Apuntes de integración en América Latina 2/2016

Resumen de noticias y novedades vinculadas con las iniciativas y los bloques regionales latinoamericanos

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Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico cumplió en abril sus primeros cinco años y festejó con la entrada en vigor, a partir del 1º de mayo, del acuerdo por el cual se eliminan los aranceles del 92% de los productos que se comercializan entre Chile, Colombia, Perú y México, las cuatro naciones que forman parte de este proceso de integración desde 2011. Se trata del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, y su entrada en vigor produjo entusiasmo entre sus socios. El titular de la Secretaría de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, reveló la existencia de recientes conversaciones con Brasil y Argentina para expandir, en el futuro, el libre comercio en la región. Desde el Mercado Común del Sur (Mercosur) hubo señales en el mismo sentido: durante reuniones técnicas que se sostuvieron en Montevideo a principios de marzo, la cancillería uruguaya informó que el bloque buscará sostener una “reunión de alto nivel” con los países de la Alianza del Pacífico. Por su parte, el canciller español José Manuel García-Margallo, cuyo país fue el primer miembro observador de la Alianza del Pacífico, expresó el interés de España por una futura participación en este proceso de integración en calidad de socio. García-Margallo hizo esta revelación durante su gira por Argentina y Chile a inicios de abril.

Pero la inclusión de otros países en este proceso de integración no parece una tarea fácil. Desde hace varios meses, otro país que se acerca a la Alianza, Costa Rica, experimenta controversias sobre la posibilidad de pertenecer como socio. Distintos ministerios del país analizaron las consecuencias que tendría tal decisión y los estudios de impacto resultantes están, desde marzo, en manos del presidente Luis Guillermo Solís. Las posiciones del sector privado no se hicieron esperar: la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) advirtió que la competencia de los países de la Alianza pondría en peligro alrededor de 500.000 empleos en el sector agropecuario costarricense. Por su lado, las cámaras que representan a industriales (CICR), comerciantes (CCCR) y exportadores (Cadexco) apoyaron el ingreso, aunque lo condicionaron a que el gobierno atendiese las peticiones de los sectores vulnerables. Más recientemente, el gobierno argentino expresó su voluntad de acercamiento hacia la Alianza.

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

La CELAC se constituyó oficialmente en diciembre de 2011, cuando todos los países latinoamericanos y caribeños decidieron concretar de manera formal este foro como espacio de diálogo político a partir del cual fomentar la integración de la región. Cinco años después, parte de este diálogo gira entorno a las relaciones de los países de América latina y el Caribe con el mundo desarrollado, en las que los primeros buscan alcanzar una voz común. Por ejemplo, en la X Reunión de Cancilleres de la CELAC, que tuvo lugar a principios de abril en República Dominicana, los representantes de la región manifestaron conjuntamente su preocupación por la inclusión de varios países de la CELAC en una lista negra de “paraísos” o “refugios” fiscales elaborada por la Comisión Europea en junio de 20151. Con vistas a la próxima reunión de cancilleres latinoamericanos y europeos, que se llevará a cabo en octubre en el mismo país caribeño, los primeros acusaron el impacto “negativo” de aquella lista en sus países, e hicieron un llamado, a través de un comunicado, “a un diálogo constructivo a fin de reexaminar la lista en base a un criterio objetivo y a los compromisos implementados por los países, de acuerdo a los estándares aprobados por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines de Impuestos”.

Los líderes también emitieron un comunicado de rechazo a la decisión estadounidense de extender por un año más un decreto, emitido el 9 de marzo de 2015, que suspende las visas y congela los bienes, en territorio estadounidense, de siete funcionarios militares y policiales venezolanos a quienes acusa de violaciones de los derechos humanos. En este sentido, la CELAC expresó su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y llamó a los dos países involucrados a iniciar ‎un diálogo bajo los principios de respeto a la soberanía y “al orden democrático e institucional en consonancia con el derecho internacional”.

