Las condiciones contemporáneas están signadas por las consecuencias de la crisis ecológica global, el paulatino agotamiento de los recursos fósiles –que además son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero– y la confrontación entre las potencias asiáticas en ascenso y el mundo atlántico declinante. Este escenario supone un riesgo creciente para la supervivencia de la biosfera (todo lo que vive) y agudiza la actual guerra integral, que lejos de centrarse en los límites euroasiáticos, se dirime a escala planetaria. Recursos estratégicos tradicionales, como el petróleo y el gas, se vislumbran sustanciales para resguardar la «seguridad energética» y padecen una presión extractiva tan intensa como el acaparamiento de los bienes comunes claves para la supervivencia y las tecnologías del siglo XXI: agua, bosques, aire limpio, territorios «vacíos», tierras raras, cobalto, litio. En medio de la visibilidad que ganó la «gran aceleración » de la crisis ecológica a raíz de los tiempos pandémicos, se emplazó la transición energética como núcleo central de acumulación e innovación del capital, y esto consolidó la fisonomía del «capitalismo verde», lo que llamamos «acumulación por desfosilización»¹. En números, durante 2022, la fábrica de movilidad eléctrica Tesla aumentó 700% su cotización bursátil, lo que convirtió a su dueño en el hombre más rico del mundo, y el precio de la tonelada de litio pasó de 7.000 dólares a 70.000 dólares.

China apostó por este nuevo paradigma energético desde la crisis financiera de 2008 y hoy lo domina decididamente: es el principal productor y mercado de paneles solares, de molinos eólicos y de movilidad eléctrica (produce y consume la mitad de los autos eléctricos totales). El ascendente desarrollo autocentrado que consolidan las potencias terrestres de Asia despertó las alarmas en los países atlánticos antes hegemónicos. Estados Unidos y Europa dejaron atrás el siglo XX viendo tambalear su predominio industrial y tecnológico general, sus industrias automotrices insignia y sus cadenas de suministros y de abastecimiento de recursos. Nada fuera de la historia: desde el año 0 hasta el siglo XVIII, Europa fue una península asiática. En este marco, el Sur global deviene un teatro de operaciones y una cantera de naturaleza vital.

El litio es imprescindible para la fabricación de baterías que brindan movilidad y energía, en un espectro muy amplio de productos que puede comprender desde un auricular o un dron hasta un automóvil o un submarino. Un informe publicado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) en 2021 indicó que la demanda de litio aumentaría 42 veces si se quisiera cumplir con las proyecciones de emisiones cero para 2040². Sin embargo, no es el «petróleo del siglo XX», porque el valor central de los acumuladores de energía se encuentra en dominar su tecnología de punta; ni es el «oro blanco», ya que no representa un mercado de una profundidad comparable a la del petrolero –que es la savia de nuestra civilización energívora–. Tampoco las reservas sudamericanas transforman la región en la «Arabia Saudita del litio», porque si bien esta concentra 58% del mineral en salares, de más fácil y rentable extracción, el litio es abundante y está distribuido generosamente (hay más en el mar que en tierra, aunque menos concentrado). Igualmente, resulta clave asegurar su aprovisionamiento, lo precisa la industria más grande que existe –la automotriz– y garantiza la reserva de energía renovable –recordemos que la electricidad se consume o se disipa y será necesario almacenarla–. Y, a su vez, la disputa por la colonización de los bienes comunes juega un papel medular en la geopolítica ecoimperial contemporánea.

