Tribuna global

¿Una Europa «para todos»? La crisis de la UE y la Gran Coalición alemana

¿Cambiará algo la política alemana en relación con la crisis europea con la incorporación del Partido Socialdemócrata (SPD) a la Gran Coalición con Angela Merkel? Aunque el SPD planteó desde la oposición «una Europa para todos», con críticas a las políticas de austeridad de la troika y en favor de un mayor control democrático por parte del Parlamento, la alianza oficialista está lejos de alterar significativamente las políticas alemanas y bregar por un New Deal europeo. El acuerdo de la coalición muestra el sello de la canciller Merkel y su ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, y salvo algunas figuras retóricas insignificantes, no contiene casi ninguna de las propuestas alternativas presentadas en la plataforma electoral del SPD.

¿Una Europa «para todos»? La crisis de la UE y la Gran Coalición alemana

A pesar de la moderada recuperación económica prevista para 2014, la eurozona aún está lejos de haber superado su crisis. Esto ocurre principalmente porque la construcción de la unión bancaria presenta importantes debilidades, las deficiencias estructurales del Tratado de Maastricht continúan sin resolverse y –como consecuencia de la política económica imperante– los problemas sociales de la eurozona no solo son combatidos de una manera absolutamente insuficiente, sino que incluso se agravan cada vez más, sobre todo el problema de las altísimas tasas de desempleo.

Gran parte de la responsabilidad de este proceso debe atribuirse a la política del antiguo gobierno negro-amarillo (Unión Demócrata Cristiana, CDU / Partido Democrático Liberal, FDP, por sus siglas en alemán) de Alemania. Este artículo analiza si la nueva administración federal con la participación del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, por sus siglas en inglés) será capaz de introducir un cambio de rumbo en Europa. Dado que, desde la oposición, el SPD criticó fuertemente muchos aspectos del gobierno previo de Angela Merkel (la política de austeridad, la escasa solidaridad con el sur del continente, el descuido de la dimensión social de la integración, la falta de participación del Parlamento Europeo, etc.), muchos observadores creen que con el SPD como partido integrante de la coalición oficialista se producirá una reorientación de la política europea. Sin embargo, desde el punto de vista que aquí se sostiene, la Gran Coalición no generará un cambio continental ni económico radical que logre resolver los problemas estructurales de la eurozona.

Tras analizar la política del gobierno CDU-FDP durante la crisis de la zona euro, en una segunda parte se presentarán las alternativas programáticas del SPD como partido opositor. Luego se pondrá bajo la lupa el programa de la Gran Coalición, considerando los aspectos referidos al gobierno económico europeo, política de crecimiento, responsabilidad conjunta, desequilibrios de la balanza por cuenta corriente y Europa social y democrática.

Sobre estos puntos, puede adelantarse lo siguiente: el nuevo gobierno también limita su política de reformas a un disciplinamiento fiscal y a una normativa orientada a favorecer la competitividad de los países de la Unión Europea. A la dimensión social y democrática de la integración se le presta poca atención. Dentro de este marco, no se tienen en cuenta los déficits estructurales del Tratado de Maastricht. Sin embargo, para evitar el peligro que supone un recrudecimiento de la crisis, resulta imperioso profundizar los pasos en dirección a una unión federativa.

La política del gobierno del CDU-FDP ante la crisis

En 2010, cuando estalló la crisis de la eurozona como consecuencia de la crisis económica mundial de los años precedentes, la UE (bajo el liderazgo de Alemania) reaccionó con las siguientes medidas:

a) A los países en crisis como Grecia, Irlanda y Portugal, se les otorgó créditos para financiar sus déficits presupuestarios y para apoyar a los bancos que estaban en dificultades.

b) Como dispositivo de rescate, se creó el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y luego el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Ambas entidades pueden colocar bonos en el mercado de capitales y conceder créditos a los países en crisis. El MEDE sustituyó en 2012 al FEEF, que había surgido dos años antes; a diferencia del Fondo Europeo, también está en condiciones de adquirir títulos de deuda soberana en el mercado primario.

