Opinión

Violencia y crimen en América Latina

En todos los países de América Latina las tasas de criminalidad vienen creciendo desde hace más de una década, así como la violencia asociada. Al mismo tiempo, la distinción entre el crimen local y el crimen organizado internacional se ha vuelto difusa o incluso ha llegado a desaparecer. En casos tan dispares como las diminutas islas anglofónas del Caribe, los pequeños países de América Central o las favelas de Río de Janeiro, el poder de fuego de las pandillas criminales es mayor que el de la policía local. En este contexto, muchas veces los gobiernos se sienten obligados a convocar a las Fuerzas Armadas para lidiar con la amenaza.

Violencia y crimen en América Latina

En todos los países de América Latina las tasas de criminalidad vienen creciendo desde hace más de una década, así como la violencia asociada. Al mismo tiempo, la distinción entre el crimen local y el crimen organizado internacional se ha vuelto difusa o incluso ha llegado a desaparecer: así, las pandillas de los barrios bajos de San Salvador siguen directivas provenientes de Los Ángeles y los «camellos» de las favelas de San Pablo coordinan con los cárteles colombianos sus actividades por teléfono celular. En casos tan dispares como las diminutas islas anglofónas del Caribe, los pequeños países de América Central o las favelas de Río de Janeiro, el poder de fuego de las pandillas criminales es mayor que el de la policía local. En este contexto, muchas veces los gobiernos se sienten obligados a convocar a las Fuerzas Armadas para lidiar con la amenaza.

La violencia, y la inseguridad personal que ésta genera, afectan la confianza de la sociedad en el sistema democrático, un elemento clave de la cohesión social que hace que la democracia sea posible. La inseguridad ciudadana también atenta contra el desarrollo sostenible al desperdiciar recursos y corroer la confianza que toda actividad económica requiere. Por otro lado, los efectos del crimen y la violencia son magnificados por el sensacionalismo de los medios, que exacerban el sentimiento de inseguridad entre la población y la vuelven permeable a soluciones que aparecen como simples o fáciles.

En estas circunstancias, los enfoques de «tolerancia cero» o de «mano dura» en la lucha contra el crimen se vuelven muy atractivos. Las propuestas populistas de aplicar una mayor dureza contra los criminales, encarcelar a más personas sin un debido proceso y utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir el delito resultan atractivas para los ciudadanos que se sienten amenazados, en países con poca experiencia de gobernabilidad democrática y una débil percepción de lo dañinas que resultan este tipo de políticas. Estos enfoques solo sirven para continuar erosionando el sistema democrático, en especial en aquellos países donde la democracia es relativamente nueva y está lejos de consolidarse. El panorama se complica aún más debido a que en esas sociedades los ciudadanos tienen poca o ninguna experiencia de participación en el proceso político, es decir, en la formulación y propuesta de políticas alternativas.1

La clave para reducir el sentimiento de inseguridad y las tasas de criminalidad es que las personas actúen como ciudadanos y aprendan a reducir la distancia entre ellas y la policía, sobre todo en el ámbito local. Por supuesto, esto requiere también, en el ámbito local, que la policía se acerque a los ciudadanos a los que debe proteger, que establezca canales de comunicación con la población y que trabaje con ella para crear mecanismos de responsabilidad –accountability– aceptados y de cumplimiento posible para ambas partes. Es una cuestión de educación y de fortalecimiento cívico que ha logrado resultados admirables en aquellos países cuyos gobiernos intentaron realmente promover la participación de la ciudadanía.

1El Woodrow Wilson Center, junto con The Johns Hopkins University Press, ha publicado un nuevo libro, Toward a Society Under Law: Citizens and Their Police in Latin America, que evalúa experiencias de reforma policial en América Latina y formula algunas propuestas muy específicas para reducir la sensación de inseguridad entre los ciudadanos y, al mismo tiempo, mantener la gobernabilidad democrática. Este volumen es parte de un proyecto más amplio desarrollado por un equipo de investigadores de Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, México y Perú, cuyo primer fruto fue una revisión de la situación regional, Crime and Violence in Latin America (2003).

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