Opinión

Una cumbre naranja

El 13 de abril comenzará en Lima la octava edición de la Cumbre de las Américas. En una cita que promete acaloradas discusiones, todas las miradas estarán puestas en lo que será el primer viaje de Donald Trump a la región. Venezuela y la lucha contra la corrupción también serán parte de la agenda.

Una cumbre naranja

El 11 de abril de 2015 finalizaba en Panamá la séptima edición de la Cumbre de las Américas, el foro hemisférico de presidentes inaugurado en 1994 por iniciativa del entonces presidente norteamericano, Bill Clinton. Aquella cita tuvo un acontecimiento histórico: Cuba sería invitada por primera vez al cónclave interamericano, en un clima de normalización de relaciones entre Estados Unidos y la isla. En este marco, Barack Obama entraba en su último año de mandato convencido de haber realizado el objetivo que se propuso al asumir: mejorar las relaciones con América Latina después del período de impugnaciones al liderazgo de Washington que había significado la administración Bush. Por entonces, nadie hablaba tampoco de un giro a la derecha ni de una restauración conservadora en la región.

Hoy, claro, el panorama es bien distinto: la imagen de Estados Unidos en el continente se ha desplomado de un 49% promedio en 2016, a un escaso 24% en 2017 –llegando, en casos como el de México, a un 85% de desaprobación-. Sumado a ello, la izquierda ya no cuenta con la legitimidad de la década pasada y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca implicó un retroceso en las relaciones con La Habana. La cumbre de Panamá también significó la última participación del histórico José Miguel Insulza como Secretario general de la OEA. Ahora, será el debut del uruguayo Luis Almagro.

La mayor continuidad entre ambas cumbres tal vez pase por los encontronazos que suscita la delicada situación en Venezuela. En Panamá, los jefes de Estado presionaron para incluir entre los acuerdos un llamado a derogar el decreto norteamericano que declaraba a Caracas como una amenaza a la seguridad. Estados Unidos y Canadá, sin embargo, vetaron la iniciativa y, como en anteriores ediciones, las diferencias hicieron que la conferencia se cerrara sin una declaración final.

Con este antecedente, que parece tan lejano, se llevará a cabo la octava Cumbre de las Américas. La cita será en Lima los próximos 13 y 14 de abril y todo indica que la atención estará puesta en la presencia del nuevo presidente estadounidense. Para Trump, este será su primer viaje a la región en más de un año de mandato, tras las visitas de su vicepresidente, Mike Pence, en agosto de 2017, y del ex secretario de Estado, Rex Tillerson, a principios de 2018. Junto a Trump también hará su estreno continental el nuevo jefe de la diplomacia, Mike Pompeo y, en caso que sea confirmada por el Senado, la flamante subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Kimberly Breier. Ambos, con un prolífico pasado vinculado a las agencias de inteligencia.

La presencia de Trump será una prueba de fuego para dilucidar más sobre la impronta que el republicano pretende otorgarle a las relaciones interamericanas. La política de Estados Unidos hacia la región no escapa a la ambivalencia que caracteriza a la actual administración. Acorde a la reciente Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), el mundo según Trump es un mundo, como en los tiempos de la Guerra Fría, dominado por la rivalidad entre potencias (fundamentalmente, Estados Unidos, China y Rusia). Esto marca un contrapunto con las anteriores administraciones, quienes colocaban al terrorismo como la principal fuente de conflictividad global. En esta línea se entienden las afirmaciones de Rex Tillerson cuando alertó sobre las pretensiones «imperiales de China y Rusia en América Latina». Pero al mismo tiempo, la ESN propone una especie de excepcionalismo interamericano: el hemisferio occidental se caracteriza por un entorno de estabilidad, resultado de Estados democráticos que comparten valores e intereses económicos que, a su vez, reducen la violencia, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Esta visión -propia de los enfoques más liberales- sirve para entender por qué, a diferencia de lo que sucede con otras regiones, la Casa Blanca colocará al «compromiso colectivo con la democracia» como uno de los objetivos centrales de la Cumbre de las Américas. Claro que, en este objetivo, Venezuela será la prioridad.

