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Subsidiando posposiones fatales

Luego de años de crisis tras el derrumbe de la Unión Soviética, Cuba atraviesa hoy un periodo de cierta bonanza, alentado por la política de subsidios petroleros de Venezuela y las iniciativas venezolanas como el ALBA, que contribuyen a romper su aislamiento internacional. Como resultado, se han implementado algunas políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos y se produjo un cambio en la elite tecnocrática que había conducido la apertura económica de los 90. Sin embargo, más allá de los beneficios inmediatos, los subsidios implican dejar de lado actividades económicas dinámicas, contribuyen a frenar la renovación política y terminan por posponer reformas cruciales para el futuro de la isla.

Subsidiando posposiones fatales

Aunque como parte de nuestra cultura de pequeña isla los cubanos siempre hemos cultivado –sin sonrojos– una ambición «histórico-universal», aquella consigna me llamó poderosamente la atención. Estaba dibujada en la vidriera de una oficina de turismo, justo frente al histórico hotel Habana Libre. Daba la bienvenida, con todo el optimismo del mundo, a un «milenio de victorias».

Dado que el gobierno cubano estableció casi por decreto que por razones severamente cronológicas el nuevo milenio no llegaría hasta 2001, y que por lo tanto no podría ser celebrado hasta entonces, es presumible que el cartel haya sido escrito a fines de 2000. Si fue así, el milenarismo del autor pudo haber estado alimentado por hechos como el regreso a la patria del niño Elián González tras una agotadora campaña de movilización nacional, la firma del primer Programa Integral de Colaboración con Venezuela, el anuncio de un inminente convenio militar con China y el resurgimiento de Fidel Castro al frente de una llamada «batalla de ideas» destinada supuestamente a construir «verdaderamente» el socialismo, tras un largo e inexplicable preámbulo de cuatro décadas durante las cuales la retórica oficial afirmaba que era eso lo que se estaba haciendo, aunque ahora se afirme que no fue exactamente así.

Reconozcamos que no le faltaban razones al entusiasta autor para sentirse cortejado por el futuro. Estaba ante un escenario mucho más confiable y previsible que el de la última década, cuando los itinerarios económicos eran muy confusos, el discurso oficial hablaba torpemente de los «burgueses solidarios» y el propio presidente parecía apagado por el peso de los años y las circunstancias. Sin embargo, es dudoso que las razones fueran suficientes (tampoco lo son hoy) para extender la victoria a un plazo tan largo como lo es un milenio, es decir diez siglos.

Algunas razones para una visión menos optimista se explican en este artículo, que analiza los cambios que el nuevo escenario económico internacional ha provocado en la conducción de la economía cubana, en los balances de fuerza entre las diferentes fracciones de la clase política, en la institucionalidad y en la construcción del consenso. Y, también, la manera en que este escenario de recursos relativamente abundantes incide en el desenvolvimiento de los nudos contradictorios de la economía, la sociedad y la política. Una hipótesis central es que la captación de un mayor excedente económico ha significado un alivio para la siempre tensa economía insular, con implicaciones positivas para los sectores sociales más deprimidos de la sociedad cubana. Pero, al mismo tiempo, ello ha implicado la postergación de estos problemas al costo de un enrarecimiento de la situación que, finalmente, hará mucho más cara cualquier posible solución.

Cuando el mundo se vuelve más seguro

El dato más significativo de la actualidad cubana es la aparición de un aliado incondicional que no solo tiene la intención de apoyar la «revolución continental» y ayudar a la hambrienta economía insular, sino que también tiene los recursos para hacerlo debido a su condición de país petrolero, en un momento de alza espectacular de los precios de los combustibles. En segundo lugar, también es relevante la irrupción de otros actores económicos y políticos que comienzan a moverse en torno de la isla y sus recursos, actuales y potenciales.

Aunque se trata de variables independientes de la voluntad de los dirigentes cubanos, no son necesariamente regalos celestiales inesperados. Por un lado, no pueden ignorarse los esfuerzos cubanos por construir un marco más auspicioso de relaciones con la nueva izquierda latinoamericana y con otras potencias emergentes, especialmente con China. Tampoco puede ignorarse –y ello es quizás lo más significativo– que, al comenzar el nuevo siglo, Cuba había logrado alejar el peligro del colapso económico y político, al que apostaron alegremente los grupos derechistas estadounidenses y los de la comunidad cubana exiliada. Para ese entonces, el país contaba con un nivel apreciable de inserción en la economía mundial, principalmente a través del turismo, con relevantes desarrollos en tecnologías de punta y con una economía que crecía de manera discreta pero sostenida, estimulada por fuentes diversas de financiamiento, incluida la inversión extranjera. Con sus 1,2 millones de técnicos medios y sus 700.000 graduados universitarios, el país estaba en condiciones de ofrecer algo a cambio del reacomodo en proceso.

