El proyecto de Ley de Redistribución de la Riqueza (conocido como «Ley de herencias»), enviado al parlamento con carácter «urgente» por el presidente Rafael Correa, alimentó masivas movilizaciones en su contra en diversas ciudades ecuatorianas. La iniciativa propiciaba un impuesto progresivo a las herencias. La derecha aprovechó el descontento para levantar la consigna de «Fuera Correa» y a los afectados reales –según el gobierno no más del 2% de la población– se sumaron los afectados imaginarios, lo que dio masividad a las protestas y aire a la oposición. Finalmente, el mandatario decidió retirar el proyecto de la Asamblea Nacional. Frente a las críticas, Correa afirmó que «la ley es la búsqueda de la distribución de la riqueza, no de ingreso fiscal».

Pero, ¿cuál es la explicación del inusitado envío del proyecto de impuesto a las herencias por parte del Presidente? Hay varias hipótesis: se dice que es el eslabón final de un proyecto reformista antes de entrar en la temporada electoral; otros afirman que es la reconfirmación jacobina de un presidente que debe de cuando en cuando convocar a la lucha de clases; algunos señalan que es una reforma limitada y demagógica. Propongo otra explicación: Rafael Correa mandó el proyecto a la Asamblea debido a la visita del Papa Francisco e inspirado en la nueva encíclica, Laudato Si.

Sostengo esto porque Correa, en su Informe a la Nación del 29 de mayo, habló al país y a los capitalistas como un demócrata cristiano de los años 70, partidario de la justicia social y el socialismo comunitario. Según algunas vertientes de la Teología de la Liberación, el capitalismo peca si no distribuye, es decir si no comparte la riqueza y la propiedad de las empresas con los trabajadores. Correa sumió dotes de profeta que culpaba a los capitalistas por no democratizar la riqueza, por no modernizarse y no sacudirse de viejas estructuras oligárquicas; las empresas según el Presidente no deben destruirse, deben modernizarse¹.

En una de las últimas sabatinas de Correa (como se conoce al programa de los días sábado del Presidente) apareció como un economista cristiano convencido, partidario de la justicia social, principio que ha vuelto con la fuerza del testimonio del Papa Francisco y de su encíclica, que está ya molestando a los millonarios y a la «internacional» neoliberal.

El presidente Correa considera que el Estado está para defender los intereses generales de la sociedad, el bien común, no para proteger los intereses mezquinos del 2% de la población que se muestra insensible ante la desigualdad, al que no le interesa pagar impuestos, y menos tener una autoridad que los ponga en orden. En este marco, el proyecto de la Ley de herencias, que en realidad debería llamarse «el impuesto Bergoglio», tuvo prontamente la reacción de ese «2%». En Quito los «pelucones»² se pusieron las «camisas negras» para salir a las calles; los grupos de derecha liderados por dirigentes de la vieja «partidocracia» se mezclaron hábilmente con jóvenes libertarios de los sectores medios y grupos gremiales que tenían sus propias demandas para manifestar por varios días en la avenida de los Shyris. Luego vino la marcha de Guayaquil –donde se demostró que es el alcalde socialcristiano Jaime Nebot el que tiene más capacidad de convocatoria y no Guillermo Lasso, un banquero que dirige el movimiento CREO.

Es decir, Correa le dio a la derecha, en bandeja de plata, una bandera para ganar la adhesión de amplios sectores de la población, empezando por grupos de clase media que luego de una década de bonanza y confort, aupados por la fiebre del consumo y los beneficios generados por la Revolución Ciudadana, no les gusta que los bajen de la nube rosada con un impuesto a sus propiedades. Por otra parte el gobierno, más allá de su medida redistributiva sobre la que pudo tener la razón, no tomó en cuenta que una de las marcas de la identidad ecuatoriana es el sentido de pequeña la propiedad. Muchos interpretaron la medida «franciscana» como acción estatal expropiatoria. Creyeron que se ponía en riesgo su pequeña vivienda –a la que han accedido con los créditos y bonos facilitados por la Revolución–, o los pequeños negocios, talleres, tiendas y servicios de barrio, construidos con el esfuerzo familiar y que sobreviven en medio del auge del consumo propiciado por las políticas gubernamentales. Es que la pequeña propiedad es un valor cuasi sagrado, una especie de seguro social de los pobres, que algún día entregarán a sus hijos. Y es en ese caldo de cultivo del sentido común que la derecha logró incidir con su mensaje.

