El 21 de septiembre, los estudiantes secundarios franceses llevaban apenas tres semanas de clases. Hoy parece haber transcurrido una eternidad desde aquel inicio del otoño boreal. Entretanto, las imágenes de situaciones casi insurreccionales del sábado 17 de octubre dieron la vuelta al mundo. El gobierno de Emmanuel Macron respondió con la policía desde el primer momento, endureció la represión el sábado 17 y el domingo 18, y luego anunció más «mano dura». ¿Qué margen les queda ahora a los jóvenes para seguir protestando sin que la represión ni la violencia les quiten la palabra?

El fondo

El 21 de septiembre, los alumnos del liceo Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia este de París, salieron a protestar por la falta de profesores en varias asignaturas -un problema que se repite en muchos establecimientos franceses-. Bloquearon el liceo en apoyo a la huelga que sus profesores habían iniciado cuatro días antes para pedir más personal docente y no docente. Estas demandas tienen como trasfondo el ajuste presupuestario aplicado desde la llegada de Macron al poder en 2017, que este año se tradujo en un fuerte recorte del gasto.

El presupuesto de 2026 suprimió 3.000 puestos docentes en la educación primaria y secundaria, y el proyecto de presupuesto para 2027 proponía, antes de la protesta, suprimir 3.000 más. Sobre llovido, mojado. Los profesores, los padres y los estudiantes llevan años quejándose de las clases superpobladas de alumnos y de la vetustez de los edificios. 

La canícula de este año achicharró a los estudiantes y a sus profesores, que tuvieron que terminar el año escolar y tomar exámenes en condiciones de temperatura infernales. En el largo plazo, los docentes sufren el estancamiento de los salarios, al igual que el conjunto de los empleados del Estado. El 29 de septiembre, los sindicatos del sector público (hospitales, educación, bomberos, justicia, administración municipal y ministerios) se declararon en huelga para exigir aumentos salariales. Desde 2017, los sueldos de base de los funcionarios solo se actualizaron dos veces, en 2022 y en 2023, algo más de 5% en total, mientras que la inflación acumulada, impulsada por la guerra de Ucrania desde 2022, y la de Irán este año, superará el 24% a fines de 2026. Según la Confederación General del Trabajo (CGT), los casi seis millones de empleados públicos (uno de cada cinco asalariados) perdieron más de 16% de su poder adquisitivo durante el periodo Macron. Y ya se anunció que los salarios volverán a congelarse en 2027.

En ese marco, el gobierno carece de casi todo margen de maniobra si no cambia de rumbo, y es poco probable que lo haga a seis meses de unas elecciones que marcarán el fin del ciclo político macronista (la popularidad del presidente, a quien la Constitución impide presentarse a un tercer mandato consecutivo, ronda el 15%). El 21 de octubre, la tasa que paga el Estado para endeudarse a diez años superó el 5%, un nivel que no se veía desde 2002. Tanto se ha deteriorado la situación fiscal que los mercados exigen a Francia no solo más interés que a Alemania, sino también más que a Grecia y Portugal.

El programa de Macron, teorizado en 2017 como la «política de la oferta», dio enormes ventajas al capital, a las empresas, a las finanzas, a los ultrarricos. Como el gobierno se resiste a subir los impuestos de quienes tienen con qué pagarlos, porque estima que eso dañaría la competitividad del capitalismo nacional, no le queda más remedio que recortar el gasto público o rezar para que vuelva el crecimiento, algo que no ha ocurrido hasta ahora: 0,9% de aumento del PIB en 2025, al borde de la recesión en 2026. La concepción macronista de la política y del Estado sigue una línea de razonamiento muy simple: su lógica es la de la contabilidad de almacén. 

