Puede parecer sorprendente que, luego de dos elecciones en las que las fuerzas progresistas chilenas tuvieron victorias contundentes, Chile se haya visto ante la emergencia de un candidato de ultraderecha. El candidato de la «derecha sin complejos», José Antonio Kast, que obtuvo 27,91% en la primera ronda de las elecciones presidenciales, se enfrentará en el balotaje a Gabriel Boric, candidato de la izquierda, que sumó 25,83%. La participación se ubicó en 47% del padrón electoral.

El crecimiento de una fuerza restauradora se produce luego de dos años de convulsiones sociales que han marcado la agenda nacional. El estallido social del 18 de octubre de 2019 se tradujo institucionalmente en el proceso constitucional en curso, cuyos hitos fundamentales han sido el plebiscito en favor del desarrollo de una nueva Carta Magna y la posterior elección de los miembros de la Convención que redactaría el texto constitucional. El primer hito se coronó con más de 78% de los votos en favor de comenzar un proceso constituyente. Mientras tanto, el segundo se caracterizó por el hecho de que, en la elección de convencionales, resultaran electas las nuevas fuerzas movilizadas que emergieron en torno del estallido, junto con una consolidación de la bancada de izquierda y el desplome del centro y la derecha.

¿Cómo ha logrado el ethos restaurador conquistar importantes segmentos sociales y dar vuelta un debate nacional que había estado marcado por las demandas de cambio? 

La derecha chilena y su sinuosa relación con el pinochetismo

José Antonio Kast es un exponente de la emergencia mundial de la extrema derecha. Para entender su candidatura, es importante percibir que esta «familia» política incluye a exponentes muy distintos. En su último libro sobre la ultraderecha,The Far Right Today [La extrema derecha hoy] (2019), en el que se menciona a Kast, Cas Mudde emplea una distinción útil. A diferencia de la derecha y centroderecha tradicionales, la extrema derecha se define por su rechazo a las formas de la democracia liberal. Una parte de ella, a la que Mudde denomina «derecha radical», se opone a los aspectos liberales de la democracia liberal como el respeto a minorías, pero reconoce en su ideario un sustrato democrático. Un clásico ejemplo de este espacio se expresa en los populismos de derecha que, sobre la base de un discurso de confrontación entre un pueblo virtuoso y una elite corrupta, han traído la conformación de democracias iliberales en varios países. En cambio, la otra parte de la extrema derecha, que Mudde denomina «derecha extrema», se opone a la esencia misma de la democracia liberal, despreciando el gobierno de mayoría y reivindicando jerarquías no democráticas. El ejemplo más notorio y extremo de esta ideología es el fascismo. En el caso chileno, esta variante de ultraderecha se ha expresado en el pinochetismo. 

Luego de la dictadura de Augusto Pinochet, la derecha chilena ingresó en el debate democrático marcada por el clivaje que nació del plebiscito de 1988 y que puso fin al régimen militar. Todas las tensiones del pasado se vieron de pronto subsumidas en la definición ante este plebiscito. Los que apoyaron la opción del «No» a la continuidad del régimen iban a formar la coalición de centroizquierda bautizada Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernaría el país durante la lenta transición democrática. Quienes apoyaron el «Sí» se constituyeron en una fuerza de resistencia, protegiendo el legado de la dictadura, su sistema económico, político y social, un modelo simbolizado, sobre todo, por la Constitución de 1980. 

