Año 1986, Estados Unidos: nace Melissa Stern, a quien se considera la primera persona concebida mediante un contrato de gestación por sustitución que incluía la inseminación artificial. El caso es que William y Elizabeth Stern no podían tener descendencia propia y le pagaron a Mary Beth Whitehead para que hiciera ese trabajo reproductivo, con óvulos propios y semen del contratante. Pero después de dar a luz, Whitehead intentó renunciar a la entrega de la bebé, y así llegó a los tribunales el famoso caso de Baby m. La sentencia reconoció los derechos de paternidad y maternidad de William y Elizabeth Stern, aludiendo al interés superior de la menor, aunque estableció un régimen de visitas para la gestante. 

Fue ese caso judicializado el que, según la tesis doctoral de Ana María Morero, «situaría la gestación subrogada en la arena pública por primera vez» y generaría una reacción polarizada:

Las feministas liberales adoptaron en general una postura positiva, enfatizando el derecho de las mujeres a determinar sus derechos reproductivos y, por tanto, decidir libremente si querían o no participar como gestantes o proveedoras de óvulos en estos procesos. Mientras, las feministas socialistas y radicales se posicionaron en contra de esta, utilizando argumentos en la línea de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, de sus capacidades reproductivas y de las niñas y los niños que nacen fruto de la gestación subrogada, creando, en muchas ocasiones, una analogía entre esta práctica y el trabajo sexual.¹

Añade Morero que, entre unas y otras, en los movimientos feministas también quedó patente una gran incomodidad en relación con este tema por parte de quienes no se identificaban ni con el enfoque conservador sobre la maternidad de las abolicionistas ni con la aprobación de los mercados reproductivos. 

Año 2021, México: la Suprema Corte de Justicia exhorta al Congreso a regular «de manera urgente y prioritaria» la gestación por sustitución tanto altruista como comercial mediante una legislación de alcance nacional. El contexto es la discusión sobre la constitucionalidad del Código Civil de Tabasco, que en 1997 se convirtió en el primero del país (y uno de los primeros del mundo) en legalizar esta práctica. Afuera de la Corte, un grupo de feministas protestan vestidas con el icónico atuendo rojo de El cuento de la criada, la novela distópica de Margaret Atwood popularizada con su adaptación a serie televisiva, en la que una casta de criadas gesta para la clase dominante infértil. «Al avalar que se considere a mujeres y bebés mercancías que se pueden rentar o comprar, están dándonos la espalda. No están con nuestros derechos humanos, están con quienes quieren mercantilizar nuestros cuerpos», exclama la filósofa feminista Laura Lecuona².

Año 2022, España: el Tribunal Supremo se niega a reconocer la filiación del bebé que ha intentado inscribir como madre sola una ciudadana española, bebé concebido por una mujer mexicana mediante contrato de gestación por sustitución. El Tribunal argumenta que ese contrato «entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables». Entre otras cláusulas, la gestante había renunciado a la intimidad y confidencialidad médica, y accedido a que se le hicieran pruebas de detección de drogas sin aviso previo y a que fuera la madre de intención quien pudiera decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo grave durante la gestación. El Tribunal vio en estas condiciones «limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y moral incompatibles con la dignidad humana»³. Y, sin embargo, en la mayoría de los casos, la justicia española termina reconociendo la filiación de criaturas nacidas mediante estos contratos, apelando (como ocurrió con el caso Baby m) al interés superior del menor.

Poco ha cambiado en 40 años en cuanto a la discusión feminista, salvo el hecho de que esta se ha extendido a cada uno de los países que han importado esta práctica en un contexto de consolidación de las tecnologías reproductivas. La carta leída por Lecuona coincide con la argumentación del manifiesto «No somos vasijas» que difundieron feministas abolicionistas españolas en 2016⁴, y este a su vez se inspiró en el discurso de la Red Internacional Feminista de Resistencia a la Ingeniería Reproductiva y Genética (finrrage, por sus siglas en inglés), que se articuló a escala internacional en los años 80 para alertar sobre las consecuencias que las tecnologías reproductivas tendrían sobre los derechos de las mujeres. 

