Un recorrido por los hitos que marcaron los 40 años de la democracia argentina para las mujeres permite dimensionar los avances y conquistas (logradas no sin tensiones)¹. Un movimiento de mujeres plural, diverso, intergeneracional, que construyó lazos con otros movimientos sociales, fue forjando un camino que hoy podemos mirar con admiración y orgullo, pero también con enorme preocupación. El contexto electoral de 2023, en el que se impuso la derecha radical, nos impuso la pregunta sobre qué tan sólidos son los cimientos sobre los que se asientan los derechos, las políticas, los consensos que se forjaron en las calles, en las aulas, en los recintos y en la vida familiar.

El resultado de las elecciones primarias del mes de agosto, cuando se verificó el crecimiento de una nueva derecha radical, fue sin dudas un gran llamado de atención. Se trató de una advertencia para las fuerzas políticas tradicionales justamente el año en que se cumplen 40 años desde la recuperación de las instituciones democráticas en Argentina. También para las formas de comunicación que generalmente utiliza la política partidaria y, sobre todo, una señal de alerta sobre la insatisfacción que siente una parte importante de la población, fundamentalmente los jóvenes. Se impusieron las propuestas basadas en la confrontación y en la adjetivación agraviante antes que el intercambio de ideas y el debate político. Pero además, se impusieron las propuestas partidarias menos receptivas de una agenda comprometida con la igualdad de género². Perdieron protagonismo político la potencia del movimiento de mujeres y sus demandas por una vida libre de violencias, reivindicativa de los avances y al mismo tiempo en lucha por una agenda de igualdad pendiente en otras dimensiones sociales y económicas.

Llevará tiempo comprender cómo pasamos de convocar la movilización de cientos de miles de mujeres en todo el país interpelando a América Latina con la consigna «Ni Una Menos» para denunciar los femicidios, a esta sociedad que percibe las políticas públicas que promueven la educación para la igualdad como amenaza. Si bien responde a un fenómeno regional y global, lo cierto es que finalmente encontró espacio en una sociedad agobiada por las crisis sucesivas y la incapacidad de distintas fuerzas políticas para comprender la dimensión de los problemas irresueltos y su impacto en las vidas cotidianas. A 40 años de la primera elección presidencial de este periodo democrático, la evolución en los derechos de las mujeres y su reconocimiento como derechos humanos enfrentan un momento crítico.

En este artículo, propongo un breve recorrido por las cuatro décadas pasadas desde una mirada feminista que pone el acento en las transformaciones que logró el movimiento de mujeres. Si bien todo recorte muestra una parte de la historia, sugiero que estos hitos permiten honrar el camino recorrido e inspirar el trabajo por delante para defender los logros y avanzar con convicción hacia lo que aún está pendiente.

En las elecciones que sellaron el retorno de la democracia, el voto de las mujeres fue decisivo. El candidato de la Unión Cívica Radical (ucr), Raúl Alfonsín, finalmente triunfador en esa contienda, las interpeló directamente durante la campaña electoral llamando «a las mujeres argentinas [que] sufren las consecuencias de una sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos les decimos que vamos a concretar en serio la igualdad que establece la ley y le niegan los hechos»³. Tras la recuperación de la democracia, el Congreso Nacional aprobó varias leyes para eliminar las barreras formales que contradecían la promesa de igualdad de la Constitución Nacional. No solo se equipararon los derechos de las mujeres con respecto a la crianza de sus hijas e hijos al reformar las disposiciones del Código Civil para garantizar la patria potestad compartida (nuevamente reformado en 2015 para introducir un concepto más moderno de responsabilidad parental y el reconocimiento del aporte que implican las tareas de cuidado al bienestar de las familias), sino que además se eliminó la discriminación que pesaba sobre los hijos nacidos fuera de un vínculo matrimonial. En una sociedad todavía muy marcada por los roles sociales de género tradicionales, la tardía aprobación del divorcio vincular permitió también el reconocimiento de las familias ensambladas, lo que habilitó la reparación de las injusticias derivadas de las consecuencias que el derecho imponía al fracaso matrimonial. 

