Tema central

Venezuela ante 2017: crisis sin salida a la vista

Venezuela ante 2017: crisis sin salida a la vista

Las formas en que se expresa la creciente y cada vez más profunda crisis política, económica y social de Venezuela son bien conocidas. Desde 2013, el país tiene la inflación más alta del mundo, que este año se ubica por primera vez en el rango de lo que se define como hiperinflación. Una continua recesión en su tercer año consecutivo y un bajo nivel de reservas de divisas tienen como consecuencia no solo escasez de alimentos y de productos de uso diario, sino también una emergencia severa en el sector de la salud.Adicionalmente, tras la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, una profunda polarización entre los dos mayores bloques políticos, la fuerza de gobierno –el Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv)– y la alianza opositora –la Mesa de la Unidad Democrática (mud)–, fue la base para un bloqueo de los poderes políticos entre el gobierno y el Parlamento, que se manifestó durante muchos meses en la lucha por un referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, previsto por la Constitución bolivariana de 1999. Después de la decisión del Consejo Nacional Electoral (cne) de suspenderlo, el conflicto llegó a su nivel más álgido. Así, sin solución a la vista, todos los indicadores señalan que 2017 será otro año más de crisis para Venezuela.

Esperanzas engañosas tras las elecciones parlamentarias de 2015

Remontémonos a un año atrás. El 6 de diciembre de 2015, la mud logró una victoria más contundente de lo que se esperaba en las elecciones parlamentarias. Con 112 de 165 mandatos legislativos, la alianza opositora obtuvo una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional y propinó al chavismo su derrota electoral más grave hasta ese momento. Junto con la del referéndum constitucional de 2007, ha sido la única derrota desde la elección de Hugo Chávez en 1998. Por consiguiente, fue muy grande el júbilo de los opositores, que comenzaron a abrigar la esperanza de que finalmente se iniciara el cambio político anunciado en la campaña electoral.

La noche de las elecciones, Maduro admitió la derrota de su partido y declaró que reconocería el resultado. Para esta etapa designó como vicepresidente al gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz. Considerado una persona moderada y abierta al diálogo, Istúriz proviene de la socialdemocracia tradicional del partido Acción Democrática (ad) y con su designación se consolidó la impresión de que el gobierno buscaría un intercambio serio con la nueva mayoría parlamentaria. Incluso surgieron especulaciones sobre conversaciones a puertas cerradas entre el gobierno y los líderes de la mud y se llegó a suponer que Maduro había designado a Istúriz como negociador de las condiciones para una transición.

La bancada de la mud estaba constituida, en su mayoría, por cuatro grandes partidos: Primero Justicia (pj) con 33 legisladores, Acción Democrática (ad) con 26, Un Nuevo Tiempo (unt) con 20 y Voluntad Popular (vp) con 15. La oposición suponía que, en virtud de la nueva mayoría parlamentaria, podría actuar como factor de poder sobre el gobierno chavista. Henry Ramos Allup, secretario general de ad y con fama de experimentado negociador, fue elegido presidente del Parlamento. Había señales de diálogo. El momento y las condiciones habrían sido buenos para ello.

Pero el deshielo duró poco. Rápidamente quedó en claro que, si bien Maduro había reconocido la derrota, no estaba dispuesto a acceder a compromisos necesarios en virtud de la reconfiguración de las mayorías en el Parlamento. El Tribunal Supremo de Justicia (tsj) declaró reiteradamente inválida la acción legislativa del Parlamento1, mientras que sí validó las leyes de emergencia económica presentadas por el presidente pero rechazadas por la Asamblea Nacional. El bloqueo de los poderes políticos era perfecto.

Las trampas de un referéndum revocatorio

Para una parte de la población venezolana, la esperanza de una solución para el empantanamiento político (y, con ello, para la situación económica y social) estaba puesta en un referéndum que permitiría revocar el mandato del presidente. En el artículo 72 de la Constitución bolivariana de 1999 se establece que todos los cargos y las magistraturas de elección popular (incluido el presidente) son revocables una vez transcurrida la mitad del periodo para el cual fueron elegidos. El referéndum revocatorio es, pues, una criatura del chavismo. A diferencia, por ejemplo, del proceso de impeachment en Brasil, aquí no se trata de un instrumento jurídico, sino de un instrumento político con carácter democrático. El chavismo le dio a la población la posibilidad de revocar antes de tiempo el mandato de sus representantes. En 2004 se aplicó la figura del referéndum revocatorio contra su propio progenitor, Chávez, quien sin embargo salió victorioso de la consulta popular con 59% de los votos.

Para comenzar el proceso del referéndum revocatorio, debe firmar a favor de él un porcentaje de los inscriptos en el Registro Electoral (aproximadamente 196.000 personas) y luego el 20% (aproximadamente 3,9 millones). Las firmas deben ser entregadas al cne, encargado de verificar su validez y, en caso de que estén dentro de las normas, de confirmar la consulta para los siguientes 90 días. Para revocar el mandato de Maduro, debería participar en el referéndum 25% de las personas con derecho a voto y votar por su revocatoria una cantidad de electores superior a la de quienes lo eligieron en 2013 (aproximadamente 7,5 millones).

El problema es que, según el artículo 233 de la Constitución, pueden surgir dos consecuencias distintas de una posible revocación del mandato del presidente, según el momento en que el presidente deja el cargo. Si a Maduro se lo destituyera en 2016, se procedería a una nueva elección presidencial en el transcurso de un mes. Si, por el contrario, se le revocara el mandato en los dos últimos años de su gestión, es decir a partir de 2017, el actual vicepresidente ocuparía el cargo hasta el final del periodo electoral. Por este motivo, el gobierno y la oposición tenían, obviamente, intereses diametralmente opuestos en cuanto a la fecha de un posible referéndum. Mientras que la mud quería elecciones en 2016, el gobierno buscó demorar el referéndum por lo menos hasta 2017, con el fin de evitar nuevos comicios y de que, en caso de revocatoria, el poder quedara en manos del vicepresidente (que en Venezuela no es elegido sino designado). Las diferentes consecuencias de un referéndum revocatorio deben verse como un serio error de elaboración del artículo 233, que genera necesariamente conflictos políticos.

  • 1.

    Daniel García Marco: «¿Se ha vuelto irrelevante la Asamblea Nacional de Venezuela?» en bbc Mundo, 24/10/2016; Ángel Bermúdez: «Cómo el Tribunal Supremo de Venezuela le quita poder a la Asamblea Nacional controlada por la oposición» en bbc Mundo, 3/3/2016.