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Y 30 años después… Medios noticiosos, periodistas y crimen organizado en México

México alcanza ya tres décadas de creciente violencia criminal, en un escenario en el que los periodistas destacan entre los más vulnerables. La complicidad entre delincuentes y funcionarios corruptos para silenciarlos acumula un saldo de 85 informadores asesinados y 20 desaparecidos solo entre 2000 y 2013. Hoy, regiones completas padecen un «apagón informativo» debido al poder corruptor y homicida del crimen organizado. Un panorama de este fenómeno y sus implicaciones en la industria noticiosa y el gremio periodístico nos habla de una cruenta espiral, en la que al cabo pierden los ciudadanos y se daña la democracia. Los desafíos son enormes pero, no obstante, se perfilan algunas luces de esperanza.

Y 30 años después… Medios noticiosos, periodistas y crimen organizado en México

La industria de las noticias en México se desarrolló naturalmente al ritmo de las tendencias propias de su símil mundial, caracterizándose por hitos de tipo social, político, económico y tecnológico que fueron perfilándola a través de sus menos de dos siglos de historia como tal1. Así sucedió, de manera más o menos predecible, hasta hace tres décadas, cuando irrumpió con violencia un protagonista social empoderado como nunca antes, que la transformó dramáticamente –aunque esperemos que no para siempre–: el crimen organizado2.

Hasta hoy, los estudios e informes públicos y ciudadanos en la materia se han enfocado sobre todo en las trágicas consecuencias de este fenómeno para el ejercicio del periodismo y, en general, de la libre expresión y el derecho ciudadano a la información. Es comprensible: son periodistas principalmente del interior del país quienes han llevado la peor parte en todo esto, sufriendo amenazas y acosos, ataques personales y familiares, allanamientos y robos, secuestros y detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, desapariciones, desapariciones forzadas, persecuciones y exilio3.

En contraste, por atender este aspecto de emergencia han sido obviados otros temas cuya profundización permitiría comprender y dimensionar el impacto de la violencia delictiva en el ejercicio del periodismo y la libre expresión, y consecuentemente, en el ejercicio ciudadano del derecho a la información.

Entre tales temas destacan cinco:

a) medir el nivel de incidencia y participación financiera de la delincuencia organizada en las empresas de noticias;b) precisar el grado de cooptación económica del gremio periodístico por parte de ese agente corruptor, así como la correlación entre la capacidad corruptora de la delincuencia organizada y la precarización laboral del gremio de los periodistas, a causa de políticas de recursos humanos mayoritariamente leoninas aplicadas por las empresas de noticias;c) determinar el grado de participación de los periodistas y los medios industriales de noticias –por cooptación, empatía, complicidad, inercia o lucro– en las espirales de violencia simbólica, a través de la diseminación y sobreexposición masiva y explícita de actos atroces de grupos delincuenciales;d) establecer si cierta perspectiva victimizante de segmentos del gremio periodístico, paradójicamente, se beneficia del estado violento de cosas, al reproducir y reforzar socialmente la engañosa discursiva de «guerra», en una lógica donde convergen de facto, por una parte, los intereses comunicacionales estratégicos y económicos y la ideología de los gobiernos federal y locales, las empresas y corporativos mediáticos, y por otra, determinadas expresiones delincuenciales caracterizadas por poseer una evidente sensibilidad mediática;e) estudiar cómo las implicaciones de la precaria cultura de agremiación, colegiación y organización solidaria entre los periodistas mexicanos aumenta su vulnerabilidad ante agentes violentos.

Por sí mismos, estos temas debieran constituir el núcleo de una amplia agenda de problematización, estudio y comprensión de las correlaciones entre los poderes fácticos implicados, y su impacto sobre las libertades de información y expresión en la sociedad mexicana, como un esfuerzo colectivo ineludible hacia soluciones estructurales democráticas.

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Me viene a la memoria una charla, a principios de la década de 1990, con Carlos Monsiváis, en la que al comentar el asesinato del cardenal Juan José Posadas Ocampo, cometido oficialmente por una organización criminal en la ciudad occidental de Guadalajara, en mayo de 1993, él vaticinaba con tono sombrío: «Siguen los periodistas».

