Tema central

Testimonio: nuevos colonialismos en América del Sur y África. Radiografía de la megaminería

Una de las características del capitalismo del siglo xxi es el auge del extractivismo, un fenómeno que no es nuevo pero que se ha reconfigurado al calor de las necesidades de la economía y el mundo global. El actual boom de los precios de las materias primas ha redibujado territorios, en el marco de leyes benévolas para las empresas extractivas. África y parte de Sudamérica son objetivo de firmas multinacionales que articulan intereses políticos, económicos y a menudo militares para llevar adelante sus negocios.

Testimonio: nuevos colonialismos en América del Sur y África. Radiografía de la megaminería

Argentina nunca fue un país minero (no confundir con un país con minerales). Sin embargo, en la actualidad presenta territorios subastados y ocupados por unas 80 megacorporaciones dedicadas especialmente a la extracción metalífera, la mayoría canadienses y del «club» de las Islas Británicas (Commonwealth). En 2011, los proyectos mineros argentinos sumaban más de 200, en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación, o esperando luz verde. De ellos, unos 60 corresponden a las provincias norteñas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, medio centenar aún pretende operar en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y los restantes se desarrollan en las patagónicas provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que examinan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con una inexplicable laxitud legal: las cifras extractivas estremecen por el volumen de la devastación que se practica no solo en Argentina sino en el conjunto de América Latina. Gas, petróleo, bosques, biodiversidad, minerales, agua y suelos fértiles fueron siempre los objetivos recurrentes de la política colonial, situación que hoy se magnifica con claridad en su adaptación neoliberal a través de reflotadas «invasiones» en nueva versión. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile firmado por Carlos Menem y Eduardo Frei en 1997 es un buen ejemplo de neocolonialismo. Se trata de un instrumento legal que cede literalmente la Cordillera de los Andes a las firmas transnacionales y transforma vastos territorios en un virtual «tercer país» con legislación y código propios de funcionamiento: 4.441 km de frontera argentino-chilena y una franja de unos 150 km a cada lado componen ese nuevo territorio regido por el extractivismo. En el resto de la geografía argentina, las corporaciones mineras obtuvieron ventajas que no rigen para las otras actividades comerciales: un paquete de disposiciones jurídicas y un código minero, encabezados por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, les permiten pagar regalías paupérrimas, las eximen de impuestos y gravámenes, les facilitan obtener subsidios en insumos y reintegros por exportaciones, al mismo tiempo que tributan con declaraciones juradas –con la evidente posibilidad de fraguar los datos- una vez que los bienes extraídos arriban al país de destino y no al atravesar la aduana. Las corporaciones mineras eluden, en definitiva, los controles reales que deberían tutelar las exportaciones. Un importante matutino porteño lo destacaba ya hace años con inocultable sorpresa: «los propios representantes de las empresas mineras comentaron públicamente que Argentina supera en oportunidades de negocios a Australia y a Estados Unidos merced a un marco legal conveniente en materia económica y fiscal, y flexible en el terreno medioambiental»1. América Latina padece las «invasiones» mineras porque la tecnocracia globalizada de las corporaciones descubrió la manera de extraer los minerales de baja ley, minerales críticos y estratégicos que faltan en el Norte y que abundan en partículas diseminadas en territorios del llamado Sur, a los que se accede dinamitando extensos ecosistemas, pulverizando rocas, destruyendo glaciares, expulsando a comunidades y contaminando con una sopa química las nacientes de acuíferos y las napas en las áreas donde se ejecuta la actividad extractiva. Todas las manifestaciones mineras registradas en las direcciones de los organismos provinciales respectivos figuran como polimetálicas; yacimientos de oro, plata, cobre y uranio contienen también minerales como molibdeno, renio y las llamadas «tierras raras», generalmente de mayor relevancia que el mineral madre motivo de la explotación. Del socavón de antaño se pasó a la minería a cielo abierto, y el open pit hegemonizó nuevos paisajes y convirtió territorios en verdaderos quesos gruyer. Los estragos que produce esta nueva minería, que desecha la linterna en el casco del obrero, son considerables: requiere de mayores volúmenes de agua, más energía para movilizar equipos y plantas y, cuanto más baja es la denominada ley mineral, de mayor cantidad de compuestos químicos con cianuro y ácido sulfúrico, más voladuras y más escoria arrumbada en los alrededores: por cada anillo de oro la minería abandona unas 20 toneladas de escombros, cúmulos de contaminación e impacto ambiental en todos los órdenes. Como señalamos, las transnacionales mineras pagan en función de lo que informan en sus declaraciones juradas, pero además, aunque se les aumente el canon, miles de proyectos dejarán un pasivo ambiental a perpetuidad. No se trata de unas pocas explotaciones capaces de comprometer un ecosistema; son cientos de mineras y subsidiarias que intentan operar en una misma provincia. «Pueblo minero, pueblo mísero», decía un antiguo proverbio del pasado europeo que repetían acongojadas comunidades mineras de asturianos y vascos. Sin embargo, el actual boom latinoamericano es presentado como un proceso razonable por medio del cual los recursos deben ser arrancados de la tierra a cambio de trabajo y de ingresos escasos. Se les dice «recursos» porque se puede acudir a ellos, recurrir a ellos, pero ¿debemos hacerlo? ¿Quién lo decide, quién lo propone y por qué? ¿Con qué derecho se justifica semejante impacto y dolo si 86% del oro termina en las estanterías de los joyeros y la mayor parte del 14% restante, en las bóvedas de los bancos? Solo una minúscula porción (3%) del 14% remanente se utiliza en la industria. ¿Se acude al recurso o, en realidad, al bien común? La actual minería a cielo abierto extrae arrasando, apela al ecosistema y destruye su complejidad para obtener los bienes que son comunes a todos los habitantes. Las riquezas existentes en el planeta no son recursos naturales, son bienes comunes, pero en el debate nos dirán (ya lo hacen) que las viviendas, las rutas, los vehículos y los electrodomésticos, todo proviene de la minería y, en gran parte, de la minería metalífera. De modo que –proclaman los defensores más eufóricos– la irracionalidad y la demencia del ecologismo fundamentalista nos quieren hacer retornar a la Prehistoria; pero estos argumentos en realidad ocultan, por ejemplo, que el agua vale más que el oro y que la actividad minera la agota en regiones que solo cuentan con un par de oasis, como las provincias cuyanas de Mendoza y San Juan.

  • 1. La Nación, 19/4/1996, en el marco de la conferencia «Haciendo minería en la Argentina».