Esos primeros años de la etapa democrática registraron muchos más avances: aseguraron, sobre todo, el andamiaje jurídico que permitió fortalecer los argumentos en los que cimentaron las conquistas posteriores. Con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos primero y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer poco después, el Estado argentino inauguró en la década de 1980 una etapa de incorporación de estándares internacionales de derechos humanos a través de los tratados del sistema regional y del sistema universal de protección de derechos⁴. Estas iniciativas permitieron un ejercicio republicano de rendición de cuentas en el que participaron organizaciones sociales e instituciones de defensa de derechos humanos⁵. A partir de la ratificación posterior de esos pactos y tratados, con mayor intensidad, se lograron cambios regulatorios y en políticas públicas centrales como el acceso al aborto legal (caso lmr c/Argentina) y avances en materia de acceso a la justicia para las mujeres que atraviesan violencia de género (caso Olga del Rosario Díaz), entre muchos otros. En momentos en que parece peligrar la continuidad de ciertos acuerdos sociales básicos, la mirada internacional será clave para garantizar la sostenida vigencia de ciertos derechos y brindará una plataforma para la resistencia exigiendo la aplicación del principio de no regresividad en derechos humanos.

La década de 1990 abrió un nuevo periodo marcado por las consecuencias de los cambios macroecómicos, la privatización de empresas públicas, la feminización de la pobreza y el crecimiento de la precarización laboral y el desempleo. Aun sin barreras formales que les impidieran el acceso a los cargos públicos, el ejercicio democrático no fue suficiente para abrir los espacios de decisión a la participación sustantiva de las mujeres. En la primera conformación de la Cámara de Diputados en 1983, las mujeres sumaban menos de 5% de sus integrantes y para el inicio de la década de 1990 esa presencia había crecido apenas por encima de 6%. No parecía posible reivindicar con éxito el derecho a ejercer la autonomía reproductiva o diseñar mecanismos efectivos para protegerse de las violencias machistas sin las voces de las mujeres ni sus experiencias enriqueciendo el debate público y empujando la sanción de nuevas normas en el Congreso Nacional. La sanción de la Ley de Cupo Femenino en 1991, que imponía un mínimo de 30% de mujeres en las listas electorales, transformó a Argentina en un país pionero en la generación de medidas de acción afirmativa para asegurar la presencia de mujeres en los espacios de decisión política. Con su entrada en vigencia a partir de las elecciones de 1993, se empieza a reflejar un incipiente incremento en la cantidad de legisladoras nacionales en el ámbito parlamentario, con un impacto directo en la posibilidad de avanzar en ciertas agendas legislativas. 

Aun cuando, durante los 25 años siguientes, la efectiva implementación de la Ley de Cupo Femenino se vio limitada por trampas frecuentes, los resultados estaban a la vista⁶. Una mayor presencia en el Congreso Nacional permitió empezar a transformar las demandas de las mujeres en un verdadero programa de acción política. Así, se aprobaron las primeras leyes para responder a la violencia doméstica, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003), una ley de cupo para la representación sindical (sancionada en 2002, hasta el día de hoy enfrenta obstáculos para su implementación), la promoción de la continuidad educativa para adolescentes embarazadas, la Ley de Parto Humanizado (2004) y, finalmente, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2009. Una agenda hasta entonces impensada para una clase política abrumadoramente masculina, heterosexual y urbana. La agenda por la diversidad y los derechos del colectivo lgbti+ llegaría poco después, para transformar la política y revindicar derechos vinculados con las distintas formas de ser y estar en el mundo⁷.

