Ecuador: las protestas y el fracaso de la «Ley de herencias»

¿Es posible que el fallido proyecto del presidente Rafael Correa se deba a la visita del Papa Francisco y se inspire en la nueva encíclica Laudato Si?

Perspectiva | Ecuador: las protestas y el fracaso de la «Ley de herencias» | Julio 2015

El proyecto de Ley de Redistribución de la Riqueza (conocido como «Ley de herencias»), enviado al parlamento con carácter «urgente» por el presidente Rafael Correa, alimentó masivas movilizaciones en su contra en diversas ciudades ecuatorianas. La iniciativa propiciaba un impuesto progresivo a las herencias. La derecha aprovechó el descontento para levantar la consigna de «Fuera Correa» y a los afectados reales –según el gobierno no más del 2% de la población– se sumaron los afectados imaginarios, lo que dio masividad a las protestas y aire a la oposición. Finalmente, el mandatario decidió retirar el proyecto de la Asamblea Nacional. Frente a las críticas, Correa afirmó que «la ley es la búsqueda de la distribución de la riqueza, no de ingreso fiscal».

Pero, ¿cuál es la explicación del inusitado envío del proyecto de impuesto a las herencias por parte del Presidente? Hay varias hipótesis: se dice que es el eslabón final de un proyecto reformista antes de entrar en la temporada electoral; otros afirman que es la reconfirmación jacobina de un presidente que debe de cuando en cuando convocar a la lucha de clases; algunos señalan que es una reforma limitada y demagógica. Propongo otra explicación: Rafael Correa mandó el proyecto a la Asamblea debido a la visita del Papa Francisco e inspirado en la nueva encíclica, Laudato Si.

Sostengo esto porque Correa, en su Informe a la Nación del 29 de mayo, habló al país y a los capitalistas como un demócrata cristiano de los años 70, partidario de la justicia social y el socialismo comunitario. Según algunas vertientes de la Teología de la Liberación, el capitalismo peca si no distribuye, es decir si no comparte la riqueza y la propiedad de las empresas con los trabajadores. Correa sumió dotes de profeta que culpaba a los capitalistas por no democratizar la riqueza, por no modernizarse y no sacudirse de viejas estructuras oligárquicas; las empresas según el Presidente no deben destruirse, deben modernizarse1.

En una de las últimas sabatinas de Correa (como se conoce al programa de los días sábado del Presidente) apareció como un economista cristiano convencido, partidario de la justicia social, principio que ha vuelto con la fuerza del testimonio del Papa Francisco y de su encíclica, que está ya molestando a los millonarios y a la «internacional» neoliberal.

El presidente Correa considera que el Estado está para defender los intereses generales de la sociedad, el bien común, no para proteger los intereses mezquinos del 2% de la población que se muestra insensible ante la desigualdad, al que no le interesa pagar impuestos, y menos tener una autoridad que los ponga en orden. En este marco, el proyecto de la Ley de herencias, que en realidad debería llamarse «el impuesto Bergoglio», tuvo prontamente la reacción de ese «2%». En Quito los «pelucones»2 se pusieron las «camisas negras» para salir a las calles; los grupos de derecha liderados por dirigentes de la vieja «partidocracia» se mezclaron hábilmente con jóvenes libertarios de los sectores medios y grupos gremiales que tenían sus propias demandas para manifestar por varios días en la avenida de los Shyris. Luego vino la marcha de Guayaquil –donde se demostró que es el alcalde socialcristiano Jaime Nebot el que tiene más capacidad de convocatoria y no Guillermo Lasso, un banquero que dirige el movimiento CREO.

Es decir, Correa le dio a la derecha, en bandeja de plata, una bandera para ganar la adhesión de amplios sectores de la población, empezando por grupos de clase media que luego de una década de bonanza y confort, aupados por la fiebre del consumo y los beneficios generados por la Revolución Ciudadana, no les gusta que los bajen de la nube rosada con un impuesto a sus propiedades. Por otra parte el gobierno, más allá de su medida redistributiva sobre la que pudo tener la razón, no tomó en cuenta que una de las marcas de la identidad ecuatoriana es el sentido de pequeña la propiedad. Muchos interpretaron la medida «franciscana» como acción estatal expropiatoria. Creyeron que se ponía en riesgo su pequeña vivienda –a la que han accedido con los créditos y bonos facilitados por la Revolución–, o los pequeños negocios, talleres, tiendas y servicios de barrio, construidos con el esfuerzo familiar y que sobreviven en medio del auge del consumo propiciado por las políticas gubernamentales. Es que la pequeña propiedad es un valor cuasi sagrado, una especie de seguro social de los pobres, que algún día entregarán a sus hijos. Y es en ese caldo de cultivo del sentido común que la derecha logró incidir con su mensaje.

La impresión que dejan estas disposiciones es que el gobierno perdió en esta coyuntura la iniciativa política y la sensibilidad sobre lo que siente la población. Decide medidas sin pensar en los actores sociales y su sentido común. Hay que señalar que esa pérdida de rumbo se manifiesta en varias iniciativas equivocadas que ha tomado mes a mes: la Ley Orgánica Penal que afecta a los médicos y enfermeras, y a varios extensos grupos profesionales; los exámenes de ingreso a las universidades que dejan a cientos de miles de jóvenes sin futuro; las reformas laborales que afectan a miles de trabajadores públicos; el retiro del 40% de apoyo estatal al Seguro Social; el Plan Familia que por su carácter conservador alejó a los grupos feministas; el cambio forzado de la administración de fondos de cesantía de gremios importantes como los maestros; las actitudes intolerantes del gobierno contra el caricaturista Bonil o con motivo del «yucazo» al Presidente3, o los juicios contra jóvenes estudiantes por terrorismo o líderes sociales por su lucha contra la minería. Casi todas esas medidas no afectan a los ricos sino a los sectores medios y populares, de manera que están propiciando su alineamiento con el discurso de la derecha que ataca a un supuesto autoritarismo y que defiende la «libertad de expresión».

Y ello se da meses después de la pérdida electoral del 23 de febrero del 2014 (23F) en Quito y en las 19 ciudades más importantes, pérdida que Alianza País evaluó superficialmente sin estimar la significación que tuvo en el conflicto por la hegemonía4. Pero ahora se ven las consecuencias: las masivas marchas contra el impuesto a las herencias fueron organizadas en esas ciudades, convocadas por los alcaldes que ganaron el 23F.

  • 1. Discurso disponible en https://www.youtube.com/watch?v=wvw8oDjO9aA
  • 2. Integrantes de las clases altas de la sociedad [N. del E.].
  • 3. Sobre los diferentes conflictos entre el gobierno y el caricaturista, V. Andrés López: «Rafael Correa vs. 'Bonil': una caricatura causa polémica en Ecuador», CNN en español, 14/1/2014; «Ecuador: Correa respalda proceso contra el caricaturista Bonil», AFP, 10/2/2015. Respecto del "yucazo", se refiere a que un joven de 17 años hizo un gesto obsceno contra el Presidente y este salió de su caravana para increpar al menor y a su madre [N. del E.].
  • 4. En Quito triunfó el opositor Mauricio Rodas. Sobre su perfil y el de su movimiento, v. Franklin Ramírez Gallegos y Valeria Coronel: «La política de la ‘buena onda’. El otro Mauricio y la reinvención de la derecha ecuatoriana en tiempos de Revolución Ciudadana», en Nueva Sociedad Nº 254, noviembre-diciembre de 2014.