Que el gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, iba a ser detenido en algún momento era algo que se le cruzaba por la mente a cualquier persona más o menos enterada de la actualidad política del país. Camacho era el único dirigente importante de la oposición que estaba acusado de haber conspirado y haber realizado «actos terroristas» para derrocar a Evo Morales en 2019, dentro de un juicio que la prensa boliviana bautizó como «Golpe de Estado I». Los demás líderes opositores, como Carlos Mesa, Jorge Quiroga o Samuel Doria Medina, solo estaban involucrados en este caso en calidad de testigos. Además, Camacho era el único de ellos que no se había presentado cuando la fiscalía lo había citado a declarar. Alegaba varias razones, entre ellas que quería hacerlo en Santa Cruz de la Sierra y no en La Paz, la capital administrativa del país, donde el proceso se halla afincado. Por eso existía una orden de aprehensión en su contra desde octubre, que él había podido eludir por el respaldo político del que goza en su región, donde alguna gente llegó a hacer vigilias ante su domicilio para impedir que las autoridades lo arrestaran.  

Sin embargo, su apresamiento el miércoles 28 de diciembre con una «acción comando» de la policía mientras se desplazaba en un automóvil junto con su seguridad sorprendió igualmente a los bolivianos. Se trató de un procedimiento poco habitual, de una violencia calculada para reducir a los guardaespaldas del gobernador y evitar que reaccionaran. Inmediatamente fue trasladado en helicóptero a La Paz, donde al día siguiente un juez ordenó su encierro «preventivo» por al menos cuatro meses en el penal de alta seguridad de Chonchocoro. 

«Nunca me voy a rendir; los cruceños seguimos luchando hace muchos años contra el abuso del masismo [en referencia al Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder]. Esta es una lucha por la democracia y la libertad, una lucha por Bolivia. A los bolivianos que me escuchan: no dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba», declaró Camacho ante el juez  que le impuso la prisión preventiva. 

Según la acusación, Camacho no solo lideró los bloqueos de calles con «pititas» (sogas delgadas) que detuvieron el funcionamiento del país para lograr la renuncia del presidente Morales en octubre de 2019, sino que es culpable de coordinar con miembros de la policía el motín que estalló en esta institución el 8 de noviembre de ese año y que determinó la suerte de Morales. Las piezas principales de la acusación son dos declaraciones del propio Camacho, que llegaron incluso a las redes sociales. En una, este presume que su padre, un importante empresario, fue quien «arregló con los policías» el apoyo de estos al levantamiento contra Morales. En otra, emitida inmediatamente después de la renuncia del presidente, pide que este sea sustituido por una «junta cívico-militar». En ese momento, él era el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una institución de primer orden en esa región boliviana.

Muchos no creían que el gobierno de Luis Arce se atrevería a hacer valer el mandamiento de aprehensión emitido por la fiscalía contra un político que en marzo de 2021 fuera elegido con 55% de los votos como gobernador de la región más rica del país; alguien que, además, representa la identidad cruceña («camba»), en este momento la más fuerte y movilizada de las identidades nacionales. Pero el presidente Arce, que propios y extraños han despreciado como «burócrata» e incluso como «simple cajero» del país -por haber sido durante casi todo el periodo de Morales su ministro de Economía- dio una nueva muestra de que no le falta carácter. Además, es sabido que quienes ocupan la cúspide del poder crecen en proyección, especialmente en un país fuertemente presidencialista como Bolivia.  

Se supone que si Arce decidió actuar ahora fue para ganar posiciones en la «guerra fría» que se desarrolla entre él y el líder de su partido, el ex-presidente Evo Morales. Este lo había criticado por no ser lo suficientemente duro con «la derecha golpista» dirigida por Camacho. La división interna del MAS se ha intensificado en los últimos meses. Antes de la aprehensión, Morales intentaba mostrar al gobierno –aunque todavía no personalmente a Arce– como traidor al «proceso de cambio» que el político indígena inició a comienzos de siglo. El presidente Arce, por su parte, había dejado de asistir a los actos partidarios. Lo sucedido no resolverá los problemas internos, pero le dará más aire a Arce. 

Entre los políticos de primera línea, Morales fue el que más tardó en pronunciarse sobre el arresto de Camacho. Al final del día en que este ocurrió, publicó un tuit que no traslucía ni agradecimiento ni alegría. En él recordaba que habían pasado tres años desde que el gobernador había cometido sus supuestos delitos y que esperaba que el gobierno tuviese la suficiente fortaleza para mantenerlo tras las rejas. 

La aprehensión produjo una indignación intensa y espontánea en Santa Cruz. Grupos dirigidos por diputados y legisladores regionales del partido de Camacho tomaron los dos aeropuertos de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, muchedumbres que no han sido claramente identificadas incendiaron los edificios de la fiscalía de Santa Cruz y Cochabamba. El primero quedó incinerado, así como una treintena de vehículos estacionados junto a él. Otras varias oficinas públicas fueron atacadas. También fue quemada la fachada de la casa de un ministro cruceño del gabinete de Arce. La policía arrestó a 28 personas por estos hechos. El Comité Cívico cruceño intentó desmarcarse de ellos, atribuyéndolos a «autoatentados».

Una reacción tan fuerte no había sido prevista por el gobierno, que no atinó casi a controlarla. ¿Subestimaron las autoridades la importancia simbólica de Camacho para Santa Cruz? Solo el tiempo puede decirlo. Lo que seguramente los gobernantes sí esperaban era el paro de 24 horas que realizó el Comité Cívico el viernes 29 de diciembre en protesta por lo ocurrido; una medida suave que no le hizo mella. 

Se cree que una de las razones que llevó al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, a concretar ahora lo que no había podido hacer antes es que Santa Cruz realizó hace poco, en octubre-noviembre, un paro de 36 días para tratar de adelantar la fecha del censo de población, convocado para marzo de 2024. Adelantarlo le interesaba a la región para obtener más recursos y representación política, ya que es la que más crece del país. Ese paro fracasó parcialmente y agotó las reservas materiales y anímicas de la población local para otro conflicto de larga duración. La proximidad de la Noche Vieja también jugó un papel en el cálculo gubernamental. 

Tal como funciona la justicia boliviana, lo más probable es que Camacho no salga de la cárcel en cuatro meses, sino que comparta la suerte de la ex-presidenta interina Jeanine Áñez y sus ex-ministros, que se encuentran en «prisión preventiva» por el caso Golpe de Estado I desde hace casi dos años (paralelamente, Áñez ha sido condenada a 10 años por el caso «Golpe de Estado II»).  Si en estos días los dirigentes cívicos no son capaces de organizar una movilización más prolongada y contundente, el encarcelamiento de Camacho puede quedar como otra de las «ofensas» del MAS a Santa Cruz, una región que concitó la principal oposición a Morales durante sus 14 años de presidencia, pero imponerse sin fecha previsible de expiración. Con ello, el político derechista se convertirá en un mártir del «antimasismo». 

Algunos analistas comparan su situación con aquella por la que tuvo que pasar el ex-presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y pronostican que pasará de la prisión a la Presidencia. Sin embargo, nada impide comparar su caso también con el del venezolano Leopoldo López, al que, tras la prisión, solo le esperó el exilio pese a la presión internacional. En qué termine esta historia a largo plazo dependerá de lo que suceda en las próximas semanas en el pulso entre el gobierno de Arce y la región de Santa Cruz.