En el actual modelo de acumulación del capitalismo monopolista transnacional¹, iniciado con la crisis o quiebre del pacto keynesiano y cuya segunda fase transitamos desde los años 90 del siglo pasado, asistimos a la ofensiva general del capital, coordinado a escala global, en pos de recuperar tanto su tasa de ganancia como parte de su capacidad de disciplinamiento del trabajo. El capital rompe las barreras estatales de regulación social de la producción y la distribución en que se hallaba relativamente confinado en la anterior expresión de capitalismo monopolista de Estado (conocido como Estado de Bienestar), y tiende a buscar el espacio global, aunque necesite del Estado neoliberal para su reproducción y expansión. En ese camino, el capital despliega un modelo de desregulación social, que conlleva consustancialmente la institucionalización de la precariedad. Como es ya conocido, las características que adopta la expansión de este modelo son la financiarización de la economía, el desarrollo de procesos de producción flexibles y la huida del capital del vínculo productivo con el trabajo, es decir, la expulsión del trabajo de la relación salarial, lo que se traduce en una ofensiva política contra la organización del trabajo y la emergencia de una «nueva pobreza». 

En paralelo, se han producido transformaciones en las formas del trabajo. Por un lado, fue avanzando un proceso de intelectualización, que habilitó a algunos pensadores como Jürgen Habermas y André Gorz a construir teorías en torno del «fin del trabajo»². Para estos autores, la inmaterialidad de los actuales procesos productivos pondría en crisis el trabajo abstracto y, por ende, la teoría del valor. Sin embargo, nos interesa proponer, siguiendo las investigaciones de Ricardo Antunes³, que la expansión del actual modelo de acumulación, así como ha implicado una mayor intelectualización del trabajo⁴, ha supuesto también el avance de procesos de informalización, y ambos elementos configuran lo que Antunes llama una «nueva morfología del trabajo». Pero esto, afirma este autor, ha redundado en una ampliación de los mecanismos de funcionamiento de la ley de valor y no en una pérdida de su vigencia. 

Sostenemos aquí que considerar las derivaciones propias de esta nueva morfología del trabajo en tanto externalidades del proceso de valorización del capital solo puede contribuir a perpetuar una construcción escindida del mundo del trabajo, lo cual deviene en una consideración restrictiva de sus organizaciones de representación, al tiempo que limita la potencia del trabajo como espacio de reivindicación popular. De modo que aquí me propongo reconstruir algunos elementos que, entiendo, habilitan nuevas líneas de indagación para pensar el devenir de un movimiento de trabajadores y trabajadoras en el capitalismo actual. 

Por un lado, me interesa retomar la relevancia mundial del problema de la reproducción social. La actual morfología del trabajo, en permanente mutación y perfeccionamiento, lejos de eliminar el factor humano del proceso de valorización, ha implicado un desentendimiento cada vez mayor del capital respecto de la reproducción de los trabajadores y las trabajadoras. Para enfrentar esta tendencia, se han desarrollado múltiples experiencias organizativas en un proceso que generó nuevas formas de estatalidad. Me refiero concretamente a la gestión de proyectos económicos en el marco de lo que en Argentina se representa políticamente como «economía popular». En ese sentido, me interesa recuperar algunos elementos particulares del caso argentino, en lo que refiere al proceso de construcción del reconocimiento de un espacio de carácter sindical de la «economía popular», en la medida en que esto habilita a pensar tensiones, debates y desafíos en relación con el movimiento sindical. Cabe aquí la pregunta: ¿qué tan representativo de la sociedad actual es un sindicalismo que pugna por la redistribución en términos de su propia actividad profesional? 

Propongo un recorrido que, a partir del cuestionamiento de la construcción de binomios respecto de la realidad sociolaboral y sus formas de representación, sugiera líneas posibles tendientes a construir un movimiento popular de trabajadores y trabajadoras.

Algunas reflexiones en torno de la reproducción social

En el último tiempo, el feminismo ha vuelto a poner sobre la mesa debates en torno del trabajo reproductivo que traen a la escena algunos elementos de interés para pensar el mundo del trabajo en la actualidad. Me refiero particularmente a la cuestión de qué es considerado trabajo productivo. ¿Este solo existe en el marco de una relación salarial? Numerosos son los debates a la hora de pensar si el trabajo reproductivo puede considerarse «trabajo» y, yendo más lejos, si produce «valor».