De un lado, las herederas del feminismo radical de la década de 1980 se oponen al mismo tiempo a la industria del sexo, los vientres de alquiler y la autodeterminación de género. Del otro, los propios sectores movilizados para legalizar la gestación por sustitución allá donde está prohibida o desregulada han incorporado la máxima del feminismo liberal: «Mi cuerpo, mi decisión», utilizada en las luchas por el derecho al aborto. Y, entre unas y otras, al igual que hace 40 años, muchas nos sentimos incómodas y necesitadas de un discurso matizado. Esto es una simplificación, por supuesto. Todo lo que podamos decir sobre gestación por sustitución implica simplificar una realidad que, en pleno siglo xxi, está globalizada y, por tanto, es inabarcable.

Por eso decidí centrar el debate en mi contexto de origen, el País Vasco. En el libro Sueños y vasijas⁵, publicado originalmente en euskera como Aingeruak eta neskameak [Ángeles y criadas], entrevisté a 19 pensadoras y activistas vascas de distintos ámbitos del conocimiento y de distintas corrientes feministas. Los títulos de las dos versiones del libro aluden a esos imaginarios antagónicos que se imponen en la arena pública, frente a los que intento explorar dudas y contradicciones en una apuesta por la pluralidad y el pensamiento crítico. No obstante, citaré de manera no exhaustiva algunos casos latinoamericanos que contribuyen a una reflexión más amplia.

¿Quién decide sobre mi cuerpo?

En Un diálogo sobre gestación subrogada, el libro que recoge la conversación entre la escritora Lola Robles y la socióloga Gracia Trujillo⁶, esta última opina que el lema feminista «Mi cuerpo es mío» debería servir para reconocer el trabajo de las gestantes. «¿Cómo hacemos desde los feminismos para estar defendiendo esto y, al mismo tiempo, estar diciendo a estas mujeres que quieren gestar por motivos altruistas o económicos que no lo hagan, que son siempre víctimas, que no son soberanas sobre su propio cuerpo, que no están eligiendo ellas?». En ese sentido, critica el paternalismo de las posturas abolicionistas que también se da en el ámbito del trabajo sexual: «Se repite en ambos casos el hablar en nombre de ellas [las trabajadoras], el no escucharlas, saber lo que está bien siempre mejor que ellas». Lola Robles, en cambio, responde por qué no le parece pertinente extender la consigna «Nosotras parimos, nosotras decidimos» a este terreno: «En el derecho al aborto, la mujer decide sobre su propio cuerpo, sobre un embrión que forma parte de su propio cuerpo. Pero hete aquí que en la gestación subrogada ese embrión no es suyo, es propiedad jurídica de otra/s persona/s». En ese sentido, hace referencia a que las cláusulas de los contratos de gestación por sustitución limitan la capacidad de decisión de las gestantes. 

Las feministas radicales llevan décadas cuestionando el argumento de la libre elección de las mujeres cuando se trata de ejercer trabajos atravesados por lógicas de dominación capitalista y patriarcal. Carole Pateman publicó en 1988 el ensayo El contrato sexual, en el que argumentaba que tanto la prostitución como los vientres de alquiler se basan en el «patriarcado de consentimiento», es decir, en una estrategia liberal que legitima las relaciones de subordinación a través del contrato.

La escritora Layla Martínez también desmonta el discurso de la libre elección en su ensayo Gestación subrogada. Capitalismo, patriarcado y poder⁷, más emparentado con el feminismo anticapitalista que con el cultural: «[Este discurso] Se basa en una visión profundamente neoliberal de la libertad, en la ficción de que la sociedad es igualitaria y no está atravesada por ejes de poder y dominación». En ese sentido, señala una clara asimetría entre las gestantes y los padres y madres de intención: las primeras firman los contratos para cubrir sus necesidades y los segundos, para materializar sus deseos. Además, critica que, según esa ideología neoliberal, «la libertad ya no es algo que se construye colectivamente, sino una capacidad individual para actuar en el mercado», monetizando todos los ámbitos de nuestra vida: «Además de trabajar, podemos alquilar nuestro sofá en Airbnb y vender trastos viejos en Wallapop».

