Coyuntura

¿Un giro a la izquierda en Chile?

Michelle Bachelet tiene una segunda oportunidad para llevar adelante una serie de reformas que cambien la estructura social y de valores de Chile. A diferencia de lo que se veía en su primer mandato, la disposición social favorable a esos cambios se muestra más acentuada, especialmente entre los jóvenes. Con los datos del 15 de diciembre, ¿la derecha chilena se ha vuelto una «minoría sociológica»? ¿Llevará adelante Bachelet las transformaciones esperadas? La amplitud de los resultados ha generado condiciones políticas e institucionales con las que ningún otro presidente pudo contar en el Chile de la posdictadura.

¿Un giro a la izquierda en Chile?

La victoria de Michelle Bachelet el 15 de diciembre de 2013 –con 62% de los votos– sobre su oponente de la derecha chilena Evelyn Matthei fue contundente. Se trata de la más alta proporción obtenida por una candidatura presidencial en la historia reciente de Chile y de la primera reelección presidencial desde 1932 (con un periodo de diferencia, ya que en Chile no hay reelección sucesiva). Al mismo tiempo, se utilizó por primera vez en una elección presidencial y parlamentaria el sistema de voto voluntario con inscripción automática, que reemplazó el voto obligatorio con inscripción voluntaria vigente desde 1990. Este venía sufriendo un fuerte desgaste por el aumento de la no inscripción de los jóvenes (en 2010, 32% de los mayores de 18 años no estaba inscripto en los registros electorales) y un aumento de la abstención (que alcanzó 13% de los inscriptos en 2010). No obstante, la participación electoral disminuyó en 2013. La abstención alcanzó el 51% en la primera vuelta presidencial del 17 de noviembre y 59% el 15 de diciembre, en la segunda. En este marco, Bachelet obtuvo un mayor porcentaje final que en su primera elección en 2006 (lo que se explica por el derrumbe de la derecha), pero con menos votos (3,5 millones versus 3,7 millones).

Al cabo de los primeros cuatro años de gobierno de Bachelet (2006-2010), los chilenos mantenían una alta valoración de su persona, pero no le dieron la mayoría a su coalición ni a su candidato para la sucesión, el ex-presidente Eduardo Frei (1994-2000). No obstante, la han reelegido al terminar el periodo del centroderechista Sebastián Piñera. Cabe recordar que la tradición política chilena en materia de duración del periodo presidencial ha variado de los cinco años con reelección (entre 1833 y 1871) a los cinco años sin reelección –para disminuir el entonces intenso intervencionismo electoral del gobierno–, y luego a los seis años sin reelección fijados por la Constitución de 1925, mandato vigente hasta el golpe militar de 1973. En la Constitución pinochetista de 1980 estaba originalmente previsto que el periodo presidencial durase ocho años. Los pactos de transición de 1989 establecieron, no obstante, un primer periodo de cuatro años y luego una norma permanente de seis años. El Parlamento volvió a reducir en 2005 el mandato presidencial a cuatro años, para hacer coincidir las elecciones presidenciales y las parlamentarias y sus periodos respectivos de ejercicio, con excepción de los senadores, que duran ocho años en sus cargos (el Senado se renueva cada cuatro años por mitades). No se incluyó el mecanismo de reelección inmediata y se mantuvo la posibilidad de reelección una vez transcurrido un periodo presidencial completo.