Desde la posición de trinchera y defensa del legado pinochetista, no es sorprendente que los primeros resultados de la derecha en elecciones presidenciales (1989 y 1993) fueran notablemente exiguos. De hecho, en ambas contiendas la centroizquierda ganó en primera vuelta, con más de 50% de los votos. Sacudida por estos malos resultados, la derecha comenzó una progresiva adaptación programática, acercando sus posiciones a las de la Concertación. Esta moderación programática dio resultado, y en las elecciones de 1999 logró forzar una segunda vuelta. Finalmente, el gran salto en la historia de la derecha se dio con la candidatura presidencial de Sebastián Piñera en 2009, en la que, por primera vez en 50 años, llegó al gobierno por vía electoral. Quizás no casualmente, Piñera había sido de los pocos referentes de la derecha que se había unido a la opción del «No» en 1988 y, con su victoria, parecía consolidar el desmarque de la derecha de la historia pinochetista. Sin embargo, algunos sectores seguían reivindicando el ideario del régimen de Pinochet, aunque más cautos en las referencias explícitas a la dictadura. De hecho, no sería hasta 2014 y 2018 que los partidos tradicionales de la coalición de derecha, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), removieron de sus declaraciones de principios su apología al golpe de Estado cometido por Pinochet.

En 2016, Kast renunció a la UDI considerando que el partido se había alejado de su «proyecto fundador». En esa época, como político independiente, celebraba sin mayor tapujo el carácter pinochetista de su proyecto. Por ejemplo, declaró que si Pinochet estuviera vivo votaría por él y que «separando el tema de los derechos humanos, el gobierno de Pinochet para el desarrollo del país fue mejor que el de Sebastián Piñera». Con este discurso, Kast obtuvo cierta notoriedad en las elecciones presidenciales de 2017 y alcanzó en la primera vuelta cerca de 8% de los votos.

Cómo la derecha encontró su indignación

En The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin [La mente reaccionaria. El conservadurismo de Edmund Burke a Sarah Palin] (2011), Corey Robin describe la era moderna como una marcha democratizadora en que sectores subordinados se han rebelado contra algún orden y jerarquía de poder. En respuesta a cada una de estas marchas, ha habido una reacción restauradora, a veces llamada «reaccionaria», «conservadora», «revanchista» o  «contrarrevolucionaria». En este sentido, explica Robin, las formas concretas que el conservadurismo toma en una coyuntura específica no le son esenciales. Algunos conservadores critican el libre mercado, otros lo defienden; algunos se oponen al Estado, otros lo promueven; algunos creen en Dios, otros son ateos. Algunos son nacionalistas, otros internacionalistas. Todas estas son características secundarias de un sustrato común que busca preservar alguna institución ante el asalto de fuerzas de cambio. Como explica Samuel P. Huntington (1957), la ideología conservadora sería expresión de una reacción recurrente e históricamente situada a fuerzas que pujan por cambiar alguna institución. 

La promesa de Kast de recuperar un orden perdido descansa en la indignación de una sector de la sociedad que ve cómo principios básicos de la convivencia social que definían Chile antes de 2019, han sido dejados de lado. Es decir, el vértigo que generan en sectores de la sociedad las movilizaciones por demandas feministas, indigenistas y de garantías sociales, que se entremezclan con imágenes de desorden o incluso caos. En un escenario de este tipo, emergen las retroutopías de volver a un pasado de supuesta estabilidad y paz social. De este modo, el poder seductor de la promesa de Kast proviene, volviendo a Robin, de que «a diferencia de sus oponentes en la izquierda, ellos no presentan un mapa por adelantado de los hechos». En este sentido Michael Oakeshott definió el ser conservador como el preferir lo familiar a lo desconocido, los hechos al misterio, lo cercano a lo distante, lo conveniente a lo perfecto.

Cuando estalló la movilización social en octubre de 2019 (detonada por el alza de precios en el transporte público), todavía estaban en el ambiente las movilizaciones de Brasil que comenzaron por razones similares y anticiparon la emergencia de una demanda por orden y seguridad que culminó con la elección a la Presidencia de Jair Bolsonaro. Las primeras expresiones de esta demanda se materializaron en Chile con la organización de brigadas que buscaban enfrentar a los manifestantes y que se caracterizaban por usar chalecos amarillos. En torno del surgimiento del movimiento de Chalecos Amarillos chileno (una referencia indirecta a sus homónimos franceses), Kast intentó capitalizar sus posiciones de «derecha sin complejos», llegando incluso a convocar marchas en contra del estallido social. Sin embargo, este intento fue un rotundo fracaso, lo que llevó al líder de ultraderecha a suspender su convocatoria a marchar. 