Martínez expone el mismo modus operandi que la argentina María Luisa Peralta en su capítulo para Maternidades cuir⁸: las técnicas de reproducción asistida y las formas de transferir la capacidad reproductiva se presentaron de entrada como procedimientos médicos para lograr legitimación social, se ligaron también a las demandas sociales como la diversidad familiar, pero pronto pasaron de la lógica sanitaria a la lógica de mercado. Así, el neoliberalismo demostró que era capaz de comercializarlo todo, incluida la capacidad de crear vida.

Y ahí llegamos a otro punto: más que poner el foco en las estrategias de supervivencia individuales, varias de mis entrevistadas hablan de la necesidad de una mirada global que entienda la urgencia de poner un freno a la voracidad de los mercados capitalistas y mantener así un consenso similar al que se da con el comercio de órganos. De ese modo, la economista Amaia Pérez Orozco relaciona el estallido de las innovaciones científico-tecnológicas ligadas a la reproducción con el colapso que auguró el ecofeminismo: «En este contexto de crisis sistémica, de crisis civilizatoria, parece que podemos controlar todos los procesos vitales a través de desarrollos tecnológicos que hagan factibles todos nuestros deseos»⁹. 

La politóloga Jule Goikoetxea compara el extractivismo de semillas de Monsanto con los mercados reproductivos: se manipulan las formas de crear la propia vida, aprovechando los desarrollos científico-tecnológicos pero, sobre todo, las relaciones de poder entre las personas y los pueblos. Con todo, a Goikoetxea no le inquieta más este tema que el resto de trabajos íntimos y emocionales asignados a las mujeres, especialmente a las empobrecidas y racializadas:

Eso que llamamos mujer es un cuerpo expropiado. Donar óvulos, parir bebés, limpiar culos y baños, dedicarse a la familia heteronuclear o a ofrecer servicios sexuales en la calle son parte de un mismo proceso de expropiación que produce mujeres. La clave es hacer políticas públicas para mejorar la situación de las mujeres en sectores diferentes. Ese debe ser el objetivo. Todo lo demás es moral.

Y, sin embargo, Josebe Iturrioz, profesora de filosofía y activista queer, defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales, no renuncia a posicionamientos morales. Apunta que una de las diferencias fundamentales entre la prostitución y la gestación subrogada es que, en esta segunda, hay un sujeto protagonista que excede la cuestión de la autonomía de las mujeres: el bebé. Más aún, le da una profundidad añadida a un dilema que considera ético, político, social y epistemológico: «No podemos sostener que el sistema capitalista produzca la propia vida de una forma fordista. El debate tiene también un componente metafísico, porque determina nuestra existencia; transforma a la propia humanidad. Deberíamos preguntarnos en qué condiciones queremos parir a nuestra especie».

¿Violencia para las mujeres y para los bebés?

El Grupo de Información en Reproducción Elegida de México (gire) ha encontrado cláusulas como la siguiente en muchos de los contratos de gestación por sustitución que ha analizado en su informe sobre gestación subrogada¹⁰: «La madre gestante comprende y se compromete a asumir todos los riesgos médicos asociados con la gestación, incluyendo el riesgo de muerte». Otros contratos contienen cláusulas en las que se descarta una reducción embrionaria, lo cual implica imponer a la gestante la posibilidad de un embarazo múltiple. Además, a menudo se impone el parto por cesárea para favorecer la comodidad del personal médico y el traslado de los padres y madres de intención, «sin tomar en cuenta la opinión de las mujeres gestantes, ni el mayor riesgo que implica una cesárea para la salud y la vida de la mujer». 