Comunidad del Caribe (Caricom)

El problema de la transparencia fiscal a escala internacional ha adquirido, en los últimos años, una relevancia destacada en los debates de los distintos foros internacionales, y América Latina y el Caribe no son la excepción. Particular atención ha concentrado en el Caricom, proceso que reúne a los países caribeños desde 1973, varios de cuyos miembros han sido señalados como “paraísos” o “refugios” fiscales a nivel mundial. Ya en 2015 la Comisión Europea elaboró una lista negra de este tipo de espacios con la idea de, en primer lugar, generar represalias a los países que facilitan la evasión fiscal; en segundo lugar, presionar a estos países a adoptar los estándares internacionales de intercambio de información y transparencia. En dicha lista, de los trece países de América que la Comisión considera como “no cooperativos” respecto de la transparencia fiscal, ocho son miembros plenos del Caricom (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Granada, Montserrat, San Vicente y las Granadinas y, por último, San Cristóbal y Nieves) y cuatro son miembros asociados del bloque (Anguila, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán)2. Por eso, desde que se dio a conocer aquella lista, los países del Caricom han demandado enérgicamente ser removidos de la misma, resaltando los esfuerzos realizados por estos países para cumplir exitosamente las medidas regulatorias internacionales establecidas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).3

Recientemente, se sumó a aquel litigio el caso de los Panamá Papers, que llevó al Caribe nuevamente al centro de la atención en temas de transparencia fiscal4. Por eso, los países de la región emitieron un comunicado en abril en el que se mostraron “profundamente preocupados” por el hecho de que, nuevamente, sus miembros fuesen públicamente señalados como paraísos o refugios fiscales, ignorando que completan los requisitos de “los estándares internacionales” en la materia. En este sentido, recordaron que todos ellos cumplen con el proceso internacional de certificación del Fondo Monetario International, el Banco Mundial, la OCDE, la Task Force de Acción Financiera internacional (conocida como FATF) y aquella caribeña (conocida como CFATF). Por ello, solicita internacionalmente “precaución” para evitar la “injusta etiqueta” que se le atribuye a los centros de servicios financieros de la Comunidad del Caribe.

Parlandino y Parlasur en la Asamblea EuroLat

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana congregó a representantes de ambas regiones entre el 16 y el 18 de mayo en Lisboa, en ocasión de las reuniones de sus comisiones permanentes. Allí participaron miembros del Parlamento Europeo, del Parlamento Latinoamericano, del Centroamericano y de las dos asambleas subregionales del Cono Sur: el Parlasur y el Parlandino.

Los temas agendados oficialmente para las sesiones mantuvieron la constancia con reuniones anteriores y con la próxima, que tendrá lugar en Montevideo, en septiembre, en ocasión de la Asamblea General. Así, en las distintas comisiones se debatió sobre la asociación estratégica entre ambas regiones, la reestructuración de la deuda soberana, el financiamiento de los partidos políticos, las fuentes alternativas de energía, la lucha contra la pobreza y el terrorismo.

En ese marco, los legisladores andinos lograron que la declaración final emitida por los copresidentes de EuroLat, el senador brasileño Roberto Requião y el diputado europeo Ramón Jáuregui Atondo, incluyera explícitamente un pedido “a todos los países e instituciones que son parte” del Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea para que realicen “un esfuerzo decisivo en favor del acceso de Ecuador antes de fin del año” a tal acuerdo. Hasta entonces, solicitaron el mantenimiento del sistema de las preferencias generalizadas en favor del país andino.

Otros temas que abordó la declaración final se vincularon con compromisos y visiones comunes acerca de transparencia fiscal y lucha contra el fraude, economía digital, espacio común de investigación UE-América Latina y el Caribe, flujos migratorios, gobernanza mundial, derechos humanos, estado de derecho y democracia.

Pero fue la crisis política brasileña y el desplazamiento de su presidenta, Dilma Rousseff, por medio del inicio de un juicio político uno de las cuestiones que obtuvo mayor repercusión. La acusación a la presidenta, Dilma Rousseff, sobre supuestas maniobras fiscales que tergiversaron el informe de cuentas públicas para disimular el déficit fiscal y garantizarse la reelección en la contienda presidencial de 2014, llevó al parlamento brasileño a iniciar los procedimientos para un posible juicio político5.