En 2015, 10% de las listas presentadas en las elecciones nacionales incumplieron el mandato legal sobre el cupo de mujeres de diversas maneras sin que la justicia electoral ejerciera su función de control. Proyectos de reforma electoral impulsados por el Poder Ejecutivo podrían haber incorporado medidas para mejorar la implementación del cupo, pero no lo hicieron. En todo caso, ese hubiera sido ya un objetivo pequeño. El compromiso con una democracia de calidad exigía más: abogar por una democracia paritaria. La paridad es un compromiso ético y político que parte de la convicción de que las mujeres deben estar presentes en los espacios de representación política. En el ámbito legislativo, muchos países empezaron a hacerla realidad a través de normas que requieren la presentación de listas electorales con el mismo porcentaje de varones que de mujeres. La paridad puede ser un mandato legal, como fue hasta 2017 el cupo femenino de 30% en el Congreso. Así lo regularon países europeos (Francia y España) y latinoamericanos (Costa Rica, Bolivia, México, Nicaragua y Ecuador) que sancionaron normas destinadas a lograr la paridad en las legislaturas. En la experiencia de otros países, la paridad no está regulada, sino que resulta de la aplicación de un imperativo ético que lleva a la práctica la convicción de que el intercambio de ideas propio de todo proceso democrático se enriquece con la diversidad de miradas que aportan personas con distintas trayectorias y experiencias, que ofrecen un reflejo más fiel de la diversidad que se encuentra en la sociedad en su conjunto (como fue el caso del primer gabinete nombrado por Justin Trudeau en Canadá⁸). 

La ausencia de mujeres en la vida política no solo limita el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos para al menos la mitad de la población, sino que además restringe la calidad de la democracia y la pluralidad de voces en el debate público, con menor representación de los intereses y las visiones de las mujeres. Sin embargo, el proceso de incorporación de mujeres al espacio público no siempre ha sido lineal y ha estado marcado por obstáculos de diversa índole. Los estudios documentan diversas barreras de acceso para las mujeres a puestos de toma de decisión, entre las que se encuentran los estereotipos y pautas culturales que refuerzan las desigualdades de género y la falta de acceso a recursos materiales y simbólicos. Una barrera hasta hace poco menos explorada, tanto para el acceso como para la permanencia, ascenso y efectivo ejercicio de los derechos, es la violencia y el acoso político contra las mujeres públicas y las defensoras de derechos humanos. 

El año 2015 trajo un punto de inflexión. Un grito colectivo se hizo visible en el mes de mayo en la ciudad de Buenos Aires y se extendió por el país y toda la región. Comenzó casi como un susurro, en un breve mensaje de una periodista argentina en la red social que habitualmente las convoca, luego de una sucesión de femicidios de mujeres jóvenes cuyas noticias debieron cubrir en distintos puntos del país: «Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales... mujeres, todas, bah... no vamos a levantar la voz? nos están matando», escribió Marcela Ojeda el 11 de mayo de ese año⁹.

La historia que siguió es conocida. La respuesta inmediata de colegas y amigas fue potenciada por activistas con larga trayectoria en el movimiento de mujeres, referentes sociales y culturales, y esto llevó a un proceso de verdadera construcción colectiva para hacer visible lo que hasta entonces parecía oculto: las muertes violentas de mujeres eran una realidad cotidiana que no parecía encontrar freno en las normas, políticas o planes de acción. El movimiento que se conoció bajo la consigna «Ni Una Menos» no nació en 2015, sino que encontró en esa interpelación pública y esa convocatoria la oportunidad de cohesionar décadas de lucha organizada del movimiento de mujeres y los feminismos. La unión virtuosa de activistas, académicas y periodistas, junto con movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que ya contaban con vasos comunicantes y lazos de confianza construidos a lo largo de años de cooperación, permitió esa articulación intergeneracional e interseccional de las agendas personales y políticas¹⁰.

América Latina y el Caribe llevaba muchas décadas de lucha por visibilizar y poner fin a las violencias hacia las mujeres. Fue la primera región en sancionar un marco regulatorio común para abordar de manera específica las distintas dimensiones de las violencias desde una perspectiva integral, incluidas las políticas preventivas, y al mismo tiempo interpelar a los Estados en su deber de debida diligencia, protección y acceso a la justicia, delineando medidas de reparación para las víctimas. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) se convirtió a partir de la segunda mitad de la década de 1990 en una guía indispensable para avanzar en legislación capaz de capturar la profundidad de los vínculos entre las estructuras de discriminación, las desigualdades y las violencias. 