La cantera litífera latinoamericana

La producción de litio está actualmente concentrada en pocos enclaves, pero los proyectos avanzan a pasos agigantados y el panorama se transforma de modo vertiginoso. En 2020, 95% de las 440.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE, por sus siglas en inglés) producidas en una decena de explotaciones se distribuyeron entre Australia (49%), Chile (22%), China (17%) y Argentina (8%)³. Pero para 2021 se contabilizaban 129 proyectos, de los cuales 90% eran nuevos y el resto, ampliaciones o modificaciones de los existentes, repartidos entre África (9), Europa (14), Argentina (20), Australia (18), Brasil (3), Canadá (26), Chile (7), China (11), EEUU (18), México (2) y Perú (1). Dos años después, según el portal Fastmarkets, la cifra se elevó a 300⁴. De modo que la cantera primaria es, en cierto punto, global. Pero el tamaño de las reservas no es comparable: la tierra latinoamericana concentra las mayores, en Bolivia (21 millones de toneladas), Argentina (20 millones de toneladas) y Chile (11 millones de toneladas), y la pospandemia disparó la presión sobre ellas.

China ha logrado una enorme presencia en los proyectos en curso. En Argentina posee al menos 11 de los 48 existentes, Ganfeng posee el depósito mexicano de Sonora y la empresa Tianqi cuenta con 25,86% del paquete accionario de sqm en Chile. En el gran Salar de Uyuni –y el más pequeño de Coipasa–, en Bolivia, el conglomerado chino CBC firmó un convenio con la estatal Yacimientos Litíferos Bolivianos (YLB) para aplicar la técnica de extracción directa, en teoría más rápida y de menor consumo de agua, con una inversión proyectada de 1.000 millones de dólares. La potencia tecnológica, industrial y exportadora alemana, cabeza de Europa, a duras penas acaba de afincar en un salar argentino. En los hechos, bajo una política agresiva de compras y explotaciones directas, China blande un «dinero fresco» que se traduce en un poder sustantivo en la región. Por ello Laura Richardson, al frente del Comando Sur de EEUU, afirmó: «Tenemos que empezar nuestro juego». Se libra así una competencia que tiene a los países centrales disputando el acaparamiento de los recursos, lo cual indica la relevancia estratégica que la naturaleza posee en una gramática signada por la conflictividad aguda y la incertidumbre ambiental. La región está desprotegida frente a este asedio, fundamentalmente porque las reformas neoliberales de la década de 1990 modificaron el armazón jurídico minero para garantizar que las tenencias se convirtieran en activos inmobiliario-financieros –se poseen a perpetuidad casi sin costos–, pasibles de transarse en el mercado global. Y luego, una multiplicidad de beneficios facilita la apropiación corporativa de las rentas si las tenencias devienen en producción. En términos concretos, se privatizaron los territorios y las tenencias litíferas en Perú, México y Argentina, por caso, y tras el auge del precio del litio «pasan a valores», comienzan a explotarse. Argentina es el único país que no ha declarado el litio recurso estratégico y es la vedette del avance empresario. Las más de tres decenas de proyectos de litio que no son chinos están en su mayoría bajo el control de firmas australianas y canadienses, pero también de Alemania, Corea, EEUU, Francia y Gran Bretaña; explotaciones que incluso suelen tener a automotrices, grandes bancos o fondos de inversión como controlantes articulados. El hecho es notorio, a punto tal que Techint, la principal empresa de «capital nacional» argentino, ofreció sin éxito 178 millones de dólares para obtener una porción de salar, y la otrora gigante petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), emblema de la soberanía nacional, solo explora tenencias menores, que con viento a favor brindarán muy poco litio en no menos de media década.

