencial llegaron a acuerdo para participar en este proceso: cuatro hombres en la coalición de derecha «Chile Vamos» (Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Sebastián Sichel e Ignacio Briones) y dos hombres por la izquierda, Daniel Jadue del Partido Comunista y Gabriel Boric por el Frente Amplio. No lograron ponerse de acuerdo para primarias legales los candidato y candidatas del Partido Radical, Carlos Maldonado, del Partido Socialista, Paula Narváez y de la Democracia Cristiana, la cual, habiendo elegido en proceso de primarias internas a Ximena Rincón, hoy pareciera tener como carta presidencial a la actual presidenta del Senado, Yasna Provoste (quien aún no asume públicamente como tal). Actualmente se está negociando entre los partidos de la centroizquierda la posibilidad de una «primaria ciudadana» o «convencional» para dirimir quién será el o la candidata de la «Unidad Constituyente», primaria que no contaría con financiamiento público ni publicidad en medios de comunicación.
La división de la centroizquierda y su falta de acuerdo en torno a las primarias ha puesto a este sector en una condición de desventaja frente a las otras coaliciones al no poder contar con primarias financiadas con recursos públicos y franja publicitaria gratuita, dos aspectos fundamentales para llegar al electorado con sus ideas programáticas y aumentar los grados de reconocimiento que requieren para tener adherentes y votantes.
Además de las de las fuerzas políticas mencionadas, ha surgido en los últimos años un movimiento de ultraderecha que se ha escindido del partido pospinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) y que se ha constituido como el Partido Republicano, dirigido por el ex diputado de la UDI José Antonio Kast. Las bases de este partido responden a las características del populismo de ultraderecha observado en Europa y Estados Unidos. Su discurso se fundamenta en una retórica «patriótica», «neosoberanista» y «antiinmigratoria». Para las elecciones de constituyentes, el Partido Republicano, formó parte de la lista de Chile Vamos, lo que fue muy criticado por sectores políticos de centroizquierda. Kast obtuvo un 8% en la última elección presidencial, dato importante para comprender el abanico político contemporáneo.
El calendario político chileno continúa con las elecciones del 21 de noviembre en que se elegirá presidente/a por un período de cuatro años, la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque con restricciones a la reelección de los parlamentarios más antiguos. También en esta oportunidad se elegirán los Consejeros Regionales en cada región. En caso de haber segunda vuelta en la presidencial, ésta se llevará a cabo el 19 de diciembre.
Importancia de la instalación de la Convención Constitucional y sus desafíos.
La maratón electoral chilena –en la que se cuenta el referéndum del 25 de octubre de 2020, la elección de los constituyentes el 15 y 16 de mayo de 2021 y la instalación y comienzo del funcionamiento de la Convención Constituyente del 4 de julio pasado, sumado a las primarias del 18 de julio pasado— marca un hito para el país y para la región. Chile ha comenzado un proceso constituyente que no encuentra similitudes con el de ningún otro país. Es la primera vez que se redactará un texto constitucional a través de un órgano paritario, totalmente elegido por la ciudadanía, con escaños reservados para los pueblos originarios y con una alta participación de miembros no afiliados a partidos políticos.
Los 155 convencionales constituyentes reflejan que la sociedad chilena ha cambiado en las últimas décadas sin que haya habido un correlato en la representación política en los órganos constituidos ni en las instituciones políticas, en especial en los partidos. El Congreso Nacional decidió que la elección de los convencionales se produjera bajo el sistema de distritaje y bajo las normas con las que se eligen los diputados y diputadas. Al sistema electoral D’Hont (de cifra repartidora) se le adicionó una norma de corrección para tener como resultado una Convención paritaria. Teóricamente esto beneficiaría más a las mujeres. Sin embargo, en la práctica, benefició más a varones que, aunque obtuvieron menos votos, accedieron a la Convención debido a que la regla de paridad obligó a las mujeres a cederles sus cupos. También en un proceso de discusión política más compleja y que tomó más tiempo, se llegó a aceptar 17 escaños a los pueblos originarios dentro de esos 155 cupos de la Convención Constitucional. A diferencia de lo que ocurre en la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados, se permitió las listas independientes. El resultado final, que no fue previsto por ninguna encuesta, fue la lección de una gran parte de independientes provenientes de movimientos sociales, la academia y los gremios. En definitiva, se trataba de la sociedad civil no militante de partidos políticos organizados.