La impresión que dejan estas disposiciones es que el gobierno perdió en esta coyuntura la iniciativa política y la sensibilidad sobre lo que siente la población. Decide medidas sin pensar en los actores sociales y su sentido común. Hay que señalar que esa pérdida de rumbo se manifiesta en varias iniciativas equivocadas que ha tomado mes a mes: la Ley Orgánica Penal que afecta a los médicos y enfermeras, y a varios extensos grupos profesionales; los exámenes de ingreso a las universidades que dejan a cientos de miles de jóvenes sin futuro; las reformas laborales que afectan a miles de trabajadores públicos; el retiro del 40% de apoyo estatal al Seguro Social; el Plan Familia que por su carácter conservador alejó a los grupos feministas; el cambio forzado de la administración de fondos de cesantía de gremios importantes como los maestros; las actitudes intolerantes del gobierno contra el caricaturista Bonil o con motivo del «yucazo» al Presidente³, o los juicios contra jóvenes estudiantes por terrorismo o líderes sociales por su lucha contra la minería. Casi todas esas medidas no afectan a los ricos sino a los sectores medios y populares, de manera que están propiciando su alineamiento con el discurso de la derecha que ataca a un supuesto autoritarismo y que defiende la «libertad de expresión».

Y ello se da meses después de la pérdida electoral del 23 de febrero del 2014 (23F) en Quito y en las 19 ciudades más importantes, pérdida que Alianza País evaluó superficialmente sin estimar la significación que tuvo en el conflicto por la hegemonía⁴. Pero ahora se ven las consecuencias: las masivas marchas contra el impuesto a las herencias fueron organizadas en esas ciudades, convocadas por los alcaldes que ganaron el 23F.

La falta de visión sobre la oportunidad del proyecto se vincula, además, con un fenómeno nuevo y sumamente grave: los efectos que traen la caída del petróleo y la subida del precio del dólar sobre una economía dolarizada como la ecuatoriana. En medio de la incertidumbre económica, cuando en todas las encuestas los ecuatorianos reducen su confianza en el futuro de la economía familiar, el empleo y la política económica, se toman esas medidas. Es más, son los mismos empresarios a los que Correa convocó hace pocas semanas para concretar acuerdos y enfrentar «la crisis» los que manifiestan su rechazo a las medidas.

En resumen, hay varios elementos que no fueron reflexionados por el gobierno al enviar los proyectos, bajo la sombra de la pérdida electoral del 23F, el pesimismo económico, la afectación al sentido de pequeña propiedad y del sustento familiar de muchos ecuatorianos y la subvaloración de una extrema derecha que está dispuesta a atacar con todos sus recursos, siguiendo el ejemplo de la oposición venezolana.

Un equipo de gobierno que siempre ha mirado las encuestas para tomar decisiones debería reflexionar muy bien sobre el bajón del 17% de la aprobación a la gestión del gobierno en el últimos año y medio (CEDATOS⁵).

En este nuevo escenario, y en medio de la llegada del Papa Francisco, la salida planteada por el gobierno ha sido retirar los proyectos y convocar a un diálogo nacional coordinado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. La impresión es que ambas medidas son acertadas pero insuficientes, y corren el riesgo de postergar el problema para un momento en el que las cosas se pueden complicar. No hay que perder de vista que la crisis continua y que luego de que pase la visita del Papa se pondrán sobre la mesa las enmiendas constitucionales para la reelección de Correa.

Es importante por tanto darle credibilidad al diálogo, lo cual implica tratar de reconocer que existen conflictos reales, que hay actores que pese a su relativa significación electoral tienen capacidad de movilización y demandas, tanto de tipo gremial, como político, tanto en la izquierda como en la derecha. Es importante, por tanto, que el diálogo sea fiable y contar con una mediación creíble que asegure que los acuerdos lleguen a buen puerto. Además debe llevarse la agenda de debate hacia temas claves que han movilizado la atención ciudadana en este último año.

El diálogo no es precisamente una «Sabatina» como la que realiza semanalmente el presidente. El gobierno parece no darse cuenta de que puede quemar las naves de la Revolución Ciudadana. Se requiere un cambio de actitud por su parte. Un primer paso sería reconocer que ya pasó el tiempo de las vacas gordas y que la bonanza petrolera ya no será el maná que neutraliza los conflictos. En segundo lugar, abandonar las actitudes intolerantes que parecen cansar a muchos sectores y, finalmente, la realización de gestos sustantivos que revelen una nueva actitud, estableciendo una agenda clara de diálogo y mediadores legitimados ante las partes. Solamente con esos cambios se pueden crear condiciones para una modificación del escenario político.