Pero esta no es la única consecuencia de diez años de obstinación. Los equipos que llegaron al poder en 2017 llevaron al extremo una idea que venía de antes: que el modo de gobierno de las empresas privadas era el apropiado para gestionar las instituciones públicas. Esa doctrina, nacida en el mundo anglosajón en los años 80 y conocida como New Public Management (Nueva Gestión Pública), inspiraba reformas en Francia desde comienzos de los años 2000; los técnicos que migraron de la empresa al Estado con Macron la convirtieron en su brújula. La receta logró desorganizarlo casi todo. Los hospitales fueron los primeros en dar la voz de alarma cuando se tomó conciencia de que aquel que se consideraba como uno de los mejores sistemas de salud del mundo mostraba signos de un deterioro aceleradísimo. Siguieron las universidades, en cuyo seno los investigadores y los docentes se encuentran desorientados. Descubren que la ley de autonomía universitaria de 2007, aprobada bajo Nicolas Sarkozy y cuya lógica el macronismo profundizó, los condenó a funcionar como si fuesen universidades privadas, algo que no son y que no saben cómo encarar.

La universidad francesa es pública, libre, independiente y gratuita, un principio que el gobierno ya empezó a erosionar al imponer aranceles a los estudiantes de fuera de la Unión Europea mediante otro dispositivo de la era Macron, impulsado en 2018 por el ministro de Educación de entonces, Jean-Michel Blanquer, y bautizado, no sin desparpajo, «Bienvenue en France» [Bienvenido a Francia]. El resultado es que el conjunto del personal de las instituciones del Estado se encuentra bajo una fuertísima presión, dando signos de un agotamiento que antes llamábamos surmenage y ahora, burnout… Entretanto, la universidad francesa integra cada vez más estudiantes sin que aumente el número de docentes y de investigadores. Como ha recordado el economista Thomas Piketty, entre 2017 y 2026 el presupuesto de la enseñanza superior aumentó 17% en términos nominales, menos que la inflación (22%), mientras el número de estudiantes pasaba de 2,6 a más de 3 millones. Resultado: el presupuesto por estudiante cayó alrededor de 20%.

La desorganización es uno de los puntos más sobresalientes de los reclamos estudiantiles. El gobierno implementó en 2018 una doble reforma educativa. Por un lado, suprimió las antiguas orientaciones del secundario (bachillerato científico; letras y humanidades; económica y social) y propuso en su lugar una oferta pletórica de materias opcionales que los alumnos deben elegir para definir una especialización. Por otro, creó la plataforma Parcoursup (que los manifestantes piden abolir), en la que cada joven debe presentar sus candidaturas, orientadas por esa especialización, para obtener una plaza en la universidad.

Ambas reformas buscaron transformar la educación de masas en un mercado de opciones en el que cada quien tendría la posibilidad de elegir. En realidad, lo que ocurre es que se le exige a cada alumno que a los 15 años determine el camino que lo llevará a tal o cual segmento del mercado de trabajo, a tal o cual profesión. En una economía de servicios y de alta calificación como la francesa, eso significa prácticamente diez años antes del primer puesto de trabajo para una buena parte de la futura mano de obra (en Francia, cerca de 28% de una generación obtiene un diploma equivalente al máster, cifra en constante progresión). Lo que las clases medias recibieron con beneplácito como una promesa de libertad en 2018 se revela como un callejón oscuro por el que se camina a tientas en 2026.

La respuesta del gobierno

La ocupación del Saint-Exupéry el 21 de septiembre fue una chispa en un reguero de pólvora. No solo porque el descontento es muy grande, sino porque los estudiantes saben que el gobierno tiene los oídos tapados ante sus reclamos. A pocos días del bloqueo de este liceo ubicado en un barrio popular, otros mil liceos estaban bloqueados, y unos días más tarde 90% de las universidades estaban cerradas. Las manifestaciones se sucedieron una tras otra, con un punto de movilización muy alto el martes 6 de octubre. Pacíficas, alegres y creativas. 

Por fuera de cualquier organización sindical o partidaria, los jóvenes decoraron el frente de sus escuelas y las calles de las grandes ciudades con miles de pancartas coloridas, llenas de humor. Recuerdo una que decía «Macron, devuelve tu profe de francés, nos falta personal», en referencia a su esposa, Brigitte Macron, a quien conoció cuando era su profesora. Antes de que las pantallas mostrasen gases, piedras y llamaradas, aquellas imágenes de creativas pancartas dieron una primera vuelta al mundo.