Si recuperamos lo planteado por Karl Marx en el capítulo vi de El capital, recordaremos que allí aborda los procesos de subsunción del trabajo preexistente al capital⁵. Analiza así el pasaje del taller artesanal a la producción de manufacturas, es decir, el proceso histórico a través del cual el desarrollo del capitalismo implica la separación del productor de los medios de producción y la venta «libre» de fuerza de trabajo en el mercado, en el marco de una relación contractual en la que el capitalista paga mediante el salario. Marx establece tres momentos: (a) el primero de ellos refiere a lo que llamó «subsunción indirecta del trabajo al capital». Esta corresponde al taller artesanal, donde no hay escisión entre el ámbito doméstico y el ámbito productivo. Es decir, el proceso productivo está unificado, el artesano controla y participa de todo el proceso de producción. (b) Un segundo momento, que Marx denominó de «subsunción directa del trabajo al capital», se identifica con la elaboración asalariada de manufacturas. Allí aparece alguien que controla el proceso de producción y se encarga de la comercialización. En ese contexto, la acumulación de valor está dada por la intensidad y ampliación de la jornada de trabajo, lo que Marx llamó «plusvalía absoluta». (c) Pero Marx atiende a un tercer momento en el cual, en función de la paulatina incorporación de tecnología, se van modificando las formas de producción, lo que impacta a su vez en la modificación del proceso de trabajo. La incorporación de tecnología y la segmentación de saberes permiten disminuir los tiempos de producción, lo que se traduce en mayor producción en menor tiempo. Es lo que Marx llamó «plusvalía relativa», la forma madura de extracción de valor, y que supone la subsunción real del trabajo al capital.

Ahora bien, este análisis histórico, del que podemos extraer ciertas categorías útiles para analizar diferentes formaciones sociales, ha sido cuestionado en múltiples oportunidades en función de la existencia o no de un proceso lineal, así como, en caso de haber existido, las características que este proceso asumió en los países que poco a poco se fueron subordinando a los centros del sistema capitalista. Desde la antropología económica, principalmente a partir de la década de 1960 y de la mano de los autores neomarxistas, esta descripción formal del proceso de valorización se puso en diálogo con las realidades recogidas en el trabajo etnográfico, principalmente en el desarrollo del capitalismo periférico. En ese marco, Claude Meillassoux⁶ expone con claridad la existencia de múltiples mecanismos de transferencia de valor del trabajo al capital que suceden por fuera del salario directo. Lo hace desglosando los componentes de la reproducción de la fuerza de trabajo: la reconstitución (lo que se necesita para que el trabajador vuelva a su trabajo al día siguiente), el reemplazo (reproducción biológica) y el mantenimiento (periodos de paro). Según Meillassoux, solo la reconstitución es cubierta por el salario directo. Este, en tanto se calcula por las horas de trabajo realizado, permite la extracción de plusvalía. En cambio, el mantenimiento y el reemplazo, cuando no están presentes las instituciones del capitalismo integrado, recaen sobre el ámbito doméstico y/o comunitario, lo que conlleva otro mecanismo de transferencia de valor que el autor denomina «renta en trabajo» y que corresponde al costo de la reproducción que es ahorrado por el capital⁷.

En trabajos más recientes, la antropóloga Susana Narotzky plantea dos elementos que pueden desprenderse de lo expuesto por Meillassoux. En primer lugar, la necesidad de romper con el binomio «producción-reproducción», para lo cual propone un «enfoque global de los procesos de subsistencia» desde la perspectiva de la «reproducción social». Esta es entendida como «el movimiento mediante el cual una realidad social histórico-concreta establece las condiciones para su continuidad y contiene transformaciones dentro de los límites de una lógica dominante»⁸. Saldado ese aspecto, Narotzky plantea que la contribución de los trabajos «ajenos al mercado» al proceso de valorización capitalista deberían analizarse no solamente en la medida en que el trabajo se convierte en mercancía o no, sino en función de los modos en que lo producido en esos ámbitos «no mercantiles» entra efectivamente en el mercado. Y en ese sentido, las relaciones sociales de producción ajenas al mercado deben ser analizadas como parte fundamental de los procesos de producción de las economías de mercado. 

Este enfoque nos habilita a pensar «lo económico» como un fenómeno más complejo y completo que vaya más allá de la asociación tradicional con la producción. Pues, como sostiene Narotzky, ese sesgo ha contribuido, en las sociedades occidentales, a percibir el trabajo como concepto económico vinculado de manera exclusiva al empleo y a las relaciones laborales dependientes. Sin embargo, advertimos que en los procesos sociales histórico-concretos, las relaciones capitalistas de producción pueden hallar múltiples formas específicas, atraídas hacia la acumulación de capital, pero diferentes de la clásica relación libre del trabajo asalariado. 

Pero ¿por qué tienen vigencia estas reflexiones teóricas? En primer lugar, porque nos brindan herramientas para revisar críticamente la tendencia a la generalización de las relaciones asalariadas de dependencia entre trabajadores y propietarios del capital como marca de las relaciones contemporáneas de producción. De este modo, nos permiten inscribir la heterogeneidad del mundo del trabajo en una historia de larga duración. Desde allí, entonces, es dable cuestionar la identificación de la vigencia de la ley del valor (en términos de la mercantilización de la fuerza de trabajo) con el salario, asumiendo que procurarse lo necesario para la vida depende siempre y únicamente del salario cobrado en relaciones laborales dependientes y que, de igual modo, solo en esas condiciones se produce valor. 