El panorama estable de los últimos diez años, cuando existían en soledad el «triángulo del litio» y la extracción de salares, ya es cosa del pasado. América Latina se incorpora a la extracción del litio en piedra y arcilla, que conlleva también las peligrosas consecuencias ambientales de la minería a cielo abierto. En los hechos, a partir de 2019, Brasil ya participó de 1,5% de la oferta global. Actualmente, la canadiense Sigma Lithium posee el proyecto Grota do Cirilo, el depósito de litio de roca dura «más grande de América», que comenzó sus faenas extractivas en abril de 2023 y espera producir 22.000 toneladas LCE por año. Se suman AMG Mineração –firma holandesa que asegura que exportará 40.000 toneladas anuales desde su explotación en Minas Gerais– y la antes estatal Companhia Brasileira de Litio –que en 2019 comenzó a producir litio «grado batería», es decir, de al menos 99,5% de pureza–. Esta última perdió su participación pública en julio de 2022, ya que el estado de Minas Gerais vendió 33,3% del paquete accionario, que quedó en su totalidad en manos de «empresarios brasileños». Un panorama similar en el que campea la iniciativa privada puede describirse para el caso peruano. El yacimiento Falchani, en la región de Puno, en manos de la canadiense American Lithium, posee recursos calculados en 4,7 millones de toneladas de LCE. Es considerado el sexto depósito de litio en roca dura más importante del mundo, listo para entrar en producción si se logra doblegar la resistencia de las poblaciones aymaras de la región y los problemas derivados de la presencia de uranio asociado al litio en el yacimiento. En definitiva, se extiende la frontera extractiva del litio y se dibuja un paisaje de contornos continentales.

Agua, comunidades y valor compartido

El litio está adosado a 150 minerales, lo hay en el mar y en la sangre, pero cuando se habla de él reluce la imagen prístina del salar, siempre la misma imagen: la planicie blanca, el cielo celeste, las piscinas de tonos turquesas. En efecto, un rasgo del litio procede de la significación que emana de uno de los lugares de donde se extrae. No es el oro veteado, el hierro barroso, el cobalto del trabajo infantil o la minería a cielo abierto oscura, pedregosa, química y explosiva. El salar parece de otro planeta, un lugar lejano, un paisaje sin habitantes, puro y esterilizado. Es el encanto de los tonos turquesa (color singular, que mixtura el verde clorofílico con el azul del cielo o el mar). Pero también el blanco inmenso y veteado como arena, de textura suave, donde se refleja el sol, el horizonte se pega al cielo, la superficie espeja las nubes y ellas replican el suelo en un efecto sin fin, la tierra y lo divino se funden: el cuadro puro de la naturaleza. Y entre medio, el litio y sus baterías: sofisticadas, pulcras, de diseño, hipertecnológicas, futuristas, tal cual se quiere la ideología contemporánea, donde la tecnología y el capital quisieran fundirse con el entorno vital.

La visión perfecta e impoluta del salar no deja ver que los proyectos litíferos succionan la salmuera viscosa que circula bajo la costra salina y las pocas fuentes de agua dulce del lugar, desfondando el salar y oscureciendo toda la imagen. Los ecosistemas de salares y lagunas del altiplano, de una riqueza inusual, son extremadamente frágiles debido a la escasez de recursos hídricos superficiales. La técnica evaporítica de extracción predominante consume cantidades muy significativas de agua –dos millones de litros de agua por cada tonelada de litio–. Hay otras técnicas que utilizan menos agua, como la técnica de extracción directa, pero no poseen la maduración, los costos o la escala de la actual. Asimismo, la técnica evaporítica produce residuos formados por las sales de potasio o sodio, por ejemplo. Una explotación de 20.000 toneladas de litio por año generaría luego de una década una cantidad de residuos que ocuparían 11,5 km² por un metro de alto⁵. En este sentido, los desequilibrios que conlleva la faena extractiva ponen en riesgo el conjunto de la biosfera local, la habitabilidad de la fauna, la flora y la población, y también de los microorganismos que han sido los primeros en existir en la Tierra y han permitido la oxigenación del planeta hace 3.400 millones de años, con lo que desencadenaron la posterior explosión de la biodiversidad. La desertificación ya es notoria en el norte de Chile, donde las empresas deben desalinizar el agua de mar para continuar con sus tareas, lo que denota la conversión de la geografía en «zonas de sacrificio» en las que peligran las posibilidades de reproducción de la vida.

