Tema central

Una mirada etnográfica

Las concepciones clásicas definen la cárcel como una «institución total», donde todos los aspectos de la vida cotidiana son administrados por una autoridad represiva. El trabajo etnográfico realizado en una cárcel de Ecuador demuestra, por el contrario, que dentro de las prisiones funcionan complejos sistemas de intercambio y negociación, como el «refile»y la construcción de organismos de administración gestionados por los propios internos. El aumento de los presos acusados de narcotráfico, producto de las políticas antidrogas impulsadas por Estados Unidos, explica que este tipo de prácticas de autogestión se haya institucionalizado y se haya convertido en el principio organizador fundamental de la vida en las cárceles.

Una mirada etnográfica

Introducción

Probablemente en 100 o 200 años, o tal vez más, porque la stultitia humana no se agota fácilmente, al mirar hacia atrás no seamos capaces de sentir más que vergüenza por la existencia de instituciones como la cárcel. Quizás también, espero que en menos tiempo, seamos capaces de entender la realidad penitenciaria desde nuevos conceptos que trasciendan las clásicas nociones de «institución total» de Erving Goffman –una burocracia administradora de la vida de personas sometidas a encierros prolongados– o de «control panóptico» de Michel Foucault –un dispositivo de poder que permite clasificar y organizar a las poblaciones a través de la invención de ilegalidades. Este artículo revisita el material empírico producido para un trabajo etnográfico más amplio sobre la institución carcelaria y su articulación a la economía política del narcotráfico, realizado entre 2004 y 2005 en una de las cárceles de máxima seguridad de Ecuador, conocida como el ex-penal García Moreno por su antiguo nombre (actualmente Centro de Rehabilitación de Varones de Quito No 1).

Entrada: la cárcel

El ex-penal García Moreno fue inaugurado en 1875, con apenas 71 personas (Goetschel). El edificio es una estrella de cinco puntas (pabellones) y fue diseñado con los parámetros de la arquitectura panóptica europea. Según el informe de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en 2004 albergaba a 924 hombres, 431 de ellos por drogas ilegales, 102 por delitos contra la propiedad, 278 por delitos contra las personas, 57 por delitos sexuales y 56 por otros delitos. De los detenidos, 564 estaban condenados y 360 procesados. Los funcionarios penitenciarios se dividían en 59 guardias, cinco médicos, tres psicólogos y un instructor de taller.

Lo primero que llama la atención al entrar es el movimiento. La mayor parte de la gente está ocupada en algo y transita por los patios, pabellones y celdas sin prestar demasiada atención. Para el recién llegado son chocantes el bullicio y la rapidez con que la vida acontece. Cada uno atiende lo suyo y trata, en lo posible, de no entrometerse en problemas ajenos. Esta indiferencia es intimidante y hasta peligrosa para el interno nuevo: además de su ignorancia en cuanto a las necesidades mínimas para sobrevivir, se encuentra a merced del ánimo de sus compañeros, quienes, por aburrimiento o necesidad, a menudo no encuentran mejor actividad que hostigarlo y robarle lo poco que le quedó después de pasar tres o cuatro días encerrado en un calabozo con 20 personas más.

Si logras sobrellevar la primera impresión sin volverte loco –me decía un preso–, el siguiente paso es conseguirte una celda para dormir. En el penal, las celdas se compran a un precio que oscila entre los 400 y los 2.000 dólares. El valor se fija en función de los derechos que el propietario adquiere y del número de personas que deben compartir el espacio con él, lo cual, a su vez, depende del pabellón en que se ubica. En un pabellón, por ejemplo, solo se acepta a tres internos por celda, mientras que en otro el número depende de la cantidad de gente encarcelada, lo que significa que pueden vivir entre seis y diez personas en un espacio diseñado para apenas dos. Quien paga por la celda puede expulsar a sus compañeros durante el día o incluso prohibirles el uso del baño o la televisión, si es que la tiene.

La alimentación no es un problema si se tiene dinero. Se puede comprar comida en uno de los puestos administrados por los internos, quienes pagan al pabellón una mensualidad y consiguen la autorización del director del centro penitenciario. Sin embargo, en general los presos prefieren cocinar en sus celdas los alimentos que sus familias les llevan cada semana. Lamentablemente, la gran mayoría carece de dinero, celda o familia y se ven obligados a comer el «rancho». El monto asignado por el Estado ecuatoriano para la alimentación de un interno es un dólar diario. Con esa suma, el preso puede comer un pan con panela en la mañana, arroz con menestra de almuerzo (dos veces por semana es acompañado con pollo o carne) y más arroz con menestra de merienda.

El «refile»: la institución carcelaria

Cuando comencé a investigar el sistema penitenciario ecuatoriano, en 2004, la organización y el funcionamiento de las cárceles no era una de mis prioridades. Como la mayoría de los interesados en el tema, asumía que la cárcel es una «institución total», una organización basada en un tipo particular de relación social en la que un grupo se encarga de manejar las necesidades de otro. De acuerdo con esa concepción, la cotidianidad carcelaria se desarrolla en un mismo lugar y bajo una misma autoridad, y cada etapa de la actividad diaria está estrictamente programada y se encuentra integrada en un solo plan racional, definido en función de los intereses de la institución (Goffman, p. 20). El problema de esta perspectiva es que reduce las prácticas institucionales a una dinámica estructurada por un sistema de castigos y recompensas que articula los objetivos formales de la autoridad y los intereses individuales de los presos. Este tipo de concepciones, además, «tiende a obliterar el hecho de que la alienación individual no reposa de manera simplista en las manos de un guardia ni en las paredes de una cárcel» (Andrade 2006, p. 7).

Pero la dinámica carcelaria en Ecuador no se estructura según las concepciones goffmanianas de «institución total», sino en función del «refile». El término expresa una transacción material o simbólica entre uno o varios internos y uno o varios guardias penitenciarios con el fin de otorgar a los presos un «derecho» no autorizado a cambio de una contraprestación. El uso de la palabra «derecho» no es gratuito, ya que el refile es ciertamente una fuente de legitimación de las actividades cotidianas en la cárcel. En cualquier caso, la práctica de refilar implica un sistema de corrupción; calificarlo de otro modo ocultaría la violencia que engendra en los ámbitos estructural, institucional e interpersonal.

En el acto de refilar no solo están comprometidos los guardias penitenciarios y los internos. Se trata de una práctica cotidiana dentro de la cárcel que es el engranaje fundamental del sistema penitenciario ecuatoriano. Todo (un favor, un permiso, una autorización, una comida, un poco de droga, una llamada, evitar una paliza, etc.) puede resolverse refilando. La condición es que quienes participan en el intercambio reconozcan el sentido de la transacción; es decir, que tengan claro que no están siendo generosos, amigables, hostiles o imbéciles, sino que están activando una estructura de relaciones sociales basada en convenciones definidas antes de ese encuentro particular.