Venezuela irá a elecciones presidenciales el 28 de julio. Contra lo que creían muchos opositores, la tesis de que el gobierno apelaría a la «conmoción interna» para suspenderlas -usando como excusa el referéndum sobre el Esequibo de diciembre de 2023- no prosperó.

El actual momento preelectoral de Venezuela es, para usar una expresión popular, una procesión que va por dentro. En la superficie todo se ve tranquilo. Es una pax autoritaria que apenas se cuestiona. Todos los sectores parecen disfrutar de ella. Venezuela quiere vivir, respirar, luego de años de intenso conflicto político existencial entre el gobierno y la oposición. Empero, el choque sigue; aunque sea de baja intensidad, no es por ello menos áspero. Es parte ya de la estructura de la vida venezolana.

A pesar del sistema autoritario, una elección presidencial siempre genera incertidumbre, más en un pueblo como el venezolano que suele provocar sorpresas en las votaciones. Esta coyuntura, que se da una vez cada seis años, evoca desafíos tanto para el gobierno como para la oposición. Para el ejecutivo, el riesgo se vincula a la posibilidad de que, al final, la mezcla de represión y clientelismo no consiga controlar la voluntad de los electores. Para la oposición, el riesgo es no poder/saber usar, una vez más, una nueva oportunidad para desplazar el gobierno por un medio pacífico y legítimo como un proceso electoral (la oposición ganó las parlamentarias de 2015 pero anuló su victoria en parte al seguir una estrategia insurreccional para sacar a Maduro del poder).

La incertidumbre dispara las alarmas dentro de cada grupo político y genera la tensión del ambiente preelectoral que se respira a pesar de la tranquilidad en las calles.

Analizar la coyuntura preelectoral en Venezuela pasa, necesariamente, por examinar los dilemas y retos de cada actor en juego, que son tres dentro del país: la sociedad en su conjunto; el gobierno -incluye al chavismo como movimiento- y la oposición -dividida en múltiples facciones-. 

No parece haber dudas de que el deseo de los votantes es un cambio político, tras 25 años de chavismo. Aunque la alternancia ha sido borrada por la concepción de poder hegemónica de la «Revolución bolivariana», la demanda de cambio no se ha debilitado. No obstante, el gobierno se empeña en mostrar una Venezuela «normal»: hoy hay productos de sobra en los supermercados, pero solo para un sector de la población, y pese al malestar no hay protestas masivas en las calles, más allá de varios conflictos por aumentos de salarios.

El tamaño de la economía venezolana disminuyó 80% entre 2013 y 2020. Es decir, cayó de 100 a 20. Hoy el país crece, sí, al 5%, pero a partir de 20. En valores absolutos, el PIB la economía venezolana se acerca a los 100.000 millones de dólares cuando llegó a pasar los 400 mil millones de dólares en sus mejores momentos.

La vida es desigual social y geográficamente. Hay una Venezuela que tiene dinero y goza de niveles de consumo europeos, y otra que vive el día a día, «matando tigritos», en el marco de una dolarización de facto de la economía. El dólar -primero una maldición y luego una bendición, según el propio Maduro- ha sido y es el verdadero factor de estabilidad política. Sin la dolarización, Venezuela estaría atravesando un intenso conflicto civil.

La necesidad de cambio atraviesa incluso al chavismo. Lejos de ilusiones como la de 2017, cuando la Asamblea Constituyente movilizó a sus bases, el gobierno parece ser consciente del creciente cansancio y agotamiento en sus propias filas. Por eso, Maduro debe mostrar que consulta a las bases. La discusión de las «7 Transformaciones» (7T) fue un intento de mantener viva ese espejismo de retroalimentación de las bases, de apertura de la discusión, de un líder que escucha.

En el gobierno de Maduro atraviesa varias líneas de tensión política. Su problema central es cómo lograr una elección presidencial reconocida por los principales países en las que no participe lo que llama la oposición insurreccional o «los apellidos», sobre todo tras la inhabilitación de María Corina Machado, quien venció en las primarias opositoras y ha logrado una fuerte penetración territorial a lo largo y ancho del país.

Este problema lo formuló la vicepresidenta Delcy Rodríguez el 24 de febrero pasado al afirmar que «más nunca los factores extremistas que han pedido invasiones, que han promovido el asesinato del presidente Nicolás Maduro y de altas autoridades, que han pedido sanciones causando el sufrimiento del pueblo venezolano, más nunca tengan la posibilidad de espacios políticos en este país». El problema es que los «factores extremistas» constituyen la oposición reconocida interna e internacionalmente, la que participa en las negociaciones de Barbados y la que tiene apoyo electoral.

Las oposiciones «alternativas» -como la que negoció con el gobierno en 2019, compitió en las parlamentarias de 2020, y firmó el acuerdo sobre elecciones del 28 de febrero- no son vistas como una verdadera oposición, sino como parte de los esfuerzos del gobierno para tener una oposición a su medida, que legitime sus victorias electorales.