Para entender cómo Kast logró expandirse más allá del nicho del 8% pinochetista y sobreponerse a la debacle de los Chalecos Amarillos, habría que comprender lo ocurrido entre aquel 2019 y 2021. En particular, propongo tres elementos que han alimentado su campaña y le han permitido desprenderse de la figura de Pinochet, manteniendo la reivindicación de un autoritarismo en colisión con principios de la democracia liberal. Es decir, tres elementos que le hicieron posible alejarse de algunos aspectos de la derecha extrema para acercarse a la derecha radical. En definitiva, los hechos que ocurrieron en ese plazo de dos años le permitieron, al decir de Pablo Stefanoni (2021), disputar la rebeldía y, más aún, la indignación, que hasta ese momento había sido hegemonizada por la izquierda. 

El surgimiento de Kast

El primer elemento fue el plebiscito de entrada para el proceso constituyente. Kast se volvió entonces una figura reconocida por su posición por el «rechazo». La oposición al desarrollo de un nuevo texto constitucional obtuvo 22%, pero la campaña que rodeó esta posición le permitió a Kast crecer, consolidando una identidad que sobrepasaba el 8% que había obtenido en las pasadas elecciones presidenciales. En el campo del rechazo confluyó una coalición social de identidad muy demarcada. Se trataba de una derecha contraria a los cambios que se habían levantado desde el estallido social y que ya no buscaba reivindicar el Chile previo al plebiscito de 1988, sino el previo al estallido de 2019. En lugar de defender la figura de Pinochet, defendía la Constitución fraguada en dictadura y la sociedad que había emergido bajo su alero. Como explican Carlos Meléndez, Cristóbal Rovira Kaltwasser y Javier Sajuria (2021), esta coalición social presentaba varias características que la hermanaban con los movimientos populistas de derecha radical en el mundo. Era un grupo que ostentaba posiciones conservadoras, nativistas y antiinmigrantes, junto con un fuerte influjo autoritario. Un rol central en esta fuerza lo jugaban las iglesias evangélicas, que participaron en la franja televisiva del rechazo a una nueva Constitución. Si por el lado del apruebo abundaba la heterogeneidad ideológica y social, junto con las potenciales vocerías, del lado del rechazo se conformó un discurso homogéneo con una vocería clara, en manos de Kast.

El segundo elemento importante para entender la emergencia de Kast está marcado por las disputas que se han generado en torno de la Convención Constitucional. La centroderecha y la ultraderecha de Kast fueron unidas en una sola lista de candidatos y tuvieron muy malos resultados, alcanzando menos de un cuarto de los escaños (en el Parlamento contaban con poco menos de la mitad). De este modo, se terminó configurando una Convención con claras mayorías para los sectores progresistas y, en particular, para nuevas fuerzas políticas que emergieron desde el estallido social levantando banderas del feminismo, el indigenismo y un fuerte discurso antielite. A poco de andar, la Convención Constitucional comenzó a disminuir sus niveles de apoyo, sobre todo entre los votantes de derecha, que veían con recelo una suerte de cónclave de activistas de causas progresistas. En definitiva, si para los activistas dejar de movilizarse, incluso desde las esferas del poder, era una traición, para los electores de derecha y, en general, quienes valoraban el orden, una movilización sin fin era una pesadilla.