A la luz de los resultados, ¿fue el gobierno de derecha moderada de Sebastián Piñera solo un paréntesis explicable por el desgaste de 20 años de gobierno de una misma fórmula política, la Concertación de centroizquierda cada vez más inmovilizada? ¿Está la derecha, con su 38% de los votos de 2013 (el porcentaje más bajo desde el 35% de 1993 y el 36% de 1970), distanciada de los valores y aspiraciones de la sociedad chilena contemporánea, lo que explicaría que en solo cuatro años perdiera 1,5 millón de votos? ¿Constituye definitivamente una minoría sociológica? Desde la salida de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, la coalición de dos partidos conservadores ha estado dominada por una corriente vinculada al integrismo religioso y a la defensa de las políticas de los economistas de la Escuela de Chicago. Estos dirigieron la escena político-económica chilena en las décadas de 1970 y 1980 y realizaron radicales reformas desreguladoras promercado. Más tarde esta corriente se transformó, bajo la denominación de Unión Demócrata Independiente (UDI), en la principal fuerza parlamentaria de la oposición a la Concertación y elaboró una propuesta centrada en la gestión de los asuntos cotidianos, reacia a las reformas democráticas. El otro partido conservador, bautizado Renovación Nacional (RN), permitió la coexistencia en su seno de adherentes al régimen de Pinochet y de una nueva generación, por mucho tiempo minoritaria, que se propuso construir una centroderecha democrática. A ella se adscribió Piñera en 1989 para iniciar, como senador por Santiago, un proyecto presidencial que tenía pocas posibilidades de desarrollo en su corriente de origen, la Democracia Cristiana (DC), a pesar de sus prácticas empresariales cuestionables y su pragmatismo a la hora de desarrollar su ambición presidencial, sin ataduras con la dictadura militar o con posturas culturales ultramontanas.

Se puede conjeturar que la sociedad chilena no es hoy conservadora ni comparte los valores de la derecha, y eso es lo que determinó la derrota, más que la gestión de Piñera en el gobierno. Este logró un crecimiento promedio de 5% del PIB, creó 800.000 empleos, realizó algunas reformas sociales como la ampliación del subsidio posnatal y la disminución del pago de cotizaciones de salud para los jubilados de menos ingresos, mientras endureció las condiciones carcelarias de los militares de más alta jerarquía condenados por violaciones a los derechos humanos. Pero la derecha, en medio de agrias disputas internas, perdió a más de un tercio de sus votantes.

En la Universidad de Santiago (con Ipsos), preguntamos a fines de octubre de 2013 a una muestra representativa de ciudadanos sobre una serie de valores sociales. Una gran mayoría (70%) opinó que hay que «reformar de manera importante» la sociedad. Los que además quieren «cambiarla totalmente» son más (18%) que los que creen que hay que «hacerle cambios menores» o «dejarla como está» (12%). Los factores que podrían ser constitutivos de un mundo mejor más mencionados son «igualdad», «respeto por el otro», «trabajo», «seguridad» y «respeto por los derechos humanos», ubicados lejos por sobre la «responsabilidad individual» o la «autoridad». Se observa además una opinión abrumadoramente mayoritaria en favor de la gestión pública de los servicios básicos y de la salud, las pensiones y la educación y en favor de que los recursos naturales (el cobre, el litio, el agua, la energía) sean exclusivamente de propiedad estatal. 33% está a favor del matrimonio igualitario y otro 31% está a favor del Acuerdo de Vida en Pareja, mientras solo 25% se opone a alguna de estas fórmulas. Apenas 14% se opone a cualquier forma de aborto. En estos temas, al cabo de cuatro años de gobierno, la coalición de derecha tuvo poco que decir. Los valores que prevalecen en la sociedad chilena no son los tradicionales del mundo conservador, precisamente los que la ex-ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, defendió en esta elección, al punto de que durante esta campaña llegó a afirmar que, en caso de llegar al gobierno, «no haría nada contrario a la Biblia».

Las principales preocupaciones de los ciudadanos sobre el devenir del país son las desigualdades sociales, el sistema educativo y el de salud, mientras que las principales preocupaciones personales son la educación de los hijos y la delincuencia, que Piñera había prometido disminuir drásticamente, sin obtener logros. 68% considera que Chile es un país «muy desigual». La mayoría acepta un aumento de los impuestos para financiar una educación gratuita, reformar el sistema de salud y de previsión social y aumentar las ayudas a los más necesitados. Lo que volcó otra vez la opinión ciudadana a favor de Bachelet fueron los valores y aspiraciones presentes en la sociedad que encontraron en ella y en su coalición ampliada una mejor respuesta, o en todo caso la más viable y seria, entre una oferta bastante variada (que incluyó al ex-diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, que se negó a pactar con la Nueva Mayoría y obtuvo 11% de los votos, frente al 20% que consiguió cuatro años atrás). Bachelet volverá a La Moneda con más experiencia, con la más amplia coalición política que conozca la historia reciente (y que va desde la DC hasta el Partido Comunista), con plena legitimidad y con un mandato programático claro, que planteó en tres elecciones sucesivas en 2013 (la primaria de la Nueva Mayoría de julio y la primera y segunda vueltas presidenciales de fin de año): lograr prioritariamente en su nuevo gobierno una nueva Constitución, una reforma educacional y una reforma tributaria.