El resultado de la elección de los constituyentes dejó en evidencia el debilitamiento de la derecha. La baja popularidad del gobierno y, en especial de Sebastián Piñera, afectó el desempeño electoral de la derecha, que no obtuvo ni siquiera el tercio que le hubiera otorgado capacidad de veto. Por otra parte, los partidos tradicionales, tanto de derecha como de centroizquierda, fueron fuertemente castigados en esta elección. El único de ellos que logró hacer una elección digna fue el Partido Socialista, logrando la elección de 15 convencionales. La Democracia Cristiana, partido que en la década de 1960 llegó a liderar un gobierno propio, solo consiguió un constituyente. La izquierda también fue dividida en dos listas: una representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista (Lista Apruebo Dignidad) y otra, la Lista del Pueblo, nacida de diversos movimientos sociales vinculados a los territorios, al feminismo y a las causas medioambientales. Ambas obtuvieron un gran número de votos y lograron elegir un número importante de constituyentes. Dentro de los independientes, que son muy diversos, se encuentra el reciente movimiento de Independientes No Neutrales (INN) que, pese a no ser un partido político y haberse constituido sólo para estas elecciones constituyentes, logró una nada despreciable representación de 11 escaños.
La conformación de la Convención Constitucional refleja, en definitiva, un Chile más real, más representativo de su diversidad y de sus territorios. La mayoría de los constituyentes son abogados/as, pero hay también muchos profesores/as, artistas, escritores, académicos/as y personas sin trabajo remunerado. Los territorios se encuentran ahora mejor representados, con personas de las ciudades y localidades de Chile (siendo muy minoritaria esa mala costumbre de llevar candidatos/as de Santiago a competir por cupos parlamentarios fuera de la capital). Esto es lo que necesitaba Chile para legitimar las nuevas normas que podrían regirlo durante las próximas décadas. Sin dudas, se abre la posibilidad de desarrollar un sistema diferente, abandonando la concepción neoliberal que atraviesa todos los fundamentos del Chile actual y buscando un modelo que tenga una base de protección social mínima que dignifique a cada persona y le garantice un buen vivir.
Desafíos para la centroizquierda chilena
En muchos países, el cuestionamiento a los partidos autodefinidos como socialdemócratas ha abierto paso a un debate académico y político. Diversos partidos socialistas europeos han visto cómo su electorado tradicional los ha ido abandonando y optado por otras formaciones políticas. Es el caso del Partido Socialista Francés que, en las últimas presidenciales, quedó reducido a un escuálido 6,36% y es también el caso del Partido Socialdemócrata Alemán, que en las últimas encuestas ha sido superado por Los Verdes. En Chile, el uso de este significante posee ya un uso tan liviano que, hasta Joaquín Lavín, el derrotado precandidato de la Unión Demócrata Independiente (UDI), una fuerza ubicada claramente en la derecha conservadora, se ha definido como «socialdemócrata». Sin embargo, la pandemia modificó las cosas. La falta de protección social básica de los ciudadanos –incluidos los de clase media– que se exhibió con la emergencia del covid-19 llevó a que distintas fuerzas plantearan programas que promueven modelos cercanos a lo que, en Europa, se entiende como «socialdemócrata». Es decir, al abandono del principio de subsidiariedad del Estado (expresión clara del modelo neoliberal impuesto como sello en la Constitución de 1980) y establecimiento de un modelo de Estado social y democrático de derecho.
En este punto, varias de las propuestas de las candidatas y los candidatos apuntan a establecer cimientos propios de la socialdemocracia, pero los partidos tradicionales que se asumían como socialdemócratas (los que formaron la Concertación de Partidos por la Democracia, hoy Unidad Constituyente), han sido castigados por el electorado, aun cuando no del todo abandonados si miramos los resultados en las elecciones locales y regionales pasadas.
Los programas de Daniel Jadue (Partido Comunista) y las ideas y medidas anunciadas por Gabriel Boric (Frente Amplio) no pueden ser catalogadas —como lo ha hecho parte de la derecha— de un comunismo doctrinario, en el sentido dogmático del término. Ni en el caso de Jadue y menos aún en el de Boric, quien triunfó en la primaria de la izquierda por sobre el postulante del PC, se evidencian, exceptuando algunos temas puntuales, las características histórico-filosóficas del marxismo-leninismo. Son las banderas del socialismo democrático las que están adoptando estas candidaturas, aunque, en el caso de Jadue, lo haga sin emplear jamás el término «socialdemocracia». Los partidos tradicionales de la centroizquierda cargan con el descontento de la ciudadanía –que se refleja en la mal utilizada expresión «no son 30 pesos, son 30 años», en relación a la lucha por el boleto de metro y los años de democracia—. Este contexto le dificulta a las opciones tradicionales del socialismo democrático llegar a esa ciudadanía descontenta con el modelo chileno que, si bien avanzó mucho en los gobiernos posdictadura, mantuvo una base heredada del pinochetismo y desandó caminos en los que las fuerzas políticas, engolosinadas con el poder, cometieron actos de corrupción intolerables.