c) Con la aprobación de diferentes reglamentos, directivas («Six-Pack», «Two-Pack») y el pacto fiscal europeo (2012), se endureció la disciplina impositiva en los Estados miembros y se creó un instrumento para evitar los desequilibrios macroeconómicos. El paquete de seis medidas («Six-Pack») del año 2011 consta de cuatro leyes orientadas a reafirmar el pacto de estabilidad y crecimiento, y otras dos con las cuales se instituyó un procedimiento para corregir desequilibrios macroeconómicos en la UE. El paquete de dos medidas («Two-Pack»), que entró en vigor en 2013, representa un complemento y otorga aún más derechos a la Comisión Europea para controlar los presupuestos nacionales de los Estados miembros.

d) En general, la aplicación de estos instrumentos trajo consigo una dura política de austeridad en la UE, que se evidenció en mayor medida en los países que habían recibido créditos de emergencia (misiones de la troika). La troika, compuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, acordó programas de ajuste en los Estados deudores (reducción del presupuesto, recortes salariales, disminución del gasto social, etc.) y controló su cumplimiento. Para disponer de los sucesivos tramos de los créditos, era indispensable que los países acataran las condiciones impuestas.

e) A través del Pacto por el Euro Plus, los países se comprometieron voluntariamente a realizar reformas para mejorar su estructura económica, sobre todo para aumentar su nivel de competitividad internacional.

Esta política se basó en el análisis que, por un lado, apuntaba a la enorme deuda pública como causante de la crisis de la zona euro y, por el otro, señalaba que los excesivos gastos de varios países de la UE en materia salarial y social habían provocado una pérdida de competitividad. Por lo tanto, desde esa misma perspectiva, la única respuesta posible era un ajuste severo en la política presupuestaria, social y salarial.

Este análisis unidireccional sobre las causas de la crisis olvida que en muchos países la deuda pública se disparó precisamente como consecuencia del colapso financiero mundial de 2008-2009 (caída de la recaudación, gastos de estímulo económico y rescate de bancos), y que algunos de los Estados en situación crítica (España, Irlanda) antes registraban tasas de deuda claramente inferiores a las del modelo alemán. Además, omite que la propia política germana de moderación salarial, situada muy por encima de la media dentro del contexto europeo, contribuyó de manera significativa a generar los desequilibrios de la balanza por cuenta corriente en la eurozona.

Como resultado, esta política orientada a una fuerte restricción de la demanda agregada (reducción del déficit presupuestario, disminución de salarios) produjo una nueva recesión en la eurozona en 2012 y 2013. Los países sometidos a las más duras medidas de ajuste (Grecia, Portugal, Irlanda y España) sufrieron una importante pérdida de ingresos, un aumento vertiginoso de la tasa de desempleo –sobre todo en la población joven– y recortes generalizados en los sistemas de seguridad social.

El desarrollo experimentado en Estados Unidos desde 2008-2009 demuestra que la crisis puede ser combatida de otras formas. Allí, con la ayuda de una política monetaria y fiscal muy expansiva, se alcanzaron cifras de crecimiento y empleo claramente mejores que las de la UE. Mientras la eurozona se encontraba en recesión, EEUU ya había iniciado una recuperación y logrado que el PIB aumentara 2% y 3% en 2012 y 2013, respectivamente. Lo mismo ocurría en torno de la tasa de desocupación: en 2013 aún superaba el 12% en la eurozona, un porcentaje muy superior a la media histórica, en tanto que en EEUU había vuelto a descender para situarse en un nivel inferior a 7%. De acuerdo con el modelo económico ideal, hay dos formas de combatir una crisis. Por un lado, el gobierno y el Banco Central pueden intervenir en la economía real para impulsar la demanda agregada y volver a reducir el déficit presupuestario generado después de encauzar la economía hacia un alto crecimiento (como en EEUU). Por el otro, el Estado puede adoptar una política de austeridad, que en un primer momento agudiza la crisis pero disminuye el nuevo endeudamiento. Actuando sobre la oferta (el desempleo reduce los salarios y los precios), poco a poco la situación económica tiende a estabilizarse (como en la eurozona). Este segundo camino no solo genera un costo social mucho más elevado debido al ajuste (alta desocupación, mayor pérdida de ingresos), sino que además suele ser más lento que la vía alternativa para alcanzar la estabilización.