Entre los votantes de derecha fue tomando fuerza una posición de antagonismo frente a la Convención Constitucional. Entre quienes se identifican con la derecha, 68% perciben que la ciudadanía está poco o nada incluida en el proceso constituyente (comparado con solo 13% entre quienes se identifican con la izquierda). Esto explica la existencia de un «votante arrepentido» que muestran las encuestas en la forma de una progresiva caída entre los que afirman haber votado «apruebo» y que probablemente refleje a votantes de derecha que apoyaron esta opción. Además, las mismas encuestas muestran que Kast logró seducir a casi la totalidad de votantes del rechazo y a algunos del apruebo, lo que refuerza el argumento de un votante de derecha que pasó del bando del apruebo al de la «derecha sin complejos», indignada con los cambios que se han sucedido desde el estallido social.

El tercer elemento del surgimiento de la indignación de derecha es la confluencia de una serie de hechos que abrieron una ventana de oportunidad al candidato de la extrema derecha, al empujar la demanda por orden y seguridad al frente de la agenda pública. Un escenario que incluyó una creciente crispación social en el norte del país en torno de la inmigración, la tensión social en el sur en torno del «conflicto mapuche» y, sumado a esto, una ola de violencia callejera en conmemoración del 18 de octubre de 2019, que se sintió con fuerza en Santiago y la zona central. 

Sin embargo, todos estos factores contextuales no habían logrado cristalizarse en un despegue de la candidatura de Kast, en parte porque la centroderecha institucional había logrado encauzar en sus candidaturas las demandas del votante de derecha. En particular, en unas primarias de alta participación, la coalición de centroderecha eligió a Sebastián Sichel como su candidato, un independiente de pasado demócrata cristiano que había votado por el apruebo y servido como ministro en el gobierno de Piñera. 

Sichel enfrentó una rápida caída en su apoyo luego de algunos tropiezos en su campaña. Y ante su mal desempeño en las encuestas, con algunas que pronosticaban que Kast era más competitivo en segunda vuelta, los partidos de la derecha rápidamente abandonaron a un candidato que nunca sintieron verdaderamente suyo (Sichel había insistido reiteradamente en que no era de derecha, sino de centro). Además, habría que admitir que el «cordón sanitario» entre la derecha tradicional y el mundo de Kast era bastante poroso y frágil. Así, existen pocas dudas de que, con más o con menos corcoveos, casi toda la centroderecha institucional se cuadrará tras este proyecto para enfrentarse en el balotaje a las fuerzas progresistas representadas por el candidato de la izquierda, Gabriel Boric.

Entre esperanza rebelde y hambre de tranquilidad

Boric y Kast representan dos polos completamente opuestos, pero no simplemente en el tradicional eje izquierda-derecha, sino en lo que algunos han denominado un eje «democracia-orden» y que se disputa en torno de formas de distribución del poder más horizontales versus formas más verticales. Un eje que parece haberse vuelto el elemento estructurante del debate político desde al menos el estallido de 2019. 

El estallido social liberó una fuerte ola de indignación, pero su posición en el eje izquierda-derecha es difuso. Pese a que varias de las demandas que emergieron de él «sonaban» a izquierda (derechos sociales, ecologismo, feminismo, etc.), la identidad de izquierda era y sigue siendo débil en el país. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con alguna posición del eje izquierda-derecha cayó de 65% en 2006 a 38% en 2019 y, en el mismo periodo, el porcentaje de la población que declaró identificarse con algún partido cayó de 53% a 22%. En cambio, las posiciones democratizadoras antielite son mucho más claras. Por ejemplo, en la última encuesta Latinobarómetro, Chile mantenía altos niveles de apoyo a la democracia, con 60%, pero, a la vez, 86% respondió que se gobernaba en el país para interés de los poderosos y no de todo el pueblo (el valor más alto registrado para Chile y el cuarto más alto de América Latina para esta versión).