Pero para el gobierno, nada tiene de divertido toda esa juventud que decidió tomar la iniciativa en el momento en que se presentaba un presupuesto de severo ajuste fiscal ante un Parlamento en el que carece de mayorías. La respuesta no tardó en llegar. Cinco días después del primer liceo bloqueado, el 26 de septiembre, las autoridades regionales de seguridad y de educación recibieron instrucciones de que cualquier «bloqueo total» de un liceo debía dar lugar a la intervención de las fuerzas de seguridad. Unidades de la Brigada Anticriminalidad intervinieron violentamente frente a los estudiantes de secundaria.

El viernes 9 de octubre, el Ministerio de Justicia publicó un primer balance de la respuesta policial. En 18 días de movilización, 6.877 personas fueron detenidas (gardées à vue), una amplísima mayoría de ellas eran menores de edad (86%) y más de 2.300 personas resultaron procesadas. Personalidades de todo calibre, el conjunto del arco opositor de izquierda, la totalidad de las organizaciones sindicales, los principales medios de prensa del país y hasta hinchadas de fútbol como la del Paris Saint-Germain denuncian alarmados por la amplitud, la desproporción y hasta la crueldad de la represión. Todo eso antes del 17 de octubre. Ese día se sumaron 2.513 detenidos, y otros 1.000 se sumarían el 24 de octubre.

Las consecuencias del uso de armas de «fuerza intermedia» (que Francia emplea con una intensidad sin equivalente en la mayoría de los países europeos, donde algunas de ellas están prohibidas) han sido dramáticas. El 28 de septiembre, en Saint-Ouen-l’Aumône, al noroeste de París, un policía disparó a quemarropa con un lanzagranadas lacrimógenas de tipo Cougar contra Eden, un joven de 14 años, frente a su liceo. La escena fue filmada y difundida en las redes sociales. El adolescente sufrió una doble fractura de mandíbula, con múltiples dientes rotos. En apenas un mes, la represión dejó una lista de heridas que se repiten. Dos adolescentes de 16 años fueron alcanzados en los ojos: uno perdió la visión del derecho el 30 de septiembre, durante el bloqueo del liceo Balzac, en Tours; el otro fue herido de gravedad por una bala de goma el 1 de octubre en Argenteuil, al noroeste de París. Las granadas policiales, por su parte, mutilaron a otros tres jóvenes: un estudiante de 15 años perdió la mano izquierda el 5 de octubre en Lens, tradicional bastión obrero del norte del país; uno de 17, la derecha, el 17 de octubre en Saint-Étienne; y uno de 20 perdió varios dedos el 24 de octubre en Toulouse.

La violencia en democracia

Las protestas fueron en un primer momento masivas y pacíficas. Los alumnos ocupaban sus centros de estudios, pintaban carteles en cartones y se manifestaban en las calles, además de intervenir en las redes sociales. Como los «chalecos amarillos» en 2018, que cortaban rutas y rotondas en el interior de Francia antes de marchar hacia las grandes ciudades, los estudiantes bloqueaban liceos hasta que se decidieron a marchar. ¿Por qué la protesta se volvió violenta? La indignación ante un gobierno sordo y garrote en mano bastaría para entenderlo, pero tal vez podamos profundizar el análisis llevando la mirada más allá del 21 de septiembre.

En el momento en que el gobierno busca ampliar el arsenal represivo para apagar la movilización social, se instala una confusión de fondo que impide ver con claridad. Las imágenes de violencia, fuego y conflicto que multiplican las redes sociales crean la sensación de que lo que se ve en el teléfono es lo único que ocurre. Pero cuando no está acompañada de palabra, la imagen vuelve el aire más irrespirable que los gases lacrimógenos.