El primer dato que expresa este reacomodo favorable fue el anuncio de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), mencionada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2001, y proclamada oficialmente en diciembre de 2004. Sus doce artículos programáticos son totalmente congruentes con la vieja aspiración de los dirigentes cubanos de crear un frente latinoamericanista contra la hegemonía de Estados Unidos y los avances del ALCA, y hacerlo con recursos suficientes. Es lo que Pedro Monreal (2006) ha llamado la «matriz bolivariana».

Desde la firma del primer Convenio Integral de Cooperación Cubano-Venezolano en octubre de 2000, Cuba comenzó a recibir cantidades apreciables de petróleo que, para 2004, ya ascendían a 53.000 barriles diarios, un tercio del consumo nacional. Al año siguiente, la cifra se ubicó entre 80.000 y 90.000 barriles, el equivalente a la mitad del consumo. Como la producción nacional continuó creciendo, Cuba se encontró en la privilegiada posición (como en los lejanos tiempos soviéticos) de no solo ser inmune a las tendencias alcistas de los precios del petróleo, sino de beneficiarse de ellas. Y, al mismo tiempo, obtuvo otros beneficios adicionales, como créditos blandos para importaciones e inversiones, fomento a las empresas mixtas y protección para algunos de sus productos en el mercado venezolano, en virtud de los Tratados de Comercio de los Pueblos. A cambio, Cuba provee a Venezuela, en el marco de cerca de 200 proyectos de cooperación, de su recurso más abundante: personal técnico, básicamente en las áreas de salud, educación y deportes. Solo en el primer campo, se reportaba la presencia en Venezuela de 26.000 profesionales de la salud, es decir, más de la mitad de los médicos que trabajaban en el subsistema de salud primaria en la isla.

Además, en 2004 Cuba firmó una serie de acuerdos muy beneficiosos con la República Popular China. Aunque estos tratados no igualaban la generosidad de la cooperación venezolana –siempre los vínculos con China han estado enmarcados en una relación de mercado–, de todos modos fueron importantes para acceder a productos chinos que inciden en una mejora del consumo popular: equipos electrodomésticos, ómnibus, trenes, etc. A fines de 2004, el presidente chino, Hu Jintao, viajó a Cuba para presidir un Foro de Inversión y Comercio del que participaron representantes de unas 100 empresas; en él se acordaron o ratificaron acciones conjuntas en once áreas de negocios, entre ellas la agricultura, las telecomunicaciones, la biotecnología, el turismo y la industria ligera.

Pero quizás lo más significativo fue el interés por el níquel. Cuba posee uno de los mayores yacimientos de este mineral del mundo, y China no logra satisfacer su alta demanda. En principio, los chinos se comprometieron a adquirir 4.000 toneladas anuales de sínter de níquel y anunciaron una inversión de cerca de 2.000 millones de dólares para la explotación de los yacimientos metalíferos en la provincia de Camagüey, con una provisión anual planificada de 23.000 toneladas. Dado el alto consumo de este mineral por la industria china, estos acuerdos representan un vínculo estratégico.

Finalmente, desde 2002 comenzaron a crecer las expectativas ante la posible existencia de petróleo de buena calidad en la plataforma submarina cubana. Sus 112.000 kilómetros cuadrados, divididos en 51 bloques, han atraído la atención de empresas de Brasil, España, Canadá, Noruega, la India y, por supuesto, China y Venezuela. Según los cálculos del US Geological Survey, podría haber una reserva de 4.600 millones de barriles de petróleo y unos 10.000 millones de metros cúbicos de gas. Esto no significa que Cuba pueda convertirse en un país petrolero en el corto plazo. Entre los comienzos de las perforaciones y el hallazgo de petróleo pueden transcurrir más de cinco años. Los costos, por otra parte, son elevados, por lo que la recuperación de las inversiones lleva un lapso considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de perforaciones a todo riesgo.

De todos modos, no hablamos aquí de un cálculo económico simple. En primer lugar, porque la sola existencia de un potencial petrolero comprobado otorgaría una mayor solvencia y convertiría a Cuba en sujeto de crédito en el sistema financiero internacional. De hecho, en 2006, 400 millones de euros en bonos de la deuda cubana fueron admitidos en el mercado de valores de Londres, en lo que fue considerado un inusitado reconocimiento a la mayor solidez de la economía isleña.

En segundo término, el descubrimiento de petróleo quizás permita al gobierno cubano obtener algo que ha buscado durante años comprando productos agrícolas a los granjeros republicanos del Medio Oeste: el levantamiento incondicional del bloqueo. Apenas conocido el interés chino por el petróleo cubano, varias grandes compañías estadounidenses, apoyadas por algunos congresistas, comenzaron a alertar sobre la improcedencia de una política de bloqueo en un momento en que chinos y europeos están monopolizando el petróleo en el «lago americano». Así, el American Petroleum Institute –grupo de cabildeo que representa a compañías como Exxon y Chevron– ha comenzado a manifestarse en contra del embargo, mientras que otras empresas han empezado a opinar; entre ellas, la tan controvertida como políticamente influyente Halliburton Co. (Newton).