Advirtiendo, entonces, que asistimos a un modelo de acumulación en cual el trabajo asalariado ya no es «la norma» y en el que se van produciendo formas cada vez más invisibles de garantizar el proceso de valorización del capital, resulta relevante atender a los movimientos de organización y disputa que se gestan en los «rincones» de ese proceso. Asumiendo que la denominada «economía popular», en tanto espacio de representación de «trabajadores sin salario», sea uno de estos casos, ¿en qué medida el binomio cuestionado por Narotzky tiene vigencia en la relación «economía popular»-movimiento sindical? Es decir, ¿de qué modos se traduce en la práctica política del sindicalismo tradicional la noción de lo económico solo en términos de «lo productivo» en tanto relaciones salariales?

¿Cuáles son las formas que asume la permanencia de ese binomio y desde qué sectores se sostiene? Pero, principalmente, ¿qué consecuencias tiene esto a la hora de pensar en la representatividad del movimiento sindical en la actualidad, a quiénes y cuáles son los desafíos que ese movimiento debería asumir de cara a constituirse en representativo de un movimiento popular?

«Economía popular»-movimiento sindical: la permanencia del binomio

En numerosos trabajos⁹, hemos propuesto el estudio de la denominada «economía popular» en términos de prácticas económicas con dinámicas propias de las economías domésticas. Podemos agregar que se trata de múltiples experiencias económicas en sentido amplio: actividades productivas y reproductivas que se desarrollan al margen de la relación salarial, pero que encuentran en su cadena de producción y/o circulación un lugar de articulación con el mercado: producción textil, de alimentos, de cuidados, entre otros¹⁰. 

En las investigaciones mencionadas decíamos también que la categoría «economía popular» no posee en sí misma validez explicativa respecto de los procesos que aparecen contenidos en la práctica cotidiana de sujetos múltiples y heterogéneos. Sin embargo, siempre atendimos a la relevancia política que esa denominación fue adquiriendo en tanto trama de relaciones, y me parece relevante recuperarla aquí en ese sentido. 

Ya desde el despliegue del neoliberalismo en Argentina y la región, se teorizó respecto del desplazamiento de la fábrica al «territorio» como núcleo de organización popular, en el marco del deterioro de la sociedad salarial y la expansión de múltiples formas de organización social. En Argentina, esas experiencias fueron consolidando una modalidad de demanda al Estado respecto de la necesidad de garantizar la reproducción de amplios sectores sociales, que se encauzó a través del desarrollo de planes de emergencia articulados en las políticas focalizadas de la época¹¹. 

Me interesa identificar aquí cierta línea de continuidad con una tradición organizativa de algunos sectores del campo popular que favorece la vinculación (no siempre armoniosa) con el Estado y que, con posterioridad, en un contexto propiciado por tres gobiernos de la llamada «ola progresista», habilita a estos movimientos a consolidarse como un actor político. Este actor político orientó su «lucha por la falta de trabajo» hacia la visibilización de las «nuevas condiciones del trabajo», al tiempo que cimentó un plafón de representatividad en torno de lo que se denominó «economía popular». En el caso argentino, existe una matriz de representación socialmente compartida del trabajo como única fuente de valoración e integración: «El trabajo amalgama a la comunidad y la ocupación en un trabajo enlaza al sujeto a la comunidad. Esta matriz configura nuestro pensamiento al punto que las críticas y las alternativas se plantean en el mismo molde»¹².

De modo que nos estamos refiriendo aquí a la «economía popular» en términos de su representatividad política, cuya expresión más contundente en el último tiempo en Argentina sea posiblemente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (utep), creada en 2011 como confederación. Podemos identificar dos niveles en los modos en que ese espacio encamina las demandas de lo que denomina «economía popular»: el de la representación sindical y el de los derechos laborales. Al tiempo que demanda su reconocimiento como interlocutor legítimo en tanto representante de los «trabajadores de la economía popular», lo hace instalando sus demandas (ante el Estado) en los términos instituidos del mundo del trabajo: demandando personería gremial¹³, participación en el consejo del salario mínimo vital y móvil¹⁴, creación de un registro de trabajadores de la economía popular y de un salario específico¹⁵, y definiendo sus conquistas y acuerdos con el Estado en términos de «paritarias», expresión propia de la negociación salarial. En ese camino, la utep busca también estrechar lazos con el propio movimiento sindical al que pretende pertenecer¹⁶. 