Frente  a esta situación, el gobierno apela a una solución contradictoria, que busca combinar la represión estatal con la consulta a la sociedad. Como parte de la represión se renovó la inhabilitación de Machado de 2015, ya vencida, que se extendió hasta más allá del 2030 para sacarla de la competencia electoral. Del lado de la «escucha», está la constatación de que el gobierno debe abrirse más a la sociedad, lo que se materializó en un sorpresivo acercamiento al sector privado desde 2020, el cual se ha beneficiado notablemente de la «nueva normalidad». En paralelo, Maduro busca mostrar una cara amable, como cuando sirve el café a sus invitados durante su programa semanal o durante sus apariciones jocosas en TikTok. 

El gobierno está centrado en mantener la estabilidad política como condición del crecimiento económico. Y convencer a los electores de la ventaja de esta «normalidad». Una opción entre el cambio y la paz. Pero al mismo tiempo, el régimen está atrapado en su propia inercia. No es capaz de innovar, de cambiar, de ofrecer algo diferente. La presentación de los resultados de las «7T» resultó evento delirante, «rodilla en tierra contra el imperialismo», mientras no se resuelven los cortes de luz.

Allí se vieron las grandes limitaciones para el ejecutivo. Atrapado en su dinámica, en tratar de revivir un pasado que ya no volverá, como se vio con la «Marcha Antiimperialista» del 29 de febrero o en la elección del día de cumpleaños de Chávez para las próximas elecciones. La Marcha Antiimperialista pareció fuera de la realidad, con Maduro tratando de revivir infructuosamente al Chávez de 2004. Ninguna propuesta nueva, distinta a criticar a Estados Unidos o a pregonar «más poder al poder popular» expresión gaseosa que significa vaciar las instituciones de la constitución de 1999 para transferir ese poder al ejecutivo, bajo la cobertura del poder desde abajo. Lo único que puede ofrecer Maduro hoy es un modelo de vida ideologizado y mediocre.

El reto para la oposición es cómo ser viable para 2024 sin María Corina Machado como candidata. ¿Compite con otra opción?, ¿busca inscribir a Machado?, ¿se abstiene como en 2018?, ¿deja la libertad de conciencia a su base para votar o no?, ¿sorprenderá con algo nuevo?

Las primarias de octubre de 2022 saldaron la cuestión de la candidatura y el del liderazgo dentro de la plataforma unitaria: Machado ganó ambas cosas. El problema está en que ganar una primaria no es suficiente para construir una política, menos aún en un sistema autoritario. Machado confundió su arrolladora victoria con una coronación, pero e trata de un mandato para liderar una alianza política para intentar ganar las elecciones con un terreno de juego profundamente inclinado en favor del oficialismo.

Luego de las primarias, Machado optó por la prudencia y el bajo perfil, pero el trabajo de articulación con otras fuerzas políticas apenas se notó. La candidata de la alianza opositora tiene en claro, no obstante, que debe contar con una maquinaria o estructura electoral frente al chavismo para lo cual puso en marcha la red 600K y los «comanditos», iniciativas que servirán para sostener su candidatura o la de un potencial postulante alternativo. El tiempo corre. La fecha tope para registrar candidatos es el lunes 25 de marzo.

Desde 2013 la oposición ensayó estrategias para lograr un «quiebre» del régimen -la política de «máxima presión» que Donald Trump le compró a los estrategas del interinato de Juan Guaidó- que ha fracasado durante diez años. Hoy está en el trance de ver si la repite o la cambia. Si mantiene la carreta delante de los caballos -lo que hace desde hace una década- o pone los caballos delante de la carreta, que, a la luz del fracaso de las estrategias insurreccionales o abstencionistas, consistiría en competir con las reglas del sistema autoritario y tratar de ganar. Empero, la oposición no se ve ganada a esta idea, sino que espera  que «algo pase» y produzca una crisis en el interior del gobierno, de modo tal que este acceda a habilitar a María Corina Machado. Pero eso se parece a esperar un milagro.

Al final el problema político de Venezuela se mantiene: mientras el gobierno y la oposición de la Plataforma Unitaria se sigan desconociendo mutuamente, el conflicto seguirá. Hoy ese reconocimiento está lejos. La convocatoria electoral pasó por el costado de las negociaciones de Barbados.

Una diferencia con 2018 es que el gobierno apuesta al discurso de la «paz» y de la producción. Maduro retomó los mítines en la calle. Pero el chavismo está inquieto. Y esa inquietud no proviene solo, ni quizás principalmente, de la oposición sino de la propia paciencia de la población.

Un notable ensayista venezolano, Mariano Picón Salas, escribió en 1946 que el pueblo venezolano siempre sorprende. Hoy Maduro se siente fuerte en el poder, y proyecta su mandato hasta 2030. Habrá que ver si el pueblo venezolano da alguna sorpresa esta vez.