El Estado de derecho es consustancial a la democracia, al igual que los movimientos sociales. Nadie lo duda. Ahora bien, un movimiento social no se reduce a la expresión de una idea. Tiene que poder actuar en un doble terreno. Por un lado, se manifiesta en el espacio público para convencer a los demás ciudadanos, a la prensa, al gobierno, a otros actores colectivos como las asociaciones, los partidos, los sindicatos, las organizaciones patronales. Por otro, baja a la arena a defender sus intereses y debe poder establecer una correlación de fuerzas con otro agente con el que entra en conflicto: el gobierno, otro grupo social, otro actor más o menos institucionalizado, un actor organizado, como las empresas, o un sector de interés, como las finanzas. Así, los movimientos ecologistas actúan sobre la opinión para generar conciencia sobre su causa y, al mismo tiempo, frenan proyectos industriales, agrícolas, gubernamentales. Los agricultores cortan a veces las rutas y reclaman ayudas para actividades amenazadas. Los estudiantes toman sus instituciones y marchan por las calles en contra de una reforma.

El movimiento obrero se constituyó actuando en ese doble registro y logró incorporar al derecho esa doble cara de la movilización: la manifestación y la huelga. Muy temprano, los trabajadores entendieron que el solo movimiento de opinión no alcanzaba. Su causa volvió necesario otro modo de acción. La huelga reconocida por el derecho es una de las grandes conquistas de las democracias contemporáneas. Pero la huelga descansa en la posibilidad de doblegar la voluntad del patrón o del gobierno, de oponérseles. Y a la huelga muchas veces se le suman el piquete, el boicot, el sabotaje.

Las formas que adoptan hoy las movilizaciones en Francia son en gran medida consecuencia de las derrotas rotundas que sufrieron los movimientos sociales en los últimos años. Las manifestaciones y las huelgas no lograron detener la reforma del sistema de jubilaciones ni la del código laboral, ni la del estatuto de la empresa pública de transporte ferroviario SNCF ni la de las universidades, aun cuando movilizaron a millones de personas en 2018, en 2019, en 2023... La debacle del movimiento social se explica por factores económicos y políticos. Entre los primeros, los cambios en la valorización del capital. Las evoluciones tecnológicas y la movilidad resultante de la liberalización de los intercambios económicos, que llamamos mundialización, volvieron al capital difícil de alcanzar. Entre los segundos, la intransigencia de los gobiernos, decididos a no ceder, la transferencia de decisiones a instancias supranacionales como la Unión Europea, un sistema político elegido por cada vez menos votantes y el ascenso de la palabra tecnocrática frente a la palabra política. Los estudiantes que bloquean hoy sus liceos crecieron viendo esas derrotas: millones de personas en la calle, una y otra vez, sin lograr torcer el rumbo decidido por el gobierno. 

Más profundamente, en tiempos de salariado industrial las cosas no ocurrían del mismo modo que en épocas de salariado de servicios. El paro de una fábrica detiene la producción de mercancías y perturba solo las ganancias de la empresa, pero rara vez afecta a los consumidores. En cambio, la huelga en el sector de servicios molesta inmediatamente a sus usuarios: las familias si se para la escuela, los pacientes del hospital, los pasajeros del transporte… En una institución de servicios, la solidaridad con los huelguistas es mucho más difícil que en el caso de una fábrica. Los gobiernos y las patronales, o los accionistas, encuentran aliados en quienes se ven directamente perjudicados por el movimiento social. Y de igual modo ocurre en caso de bloqueo, corte de ruta u ocupación. Una cosa es ocupar una fábrica y otra muy diferente es cortar el tránsito de una autopista o de una estación del ferrocarril.

Cuando la huelga se mostró poderosa, los gobiernos desplegaron un arsenal político directo. Ya en tiempos de Sarkozy (2007-2012) se acusaba al movimiento social de «tomar de rehenes a los usuarios» y se votaron leyes para limitar la eficacia de la huelga, como la ley Nº 2007-1224 «sobre el diálogo social y la continuidad del servicio público en los transportes terrestres regulares de pasajeros». Y cuando la huelga volvió a mostrarse poderosa, como en el prolongado paro de transportes contra la reforma jubilatoria, entre el 5 de diciembre de 2019 y el 27 de enero de 2020, los gobiernos desplegaron un arsenal político directo. Allí donde las condiciones económicas no alcanzaban para debilitar la huelga, los gobiernos buscaron reducir la eficacia de la acción colectiva.