Para ello, dispone de lo que no tuvo ningún gobierno desde 1990: una mayoría cercana a los 4/7 en ambas cámaras para cambiar las principales legislaciones, incluyendo las leyes orgánicas constitucionales supramayoritarias, aunque no para cambiar la Constitución o llamar a una Asamblea Constituyente de acuerdo con la letra de las normas vigentes. En todo caso, dispone de mayorías simples para cambios tributarios y laborales. El gran interrogante político es si se trata de una mayoría teórica o de una sustantiva, capaz de expresarse en votos suficientes en el Parlamento para las reformas principales.

La gestión política del primer gobierno de Bachelet coincidió con la división de tres de los cuatro partidos de su coalición, lo que se tradujo en la pérdida de mayoría en ambas cámaras. Seguramente, la lección está aprendida para buscar en esta etapa una gestión política integradora, no divisiva y comprometida con las promesas hechas a los ciudadanos. La alineación de mayorías parlamentarias dista mucho, además, de ser automática hoy en Chile, dada la relajación de los factores de cohesión que emanaron de la confrontación dictadura/democracia, junto con los grados crecientes de fragmentación partidaria. Esto se traduce en que, a pesar de un sistema electoral fuertemente penalizador de las minorías, las directivas partidarias no siempre obtienen disciplina de voto de sus parlamentarios, los que a su vez pueden abandonar su partido de origen sin perder el escaño durante la legislatura. Esto fue especialmente difícil para Bachelet durante su primer gobierno, cuando, a mitad de periodo, perdió su mayoría parlamentaria por escisiones en los grupos de la DC (vinculados al senador Adolfo Zaldívar), del Partido por la Democracia (el senador Fernando Flores) y el Partido Socialista (el senador Alejandro Navarro y, más tarde, el senador Carlos Ominami).

La entrega de la conducción económica a tecnócratas sin partido pero contrarios a reformas estructurales tal vez se corrija en este segundo gobierno con un equipo que articule a los actores de la producción para enfrentar los desafíos de corto plazo, que vienen de un contexto externo con dificultades, así como los desafíos de largo plazo, que incluyen la necesidad de mejorar la distribución primaria del ingreso (con reformas laborales y al emprendimiento) y la distribución secundaria (con reformas tributarias progresivas y programas sociales universales), además de acelerar el crecimiento usando las rentas de los recursos naturales –que hoy se regalan a empresas transnacionales– para invertirlas en Chile en más economía del conocimiento y de la innovación.

La nuevamente presidenta Bachelet quiso reconocer, en el discurso pronunciado la noche de su segunda victoria, que ante la fuerte abstención, el sistema político necesita recuperar la confianza ciudadana, y mencionó un tema crucial: el respeto por la veracidad de la palabra. La política democrática se fue transformando en Chile en las últimas décadas en un proceso que terminó haciendo de la necesidad (salir pacíficamente del atolladero de la dictadura) una virtud (dejar de combatir una institucionalidad antidemocrática, incluso en algún caso validándola y defendiéndola, y haciendo lo propio con el modelo económico neoliberal y la gigantesca concentración económica a que ha dado lugar). Los ciudadanos fueron poniendo en duda la veracidad del discurso democrático y de su promesa primordial y fundacional de dejar atrás la herencia de «democracia protegida» y de Estado mínimo que tan hábilmente construyó en la Constitución de 1980 el grupo de civiles de ultraderecha que apoyó a la dictadura militar. Muchos ciudadanos terminaron dándole la espalda a la participación en democracia. Tomando el desafío, el 15 de diciembre la presidenta electa le ha propuesto al país iniciar la reversión de esta situación, que refleja un escepticismo generalizado sobre las posibilidades transformadoras de la acción política, especialmente entre las jóvenes generaciones, a pesar de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y de la entrada al Parlamento de cuatro de sus dirigentes más representativos.