Aunque también hubo instituciones internacionales (como el FMI) que marcaron estas diferencias y cuestionaron el severo ajuste llevado a cabo en Europa, el gobierno alemán se mostró particularmente inflexible ante las críticas y desestimó las voces que una y otra vez reclamaban que impulsara el crecimiento; también se negó a introducir eurobonos o un fondo de amortización para aliviar la deuda pública de los países del sur del continente. Ambos instrumentos podrían haber reducido los gastos de intereses de los principales deudores y contaban con el apoyo, entre otros, de los gobiernos directamente comprometidos, de Francia y también de la Comisión Europea.

Alemania se opuso además al deseo del sur de Europa que, en el marco de la realización de una unión bancaria en la UE, buscaba permitir una estabilización directa de la banca a través del MEDE. Si se presentaran mayores problemas en algunos países (por ejemplo, en Italia y España) como consecuencia de las «pruebas de estrés» (stress test) que efectuará este año el BCE a la banca, los Estados nacionales deberían salir al rescate y otorgar créditos públicos, como lo han hecho hasta ahora. Aunque en casos de necesidad se puede acceder a fondos del MEDE, la asignación vuelve a estar sujeta a las restricciones impuestas por las misiones de la troika.

Antes de 2026, año en que se prevé completar el fondo de resolución bancaria, no será posible cumplir el principal objetivo inicial de la unión bancaria: separar la deuda pública de la de las entidades de crédito. Esta postura del gobierno alemán es aún más problemática, ya que existe una alta probabilidad de que la gran reestructuración bancaria a la que se enfrentan importantes países (Italia, España, Francia) produzca un recrudecimiento de la crisis en la zona euro.

La política del anterior gobierno alemán apuntaba a la disciplina fiscal y al establecimiento de normas para favorecer la competitividad de los Estados miembros de la UE. Dado que estaba muy marcada por los intereses nacionales, se opuso a todas las voces que demandaban una posición continental más solidaria bajo la forma de eurobonos, un fondo de amortización de la deuda, una política económica y salarial más expansiva y un compromiso directo del MEDE en la reestructuración de la banca. Tampoco tuvo en cuenta las causas estructurales de la crisis en la zona euro, derivadas de la deficiente configuración del Tratado de Maastricht.

La política europea de la administración negro-amarilla no puso el eje en que una moneda única, en definitiva, solo puede existir dentro de una unión política común que cuente con un gobierno económico conjunto y no se limite al aspecto monetario. Por lo tanto, no apoyó los esfuerzos que buscaban democratizar la UE fortaleciendo el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo y desarrollando la Comisión para conformar un gobierno europeo elegido y controlado democráticamente. Tampoco se preocupó demasiado por el hecho de que el sistema de Estados en competencia de Maastricht –con una moneda única, pero con políticas nacionales diferentes en materia salarial, social e impositiva– tiende a generar prácticas de dumping y, por ende, desequilibrios de la balanza por cuenta corriente. El mecanismo introducido en el marco del paquete de seis medidas para evitar desequilibrios macroeconómicos no permite restringir el dumping, porque no sanciona a los Estados con una política de moderación salarial excesiva, sino a los que actúan en ese terreno de manera relativamente expansiva, y privilegia a los países superavitarios frente a los que presentan déficits.

De manera muy generalizada, en Alemania se cree que los países más endeudados crearon sus propios problemas y son responsables por sí solos del déficit en la balanza por cuenta corriente. Este punto de vista niega la influencia de la crisis financiera internacional de 2008-2009, así como la responsabilidad de la política económica y salarial impulsada por el gobierno federal; y va acompañado de la idea de que Alemania sufre fuertes pérdidas debido a las garantías concedidas a las economías en crisis. No se perciben (y, desde luego, no se discuten) las ventajas que Alemania ha obtenido como consecuencia de la crisis: intereses más bajos para su deuda pública, ventajas para las exportaciones por la baja cotización del euro y distribución de beneficios del BCE, que dispone de bonos de alto rendimiento emitidos por los países en crisis. Cabe señalar que, según cálculos conservadores, dichas ventajas representan hasta ahora una cifra superior a los 100.000 millones de euros.