El litio sudamericano se encuentra, en verdad, en territorios de comunidades indígenas originarias, cuya presencia ancestral suele superar los 10.000 años, incomparable frente a los 200 años que, con suerte, pueden alegar los Estados-nación. Las poblaciones atacameñas y aymaras vieron un día que sus espacios de toda la vida despertaban un interés fulgurante, a contramano de la desatención que les propinaron los Estados a lo largo de la historia poscolonial. La resistencia a la ofensiva por la ocupación de los territorios tiene aristas diversas. Una relativa conjunción se da entre las comunidades y el Estado Plurinacional de Bolivia, porque a diferencia del resto de las experiencias, el control estatal del litio fue propiciado por las mismas comunidades potosinas de Uyuni, pero esta sintonía dependerá principalmente de cuánta agua consuma la extracción directa próxima a aplicarse. En Perú, las comunidades aymaras de Puno han revitalizado sus formas tradicionales de organización en el último tiempo y elevan un rechazo a la miríada de proyectos corporativos asentados en la región. Más al sur, en Argentina, algunas comunidades han sucumbido a las muy magras ofertas empresarias y otras resisten, especialmente en torno de Salinas Grandes, donde tradicionalmente cosechan la sal y promueven el turismo. Ellas cuestionan la extracción de litio en tanto minería del agua y debido a que no se ha aplicado el protocolo de consulta sobre los proyectos en sus territorios, pese a que Argentina ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Cabe subrayar aquí la ausencia de una perspectiva articulada entre Estado y comunidades, que en los hechos defienden la naturaleza bajo una cosmovisión mucho más rica que el productivismo añejo de matriz estatal.

Un punto clave en esta dimensión reside en la modificación de la estrategia empresarial correlativa al aumento del interés en el litio tras la pandemia. Se ha puesto en marcha una suerte de intervención múltiple que excede la tradicional oferta de puestos de trabajo, servicios menores a los campamentos, infraestructura básica de atención primaria o cursos de emprendedurismo, mixturada con la intervención en las comunidades mediante prácticas de cooptación y fomento de la división. Ahora también comprende la llegada de «expertos» y ONG dedicadas específicamente a procesar la «licencia social» y la más directa judicialización, criminalización y represión. Pero, principalmente, la usual «responsabilidad social empresarial» ha dado paso a la estrategia de «valor compartido». Se trata de mercantilizar los lazos comunitarios, en un contexto en el que ciertamente campea la pobreza. El caso paradigmático y único de esta modalidad es Chile, donde la empresa SQM transfirió la suma de 170 millones de dólares en 2022 al Consejo de Pueblos Atacameños y al sistema de municipios de la región de Antofagasta (acción controvertida en sí, puesto que la suma constituye «mucho más que lo que se recibe desde el Estado», en palabras del gobernador regional, y vehiculiza así la gubernamentalidad empresaria antes que pública)⁶. Es muy posible que este tipo de prácticas se intensifiquen, puesto que las firmas han advertido que para garantizar la extracción en el tiempo es más rentable transformar a las comunidades en «socias» absolutamente menores que desconocerlas o eliminarlas. Paralelamente, antes que agentes promotores del emplazamiento corporativo, deberían ser por supuesto los Estados-nación los que reconozcan profundamente los derechos que las comunidades poseen sobre sus territorios.