En el informe de gire destaca un caso grave de vulneración de los derechos de la paciente. Victoria tenía 32 años cuando acudió a una agencia de subrogación con el objetivo de ahorrar para comprar un terreno a sus tres hijas. Cuando, en el cuarto mes de embarazo, le diagnosticaron diabetes gestacional, no recibió atención especializada para controlarla. Una mañana despertó con malestar y el vientre entumecido, y acudió a la clínica. El personal médico vio que el feto no presentaba signos vitales, pero no le dijeron nada. La derivaron a otra clínica de Tabasco, y fue ahí cuando le explicaron que el bebé había muerto. Victoria solicitó que se le realizase una cesárea, pero le impusieron un parto vaginal. Por si fuera poco, la familia de intención y la agencia eludieron la responsabilidad de costear sus gastos médicos, y tampoco le pagaron por los meses de gestación. 

Según gire, en esos casos se aprecia que los profesionales de la salud priorizan los intereses de las madres y padres de intención. Además, esta fundación feminista añade que algunas agencias retienen la información médica a la que deberían tener acceso las gestantes. También cuentan con testimonios de mujeres que se han sentido mal atendidas y juzgadas en los centros médicos por participar en procesos de subrogación. En todo caso, la entidad concluye que las vulneraciones de derechos que puede enfrentar toda embarazada en la atención sanitaria pueden agravarse en el contexto de la gestación por sustitución.

Y, con todo, la posición de gire es regulacionista, por entender que la prohibición llevaría a criminalizar a las gestantes y que una ley garantista es la mejor manera de proteger los derechos de las mujeres, de forma que se podrían identificar los casos de explotación y garantizar aspectos como la confidencialidad en la atención médica o la representación jurídica independiente. 

Sin embargo, las abolicionistas consideran que la práctica de la gestación subrogada es en sí misma explotación reproductiva. Uno de los sectores que sostiene esa tesis con mayor vehemencia es el de las profesionales y activistas perinatales feministas: matronas, doulas, psicólogas y psiquiatras perinatales, madres organizadas a favor de los partos respetados, etc. La perspectiva perinatal define como díada la relación simbiótica que se establece entre la madre gestante y el recién nacido, quien ha habitado su cuerpo durante nueve meses. Por consiguiente, considera que la separación entre la gestante y la criatura que se da en la gestación por sustitución constituye en sí misma una forma de violencia obstétrica. Bajo esa perspectiva, incluso el modelo más garantista y solidario sería problemático, porque abre profundas heridas en ambos sujetos. 

En mi libro, desarrollan esta mirada la matrona Ana Mendia y la psicóloga perinatal Estitxu Fernández Maritxalar, quienes se oponen a que un proceso psicosocial como es el embarazo, que transforma el cerebro de las mujeres y que implica un intercambio biológico entre estas y los bebés (la llamada epigenética), devenga en un procedimiento mecanizado. Además, advierten que la reproducción asistida entraña más riesgo de efectos adversos (como la preeclampsia, la placenta previa, los partos prematuros, la diabetes gestacional, la trombosis, la embolia pulmonar o la muerte perinatal) y presuponen que la violencia obstétrica está especialmente generalizada cuando se trata de surrogates; una violencia que puede tener consecuencias físicas y psicológicas graves tanto en las mujeres como en los bebés. También les preocupa el mayor riesgo de depresiones posparto, debido a la complejidad emocional que entraña entregar a una criatura gestada durante nueve meses. 

Las asociaciones de familias por gestación subrogada contestan a estos argumentos aportando datos de investigaciones como la de Samantha Yee y Clifford Librach, quienes analizaron las experiencias de parto de 90 gestantes canadienses para un artículo académico que se publicó en 2019¹¹. Las entrevistas fueron anónimas y 97% de las consultadas contestó que renunciar a la maternidad sobre ese bebé no les provocó ningún conflicto interno, o que este fue muy leve. También existe literatura científica que descarta problemas emocionales en las personas nacidas por gestación subrogada.