Asimismo, el reciente anuncio sobre la ampliación del polémico muro en la frontera reavivó las expresiones de rechazo al sur del Río Bravo. México seguramente buscará la solidaridad de sus pares latinoamericanos. El interrogante está en si estos responderán al llamado -como hicieron en la última cumbre de la CELAC- o si tratarán de evitar compromisos que pudieran afectar la relación comercial con Washington. El gobierno argentino, por mencionar un caso, buscará que Trump ratifique en Lima que el país austral quedará definitivamente excluido de la lista de quienes que deben pagar aranceles a la exportación de acero y aluminio.

Sumado a lo anterior, es más que probable que consolidar los vínculos económicos sea otro de los objetivos de Washington de cara al encuentro hemisférico. A pesar de que la postura proteccionista del gobierno norteamericano choca con la mirada globalization-friendly que prima en América Latina, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de más de la mitad de los 34 países del continente. Como dijo alguna vez el magnate inmobiliario: «los negocios son mi forma de hacer arte».

Ahora bien, además de las implicancias que tendrá la presencia de Trump, hay otras cuestiones de carácter que, sin dudas, tendrán un impacto tanto en la dinámica de la cumbre como en los acuerdos que puedan alcanzar los mandatarios.

El tema que ocupa la agenda formal de la cumbre es la «Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción». Según afirma el documento conceptual elaborado para la ocasión, «la corrupción se ha convertido en la nueva amenaza transnacional, por lo que se hace necesaria una cooperación efectiva». El documento también señala «el impacto que han tenido las grandes acusaciones de corrupción sobre la política y la economía de los países del hemisferio». Nada de esto resulta llamativo. Con sus alcances regionales, el caso Lava Jato ha destapado la olla de un asunto que viene escalando posiciones entre las preocupaciones de las sociedades latinoamericanas: según el Informe 2017 de Latinobarómetro, la corrupción aparece como el cuarto problema más importante en la región, llegando en países como Brasil o Colombia a ocupar el primer lugar. Sumado a ello, una decena de presidentes y ex presidentes de la región han sido o están siendo investigados por estar involucrados en negocios espurios.

Uno de ellos es el hasta hace poco presidente peruano y anfitrión de la cumbre, Pedro Pablo Kuczynski, quien debió renunciar luego de ser acusado de comprar votos para evitar su destitución en un juicio político iniciado por sus vinculaciones con el caso Oderbecht. Que el organizador del encuentro haya tenido dimitir por participar presuntamente de una red de sobornos menoscaba los acuerdos que pudieran alcanzarse en materia de lucha contra la corrupción. En un mismo sentido, resultaría paradójico que presidentes como Michel Temer -denunciado por recibir sobornos de empresas- o Mauricio Macri –mencionado en los Panamá Papers como propietario de sociedades off shore- pongan su firma en una declaración que llama a aunar esfuerzos contra este tipo de prácticas.

La salida de PPK también tiene consecuencias sobre otro de los temas calientes de la región: la situación en Venezuela. Kuczynski fue uno de los principales promotores del denominado «Grupo de Lima», un bloque informal de doce países latinoamericanos creado en agosto de 2017 para adoptar medidas frente a la crisis venezolana. En este marco, el ahora ex presidente había decidido retirarle la invitación al gobierno de Nicolás Maduro, a raíz de la «repentina decisión de impedir elecciones libres y democráticas». La renuncia de PPK, por lo tanto, significa un golpe para el Grupo de Lima, quien espera que el cónclave hemisférico sirva para reforzar el aislamiento internacional de Caracas. En la otra vereda, los gobiernos de Cuba, Bolivia, Ecuador y Uruguay –con distintos argumentos- se han opuesto a esta medida. Algunos hacen hincapié en que la exclusión no hará más que profundizar la crisis en el país caribeño; mientras que los más duros sostienen que, en estos términos, la cumbre termina siendo un instrumento golpista contra Venezuela[8].

En definitiva, todo indica que, lejos del clima de empatía que caracterizó a las primeras ediciones, esta cumbre tendrá los condimentos de las últimas versiones: una mezcla de indiferencia, provocaciones y ausencia de consensos. La presencia de Trump, además, puede hacer que Lima 2018 se transforme un hito en la historia de las relaciones interamericanas.


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