La democracia se pierde cuando se corta una de las dos alas del movimiento social. Allí está la clave: es cada vez más difícil lograr cambios mediante la movilización colectiva. Al mismo tiempo, se denuncia la ilegitimidad de toda acción que apunte a modificar la correlación de fuerzas, cuando no se la declara ilegal. Los movimientos sociales vieron así recortada una de sus alas. Solo se autoriza la manifestación de opiniones en el espacio público, pero son cada vez más los que tienen la sensación de no ser escuchados.

Una de las causas de la violencia que estalla ante nuestros ojos es que quienes protestan ya casi no encuentran un adversario identificable con quien medir fuerzas. No es exclusiva de los jóvenes en 2026. Ya ocurrió con los «chalecos amarillos», y antes con los jóvenes de las banlieues [periferias], los barrios populares que rodean las grandes ciudades. Sus protestas contra la violencia policial terminaron estallando en las famosas émeutes [revueltas] de 2005 y 2023. Y antes y después de ellos, los movimientos ecologistas se vieron envueltos en conflictos violentos, como con la ocupación de los terrenos del futuro aeropuerto de la región de Nantes, en Notre-Dame-des-Landes entre 2009 y 2018, o la oposición a la represa de Sivens en 2014 (donde un joven murió a causa de una granada). Y otro tanto ha ocurrido con los movimientos campesinos, por ejemplo durante la oposición a la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur en 2024, las protestas en la región de Carcassonne de ese mismo año (que incluyeron numerosos cortes de ruta y hasta el ataque con un artefacto explosivo contra un edificio de la Dirección Regional de Medio Ambiente), o las protestas contra el tratamiento de la epidemia de dermatosis nodular en diciembre de 2025. 

La no respuesta de Macron

En su discurso del 18 de octubre, el presidente Macron respondió a la violencia de los manifestantes del día anterior. No dijo ni una palabra de la violencia policial, tampoco aportó respuesta alguna a los reclamos de los manifestantes, que ya no eran solo estudiantes sino también funcionarios públicos, y que protestaban además por el encarecimiento del costo de vida. Sí reafirmó el derecho a manifestarse pacíficamente, aunque, según él, la respuesta a esas reivindicaciones debía llegar en las urnas, en las elecciones presidenciales de abril de 2027. Una perfecta clase práctica de una concepción liberal de la democracia: los ciudadanos manifiestan sus pareceres y opiniones en el espacio público y las elecciones dirimen los debates con el voto. Nada de bloqueos ni acciones de fuerza. ¿Y cuando el sector financiero presiona al Estado con, por ejemplo, una suba de las tasas de interés? Pues se dirá que eso no es acción de fuerza, aunque acorrale a gobiernos y someta a pueblos por doquier.

Incapaz de articular una respuesta política sin abandonar su proyecto de liberalización de la sociedad y del Estado, el gobierno se dispone a redoblar el arsenal represivo. Pero las clases populares, que se integraron a la democracia contemporánea gracias a la institucionalización del Estado social, no pueden resignarse a la derrota ni a la aceptación pura y simple de un modelo económico, social y político que se les impone. El gobierno invoca el Estado de derecho y la democracia representativa. Sin embargo, achica el derecho a la vez que extiende el espacio de lo ilegal. Corre así el riesgo de dañar la legitimidad de la ley al convertir a la policía en tan solo un cuerpo represivo.

Los ganadores de la liberalización y del capitalismo contemporáneo quisieran reducir la oposición social a la mera manifestación de una opinión y volver imposible que toda acción de fuerza se articule, se organice, se vuelva eficaz. Quizás así ganen la batalla, pero no solo condenarán de manera duradera a los perdedores de la globalización; como aprendices de brujo, habrán puesto en peligro la democracia y creado las condiciones para enfrentamientos cada vez más violentos, de los que será difícil salir. El espacio de la democracia se estrecha cada día un poco más, y ello no es obra de quienes buscan protestar.