Opinión

Venezuela: una transición y dos preguntas

La crisis social venezolana avanza desarrollando la crisis política. En el chavismo ya hay quienes piden un cambio de rumbo.

Venezuela: una transición y dos preguntas

En Venezuela la crisis social se ha colocado en el mismo nivel de la conflictividad política. Y eso, en cualquier lugar, supone un alto grado de ingobernabilidad, especialmente si el gobierno es la principal fuente de incertidumbre.

El fallecimiento de Hugo Chávez abrió las puertas a un nuevo momento. Un proceso basado en la concentración de poder, el culto a la personalidad y la relación carismática con sus bases de apoyo, difícilmente puede mantenerse intacto sin la presencia del líder. Las elecciones presidenciales de diciembre 2012, las últimas con el «comandante supremo», significaron el cénit electoral del bolivarianismo con más de 8 millones de votos. Pocos meses después, cuando Nicolás Maduro fue electo primer mandatario, comenzó a resentirse la ausencia: el chavismo perdió 615.428 votos. Dos años después recibiría el peor resultado electoral de su historia, en una elección parlamentaria que, como todas las votaciones desde 1998, se convirtió en un plebiscito sobre la popularidad del gobierno. Aquel 6 de diciembre de 2015, los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibieron 5.622.844 sufragios, más de dos millones de votos por debajo de los que acumuló el universo opositor. El resultado conllevó a la implosión de dos de los mitos sostenidos, pacientemente por el propio Chávez: el de la representación de la mayoría del país y el del mantenimiento inquebrantable de la supremacía política que se ratificaba electoralmente.

Ante estos resultados cualquier organización política sensata hubiera planteado una revisión de su estrategia. Nicolás Maduro, en cambio, azuzó el incendio con más gasolina. No sólo ratificó en su puesto a Jorge Rodríguez, jefe de campaña del PSUV y alcalde de Libertador, principal municipio de Caracas, sino que incluyó a cuatro de las personas de su entorno como nuevos ministros a comienzos de 2016. Asimismo, optó por achacar al electorado supuesta traición e ingratitud. Dos días después de la votación, el ocho de diciembre, Maduro afirmaba en una cadena televisiva: «Yo quería construir 500 mil viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construir, yo puedo construirlo [sic], pero te pedí tu apoyo y no me lo distes [sic]». Por otra parte, el gobierno mantuvo su respaldo a la política de seguridad ciudadana denominada «Operativo de Liberación del Pueblo» (OLP), criticada incluso por sectores oficialistas, debido a la inclusión de redadas indiscriminadas en los barrios populares que, al igual que en el pasado, criminalizan la pobreza mediante políticas de «mano dura». Los propios datos del Ministerio Público sobre los primeros seis meses de actuación de OLP dan cuenta de su envergadura: 245 presuntos delincuentes muertos, 17.194 allanamientos a viviendas sin orden judicial y 15.946 detenciones en intervenciones policiaco-militares en barrios de todo el país. Varios periodistas extranjeros se han preguntado por qué Nicolás Maduro ha optado por golpear precisamente a las bases populares de apoyo al chavismo. No he leído, hasta hoy, una respuesta satisfactoria.

Las tensiones políticas

Por primera vez desde 1998, la oposición alcanzó mayoría en la Asamblea Nacional. Como respuesta, el gobierno sustituyó de manera irregular a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), socavando así cualquier atisbo de independencia y utilizando al poder judicial para neutralizar las decisiones del legislativo. El 13 de mayo de 2016 el gobierno aprobó un decreto de «Estado de Excepción y Emergencia Económica» con el que terminó de eliminar las competencias de contralor de la Asamblea Nacional y anunció la adopción de «medidas extraordinarias» para garantizar el orden público, entre las que se incluían la creación de un nuevo organismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para centralizar la distribución de alimentos regulados y participar en labores de seguridad ciudadana. En el decreto, el gobierno argumentó ser víctima de una operación de sabotaje a gran escala, denominada «guerra económica», que lo obligaba a considerar la seguridad de Estado más importante que la seguridad de las personas. Este decreto no es un capítulo más de las tensiones entre chavismo y oposicion. Esta declaración ha sido calificada por diferentes sectores de la sociedad venezolana, como las organizaciones de derechos humanos, como la interrupción de su hilo constitucional y el apartamiento de Nicolás Maduro de la institucionalidad democrática.