A partir de su aprobación, se extendieron en la región las normas contra la violencia doméstica, en particular la que sucede en el ámbito de las relaciones de pareja. Tanto desde un enfoque penal (que caracteriza la violencia física y sexual en las parejas como un delito) como con un enfoque más amplio y dirigido a la prevención (aplicación de medidas preventivas para limitar el contacto de los perpetradores de la violencia con las mujeres agredidas), los países de América Latina y el Caribe avanzaron en una primera generación de normas dirigidas a la violencia en las relaciones familiares o violencia doméstica, casi exclusivamente. Luego, en los últimos 15 años, una docena de países avanzaron hacia la sanción de leyes de protección integral contra diversas formas de violencia, como fue el caso de la ley aprobada en Argentina en 2009. El objetivo de estas normas de segunda generación se enfocaba en dar respuestas a quienes enfrentan situaciones de violencia ya no solo entre integrantes de la familia o unidad doméstica, sino también en distintos ámbitos de la vida social y en la comunidad. 

Estos nuevos marcos regulatorios integrales incorporaron otras formas de violencia tales como la violencia institucional, laboral, obstétrica, mediática, patrimonial y simbólica, así como la violencia contra los derechos reproductivos y el acoso sexual. Entre las formas abordadas de manera más incipiente por las normas de protección integral se destaca la violencia política hacia las mujeres, con Bolivia como país pionero, y el impulso regional de la Comisión Interamericana de Mujeres. Argentina incorporó la violencia política a la legislación en 2019 y la Cámara Nacional Electoral resolvió un caso aplicando esta norma por primera vez en 2022. 

Las movilizaciones bajo la consigna «Ni Una Menos» nacieron como denuncia y reclamo por los femicidios. Pero pronto quedó claro que sin un abordaje más amplio y una mirada posada sobre las violencias que se multiplican en la comunidad, en los espacios de trabajo, en los medios de comunicación y también en la política, será difícil tener éxito en prevenir sus formas más extremas. Todavía una mujer es asesinada cada 30 horas por violencia de género en Argentina¹¹, en la mayoría de los casos a manos de una pareja actual o pasada. La intervención de la justicia tampoco es necesariamente un freno a la violencia: en 2022, al menos 38 de las 226 víctimas directas de femicidio había denunciado a su victimario.

El año 2018 dio nuevos impulsos a viejas luchas. Desde la recuperación de la democracia, el reclamo por los derechos sexuales y reproductivos ocupó un lugar central para los feminismos. Fue un logro importante que en esos primeros años (1986) se derogaran las regulaciones que prohibían la compra y venta de anticonceptivos, lo que estableció los cimientos para el derecho a decidir sobre la propia reproducción. La década de 1990, con acercamientos desde el Poder Ejecutivo al poder eclesiástico y una agenda más conservadora, no permitió avanzar en un debate más profundo sobre el rol del Estado en la promoción de una política pública más completa sobre los derechos reproductivos. 

Fue a partir de 2005 cuando tomó fuerza el reclamo por estos derechos con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsada por organizaciones feministas de todo el país. La campaña tuvo desde el comienzo dos objetivos claros: instalar en el espacio público el derecho al aborto como una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos, y por otra parte, elaborar y presentar un proyecto de ley para modificar el marco jurídico vigente desde 1921. La consigna utilizada condensaba los debates en torno de la sexualidad y la reproducción, ponía el foco en la información, la prevención y la mitigación de daños para las niñas, adolescentes y mujeres: «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir». La simbología capaz de articular contenido, identidad y sentido de pertenencia colectivo fue el pañuelo verde, que permitió amplificar el impacto del discurso mediante una imagen, la «marea verde», que se reprodujo tantas veces en los últimos años en Argentina y en el resto de América Latina.