El Estado garante de la renta corporativa

En la caracterización jurídico-política del litio como recurso estratégico se juega un arco variable de respuestas frente al nuevo contexto. Todos los países latinoamericanos con reservas sustanciales así lo caratulan –a excepción de Argentina–, pero con resultados disímiles. En Brasil –al igual que en Chile–, esa cualidad proviene de su papel en la energía nuclear tras la Segunda Guerra Mundial, pero hasta aquí no fue blandida para otorgarle un tratamiento diferente a la regular externalización de los minerales corrientes. En Perú, una escueta denominación de «estratégico» por parte del Congreso, en mayo de 2021, no tuvo mayores consecuencias, puesto que los aires nacionalistas que traía consigo la presidencia de Pedro Castillo se fueron junto con él. Frente a las trabas que existen en Bolivia y Chile, donde el carácter estratégico del recurso limita la obtención de tenencias privadas, los proyectos se han multiplicado en Argentina, y ningún país ilustra tan cabalmente un rol subordinado como este. En Argentina, un mosaico variopinto de firmas posee la titularidad y totalidad de las tenencias, que utiliza libremente en el mercado financiero mundial, y si se extrae el litio, pagan regalías a las provincias por un porcentaje que ronda el 1,5% y un impuesto a las ganancias nacional –calculado sobre la base de sus propias declaraciones juradas sobre precio y cantidad– que goza de tantas exenciones, deducciones y facilidades impositivas que los tributos se terminan licuando. A su vez, las empresas no tienen la obligación de utilizar técnicas de extracción determinadas, ni de vincularse al sistema científico local, ni de agregar valor siquiera en química primaria (pueden exportar cloruro de litio o carbonato de litio «grado técnico», con pureza menor de 99,5%; no se exige que sea «grado batería», ni hidróxido de litio, ni butil-litio, ni litio metálico). No existen, tampoco, controles ambientales: las mismas firmas contratan a una consultora para hacer los informes, que hasta ahora nunca presentaron problemas sustanciales.

Aún más: desde 2022 hasta la actualidad, las dos empresas en operación –que se fusionaron con una facilidad asombrosa– subfacturaron, principalmente porque se venden a sí mismas en el exterior, es decir, realizan un intercambio «intrafirma». En concreto, la empresa Livent, que hace 25 años opera en la provincia de Catamarca, declaró precios de venta de 6.410 dólares la tonelada de carbonato de litio cuando en el mercado mundial el precio rondaba los 55.000 dólares, e incluso llegó a 90.000 dólares. Este esquema lo hacen posible el marco neoliberal y el dominio provincial de los recursos –garantizado por la reforma constitucional de 1994–, y se pone en práctica, a su vez, gracias a la corrupción de los gobiernos y elites provinciales –que no tolerarían un esquema tan regresivo si no participaran muy minoritariamente de sus negocios aledaños–, pero también del gobierno nacional, particularmente de la Aduana Nacional y los organismos recaudatorios. Estos esquemas, que en Argentina operan a la luz del día, no dejan de encontrarse en el armazón jurídico-político minero asentado en la región, en sus rasgos generales y en su aplicación puntual. Tiende a consolidarse, por tanto, un proceso de retracción agudo de la soberanía pública en el control de los recursos y se emplaza un dominio territorial corporativo en espacios gigantescos y valiosos. A distancia del «Estado plan», que procuraba el desarrollo endógeno aunque actuara de garante de la asimetría en las relaciones sociales, la oleada neoliberal ha fijado su operatoria en garantizar la renta y el comando corporativo⁷.

Empresas públicas litíferas e intervención estatal

Si bien la pregnancia de los esquemas de matriz extractiva es transversal al conjunto de América Latina, la diferencia que caracteriza las experiencias restantes de Bolivia, Chile y México es la existencia de firmas públicas que tienen cuando menos la intención de participar en la dinámica productiva primaria o disputarla en los proyectos de envergadura, en representación de cierta presencia estatal. La creación de YLB obedece a la primera oleada global de interés por el litio para baterías, que en Bolivia se vislumbró tempranamente. Los recursos evaporíticos se encuentran bajo dominio del «pueblo boliviano» desde la Constitución Plurinacional aprobada en 2009, pero en estos años YLB no ha logrado hallar la técnica de extracción para el Salar de Uyuni que permita obtener litio a gran escala. El gobierno de Luis Arce lanzó una licitación para aplicar la técnica de extracción selectiva, y en el vínculo con el conglomerado chino CBC antes reseñado la propiedad del litio permanece 100% estatal, aunque restará ver la letra del convenio definitivo una vez que comience la extracción.