¿Contra las políticas «frías»?

Durante la crisis de la eurozona, el SPD ha desarrollado muchos elementos para conformar una alternativa frente a la política europea imperante bajo el gobierno de Merkel. Estas propuestas aparecen resumidas en la plataforma previa a las elecciones de 2013 para el Bundestag. El SPD critica inicialmente la política «fría» frente a la crisis, señala que el gobierno federal ha obrado como si los problemas de sus vecinos y amigos no interesaran a Alemania en absoluto y exige: «A la fría Europa de la competencia, hay que oponer finalmente una UE que actúe con responsabilidad social». De acuerdo con el programa partidario, la UE requiere una mejora institucional: la Comisión Europea debe dar lugar a un gobierno que sea elegido y controlado por el Parlamento Europeo, en tanto que este último debe obtener un derecho de iniciativa y aprobar las leyes junto con el Consejo en condiciones de igualdad. Desde el punto de vista del SPD, hay que profundizar la unión monetaria y lograr también una unión económica, en la que el euro, el mercado interno y el BCE convivan con un «gobierno económico común» (bajo control parlamentario, para que las medidas sean legitimadas democráticamente en el marco de una política económica y presupuestaria adoptada de manera colectiva). En lo que respecta a la responsabilidad conjunta por las deudas públicas en la UE, el documento señala: «Dado el efecto de los compromisos establecidos por el pacto fiscal para la disciplina presupuestaria nacional, el tema de la responsabilidad conjunta ya no debe ser un tabú».

El SPD sostiene que la economía social de mercado requiere una unión social europea fuerte. Los derechos fundamentales no deben estar subordinados a las libertades en el mercado interno, sino que deben ser prioritarios: «Es necesario establecer contractualmente este principio en el Derecho primario europeo mediante una cláusula de progreso social». El documento en cuestión insta a eliminar el dumping salarial y social, destacando que en Europa debería haber iguales condiciones salariales y laborales para un mismo trabajo. Para evitar el dumping social, el SPD propone implementar un pacto de estabilidad en ese terreno, con especificaciones claramente determinadas para el gasto social y en educación (en función del PIB de cada país); y algo similar sugiere en el caso del salario mínimo, apto para garantizar el sustento de las personas en todos los Estados miembros de la UE, que debe basarse en el respectivo ingreso promedio. Por último, el programa partidario declara: «Queremos cambiar Europa para mejorarla. Una Europa sólida y justa con respecto a las personas debe concentrarse, sobre todo, en las grandes tareas del futuro: el freno a los mercados financieros, el crecimiento sostenible con una industria moderna innovadora e inversiones en el futuro, una política que consolide la paz frente a los vecinos y en el mundo».

En un documento partidario elaborado por la Comisión de Valores Fundamentales del Comité Ejecutivo («Europa debe ser social y democrática: Por una reforma fundamental de la Unión Europea»), ya se sentaban las bases para las reivindicaciones contenidas en el programa electoral. Con una dureza aún mayor que la plataforma de 2013, el texto critica la política de austeridad y reclama una estrategia de crecimiento conjunta («European New Deal»), así como una gestión común de las deudas. De acuerdo con la Comisión de Valores Fundamentales, es necesario convocar a una Convención Constituyente para preparar las modificaciones pertinentes en el Derecho primario europeo.