En ese marco, entre los meses de marzo y agosto de 2018, se trató en el Congreso argentino el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la mencionada campaña y articulado de manera transversal, multipartidaria e intersectorial. Este debate vinculó activismo, academia, organizaciones sociales y comunicadoras, movilizando a millones de personas que se manifestaron en favor del derecho al aborto en diferentes puntos del país¹². Fue, sin dudas, el debate más plural, más informado y profundo desde la restauración democrática en el país, con millones de personas siguiendo las sesiones congresales desde sus casas y desde las calles. El 14 de junio de 2018, tras 20 horas de debate y mientras una multitud sostenía la vigilia durante una helada noche de invierno, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto. Aunque el Senado lo rechazó el 8 de agosto, de todos modos el discurso de la diputada de Propuesta Republicana (pro) Silvia Lospennato cerró la sesión desplegando argumentos, emociones y consensos que quedarían en la memoria colectiva y dejaban la sensación de que se trataba de una derrota temporal¹³. 

Hubo que esperar dos años más para que el aborto volviera a la agenda parlamentaria. Transcurrió un primer año de la pandemia de covid-19 que tuvo un impacto implacable en la sociedad y afectó de manera particular a las mujeres, profundizando la brecha de ingresos con un aumento de la desocupación femenina, la vulnerabilidad frente a las violencias de género y la crisis del cuidado que se hizo evidente con el cierre de las escuelas y los servicios de cuidado infantil. Luego de un nuevo debate más breve que el de 2018, finalmente en diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo. La ley dispone la implementación de una política pública liderada por el Ministerio de Salud de la Nación para abordar todos los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque de derechos humanos. De manera simultánea, se aprobó también la ley 27.611 para dar relevancia a las políticas indispensables que deben desplegarse para atender a la niñez en la primera infancia, los primeros 1.000 días, con atención integral e intersectorial.

Una cuestión pendiente para los feminismos es abordar la desigual e injusta organización social del cuidado, esa causa raíz que explica muchas de las desigualdades sostenidas en distintos órdenes de la vida social, política y económica en Argentina y en toda América Latina y el Caribe. Las mujeres dedican en promedio más del doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado de niñas, niños y otras personas de la familia, en detrimento del tiempo, el esfuerzo y la energía que podrían dedicar a un empleo, a su formación, a su descanso y a su autocuidado. Así lo entendieron los países reunidos en la xv Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde reafirmaron los acuerdos anteriores. En el documento conocido como Compromiso de Buenos Aires, se propone avanzar en la creación de sistemas integrales de cuidados desde un enfoque de género, de derechos, con una mirada interseccional e intercultural. Se trata de garantizar (articulando tiempos, dinero y servicios) que el derecho al cuidado sea una realidad para todas las personas, generando las condiciones para el desarrollo verdaderamente inclusivo de las mujeres, niñas y adolescentes en toda su diversidad¹⁴. En el documento se hace un llamado a promover medidas para superar la división sexual del trabajo, que hoy afecta adversamente con mayor profundidad a las mujeres más pobres, y transitar hacia una justa organización social de los cuidados, en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental.

Esta es la agenda pendiente. Creemos que existe un punto clave para liberar el potencial de las mujeres, promover el desarrollo de su autonomía y mejorar la calidad de vida presente y futura: su rol en el ecosistema de cuidado. El cuidado debe dejar de ser un problema individual de las mujeres para convertirse en un derecho de la ciudadanía, una corresponsabilidad social y una obligación del Estado. La economía del cuidado actual es el tejido que habilita el desarrollo de una sociedad, pero hoy eso ocurre a expensas de la libertad y el desarrollo de las mujeres, en particular de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Si no reconocemos la economía del cuidado, el desarrollo es más dificultoso, improbable e injusto para las mujeres y otros colectivos como las personas mayores, las personas con discapacidad y las infancias. Sin cuidados no hay reproducción social, y hoy no se produce el cuidado sin una fuerte carga inequitativa sobre las mujeres. Este es el momento de plantearse cómo hacemos para que el ecosistema de cuidado se vuelva más justo, igualitario y productor de riqueza.