A la intensa oleada pospandémica de interés por el litio responde la declaración del mineral como recurso estratégico por parte de México. En febrero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó como zona de reserva minera de litio «li-mx 1» 234.855 hectáreas en la región de Sonora, amparado en el histórico artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917. Igualmente, el mismo decreto respeta las concesiones vigentes. Lo altisonante de la idea de «nacionalización» en boca del mandatario mexicano protege el yacimiento cuantioso controlado por la firma china Ganfeng y conmina a la nueva empresa estatal Litio para México a hallar un depósito semejante en una zona que comparte la misma fisonomía geológica, pero aclarando desde el inicio que será en asociación con capitales privados. De todos modos, existe un margen de duda sobre si la apuesta será compartir la propiedad del yacimiento de Sonora con Ganfeng, una tentativa que, en este caso, puede no ser mal vista por el vecino estadounidense (ya que la tenencia es privada pero china). El corto alcance del objetivo parece vinculado al plan general «Sonora Sustentable», en el marco del cual puede leerse el anuncio de Tesla de instalar una gigafactory de baterías en el estado de Nuevo León, que prefigura el mismo destino maquilador del norte mexicano aggiornado a los tiempos que corren.

En Chile, cierta novedad proviene de la «Nueva Política Litífera» anunciada por el presidente Gabriel Boric y sostenida paradójicamente en el «carácter estratégico» del litio establecido por la dictadura de Augusto Pinochet, que hace que las explotaciones vigentes, de las más antiguas y productivas, se encuentren en arriendo (el de SQM finaliza en 2030 y el de Albemarle en 2046). La iniciativa consiste en negociar un acuerdo de participación adelantada y mayoritaria en las explotaciones existentes de la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), históricamente centrada en el cobre y cuya visión estratégica no excede la de cualquier empresa privada corriente, bajo negociaciones que seguramente comprometerán extender la participación de las empresas en el Salar de Atacama. La nueva política se propone, a su vez, crear una Empresa Nacional del Litio, dedicada a actuar en todo el arco de la cadena litífera, un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares, y establecer una Red de Salares Protegidos (que incorpora el propósito de salvaguardar 30% de los ecosistemas de los salares y de aplicar la técnica de extracción directa). Por último, se apunta a llevar adelante un proceso de diálogo con los diferentes actores que están comprometidos con la cuestión litífera, en especial las comunidades locales, para actualizar el marco institucional. Este impulso no es ajeno a la historia reciente de Chile: recordemos la nacionalización del cobre de Salvador Allende, que fue desarticulada parcialmente durante el pinochetismo, y más desarticulada aún con el retorno democrático, pero que no desapareció por completo.

Si de captación de renta se trata, luego de que la Comisión Nacional del Litio en 2015 propusiera nuevos contratos de arriendo, se estipulaba que 40% de las ganancias iría para el Estado en caso de que el precio del litio superara los 10.000 dólares la tonelada. Por esta vía las empresas litíferas han sido las mayores aportantes al Estado central en 2022, con un tributo cercano a los 5.000 millones de dólares. La iniciativa chilena, aunque posee elementos que es preciso problematizar, por ejemplo, el hecho de no discutir más a fondo el desarrollismo extractivo, en principio parecería procurar un acercamiento más integral a la «cuestión del litio», considerando dimensiones vinculadas a la renta, el ambiente, la ciencia y la tecnología, el gobierno general de los salares y el control de los proyectos productivos. Puede, sí, que deba sortear esa recurrente dinámica chilena en la que las vueltas de la historia no dejan de condenar al país a una suerte de «revolución pasiva», donde las transformaciones que se querían sustanciales terminan por beneficiar a aquellos que desde hace medio siglo no dejan de prevalecer. En los hechos, la oposición a la presencia estatal en el área proviene menos de firmas litíferas temerosas de la finalización contractual de sus arriendos en el futuro cercano que del contagio estatista que teme la elite cuprífera, que se apropia ampliamente del «sueldo de Chile», como alguna vez fue llamado el cobre.