Aunque no se lo dije, el comentario me pareció pesimista y quizás algo exagerado, pero lo cierto es que tenía argumentos sostenibles: a) para ciertos efectos criminales, matar a un periodista o atacar a un medio noticioso podía lograr el objetivo de silenciamiento mediático generalizado; b) para otros, alcanzar la visibilidad mediática equivalente a la que implicaba agredir a un gobernante, un político, un empresario o un líder social.

De hecho, para entonces había ya cuando menos dos casos impactantes de periodistas abatidos a tiros en plena calle por móviles relacionados virtualmente con el tráfico de drogas y la corrupción: el de Manuel Buendía, en Ciudad de México, en mayo de 1984, y el de Héctor Félix Miranda, en la norteña ciudad fronteriza de Tijuana, casi cuatro años más tarde, en abril de 1988.

Uno de los mayores legados periodísticos y morales de Miguel Ángel Granados Chapa fue su investigación póstuma sobre el primer caso4: el prestigiado columnista y pensador del periodismo Manuel Buendía se había especializado en la investigación sobre corrupción pública y política, poderes fácticos como la ultraderecha y la creciente visibilidad e incidencia de grupos delincuenciales en la vida social mexicana, hasta convertirse en el columnista más influyente y respetado.

La noche del 30 de mayo de 1984, Buendía fue acribillado por un pistolero cuando caminaba por una céntrica zona de la Ciudad de México, en medio del tráfago citadino. La compleja trama reconstruida por Granados Chapa acerca de la muerte violenta de su maestro y amigo entrañable revela que Buendía habría sido silenciado por encomienda de José Antonio Zorrilla Pérez, siniestro policía de Estado entonces al frente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Aunque periodista y policía eran amigos y compadres, habrían ido distanciándose a causa de información en poder de Buendía que evidenciaba la penetración del narcotráfico en la DFS –en particular, del llamado «Cartel de Guadalajara»–, con la connivencia directa de Zorrilla Pérez y de otros funcionarios públicos de mayor nivel burocrático.

El presidente de la República Miguel de la Madrid (1982-1988) designó precisamente a Zorrilla Pérez como responsable de la investigación, fuera de todo principio de legalidad, puesto que: a) la DFS no tenía facultades de policía ministerial; b) al erigirse como tal, suplantaba a la Policía Judicial Federal; c) había existido una relación personal entre la víctima y el policía, y d) en la época inmediatamente previa a su asesinato, el periodista investigaba justamente al policía por su posible colusión con narcotraficantes. De este modo se consumó lo que Granados Chapa consideró «el crimen perfecto».Obviamente, Zorrilla Pérez se enfocó en borrar cuanta evidencia fuera posible, dislocar las líneas de investigación y hacer «tortuguismo», comenzando por allanar la oficina y sustraer el archivo de su ex-compadre, así como desvirtuar evidencias, acosar a cuando menos un testigo presencial y mantener a distancia a familiares y colegas suspicaces del gremio periodístico.

  • 1. Marco Lara Klahr: periodista judicial, académico y activista mexicano con casi 35 años de experiencia. Es reportero freelance y dirige el Proyecto de Medios y Acceso a la Información del Instituto de Justicia Procesal Penal, así como minimedia otromexico, sc. Sus libros más recientes son Extorsión y otros círculos del infierno (Grijalbo, México, df, 2013) y ¡Son los derechos! Manual para periodistas (Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia-usaid, México, df, 2012). Recibió en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo.Palabras claves: periodismo, crimen organizado, apagón informativo, corrupción, medios, México.. M. Lara Klahr: Diarismo. Cultura e industria del periodismo impreso en México y el mundo, Análisis, Ediciones y Cultura, México, df, 2005.
  • 2. Prefiero referirme genéricamente a «delincuencia organizada» o «crimen organizado», pues si bien más de la mitad de las actividades de estas organizaciones se relacionarían con el mercado de drogas, la diversificación de actividades ilícitas alcanza hoy el tráfico de personas, de mercancías diversas, de armas y de sustancias químicas, el asesinato por cuenta de terceros, el secuestro y, masivamente, la extorsión en sus más diversas modalidades. Ver M. Lara Klahr: Extorsión y otros círculos del infierno, Grijalbo, México, df, 2013.
  • 3. Article 19, Oficina para México y Centroamérica: «Doble asesinato. La prensa entre la violencia y la impunidad. Informe México 2012», México, df, marzo de 2013.
  • 4. M.A. Granados Chapa: Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México, Grijalbo, México, df, 2012.