De este modo, el SPD ha introducido muchos elementos de un programa alternativo a la política europea imperante. Por cierto, hay que tener en cuenta que este concepto fue elaborado y sostenido, sobre todo, por los políticos partidarios especializados en temas continentales. Aunque durante la campaña electoral Peer Steinbrück (candidato a canciller por el SPD) presentó y difundió muchas posiciones afines –reivindicaciones referidas a una idea de crecimiento en lugar de austeridad, a un fondo de amortización de la deuda y a una Europa democrática y social–, la conducción del partido y del bloque nunca estuvo unida en torno de este programa alternativo. Eso se reflejó muy claramente, por ejemplo, en las diferentes opiniones sobre el tema de los eurobonos y la responsabilidad conjunta por las deudas públicas en la UE. Mientras Sigmar Gabriel (presidente del SPD) manifestó temporalmente su apoyo, Frank-Walter Steinmeier (jefe de bloque) se pronunció siempre en contra. A su vez, la dirigencia partidaria nunca defendió con demasiada vehemencia el «New Deal» como alternativa a la austeridad. El «Pacto por el crecimiento y el empleo», impulsado por los socialistas en Europa en 2012 bajo el liderazgo de Francia y considerado como una contraprestación por el respaldo al pacto fiscal, no representa ningún quiebre en relación con la política de ajuste dominante. Se trata de un programa de 120.000 millones de euros, compuesto en 50% por un grupo de fondos ya existentes, provenientes del presupuesto de la UE, y en la otra mitad por créditos de inversión, que el Banco Europeo de Inversiones puede otorgar a agentes privados y públicos en caso de necesidad y ante la correspondiente solicitud. Sin embargo, al mantenerse paralelamente la política presupuestaria restrictiva en la mayoría de los Estados miembros, este «pacto de crecimiento» no logró impedir la recesión en la eurozona. Tampoco se conocen estimaciones macroeconómicas sobre los supuestos efectos de crecimiento que habrían de generarse. Por lo tanto, un año después de su adopción, el acuerdo fue calificado por muchos observadores como un «envoltorio vacío» (v. por ejemplo Sebastien Dullien). Resulta sintomático que la conducción del partido y del bloque del SPD consideren este pacto como su alternativa frente a la austeridad, al mismo tiempo que muchos políticos partidarios especializados en temas europeos reclaman un nuevo Plan Marshall. Estas contradicciones expresan, en definitiva, la división que sigue existiendo dentro de la organización: por un lado, los que defienden las reformas liberales realizadas por el ex-canciller Gerhard Schröder; por el otro, los que impulsan un rumbo izquierdista. Mientras en los documentos relativos a la política continental prevalece el ala izquierda, la comunicación de la dirigencia partidaria aparece dominada por un discurso pragmático sobre Europa. Es por ello que la opinión pública percibió una constante contradicción, porque antes de las decisiones sobre el FEEF, el MEDE y las garantías crediticias para los países en crisis, el SPD era crítico y amenazaba con rechazar las iniciativas, pero luego, en el Bundestag, la conducción del bloque siempre apoyó las propuestas del gobierno de Merkel. Las disputas parlamentarias sobre los instrumentos utilizados por la política gubernamental frente a la crisis jamás fueron aprovechadas por el bloque como una plataforma para transmitir a los ciudadanos el contraproyecto europeo del SPD, tal como se delineaba en las resoluciones de la convención del partido.Debido a estas contradicciones y pese a su postura crítica, el SPD no logró presentar a la opinión pública una alternativa sólida y coherente frente a la política europea del gobierno de Merkel. La línea imperante no solo dispuso entonces de mayoría parlamentaria, sino que también se convirtió en hegemónica desde el punto de vista ideológico.

El programa europeo de la Gran Coalición

Solo estas contradicciones internas en el SPD permiten comprender por qué el acuerdo de la coalición muestra el sello de la canciller Merkel y su ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, y –salvo algunas figuras retóricas insignificantes– no contiene casi ninguna de las propuestas alternativas presentadas en la plataforma electoral del SPD.

Esto ya se manifiesta en el subcapítulo «Europa democrática». En el acuerdo de la coalición no queda rastro alguno de las reivindicaciones del SPD en pos de una unión política con un gobierno elegido por el Parlamento Europeo y un Parlamento provisto de todos los derechos democráticos. En cambio, se señala que la gestión de la crisis en la eurozona debe apoyarse «en las estructuras democráticas de la UE y en la eficaz cooperación de la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y los Estados miembros».