Hace unos meses, Bloomberg titulaba un artículo, a propósito de Nicaragua, con la controversial conclusión de que la región estaba cayendo nuevamente en los gobiernos de líderes que buscaban concentrar el poder. La candidatura de Gabriel Boric ha sido un ejemplo de exactamente lo contrario. Su juventud (tiene 35 años), igualada a «falta de experiencia», ha sido de a ratos el flanco preferido de ataque por parte de sus adversarios. Pero, con cierta astucia, su campaña ha sabido explotar ese aspecto para consolidarse como un liderazgo horizontal, inusual en la política chilena, acostumbrada a gerentes de derecha y mesianismos de izquierda. Es más, Boric ha reiterado que con su programa busca ser un presidente que termine su periodo «con menos poder que con el que comenzó» y acompañar a la Convención Constitucional, reconociendo su centralidad en el siguiente ciclo político.

El origen político de Boric en el movimiento estudiantil lo ha acompañado a lo largo de su carrera y le ha permitido sintonizar con particular destreza con el momento social y político. Así, su desconfianza en lo que denomina el «impulso de despotismo ilustrado» (trabajar para el pueblo sin el pueblo) lo ha alejado de una visión tecnocrática de gobierno, pero también le ha significado un importante escepticismo frente a los vanguardismos de izquierdas. En línea con estas convicciones, ha sido una de las voces más firmes en la izquierda en su crítica a los atropellos a los derechos humanos y prácticas antidemocráticas de Venezuela y Nicaragua. Boric se ha reconocido en la tradición socialista chilena y, entre otros, en la vertiente del humanismo socialista de Eugenio González Rojas. González Rojas tuvo un ascendiente fundamental sobre el ideario socialista en Chile, imbuyéndolo de principios republicanos y democráticos. En este sentido, Boric ha podido combinar posiciones de radicalidad democrática, a la vez que se ha curtido fama de disposición al diálogo. Incluso desde la derecha se le respeta su convicción democrática y dialogante. Un hecho que marcó particularmente esta imagen fue el haber firmado el acuerdo transversal de la política chilena que abrió el proceso constituyente. 

Más que un programa de izquierda tradicional, lo que Boric ofreció para la primera vuelta presidencial es un camino de profundización democrática, imbuido en las nuevas demandas feministas, ecologistas y progresistas del siglo XXI. Un programa que promete una sociedad más equitativa en términos de distribución de la riqueza, pero, sobre todo, en términos de reconocimiento social, de sectores que se sienten marginados por la desigualdad e indignados con esa marginación. En definitiva, «democratizar la democracia», reuniendo las preocupaciones por el «fin del mundo» (ecologismo) con el «fin de mes» (derechos sociales). Frente a dos años de convulsiones sociales, el atractivo de su candidatura provino de la promesa de alcanzar cambios profundos al modelo económico y una renovación de las dirigencias políticas, pero también de que el camino a ese cambio se base en un diálogo institucional y republicano y tenga un horizonte de tranquilidad.

Menos indignación y más miedos

Si en la primera vuelta la indignación tuvo un rol central, la segunda parece destinada a jugarse en la cancha del miedo. Mas allá de la relevancia que ha tomado el eje democracia-orden y la indignación asociada a él, ninguna candidatura obtendrá el 50% más uno sin convencer al electorado de que sus ofertas son social, política y económicamente más factibles de implementar que las de su adversario. Sin esto, toda promesa de tranquilidad es poco creíble. En este sentido, la posibilidad de victoria de cada candidato dependerá de su capacidad de abordar dos desafíos que serán centrales en el próximo ciclo político: la economía y la nueva Constitución.

Hasta el momento, ambas candidaturas han sido sistemáticamente descritas por las agencias de inversiones y evaluación de riesgo como fiscalmente irresponsables. Si bien Kast tiene el favor de un importante sector del empresariado nacional, que apoya su programa por sus descuentos tributarios, las cifras de su programa sencillamente no calzan. Por ahora promete bajar la recaudación de impuestos en un monto cercano a 3% del PIB, a la vez que aumentar subsidios por cerca de 1,5% del PIB, aduciendo que esto sería financiado por «mayor eficiencia» y un supuesto «supercrecimiento» anual del PIB de 6% (las proyecciones para los próximos cuatro años son que Chile crezca 2,7%). Ni en el escenario más optimista el programa de Kast tendría un desenlace distinto de quebrar el fisco. 