Estas asociaciones remiten a buenas prácticas como la del Ministerio de Sanidad del Reino Unido, donde los profesionales de la salud cuentan con una guía¹² para atender de forma adecuada tanto a las gestantes como a los padres y madres de intención. Esa guía establece que hay que respetar escrupulosamente el derecho de las surrogates a la confidencialidad médica, confirmando con ella qué información quiere compartir con la familia y cuál no. 

Tanto en el Reino Unido como en Canadá, el modelo que está legalizado es el «altruista», en el que las gestantes cobran una compensación económica que recompense el tiempo y los gastos que exige el proceso de embarazo. De hecho, en el Reino Unido las intermediarias no son agencias privadas, sino ong sin ánimo de lucro. Es por ello que cada vez más países optan por este modelo, como Uruguay y Cuba en el caso de América Latina. Pero si hay una cuestión en la que coinciden muchas feministas con posiciones antagónicas respecto a la gestación por sustitución es en la crítica al marco altruista.

El altruismo como adoctrinamiento de género

Es habitual que quienes pagan a una trabajadora del hogar (a menudo más pobre y de piel más oscura que las personas contratantes) la nombren usando el eufemismo «la chica que nos ayuda en casa». De igual modo, en el relato de las familias intencionales la gestante no es una trabajadora, sino una «ayudadora». Esto ocurre también en modalidades comerciales como la de California, donde las agencias no seleccionarán a aquellas candidatas que expresen en la entrevista inicial que su principal motivación es tener una fuente de ingresos. Esa retórica sirve asimismo a las propias gestantes para desactivar el estigma de la madre abandonadora. «Son altruistas porque los marcos morales en que se construyen sus narrativas lo imponen», aseguró la antropóloga Ariadna Ayala en un congreso sobre gestación por sustitución en Bilbao en el que presentó las conclusiones extraídas de sus entrevistas a gestantes estadounidenses¹³. Y, al mismo tiempo, Ayala llamó a escucharlas y creerles cuando hablan de la satisfacción de gestar para otras personas: «Genera orgullo, disfrute, validación positiva, autorreconocimiento y nuevas relaciones. Sus hijos e hijas les dicen ‘eres alucinante, el día de mañana quiero ser como tú’». La socióloga Sara Lafuente Funes afirma en su ensayo Mercados reproductivos¹⁴ que este tipo de retóricas son interesantes para entender las lógicas de los trabajos feminizados y su precarización. La vinculación de los trabajos que sostienen la vida con el mundo de los afectos refuerza un determinado orden simbólico de disciplinamiento de género: «Las mujeres deben realizarlos por amor o de forma amorosa». 

Según el manifiesto «No somos vasijas», el argumento del altruismo y la generosidad para validar los vientres de alquiler refuerza la arraigada definición patriarcal de las mujeres como «seres para otros» cuyo horizonte vital es el «servicio dándose a los otros». Añade este texto colectivo: «La supuesta ‘generosidad’, ‘altruismo’ y ‘consentimiento’ de unas pocas solo sirve de parapeto argumentativo para esconder el tráfico de úteros y la compra de bebés estandarizados según precio». 

Cultivar en las mujeres la idea de que transferir su capacidad reproductiva les va a reportar una realización emocional, ética o espiritual es muy funcional para los mercados y para las familias de intención, porque abarata costos pidiendo gratuidad precisamente a quienes ponen el cuerpo. Las gestantes altruistas organizadas, como las británicas, defienden que este marco es más favorable porque implica relaciones horizontales con las familias y elimina de la ecuación el convertir al bebé en objeto de un contrato mercantil. Sin embargo, voces feministas de distintas corrientes consideran inverosímil una práctica desmercantilizada en un marco neoliberal: «Es una opción tan alejada del mundo que tenemos, que me parece absurdo tomarla como referente, como horizonte. Hay que pagar aunque sea la supervivencia de la gestante durante nueve meses; entonces vuelve a ser una falsa gratuidad, es decir, un mal pago», defiende Amaia Pérez Orozco. 