El acuerdo de la coalición tampoco incluye la demanda de un «gobierno económico común» controlado democráticamente. Se habla de las deficiencias de diseño en la unión económica y monetaria, pero se apunta a superarlas no mediante un gobierno común, sino a través de una «coordinación más vinculante» de la política económica y una «política presupuestaria más eficaz», «para combinar competitividad, estabilidad financiera, posibilidad de inversiones futuras y equilibrio social de forma exitosa y duradera». La figura retórica que asocia la competitividad, la estabilidad financiera, las inversiones futuras y el equilibrio social surge como un hilo conductor a lo largo del documento. No obstante, cuando se intenta buscar nuevos instrumentos, capaces de ayudar a concretar estos objetivos, lo único que aparece es la caja de herramientas del viejo gobierno de Merkel, que en caso de duda debe ser utilizada «de manera más consecuente». El acuerdo ofrece un compromiso orientado a fortalecer el pacto de estabilidad y crecimiento, introducir procedimientos de corrección de los desequilibrios y asegurar la supervisión presupuestaria por medio del paquete de dos medidas; en todos los casos, se trata de reformas originadas en los años 2010 a 2013. Además, se promueve un pacto de competitividad, impulsado desde 2012 por el antiguo gobierno y vinculado a reformas estructurales y a un proceso de convergencia. Ese instrumento prevé que los Estados miembros suscriban acuerdos contractuales bilaterales con la Comisión, en los que se comprometan a efectuar reformas estructurales (por ejemplo, en el mercado laboral y en el sistema de pensiones). El estímulo para los países consiste en la concesión de ayuda financiera, que estaría sujeta a un nuevo menú de condiciones y serviría, por ejemplo, para superar las dificultades asociadas al ajuste económico, como la mayor desocupación provocada por las reformas liberales en el mercado de trabajo. Las voces críticas llaman a esto «¡Troika para todos!», y en los Estados miembros también se registra un amplio rechazo. Es por ello que en la cumbre de diciembre de 2013 del Consejo Europeo se postergó por un año más la decisión sobre el proyecto.En lo que respecta a los créditos de ayuda para países en crisis, también permanecen intactas las viejas recetas. «Se mantendrá el principio de que cada Estado miembro es responsable de las obligaciones que ha contraído». Además, el documento señala que los créditos solo deben otorgarse «a cambio de estrictos compromisos, reformas y medidas de consolidación de los países beneficiarios». ¿Dónde quedó la reivindicación del SPD de una «responsabilidad conjunta», que sería viable tras la adopción del acuerdo fiscal? ¿Dónde quedó la crítica a la «fría» política de la troika? ¿Dónde quedó el reclamo de una alternativa frente a la política de austeridad?

Aquí entran en juego los conceptos de «inversiones futuras», «crecimiento» e «innovación», que reaparecen prácticamente en cada página del acuerdo. Sin embargo, el instrumento para llevar a cabo las inversiones no es un «New Deal» para Europa, un Plan Marshall, sino el insípido «Pacto por el crecimiento y el empleo», que ahora debe aplicarse «con determinación», aunque los socialistas europeos ya se habían puesto en ridículo en 2012 y 2013 debido a la escasa relevancia macroeconómica de ese acuerdo.

Finalmente, cabe preguntar qué pasó en el acuerdo de la coalición con las reivindicaciones del SPD relativas a una cláusula de progreso y al pacto de estabilidad social. La cláusula de progreso, que en el Derecho primario habría de adquirir el carácter prioritario de los derechos sociales fundamentales en contraposición a las libertades del mercado, se vio reducida en el texto a una igual categorización de ambas esferas. Y el pacto de estabilidad quedó totalmente relegado. El acuerdo celebra la presencia de los «indicadores sociales» propuestos en 2013 por la Comisión como «marcador (Score Board) de la UE», pese a que ellos no permiten otra cosa más que realizar un análisis «detallado» de los desequilibrios sociales (desempleo, desempleo juvenil, pobreza, desigualdad de ingresos). El enfoque progresista de László Andor, comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, buscaba unir inicialmente estos indicadores a instrumentos vinculantes definidos con exactitud, que servirían para luchar contra los desequilibrios sociales. Sin embargo, de esos planes solo quedó el «marcador», que no es más que una fachada para dar la sensación de que se ha alcanzado la tan ansiada profundización de la dimensión social en la unión económica y monetaria. En realidad, este instrumento no combate los problemas sociales y revela nuevamente una gran brecha entre la plataforma electoral del SPD y el acuerdo de la coalición.

