Tema central

Violencia, narcotráfico y Estado

El fantasma de la colombianización recorre México. Se teme un escenario en el que el crimen organizado, el negocio de la droga y las guerrillas y autodefensas se articulan y socavan el poder del Estado. Algunos informes hablan incluso de México como un futuro «Estado fallido». El artículo discute estos argumentos. Aunque la violencia y el narcotráfico son un problema grave, constituyen un fenómeno muy diferente del colombiano: urbano más que rural, sin contenido político y asociado sobre todo al tráfico por la frontera con Estados Unidos. En suma, una violencia que se explica más por la globalización, la integración con eeuu y la descomposición del antiguo régimen que por una deriva a la colombiana.

Violencia, narcotráfico y Estado

Colombianización

Desde hace dos o tres décadas Colombia es, más que un caso ejemplar, casi un concepto. Es imposible decir qué significa concretamente, pero vivimos acosados por el fantasma de la colombianización. Cuando se habla de eso, como en México en los últimos años, se evoca un escenario más o menos confuso marcado por altas tasas de violencia: asesinatos, secuestros, atentados, en que se desarrollan vínculos más o menos sólidos entre guerrillas y organizaciones criminales, surgen grupos de autodefensa, paramilitares, y el conjunto de la vida política termina condicionado por la violencia. No hace falta decir que Colombia es mucho más que eso, pero la fantasía habitual imagina la colombianización como un descenso hacia el caos.

La idea misma es un poco ingenua, por decirlo así, pero permite elaborar algunas preguntas que al menos vale la pena plantear. Detrás del fantasma se oculta un hecho básico: existen relaciones de colaboración –en distintos niveles, con distintos propósitos– entre grupos guerrilleros y organizaciones criminales, en particular dedicadas al narcotráfico. Y eso aumenta enormemente los recursos económicos y la capacidad de fuego y de reclutamiento de las guerrillas. Ha sucedido en Colombia, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y también sucedió en Perú, con Sendero Luminoso. Si a eso se le suman la debilidad del Estado y la ineficacia del sistema de procuración de justicia, nunca está lejos la organización de grupos de autodefensa o paramilitares, incluso con la complicidad de las fuerzas de seguridad.

Dicho con otras palabras, el fantasma de la colombianización evoca una configuración en la que coinciden tres fenómenos: la debilidad del Estado, la existencia de organizaciones criminales con un negocio millonario y la emergencia de grupos guerrilleros más o menos asentados en parte del territorio.

Factores

Visto así, en sus términos más generales, el riesgo de una deriva similar a la de Colombia parece en México bastante real e incluso cercano. No obstante, vale la pena analizar con un poco más de cuidado los tres factores básicos de la configuración para introducir algunos matices.

La debilidad del Estado, en cualquiera de nuestros países, es casi un dato que puede darse por descontado. Cualquiera de los indicadores que se quiera emplear dirá prácticamente lo mismo: nuestros Estados tienen recursos insuficientes para cumplir incluso con tareas básicas; su base fiscal es pequeña, precaria y volátil; carecen de un servicio civil sólido, profesional, bien equipado; y no pueden contar con una obediencia inmediata, incondicional y uniforme de la legalidad, porque hay otros recursos de orden práctico a los que debe acomodarse la lógica estatal. Esa debilidad del Estado significa que la legislación, los expedientes, el dinero y la autoridad del Estado son recursos que los actores pueden emplear en un campo en que existen también otros factores de orden, autoridad y poder. Ahora bien: la debilidad no es uniforme en un país ni tiene consecuencias iguales en todas partes, porque en cada caso se integra en un orden social distinto. En México, durante décadas, esta situación fue no un problema sino una solución para la integración política, la movilidad y la producción de orden, en una sociedad de enormes desigualdades económicas y regionales, a partir del sistema de intermediación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lo anterior quiere decir que los patrones de violencia, el arraigo del crimen organizado y las pautas de incumplimiento de la ley no son algo azaroso ni enteramente imprevisible. En México, responden a la organización del sistema priísta y a las formas en que se ha ido disolviendo. El gran negocio para las organizaciones criminales es, sin duda, el mercado de drogas. También en este caso, las abstracciones habituales desorientan un poco. Lo más frecuente –en la prensa, en los discursos políticos, también en algunos trabajos académicos– es que se recurra a la imagen de unos cuantos carteles colombianos o mexicanos, que controlarían un negocio de 100.000 millones de dólares anuales. Y se habla de capos y ajustes de cuentas y demás, con una imaginería tomada de El padrino. Pero la realidad es un poco más complicada.

Para empezar, los 100.000 millones de dólares del negocio son una fantasía, una cifra más que dudosa, construida a partir de indicadores muy poco confiables y muy obviamente sesgados (el dato proviene de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés). Los ajustes y las correcciones que se han hecho reducen la cifra a la mitad por lo menos. Por otra parte, en la composición del precio final de la droga, más de 70% corresponde a los últimos dos tramos: distribución local y minorista; es decir, el gran negocio no es el del contrabando, aunque siga siendo un negocio millonario. Hay que tomar en cuenta también que rara vez existe una «integración vertical» que incluya cultivo, procesamiento, contrabando, distribución y venta al menudeo. Los controles de puertos y fronteras favorecen una concentración relativa del contrabando en los grupos mejor organizados, pero el único tramo en que hay una posibilidad más o menos obvia de control monopólico es la venta al menudeo, que es un negocio rigurosamente local.

Todo ello significa que el narcotráfico no tiene una organización uniforme: su arraigo en la sociedad es muy distinto en cada uno de los tramos, y sus prácticas también. Es distinta su forma de actuar y muy variable el volumen del negocio en la producción de marihuana, amapola, cocaína, en laboratorios, rutas, puertos o mercado, en lugares donde únicamente se siembra o donde sobre todo se arregla el tránsito. Las diferencias entre organizaciones guerrilleras son perfectamente obvias: tamaño, arraigo, organización, armamento, exigencias y objetivos. No hay punto de comparación entre, digamos, las FARC y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), entre Sendero Luminoso y el Ejército Popular Revolucionario (EPR). La vinculación con el narcotráfico no es obvia: al igual que los secuestros o los asaltos bancarios, el mercado de la droga puede ser una fuente de recursos para la guerrilla, pero no siempre es igualmente asequible. El vínculo suele generarse si la guerrilla mantiene el control de regiones aptas para el cultivo, en las que pueden instalarse también –lejos de la vigilancia del Estado– laboratorios y pistas aéreas; la guerrilla puede brindar protección, a cambio de una parte de la ganancia, o puede dedicarse directamente al tráfico. Es más difícil imaginar una asociación así en zonas urbanas, puertos o fronteras vigiladas. Las consecuencias de la asociación con el crimen organizado, y en particular con el contrabando de drogas, son ambiguas. Es indudable que el tráfico puede dar a la guerrilla mucho dinero, y con ello armas y capacidad de reclutamiento. Sin embargo, el dinero también puede debilitar la disciplina y contribuir a la desorganización y desmoralización, como sucedió con Sendero Luminoso en el Huallaga, o puede separar a la guerrilla de la población campesina entre la que se mueve, en la medida en que deja de depender de los recursos de la población local; una guerrilla con recursos, armamento y reclutamiento urbano puede incluso adoptar prácticas predatorias, como ha sucedido con algunos frentes de las FARC.