¿Un giro progresista en las relaciones internacionales?
Además de las cuestiones asociadas a la política doméstica, el debate constituyente deberá abordar las relaciones internacionales de Chile. Un tema que también se encontrará en los programas políticos de cara a las presidenciales. Pese a que nunca ha sido un tema de relevancia e interés para la ciudadanía, las cosas parecen haberse modificado. La agenda internacional se ha vuelto trascendente en distintos niveles que hoy conectan con las modificaciones de la política de Chile: los derechos humanos, el medioambiente, los acuerdos comerciales o la inmigración son temas de los que el país comienza a hablar de otra manera.
El programa de la candidata Paula Narváez del Partido Socialista presta atención específica a la temática. En él se exhibe una vocación y una apuesta decidida por las relaciones con América Latina, a la vez que se hace de los derechos humanos el sello distintivo de la presencia internacional chilena. Al mismo tiempo, el programa promueve una política exterior feminista e inclusiva y turquesa (verde y azul por los océanos), como también el impulso a la internacionalización de las regiones y una nueva política de desarrollo comercial. En el mismo sentido, la candidatura de Gabriel Boric, presenta una propuesta parecida en materia internacional, señalando que sería de carácter feminista, inclusiva y antirracista. A la vez, coincide con Narváez en proponer una política exterior turquesa, descentralizada y con una fuerte impronta hacia América Latina, planteando incluso la solicitud de entrada de Chile a Mercosur como Estado miembro pleno. Sin embargo, se diferencia al indicar que en materia de desarrollo comercial, el país debe implementar mecanismos de participación ciudadana, especialmente en caso de suscripción de Tratados de Libre Comercio.
Lo que podrá tener mayor impacto en la vinculación de Chile con el exterior es lo que resuelva la Convención Constituyente. Ha habido debates previos donde ha quedado claro que se abordarán los alcances de los tratados internacionales, en especial de comercio e inversiones, la política medioambiental, el multilateralismo y los asociados a la integración regional. También tendrán que abordarse las herramientas internacionales del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo si realmente se pretenden reequilibrar los poderes entre ambos. Chile tiene una forma de gobierno que se caracteriza por ser un presidencialismo reforzado, algo que amplios sectores políticos han manifestado su voluntad de moderar.
Las expectativas del trabajo de la Convención Constitucional son muy altas para una parte importante de la población chilena. Ha sido una válvula de escape a las tensiones generadas en el estallido social, pero muchas de las causas que llevaron a ésta se han agudizado con la pandemia. Los efectos negativos del covid-19 han implicado un aumento de las brechas ya existentes y han golpeado con especial fuerza a las mujeres. El contexto político y social sigue muy delicado y frágil y el éxito no está asegurado. Dependerá de muchos factores que el proceso constituyente chileno sea un éxito y se transforme en un ejemplo mundial de cómo resolver problemas de fondo a través de la vía democrática y el consenso. El diálogo, la tolerancia y la voluntad política serán claves para tener en 2022 una nueva Constitución para un nuevo Chile.
La instalación de la Convención Constitucional no ha estado exenta de problemas de toda índole. Por una parte, el 4 de julio, día fijado por la reforma constitucional y posterior decreto del presidente de la República, las instalaciones no estaban preparadas para poder sesionar. A pesar de ser responsabilidad del gobierno a través de la Subsecretaría de la Presidencia y de tener un encargado nombrado desde hacía seis meses, la sesión tuvo que ser finalmente desarrollada por otros órganos del Estado y agrupaciones de la sociedad civil. Universidades estatales comprometieron el uso de espacios para la Convención en caso de ser necesario, mientras que el Colegio Médico entregó asesoría en cuanto a los protocolos sanitarios y el control de los aforos. La Cámara de Diputados y Diputadas, al igual que sus asociaciones de funcionarios, colaboraron en cuanto a apoyo técnico, programas, sistemas y aplicaciones tecnológicas para poder sesionar.
A pesar de todos los problemas e imprevistos que han ocurrido, la Convención Constitucional al día de hoy ya se encuentra funcionando y discutiendo su reglamento. La preside una mujer mapuche, trilingüe y con doble doctorado (en Chile y en Países Bajos). La composición, que refleja al Chile de hoy, trae ideas que moldearán las acciones para el futuro. Es una oportunidad única para que el país comience a avanzar por el camino de un Estado Social y Democrático de Derecho que la ciudadanía no solo necesita, sino que también merece.
Este artículo forma parte de la sección Diálogo y Paz, realizada junto con analistas y especialistas para analizar la compleja situación política de América Latina.