Tampoco se reconoce que el nuevo gobierno debe superar importantes debilidades existentes en la política económica de la vieja administración. Todo indica que será muy limitado el aporte de los proyectos de la Gran Coalición para revitalizar la demanda interna. Particularmente, el gran déficit de la política económica alemana –la tasa de inversión pública inferior a la media europea– solo podría corregirse de manera modesta si se otorgan fondos adicionales a ese sector por un valor de apenas 6.000 millones de euros anuales. Dado el estancamiento de la inversión en educación, salud, transporte y obras públicas, sería necesario aumentar el gasto en 50.000 o 60.000 millones de euros por año. Si se considera el elevado déficit en la balanza por cuenta corriente que exhiben los socios europeos, el programa de inversiones de la Gran Coalición alivia muy poco el problema, ya que solo genera un mínimo estímulo para el crecimiento económico de Alemania y, de ese modo, casi no permite aumentar las importaciones procedentes de los países deficitarios.

De todos modos, la reciente introducción de un salario mínimo legal constituye un gran avance para Alemania en el área del mercado laboral (pese a que en Europa podría considerarse como un proceso de normalización, habida cuenta de que una inmensa mayoría de los países de la UE ya poseen un instrumento de ese tipo). Si el salario mínimo no se ve socavado por numerosas excepciones para jubilados, jóvenes, estudiantes, desempleados de larga duración, etc., para el grupo de trabajadores con bajas remuneraciones significaría un aumento de 7 a 8,50 euros por hora en promedio, es decir, de aproximadamente 20%. Así, Alemania podría sentar las bases para poner fin a su política de dumping salarial frente a los socios europeos también en el sector de bajas remuneraciones. En la evolución general de la retribución por hora, el país ha registrado una «normalización» ya desde 2008.

Solo cuando estas correcciones en materia salarial se inserten dentro de un mecanismo europeo de coordinación, podrá hablarse de un verdadero logro. Una política continental de salarios mínimos debería, por ejemplo, establecer una regla para determinar los pisos remunerativos a escala nacional, ya que los montos dispuestos actualmente por ley difieren significativamente en su nivel relativo. Una vez más, el acuerdo de la coalición decide no ir tan lejos y prefiere retomar la línea del viejo gobierno de Merkel, porque la Gran Coalición solo aspira a «verificar la introducción de normas para los salarios mínimos (...), que deberán organizarse y definirse en el plano nacional».

En síntesis...

La participación del SPD en el gobierno alemán generó, sobre todo en el sur de Europa, grandes expectativas que se han visto amargamente defraudadas. En los puntos esenciales, la vieja gestión de Merkel no se diferencia de la nueva. No hay un cambio político en el tema de la responsabilidad conjunta (eurobonos, fondo de amortización de la deuda), ni en la participación directa del MEDE dentro de la reestructuración de la banca, ni en la delineación de una política económica alemana más expansiva, capaz de aliviar la situación de los países deficitarios. El nuevo gobierno tampoco tiene en cuenta las falencias estructurales de la eurozona, que –conforme a lo señalado en la documentación específica del SPD– sigue estando en riesgo. Si el euro no se inserta en una verdadera unión política y si no hay un gobierno económico común controlado democráticamente, la eurozona no podrá alcanzar una estabilidad duradera. Del mismo modo, si no se establece una coordinación europea de la política salarial y social, que ponga fin al sistema de Estados en competencia, no será posible eliminar las prácticas de dumping. Debido al deficiente diseño de la unión bancaria, los problemas del sector financiero europeo podrían provocar un recrudecimiento de la crisis incluso en el corto plazo.