El contexto actual es desafiante. Se percibe un desencanto democrático de la ciudadanía frente a una clase política que muestra poca autocrítica ante los principales problemas diagnosticados, que los gobiernos de distinto signo ideológico no han logrado superar: la pobreza, la inflación, la crisis económica, la inseguridad. Argentina es un país que tiene desde hace años más de 40% de la población sumida en la pobreza, donde 6 de cada 10 niños y adolescentes son pobres y donde tener empleo, aun empleo formal, no es suficiente para garantizar un nivel de ingresos básico. Las mujeres se ven afectadas por esa situación de manera más radical. Están sobrerrepresentadas entre los sectores más postergados de la sociedad, tienen más posibilidades de tener empleo informal o de tiempo parcial, en general están a cargo de los hogares monoparentales. A esto se suma que, en 50% de los casos, cuando tienen derecho a una pensión de alimentos por sus hijos e hijas, no logran hacer efectivo su cobro. Mujeres que viven violencia en sus parejas en una proporción que afecta a una de cada dos mujeres en el país y para quienes recurrir a la justicia suele significar someterse a un laberinto de burocracia que no necesariamente logra protegerlas de las violencias más extremas. A las mujeres de distintas generaciones, la sobrecarga de cuidados las encuentra en situaciones de profunda desigualdad en el acceso a servicios e infraestructura para aliviar sus responsabilidades como cuidadoras, y esto aún se ve como una agenda poco urgente frente a la crisis económica y la demanda por revertir el déficit fiscal, a pesar de la evidencia que muestra que justamente mejores políticas de cuidados podrían contribuir a superar la situación actual¹⁵. Así y todo, en las elecciones presidenciales de 2023 hubo pocas propuestas dirigidas a resolver los problemas más concretos y urgentes que atraviesan las vidas cotidianas de las mujeres¹⁶. 

Las últimas elecciones presidenciales dejaron un mensaje preocupante: los derechos parecen un discurso vacío para muchas personas que ven desmoronarse su vida en una crisis económica que no parece tener fin. Sin embargo, en momentos en que la realidad golpea con crudeza frente a tantas injusticias irresueltas, es necesario recordar que los derechos no son solo retórica, sino que se transforman en una herramienta de lucha, de exigibilidad, que puede contribuir a la organización colectiva frente a una realidad que nos presenta amenazas y retrocesos.

A lo largo de estos 40 años de democracia, hemos aprendido que para la agenda de la igualdad de género las estrategias colaborativas, la articulación de esfuerzos desde distintos espacios con distintas protagonistas de la política y la intervención en el debate público son indispensables. Las conquistas en los derechos de las mujeres se lograron gracias a la capacidad de tejer alianzas transversales que unieron no solo a referentes de distintos partidos políticos sino también de ámbitos diversos. La sociedad civil organizada, el movimiento feminista, las periodistas y comunicadoras, así como también la academia, contribuyeron a tender puentes y a construir estrategias para identificar respuestas a las demandas sociales todavía insatisfechas.

La participación política y la generación de condiciones para promover una mayor presencia de mujeres en lugares de decisión se fueron consolidando como un reclamo por una mejor calidad democrática. No se trata solo de reivindicar el pleno ejercicio de los derechos políticos para las mujeres superando las barreras que el sistema político y los mandatos culturales todavía ponen en el acceso a espacios de poder, sino también de señalar que el ámbito de debate público no puede ser ajeno a la ciudadanía que busca representar. En la búsqueda de respuestas, la construcción colectiva vuelve a ser central: visibilizar y capacitar a todos los actores, extender las redes entre políticas y promover pactos políticos y sociales para un debate público sin violencias son puntos de partida indispensables.

Las conquistas logradas en estos años fueron producto de una inteligente articulación feminista, plural y colectiva. No en vano la última década nos muestra que las mejores prácticas de diálogo político y transpartidario, articulación con la sociedad civil y la academia provinieron del movimiento de mujeres y feminismos, junto a un colectivo de mujeres políticas capaces de trascender las diferencias partidarias. El desafío es sostener los logros, fortalecer las alianzas y seguir avanzando.