¿Qué tensiones genera esto en el marco de las organizaciones sindicales tradicionales? Por un lado, se presentan debates en torno de las divisiones clásicas de la representación laboral, es decir, los sindicatos por rama de actividad, estructura que entra en tensión con una organización que se propone aglutinar a un conjunto de trabajadores en función de la ausencia de relación salarial. Este elemento, a su vez, suma la complejidad de impedir, al menos de una forma evidente, una agremiación atada a una cuota sindical. 

Estas primeras distancias parecieran derivarse de una mirada que se enfoca en la representación en términos de la redistribución empleador-trabajador como único ámbito o modalidad del accionar sindical. Pero, además, resulta interesante poner atención en el lugar que ocupa el Estado en una y otra forma de mediación capital-trabajo. Mientras que resulta claro que, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras bajo relación salarial, el Estado media en la puja redistributiva entre ambos actores, en el caso de la «economía popular» se tiende a ubicar al Estado solo como «garante» de la reproducción de un conjunto de la población a través de programas sociales. 

Estas definiciones, además de alimentar (principalmente desde ciertos medios de comunicación) ideas con una fuerte carga moral (basadas a menudo en información falsa) sobre la existencia de «trabajadores sostenidos por el Estado», niega otro conjunto de demandas y vías posibles de intervención del Estado como mediador entre las experiencias de la «economía popular» y la renta empresaria (cuyos lazos suelen ser invisibles). Solo por citar algunos ejemplos: el pedido de subsidios para pequeños productores y cooperativas, la demanda de líneas de crédito bancario, el pedido de instalación de paquetes tecnológicos para la agricultura familiar. 

Alimentar la idea de que se trata de universos completamente escindidos −ya que la «economía popular» no tiene salario ni patrón y que, por lo tanto, su demanda por la redistribución se orienta al Estado− pareciera aceptar que a los trabajadores de la «economía popular» solo les queda pelear para que el Estado garantice su salario indirecto, mientras el movimiento sindical mantiene un perfil de representación profesional de aquellos que acceden a la relación salarial. Para salir de esta encerrona, resulta necesario asumir que la disputa socioeconómica actual se dirime en ámbitos institucionales que necesitan renovarse, reciclarse o bien ampliarse para seguir siendo representativos. 

Lejos de eso, encontramos que, pese a los avances en materia de políticas y líneas programáticas vinculadas a la «economía popular» o a la «economía social», se sostienen en la voz pública, en las políticas y en los propios movimientos sindicales variantes del binomio remarcado por Narotzky que se traslada a los sujetos: formal/informal, empleable/inempleable, asalariado/planero¹⁷. Esto redunda en lo que Estela Grassi¹⁸ denomina una «incongruencia» entre un modelo de integración que sigue considerando el trabajo como matriz de pertenencia a la comunidad y una concepción dual del sujeto trabajador. En los hechos, se perpetúan formas diferenciales que, patrocinadas como medio de «inclusión», discurren al margen del régimen de regulación y ajenas a la autoridad laboral (y lo mismo respecto de la política económica), conformando un sector fragmentariamente integrado, cuyos miembros son interpelados por la política como compatriotas trabajadores, pero a los que la propia política distingue y ofrece alternativas que no son equivalentes.

Perspectivas para el movimiento popular

Nos encontramos hoy ante una nueva avanzada de la derecha que pretende poner en tela de juicio las principales instituciones y derechos existentes en materia laboral. No obstante, la actual coyuntura nos encuentra también ante un nivel de desarrollo del modelo de acumulación en el que empiezan a evidenciarse los límites del trabajo como garantía de la seguridad de la reproducción de la vida y los problemas de integración, en términos de reconocimiento mutuo y participación valorada en la vida social. Aquellos derechos que los sectores progresistas llaman a proteger no alcanzan hoy a grandes porciones de la población, y otra parte ve limitado su ejercicio pleno. 

En ese mismo contexto, el sostenimiento del «binomio» aparece como un aspecto fundamental para la pervivencia y la profundización de las condiciones de desigualdad existentes: una «economía popular» que lucha por su reproducción y un movimiento sindical que brega por la redistribución en la dinámica negociación sindical-patronal.

En síntesis, el actual modelo de acumulación plantea cuando menos una disyuntiva respecto de si el sindicalismo tiene que ampliarse en términos del sujeto que representa y los sentidos de su acción, o bien si tiene que aceptar que ha dejado de ser el principal actor político (o al menos no el único) de representación de las clases trabajadoras. Pareciera necesario no solo combatir en términos teóricos y públicos el binomio formal-informal o sindicato-«economía popular», sino también reconocer en la ruptura de este binomio la vía para construir, al menos, una agenda común orientada a las necesidades reales de la sociedad actual. Ello requiere, entre otras cosas, de creatividad.