Precisamente en el caso del Reino Unido se ven las costuras del modelo altruista: la mitad de las familias de intención británicas se van al extranjero para conseguir bebés de maneras más rápidas y sencillas que bajo las condiciones garantistas autóctonas¹⁵. De esta manera, se sigue promoviendo que se lleve a cabo con mujeres extranjeras una práctica que se considera inaceptable en las mujeres del Reino Unido.

Marta Busquets Gallego, abogada feminista especializada en derechos reproductivos, concluye que «la mayor parte de la gestación subrogada se produce en el tráfico económico y se beneficia de los flujos de precariedad globales»¹⁶. Además, reprueba que las agencias, representantes e intermediarios extraigan un mayor beneficio económico que las mujeres que gestan, a quienes se les pide una disposición altruista. En Australia, a la vez que se ha regulado la modalidad altruista, se ha tipificado como delito sortear esas restricciones en el extranjero, pero no se está aplicando y en el registro civil se sigue inscribiendo a los bebés nacidos bajo estas prácticas. «¿Por qué? Porque meter a las familias en la cárcel vulneraría la doctrina del interés superior del menor», explica la profesora de Derecho Civil Itziar Alkorta. En definitiva, el modelo altruista nos lleva al mismo callejón sin salida que el abolicionismo. 

Uruguay es otro ejemplo de la irrealidad del modelo altruista. En 2014 se aprobó la gestación subrogada, limitada a madres de intención con enfermedades genéticas o adquiridas por las que no tengan capacidad de gestar. Las gestantes solo pueden ser sus hermanas o cuñadas, no pueden recibir pagos y la solicitud tiene que ser aprobada por una comisión para la reproducción asistida formada dentro del Ministerio de Sanidad. Pues bien, entre 2014 y 2020, este organismo solo recibió 11 solicitudes y, de ellas, solo dio luz verde a dos¹⁷. En el resto de los casos, las clínicas autorizadas para gestionar los procesos derivaron a sus solicitantes al extranjero. Ante esas dificultades, el Senado está en proceso de votar un nuevo proyecto de ley que flexibilizaría el grado de consanguinidad para incluir como gestantes a las primas, tías y sobrinas de las solicitantes. 

Un caso más reciente es el cubano: el Código de Familia de 2022 legaliza la gestación subrogada «solidaria» entre familiares o amistades, sin intercambio económico. El contrato tendrá que ser aprobado por una autoridad judicial y el proceso se realizará en un centro público de reproducción asistida. Este artículo no restringe la práctica a la ciudadanía cubana; por tanto, las detractoras de esta medida creen que va a florecer el turismo reproductivo a la isla y que el gobierno no va a controlar en la práctica los pagos irregulares¹⁸. 

Como también se plantea en el ámbito de la prostitución o del trabajo de cuidados, tal vez tendría más sentido poner el foco en la demanda, es decir, en las decisiones de las familias que se plantean esta forma de reproducción. Miren Rubio lo formuló así en una columna de radio local:

¿Debería ser una petición que cualquiera pudiera hacer, por más que la mujer esté dispuesta a parir para nosotres, que pase por los ciclos hormonales, el embarazo, el parto, la elaboración emocional…? ¿O tal vez, deberíamos nosotres mismes poner límites a nuestros deseos? No tengo duda alguna de que la mayoría de las madres y los padres se esfuerzan por hacer bien las cosas. Pero ¿tenemos que poner el límite en el control sobre la voluntad y la generosidad de las mujeres? Me habéis pillado: para mí no es suficiente.¹⁹

