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Violencia y castigo desde una perspectiva integral

Una política integral contra el delito y la delincuencia debe partir de un diagnóstico adecuado, que contemple los matices y las particularidades de cada situación, y debe dejar de lado la falsa dicotomía entre coerción (estrategia defendida por la derecha) y prevención (postulada por los sectores progresistas). Desde el punto de vista penal y penitenciario, es necesario evitar la judicialización de cualquier conflicto o acto de violencia, que solo conduce a desbordar al Poder Judicial y agravar el problema de la superpoblación en las cárceles. La creación de ciudadanía es el mejor antídoto para enfrentar la violencia social, cuyo efecto más pernicioso es, precisamente, la destrucción de la confianza ciudadana.

Violencia y castigo desde una perspectiva integral

El debate sobre las respuestas al nuevo escenario de violencia social que sufre América Latina presenta serias dificultades que impiden avanzar de una manera constructiva. Este avance lento, a veces incluso empantanamiento, constituye un grave problema, pues una de las características del nuevo contexto es el enorme retraso de los poderes públicos para comprender y enfrentar el aumento rampante de la violencia y la criminalidad. Una de las principales razones que explican esta situación es la polarización entre dos tipos de respuestas: por un lado, aquellas que ponen el acento en la acción coercitiva, principalmente gubernamental, planteada en general por los sectores conservadores o de derecha, y, por el otro, las que enfatizan los aspectos preventivos, independientemente de las condiciones existentes, que con frecuencia provienen de sectores políticamente progresistas o de izquierda.

La evidencia demuestra que ninguna de las estrategias está consiguiendo resultados importantes y que, cuando los obtienen, constituyen apenas una contención parcial o un mero paliativo. Con la intención de abandonar esta polarización entre la mano dura y las políticas centradas en la prevención, algunas fuerzas progresistas latinoamericanas han propuesto una estrategia que descansa en la integralidad (Cálix; Escobar; Hillebrand). De acuerdo con estas concepciones, la característica central de una alternativa progresista estaría relacionada con una política integral de seguridad ciudadana.

Sin embargo, con frecuencia observamos que detrás del frontispicio de la integralidad siguen desarrollándose perspectivas parciales o segmentadas. O, en sentido inverso, que para lograr la integralidad es necesario un esfuerzo que algunas veces choca con lo «políticamente correcto». Esto, que puede apreciarse en los distintos elementos que conforman una política de seguridad ciudadana, se hace particularmente evidente en el sistema penal.

La importancia de un diagnóstico riguroso y compartido

Es muy difícil desarrollar una política integral sin partir de un buen diagnóstico. A pesar de esta evidencia, existe una tendencia extendida, principalmente entre la clase política, a relativizar la importancia de los esfuerzos en ese sentido. Es frecuente escuchar que «lo que sobran son diagnósticos», o simplemente pensar que alcanza con saber que el tema constituye hoy una preocupación prioritaria de la ciudadanía. Precisamente porque la gravedad que reviste la problemática exige algún tipo de solución colectiva, resulta imprescindible generar un mínimo consenso alrededor de un diagnóstico básico suficientemente riguroso, tanto en relación con las causas como con el escenario temporal o la taxonomía del problema.

Respecto de las causas, los sectores progresistas parecen satisfechos con referirse a las condiciones de pobreza que sufre la población latinoamericana, en tanto los sectores conservadores aluden a la pérdida de valores y la crisis de la familia. Estas explicaciones simplificadoras solo contribuyen a equivocar la elaboración de una política integral, pues será muy difícil encontrar una solución colectiva a este grave problema si no se logra incorporar la convicción de que se necesita un riguroso enfoque multicausal.

Para ello hay que aceptar que la pobreza es un factor más entre muchos otros. De hecho, Colombia es uno de los países más ricos de la región y sufre altos niveles de violencia. Nicaragua, uno de los más pobres, se ve mucho menos afectada por el problema de las maras que sus vecinos menos pobres, como El Salvador y Honduras. La violencia social actual es un fenómeno complejo que guarda relación con los distintos aspectos de la crisis epocal, tanto en el plano instrumental como en el simbólico; lo que hace más necesario afinar el diagnóstico en cada país.

En todo caso, conviene reconocer los rasgos generales de este nuevo escenario violento. Es cierto, por supuesto, que América Latina es hoy una de las regiones con menos conflictos bélicos internacionales y, al mismo tiempo, una de las que más sufren la violencia social, con la tasa promedio de homicidios por esta causa más alta del mundo. Pero esta imagen cierta es insuficiente. Para captar adecuadamente los rasgos centrales del actual escenario conviene reconocer las diferencias con el anterior, el de los años 60 y 70.

En aquella época América Latina ya mostraba apreciables niveles de violencia social y criminalidad, aunque con notables diferencias en cada país. Algunos países arrastraban graves condiciones históricas de inseguridad –como Brasil, algunos países andinos y la mayoría de los centroamericanos–, mientras que otros –como Uruguay, Chile, Costa Rica o Panamá– presentaban un bajo nivel de criminalidad. Pero este factor se articulaba y muchas veces se subordinaba a una fuerte presencia de la violencia política, que afectó tanto a los países que sufrían una apreciable violencia social (Brasil) como a aquellos que no la padecían (Uruguay). Fue este segundo factor el que determinó la respuesta desde el Estado. En general, los regímenes de seguridad nacional de aquellos años plantearon que el enemigo interno estaba formado por las fuerzas subversivas y el crimen. Es importante consignar que en ese entonces la sociedad ya mostraba una apreciable permisividad hacia las actitudes violentas, ya fueran revolucionarias o antisubversivas.El nuevo escenario que se conforma a mediados de los 80 se caracteriza por la disminución de la violencia política y la transición a la democracia. Sin embargo, como se ha dicho, ese tránsito hacia el Estado de derecho se produce en el contexto de una crisis epocal y de un severo ajuste económico. Así, por diversas causas, comienza a manifestarse la tendencia general al aumento de la violencia social y la criminalidad. Esto ha hecho que los países que tradicionalmente sufrieron este problema –como Brasil o los integrantes del triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador– sufran un incremento rampante y difícilmente controlable de la criminalidad. La tendencia es general y, por lo tanto, afecta también a los países con bajos niveles de violencia social, donde se registra un ligero incremento de los delitos contra la vida y un considerable aumento de la delincuencia común y de la sensación de inseguridad.