La crisis económica

A pesar de que el gobierno ha dejado de publicar las cifras sobre el desempeño económico, las pocas que se conocen coinciden con el mal momento que vive el país. En 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelaba que 416.326 familias habían descendido nuevamente por debajo del umbral de la pobreza. Realizando una proyección con el mismo ritmo de crecimiento de la exclusión, para finales del 2015 Venezuela tendría la misma cantidad de pobres que se contabilizaron en 2000: alrededor de 12 millones de personas. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por tres universidades del país arroja un resultado más dramático: la pobreza de 2015 por niveles de ingreso fue estimada en cerca de 75% de la población, es decir, 23 millones de personas. Sea con unos u otros datos, los venezolanos son testigos de una situación general de empobrecimiento de sus condiciones de vida: 180,9% de inflación oficial en 2015, que sube a 300% si es medida en el sector alimentos, y pronósticos de que para este 2016 remontará a 700%.

Al constante incremento de precios hay que añadirle las cifras de desabastecimiento y escasez de alimentos a precios controlados, una larga lista en la que se incluyen los rubros de la canasta alimentaria básica del venezolano. Estos alimentos tienen los precios «congelados» desde el año 2003, con la finalidad de mantenerlos bajos y permitir el acceso de los consumidores. Sin embargo, la contraparte fue el desestímulo a la producción interna, en momentos en que el gobierno promovió la importación de alimentos para mostrar, como una victoria política, las imágenes de los anaqueles llenos. Hoy, cuando la caída de los precios internacionales del petróleo ha afectado el nivel del gasto público, se ha calificado como delito de «incitación a la zozobra» el tomar fotografías de los estantes vacíos. Por otra parte, la orgía de las divisas extranjeras, cuyos precios de compra y venta también estaban controlados, generó una amplia cadena de corrupción. Quienes accedían a los denominados dólares preferenciales podían venderlos inmediatamente en el mercado negro a 40 veces su valor. Y esto continúa hasta el día de hoy. El gran negocio durante muchos años fue comprar en el exterior todo lo que los venezolanos necesitaban, medicinas y alimentos y hoy, cuando no hay dólares para repartir, se están pagando las consecuencias.

Renuncia o revocatorio

El deterioro social está avanzando más rápidamente que la crisis política. Durante el mes de junio, seis personas han sido asesinadas por las autoridades en asaltos a establecimientos de alimentos. El 14 de junio pasado en Cumaná, una población de poco más de 300.000 personas, por lo menos 120 establecimientos fueron saqueados, lo que originó la detención de 400 personas, no de la «clase media opositora» sino del pueblo llano. Las organizaciones de base del chavismo, como Marea Socialista o Redes, han comenzado a pedir públicamente la renuncia de Nicolás Maduro, afirmando que, para que el bolivarianismo no se reduzca a su mínima expresión, resulta urgente un cambio de liderazgo. Ahora, un sector de la población, liderado por Henrique Capriles, solicita la activación de un Referendo Revocatorio de la figura presidencial, derecho presente en el artículo 72 de la Constitución, al cual el propio Chávez se midió en el año 2004. El revocatorio parecería la solución menos traumática a las tensiones políticas. Sin embargo dos preguntas deben responderse a corto plazo: cuál es el costo social necesario para salir de la crisis económica, y en cuánto tiempo eso sería factible. La segunda es cuánta impunidad habrá que otorgar al sector militar para que no obstaculice una transición.

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