Otra reproducción es posible

En España, el Partido Socialista Obrero Español (psoe) y Podemos incluyeron en sus últimos programas electorales la prohibición total de la «explotación reproductiva» (como llaman a todo tipo de gestación subrogada) y coincidieron en plantear como alternativa facilitar las adopciones, revisando los requisitos. «No compres bebés, adopta», ha sido también uno de los lemas empleados por un feminismo abolicionista que se caracteriza por ser muy privilegiado y blanco. Llama la atención que estas feministas presenten este negocio como racista y colonial, y llamen a salvar de él a las mujeres racializadas y/o habitantes de territorios colonizados, mientras que los movimientos antirracistas y anticoloniales están más ocupados en defender la abolición de otras instituciones y regímenes, como la modalidad interna en el trabajo del hogar o las prisiones, así como en alertar sobre los criterios racistas en las quitas de custodia a madres migrantes y racializadas.

Sophie Lewis critica en Otra subrogación es posible²⁰ que al feminismo abolicionista blanco nunca le han preocupado las dinámicas coloniales relativas a las maternidades como las que se dieron en las plantaciones estadounidenses: «las mujeres negras esclavizadas no podían reclamar el parentesco ni la propiedad del fruto de su trabajo gestante. De hecho, ni siquiera eran reconocidas públicamente como mujeres, mucho menos como madres o como ciudadanas». No hay que viajar al pasado: menciona también las separaciones forzosas de madres y criaturas migrantes en las fronteras, experiencias que chocan con el ideal de crianza con apego de las maternidades feministas europeas y blancas.

Cabe poner en valor los modelos de colectivización de la crianza en diferentes épocas y territorios, fuera del canon blanco burgués de la familia nuclear. En mi libro participan dos feministas de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (amuge), quienes expresan su perplejidad ante el retraso de la edad de procreación de las personas payas y subrayan que el Pueblo Gitano prioriza las lógicas comunitarias a los proyectos de emancipación individuales. Además, destacan que arropan más a los parientes infértiles para que no tener descendencia no sea sinónimo de soledad: «Es habitual que las hermanas y hermanos les elijan como madrinas y padrinos de sus hijos, y se los dejen más rato para que cuiden». 

En Sueños y vasijas se repite una crítica contundente al discurso progresista que presenta la adopción como alternativa ética a la gestación por sustitución. Voces migrantes como la psicóloga mexicana Norma Vázquez llaman a recordar fenómenos como las tramas de adopción que involucraban robos de bebés, y a prestar atención a las heridas emocionales que expresan algunas hijas de la adopción transnacional que han crecido en familias blancas, desconectadas de sus orígenes. Por su parte, la antropóloga Iosune Fernández Centeno y la militante feminista Ianire de la Calva, ambas madres por adopción transnacional, critican que el discurso de promoción de las adopciones se basa en la idea, bienintencionada pero criticable, de la salvadora blanca. «Es preocupante y doloroso, teniendo en cuenta que estamos expoliando territorios donde luego acudimos a adoptar criaturas», dice De la Calva, quien recuerda que las adopciones transnacionales no están exentas de lógicas comerciales ni de la demanda de criaturas pequeñas y sanas, que choca con la realidad de los orfanatos. «No se tiene en cuenta que has sacado a la criatura de su contexto, que ella no lo ha elegido, y que eso supone un quiebre brutal de su entramado social. Hay gente que habla de una migración forzada», añade Fernández Centeno. Recuerda que gobiernos europeos como el de Países Bajos han interrumpido las adopciones transnacionales y pedido perdón después de constatar graves abusos sistémicos en ese marco. 

Por ello, elogian más bien el modelo de acogida, porque en este se garantiza que las criaturas mantengan relación con su familia de origen, y porque ese marco rompe con la tendencia a considerar a las hijas e hijos –por parto biológico o subrogado– como una propiedad; una retórica presente, por razones diferentes, tanto en los discursos de las familias por gestación subrogada (la asociación española más conocida se llama Son Nuestros Hijos) como en el sector abolicionista lgbti+-fóbico que quiere blindar el principio de que madre es la que pare. 