Más allá del capitalismo verde

Mientras América Latina es una reserva central de hierro, níquel, plomo, estaño, molibdeno, cobre, plata y litio, el porcentaje de dependencia de la Unión Europea con respecto a las importaciones de la mayoría de los metales varía entre 75% y 100%. Desde hace más de una década la Comisión Europea advierte sobre el riesgo que implica el suministro de los minerales críticos para su economía, pero con el paso del tiempo el temor a no poder garantizar esa provisión se acrecienta, a punto tal que en mayo de 2023 se comenzó a tipificar como estratégicos ciertos recursos, el litio entre ellos. Por su parte, el Banco Mundial elaboró un informe sobre los minerales necesarios para reemplazar la energía fósil por renovable. El informe sostiene que, para un escenario en el que la temperatura no aumente más que los 2ºC considerados tope para evitar el quiebre ecosistémico, la demanda de los 17 minerales claves para realizar la transición energética pasaría de las actuales 40 millones de toneladas por año a 165 millones en 2050, lo que resultaría en un acumulado en casi tres décadas de 3.000 millones de toneladas⁸. Aun con el bienintencionado anhelo de evitar que estalle por la vía de la emisión fósil, no parece posible sostener el actual productivismo irrefrenable sin encaminarse hacia lo que Giovanni Arrighi y Beverly J. Silver denominan un «caos sistémico»⁹. Esto supone, además, que el petróleo debe ser reemplazado mediante una transición minero-energética en la que América Latina se encamina a verse comprometida en el papel de cantera, lo que incluye pero también excede la extracción litífera¹⁰.

Sea cual fuere el país latinoamericano, el conocimiento y la aplicación de la tecnología de baterías son aún muy incipientes, y pese a que es imposible e innecesario  competir con un gigante actual como China, sin una política robusta en cuanto a financiamiento, cooperación y direccionamiento ni siquiera es posible encarar un despliegue autónomo orientado a las necesidades locales. La integración vertical de las cadenas de valor que hoy se concentra en Asia hace que la producción de química secundaria sea vecina de la producción de baterías, que van directo a la movilidad eléctrica. Este entramado de producción de valor e innovación cada vez más cerrado y concentrado obliga a incorporar la tecnología del litio en una más realista y a la vez más ambiciosa estrategia y planificación general de una transición energética popular y justa, de escala nacional e incluso regional. En concreto, frente a una transición energética corporativa centrada en la «acumulación por desfosilización» y la maximización de ganancias, es preciso alumbrar una transición energética centrada en el bienestar, la desmercantilización y el dominio público-social. 

A contramano de la actuación cada vez más articulada y en bloque de los países centrales, los intentos de crear una suerte de «OPEP del litio» se han disuelto recurrentemente. Más allá de una serie de anuncios sobre colaboraciones científicas y del objetivo menor de pactar un precio de la tonelada de litio equivalente o de incidir en su precio final, ninguna de estas iniciativas ha llegado a buen puerto. El pendular cambio de signo del Poder Ejecutivo en los regímenes presidencialistas de la región no facilita las cosas, y nuevamente han sido los gobernadores de Argentina –que controlan los recursos locales por el régimen federal vigente– quienes han anunciado que no contribuirían a ninguna tentativa regional.

Transitamos una época lejana del modelo exportador de los regímenes oligárquicos de fines del siglo XIX, porque incluso entonces las elites locales eran propietarias del suelo y de su renta, y también lejana de las experiencias nacional-populares que procuraban encontrar las vías de un «desarrollo nacional» tras la crisis de 1929. Así, las salidas a las condiciones actuales no encontrarían otra vía más que cuestionar el poder omniabarcante de las corporaciones globales, respaldadas por potencias centrales en competencia y en pleno avance neocolonial. Entre tanto, si los proyectos de derecha representan el despliegue autónomo del capital, tampoco el productivismo extractivo con derrame social, greenwashing y dominio empresarial, que ha sido la tónica progresista dominante, parece llegar a conformar un destino diferente para nuestros países. En todo caso, el litio alumbra bien el haz de dimensiones que se abren para pensar clara y rigurosamente el problema de cómo crear proyectos que trasciendan la neodependencia y el colonialismo verde, en un mundo ciertamente marcado por la desigualdad, la deuda, la crisis ecológica y la guerra integral.