De acuerdo a lo trascendido, la situación brasileña fue tema de debate desde la apertura de EuroLat. En declaraciones a la prensa, la senadora del Partido Comunista de Brasil Vanessa Grazziotin denunció la ilegitimidad del nuevo Poder Ejecutivo, encabezado por el hasta hace poco vicepresidente de Rousseff, Michel Temer. También el presidente del bloque latinoamericano del Eurolat, el mencionado Roberto Requiao, del mismo partido que Temer, criticó el proceso para alejar a la mandataria y apuntó, además, contra el plan económico del nuevo presidente, al que caracterizó de “neoliberal”. Más moderada, la declaración final de la reunión birregional señala que los legisladores “expresan su preocupación por la situación política que vive actualmente Brasil y manifiestan su apoyo al pueblo brasileño para que encuentre la mejor solución a su crisis institucional”.

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

El proyecto formal de creación de un mercado común centroamericano data de 1960, pero desde entonces ha enfrentado un sinnúmero de dificultades. Por eso, la inminente implementación de la unión aduanera en la que Guatemala y Honduras trabajan desde 2014 tuvo amplia repercusión internacional. En efecto, el 4 de mayo pasado, autoridades de ambos gobiernos, acompañados por miembros de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), hicieron entrega oficial del Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre los dos países, para su depósito en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El Protocolo entró en vigencia a los ocho días y con ello se inició el llamado “proceso de implementación” de la unión aduanera entre ambos países, procedimiento que durará entre cinco y seis meses.

De acuerdo a información oficial del SICA, se espera que con esta decisión se agilice el intercambio de mercancías, se mejore la infraestructura y los corredores logísticos, se promuevan los sectores estratégicos, se atraigan mayores inversiones y se genere un crecimiento adicional del 1 por ciento del PIB. En términos de importancia geoeconómica, la nueva unión aduanera representará el 52 por ciento del territorio centroamericano, el 59 por ciento de la población centroamericana, el 46 por ciento del PBI y al 40 por ciento del comercio interno de la región.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

El foro que reúne a doce países de América del Sur desde 2008 centró su atención en dos crisis que atraviesan sus miembros y que involucran, de distintas maneras, a toda la región. Por un lado, se enfocó en el terremoto que sacudió a Ecuador a mediados de ese mes, cuya magnitud afectó a más de un millón de personas y llevó a la declaración de estado de excepción a nivel nacional. Los ministros de Relaciones Exteriores de Unasur, reunidos en Quito días después, declararon su solidaridad y apoyo al pueblo y gobierno ecuatoriano por la tragedia. El encuentro inició con un minuto de silencio en honor de las víctimas del sismo y el canciller de Ecuador, Guillaume Long, explicó las dimensiones de la tragedia y de la futura reconstrucción de la zona devastada, que según aseguró demandará varios años. En este marco, agradeció la ayuda recibida por sus socios y solicitó a Unasur asumir el compromiso de apoyo a largo plazo.

Por otro lado, en la misma reunión se abordó la crisis política que atraviesa Brasil. Con el juicio ya aprobado por la Cámara de Diputados del país, el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, expresó sus preocupaciones acerca de la situación. El expresidente de Colombia consideró que “se está avanzando rápidamente en el juzgamiento de la Presidenta sin que exista, a nuestro juicio, ninguna prueba” sobre su culpabilidad. En este sentido, estimó que se trataba de una circunstancia preocupante para toda la región en términos de compromiso con la democracia. Días después, la propia Rouseff llamó públicamente al Mercosur y a Unasur a “mirar” este proceso y realizar “una evaluación del asunto, como nosotros siempre lo hicimos” en casos anteriores. Citó, por ejemplo, el procedimiento que retiró del poder al expresidente paraguayo, Fernando Lugo, en 2012 y se refirió a la Cláusula Democrática del Mercosur, por la cual Paraguay fue suspendido del bloque en aquella ocasión. Cabe señalar que también UNASUR cuenta con dicha cláusula para garantizar la legitimidad de los procesos democráticos en sus estados miembros. Por el momento, sin embargo, permanecen inciertas las expectativas sobre la situación de la presidenta de Brasil, que el 11 de mayo fue suspendida de su cargo por 180 días, mientras el Senado del país lleve a cabo el juicio político.