Estos discursos nos interpelan directamente a las familias homo y lesboparentales, entre otras. Si ser madre no es un sentimiento sino una realidad biológica, ¿son las no gestantes (ya sea por adopción o en parejas de mujeres) madres de segunda? Este discurso abona el terreno a políticas como las de Georgia Meloni y su diputada Carolina Varchi en Italia, que a la vez que han convertido la gestación subrogada en delito universal (con penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta un millón de euros), también han revocado la filiación a las madres lesbianas no gestantes con efectos retroactivos. Varchi, promotora de estas medidas en el Congreso, defendió que «la maternidad es única, insustituible, no subrogable»²¹. 

Entonces, ¿deberíamos reconocer a las familias por gestación subrogada como modelos no normativos que enfrentan los mismos problemas de invisibilidad, cuestionamiento, negación de derechos y estigmatización que vivimos las familias heterodisidentes? Puede que sí, pero conviene no olvidar que la gestación subrogada es el modelo que el neoliberalismo ofrece para simular familias normativas. De hecho, en las parejas heterosexuales es habitual que las mujeres simulen literalmente un embarazo y que a los hijos e hijas se les oculten sus orígenes. Es por ello que, al contrario de lo que presupone el feminismo abolicionista transexcluyente, la defensa de la gestación por sustitución no es ni mucho menos mayoritaria dentro de los movimientos queer, donde se considera una reivindicación del «patriarcado neoliberal, aliado con gais de clase alta»²²; en todo caso, lo es en asociaciones lgbti+ de corte más institucional y reformista. 

En mi libro, el activista queer Borja Muñoz Arrastia aboga por crear «vías de reproducción propias, de forma autónoma, fuera de la pareja o trascendiéndola», evitando la tutela del Estado, así como las vías mercantilizadas. Una demanda que comparten casi todas mis entrevistadas es que los Estados reconozcan modelos familiares de más de dos progenitores, así como que promuevan otro tipo de medidas administrativas y económicas que descentralicen la familia nuclear. Este tipo de iniciativas permitirían reconocer distintos modelos de familia: las reconstituidas o ensambladas (dicho en llano, madrastras y padrastros), las poliamorosas y las creadas a partir de acuerdos de coparentalidad. Es una reivindicación que beneficiaría a más sectores de la ciudadanía que la gestación por sustitución, pero pasa más desapercibida porque no interesa a los mercados ni atrae a los sectores privilegiados²³. Cuba es la excepción que hemos encontrado: el ya citado Código de Familia de 2022 no solo ha aceptado la gestación por sustitución solidaria, sino que también ha reconocido distintas formas de filiación: la consanguínea, la adoptiva, la asistida y la socioafectiva.

Otra vía para lograr este cambio es la jurisprudencia, es decir, abrir brecha en los tribunales. En Argentina, la cineasta Albertina Carri y la periodista Marta Dillon pidieron a su amigo Alejandro Ros que aportase semen para su proyecto reproductivo y le ofrecieron que participase en la crianza. En 2015, lograron el hito legislativo de registrar a su bebé con triple filiación, es decir, que se reconociera que tenía dos madres y un padre²⁴. Esta posibilidad solucionaría las disputas judiciales en las que las demandas de paternidad por parte de donantes conocidos llevan a negar la maternidad de las lesbianas no gestantes; casos que en España han llevado a desincentivar los acuerdos reproductivos entre gais y lesbianas. 

En definitiva, vemos que, aunque el tema de la gestación por sustitución afecta a un segmento reducido de la población, sus implicaciones y sus alternativas sí que interpelan a toda la ciudadanía, y nos llevan a repensar cuestiones tan básicas como los límites del mercado, de la autonomía personal, de las figuras de parentesco o, como decía Iturrioz, la pregunta de cómo queremos parir a nuestra especie. Igual deberíamos reorientar el debate hacia lo que viene: los úteros artificiales²⁵.