Apuntes de integración en América Latina 2/2016

Resumen de noticias y novedades vinculadas con las iniciativas y los bloques regionales latinoamericanos

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Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico cumplió en abril sus primeros cinco años y festejó con la entrada en vigor, a partir del 1º de mayo, del acuerdo por el cual se eliminan los aranceles del 92% de los productos que se comercializan entre Chile, Colombia, Perú y México, las cuatro naciones que forman parte de este proceso de integración desde 2011. Se trata del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, y su entrada en vigor produjo entusiasmo entre sus socios. El titular de la Secretaría de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, reveló la existencia de recientes conversaciones con Brasil y Argentina para expandir, en el futuro, el libre comercio en la región. Desde el Mercado Común del Sur (Mercosur) hubo señales en el mismo sentido: durante reuniones técnicas que se sostuvieron en Montevideo a principios de marzo, la cancillería uruguaya informó que el bloque buscará sostener una “reunión de alto nivel” con los países de la Alianza del Pacífico. Por su parte, el canciller español José Manuel García-Margallo, cuyo país fue el primer miembro observador de la Alianza del Pacífico, expresó el interés de España por una futura participación en este proceso de integración en calidad de socio. García-Margallo hizo esta revelación durante su gira por Argentina y Chile a inicios de abril.

Pero la inclusión de otros países en este proceso de integración no parece una tarea fácil. Desde hace varios meses, otro país que se acerca a la Alianza, Costa Rica, experimenta controversias sobre la posibilidad de pertenecer como socio. Distintos ministerios del país analizaron las consecuencias que tendría tal decisión y los estudios de impacto resultantes están, desde marzo, en manos del presidente Luis Guillermo Solís. Las posiciones del sector privado no se hicieron esperar: la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) advirtió que la competencia de los países de la Alianza pondría en peligro alrededor de 500.000 empleos en el sector agropecuario costarricense. Por su lado, las cámaras que representan a industriales (CICR), comerciantes (CCCR) y exportadores (Cadexco) apoyaron el ingreso, aunque lo condicionaron a que el gobierno atendiese las peticiones de los sectores vulnerables. Más recientemente, el gobierno argentino expresó su voluntad de acercamiento hacia la Alianza.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

La CELAC se constituyó oficialmente en diciembre de 2011, cuando todos los países latinoamericanos y caribeños decidieron concretar de manera formal este foro como espacio de diálogo político a partir del cual fomentar la integración de la región. Cinco años después, parte de este diálogo gira entorno a las relaciones de los países de América latina y el Caribe con el mundo desarrollado, en las que los primeros buscan alcanzar una voz común. Por ejemplo, en la X Reunión de Cancilleres de la CELAC, que tuvo lugar a principios de abril en República Dominicana, los representantes de la región manifestaron conjuntamente su preocupación por la inclusión de varios países de la CELAC en una lista negra de “paraísos” o “refugios” fiscales elaborada por la Comisión Europea en junio de 20151. Con vistas a la próxima reunión de cancilleres latinoamericanos y europeos, que se llevará a cabo en octubre en el mismo país caribeño, los primeros acusaron el impacto “negativo” de aquella lista en sus países, e hicieron un llamado, a través de un comunicado, “a un diálogo constructivo a fin de reexaminar la lista en base a un criterio objetivo y a los compromisos implementados por los países, de acuerdo a los estándares aprobados por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines de Impuestos”.

Los líderes también emitieron un comunicado de rechazo a la decisión estadounidense de extender por un año más un decreto, emitido el 9 de marzo de 2015, que suspende las visas y congela los bienes, en territorio estadounidense, de siete funcionarios militares y policiales venezolanos a quienes acusa de violaciones de los derechos humanos. En este sentido, la CELAC expresó su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y llamó a los dos países involucrados a iniciar ‎un diálogo bajo los principios de respeto a la soberanía y “al orden democrático e institucional en consonancia con el derecho internacional”.

Comunidad del Caribe (Caricom)

El problema de la transparencia fiscal a escala internacional ha adquirido, en los últimos años, una relevancia destacada en los debates de los distintos foros internacionales, y América Latina y el Caribe no son la excepción. Particular atención ha concentrado en el Caricom, proceso que reúne a los países caribeños desde 1973, varios de cuyos miembros han sido señalados como “paraísos” o “refugios” fiscales a nivel mundial. Ya en 2015 la Comisión Europea elaboró una lista negra de este tipo de espacios con la idea de, en primer lugar, generar represalias a los países que facilitan la evasión fiscal; en segundo lugar, presionar a estos países a adoptar los estándares internacionales de intercambio de información y transparencia. En dicha lista, de los trece países de América que la Comisión considera como “no cooperativos” respecto de la transparencia fiscal, ocho son miembros plenos del Caricom (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Granada, Montserrat, San Vicente y las Granadinas y, por último, San Cristóbal y Nieves) y cuatro son miembros asociados del bloque (Anguila, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán)2. Por eso, desde que se dio a conocer aquella lista, los países del Caricom han demandado enérgicamente ser removidos de la misma, resaltando los esfuerzos realizados por estos países para cumplir exitosamente las medidas regulatorias internacionales establecidas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).3

Recientemente, se sumó a aquel litigio el caso de los Panamá Papers, que llevó al Caribe nuevamente al centro de la atención en temas de transparencia fiscal4. Por eso, los países de la región emitieron un comunicado en abril en el que se mostraron “profundamente preocupados” por el hecho de que, nuevamente, sus miembros fuesen públicamente señalados como paraísos o refugios fiscales, ignorando que completan los requisitos de “los estándares internacionales” en la materia. En este sentido, recordaron que todos ellos cumplen con el proceso internacional de certificación del Fondo Monetario International, el Banco Mundial, la OCDE, la Task Force de Acción Financiera internacional (conocida como FATF) y aquella caribeña (conocida como CFATF). Por ello, solicita internacionalmente “precaución” para evitar la “injusta etiqueta” que se le atribuye a los centros de servicios financieros de la Comunidad del Caribe.