Chile científico
Nueva Sociedad 72 / Mayo - Junio 1984
Cuando los militares chilenos intervinieron en las universidades y centros del saber superior del país en 1973, probablemente no imaginaron todas las consecuencias de su acto. Personalmente fui exonerado de mis funciones académicas por la invocación de un motivo con el cual hoy día no puedo sino estar en completo acuerdo: "La necesidad de una investigación y docencia pluralista, no partidista, no proselitista, libre y auténticamente científica". En un enfoque simple de la realidad social como es el que predominó sin contrapeso en los años que siguieron a la intervención militar, todo parecía poder solucionarse o rectificarse por decreto. Las universidades en particular, que habían llegado como el resto de la sociedad a un alto grado de politización, fueron un objetivo central en la estrategia de rectificación emprendida por los institutos castrenses. Todas ellas fueron sometidas al régimen administrativo de los Rectores Delegados, es decir, pasaron a estar dirigidas por oficiales de alta gradación, en ejercicio activo o en retiro, cuya misión principal fue la pacificación de los claustros. La primera medida en este sentido fue la depuración de los estamentos académico, estudiantil y administrativo de los centros de saber superior, exonerando a todos aquellos que eran considerados elementos indignos de la función que estaban desempeñando. Los criterios utilizados para tal eliminación no fueron la excelencia académica, el rendimiento escolar o la eficiencia administrativa, sino que lisa y llanamente la adscripción o no a los postulados del nuevo régimen.