Más allá del entusiasmo de algunos empresarios con la posibilidad de pagar menos impuestos, parece bastante evidente que implementar las medidas económicas y antidemocráticas (como que el presidente pueda declarar unilateralmente un estado de excepción para arrestar gente, sin pasar por tribunales y en lugares no habilitados para ello) es inviable. Existe una importante duda sobre la capacidad de Kast para traer paz social, orden y, por lo mismo, un ambiente propicio para atraer inversión. Incluso un sector relevante de la elite empresarial ha llegado a la conclusión de que deberán hacer un esfuerzo tributario mayor al actual si buscan restablecer la paz social. La posición antagónica al proceso constituyente, y a todas las demandas que han emergido del estallido social de 2019, es visto como una receta segura para más crispación social, polarización y, eventualmente, mayor inestabilidad.

Por su parte, el desafío de Boric en este ámbito no es menor. Las posibilidades de éxito de las fuerzas transformadoras encolumnadas detrás de Boric descansan en su capacidad de transitar la cuerda floja entre la indignación y voluntad de cambio, por un lado, y la demanda de orden y certidumbres, por el otro. Una mayor polarización en el ámbito económico lo perjudicaría. 

Esta receta tiene precedentes en Chile. En las pasadas elecciones presidenciales, se avivaron los miedos a una «venezuelización» de Chile si ganaba la candidatura de centroizquierda (hecho que se plasmó en la popularizada expresión «Chilezuela»). Sin duda, una parte importante del proceso de ampliación de su base de apoyo consistirá en generar una mejor y más clara priorización programática, y así hacer creíble su promesa de un camino de transformación profunda en paz. Su programa de primera vuelta incluye 53 «prioridades», desde un nuevo sistema de pensiones hasta un nuevo sistema de salud, pasando por condonar las deudas educativas, subir fuertemente el sueldo mínimo y generar un nuevo transporte público gratuito. Para financiar este ambicioso programa, se propone una reforma tributaria que recaudaría 8,5% del PIB en ocho años. Dados los resultados parlamentarios, en los que la coalición de Boric no alcanzó ni de cerca una mayoría en el Legislativo, habrá que replantearse cuáles reformas son económica, política y socialmente viables. Pero dos cosas son claras: deberá ampliar la coalición de gobierno y elegir entre sus prioridades (el hecho de haber presentado 53 hace que se licúen). Además, buena parte de las reformas que propone Boric dependerán del resultado de la Convención Constitucional, cuya propuesta deberá presentarse a los pocos meses de asumir el nuevo gobierno. De este modo, implementar la nueva Constitución probablemente termine siendo una de las tareas principales del próximo gobierno y la mayor prioridad de su mandato. En el escenario actual, es probable que, a diferencia de Kast, la mayor fortaleza de Boric sea su credibilidad como actor dialogante con la Convención, que pueda sobrellevar este desafío sin agudizar nuevas tensiones sociales.

El progresismo suele creer que la historia se mueve irremediablemente hacia adelante. Incluso cuando hay un retroceso, lo considera un accidente que pronto quedará en el olvido. «Dos pasos adelante, un paso atrás», se repite como mantra. Si hubiera algo que aprender de los conservadores es el escepticismo frente a esta supuesta marcha imparable. A veces la historia retrocede más de lo que avanza. Al progresismo no le basta la indignación si se quiere consolidar lo alcanzado. La indignación, lo sabemos, puede rápidamente volverse en contra. Eso es lo que estará en juego el 19 de diciembre, cuando los chilenos vayan una vez más a las urnas: la capacidad de mostrar que, más allá de las indignaciones en disputa, todavía hay un camino de cambios profundos con horizonte de tranquilidad.