La contrarreforma económica

Uno de los efectos estructurales más visibles del reacomodo económico cubano ha sido la paralización (y en ocasiones la reversión) de la reforma económica que, paradójicamente, hubiera encontrado en este escenario de recursos relativamente abundantes una oportunidad para incrementar su efectividad y disminuir sus costos.

El proceso de reforma económica, inaugurado a principios de los 90, ha sido discutido en muchas ocasiones, con menos vítores que reservas (Carranza et al.; De Miranda 2000 y 2003; Dilla Alfonso 1999; Dirmoser/Estay; Monreal). Con independencia de los posicionamientos teóricos e ideológicos de los autores, las críticas abarcaron un amplio abanico de cuestiones. En general, alertaban acerca de la parcialidad de los cambios (y, por consiguiente, de la persistencia de solapamientos asistémicos muy disfuncionales) o, desde la izquierda, se concentraban en los costos sociales y la centralización política que impedía el despliegue de organizaciones populares autónomas.

No obstante, los analistas reconocían que la apertura indicaba una voluntad política de avanzar hacia metas insoslayables de eficiencia económica y vinculación con el mercado mundial capitalista. Y reconocían algunos logros, como la creación de una institucionalidad más adecuada a la nueva dinámica económica, la descentralización parcial de las empresas, el fomento de la inversión extranjera en empresas mixtas, la extensión de la actividad privada en las microempresas y el desarrollo del turismo y otras actividades que vinculaban la economía nacional con el mercado internacional. Y, finalmente, coincidían en que fue debido a estos logros que la economía cubana detuvo su declive e inició una lenta recuperación en la segunda mitad de los 90.

Pero apenas la economía comenzó mostrar algunos síntomas de recuperación, el avance de la reforma se hizo más lento y tortuoso y desde 2000, con el comienzo de la llamada «batalla de ideas» y los subsidios venezolanos, su implementación fue congelada: la conducción de la economía quedó supeditada a una agenda de prioridades manejada directamente por el presidente y sus más cercanos colaboradores. La tenue, pero alentadora descentralización empresarial contemplada en el programa de reformas implementado por los tecnócratas, alentados principalmente por las Fuerzas Armadas, sucumbió al calor de una fuerte centralización financiera. La mejor expresión de este nuevo esquema fue la creación, en enero de 2005, de una «cuenta única de ingresos de divisas del Estado», hacia donde va toda la moneda fuerte captada por las empresas y a la que hay que solicitar cualquier necesidad puntual para fines de inversión.

En resumen, la matriz bolivariana y las perspectivas de ingresos petroleros mayores han contribuido a la posposición de la agenda de reestructuración económica y parecen contribuir, como en la época soviética, a compensar las descomunales ineficiencias de la economía nacional, a crear artificialmente un fondo mayor de consumo social y a financiar planes de dudoso éxito, tan comunes en la historia económica de la Revolución Cubana. La dirigencia, en suma, se resiste a aprovechar la oportunidad para producir un salto hacia el desarrollo.

Pero no se trata solamente –ni siquiera principalmente– de la pérdida de oportunidades potenciales, sino de la posibilidad real de que la contrarreforma conduzca a la reversión de los espacios económicos logrados en la década precedente y de los consiguientes vínculos con el mercado mundial, particularmente en el turismo. Como ya advertimos, la idea de que Cuba se consolide como proveedora de servicios técnicos a escala continental es más una posición frente a la realidad que una descripción de ella. Objetivamente, si Cuba puede ocupar un lugar de esa naturaleza en el ALBA es porque acumula un fondo de recursos humanos muy apreciado. Pero la conversión de ese capital humano en recurso exportable a escala significativa solo ocurre bajo una fuerte motivación política. Perder de vista esta eventualidad y enfatizar esto en detrimento de otras actividades dinámicas podría tener un costo muy alto, que se hará sentir cuando desaparezcan las condiciones políticas y económicas excepcionalmente favorables que hoy recrean la confortable adscripción al ALBA. En ese sentido, existen señales indiscutibles de que el gobierno cubano ha comenzado a considerar que factores como el turismo, las remesas y la inversión extranjera son recursos prescindibles, cuya ausencia arrojaría más beneficios que costos.

La reestructuración de la elite

Como puede suponerse, los cambios ocurridos en el marco de la reforma económica no eran simplemente económicos, como tampoco lo son los que hoy caracterizan la contrarreforma. Todos ellos han implicado nuevas maneras de discurrir de la política, si por ella entendemos la interacción contradictoria de los actores por el control de los recursos y los valores. Y han implicado, también, transformaciones sustanciales en la composición y en los balances de fuerza de los distintos grupos dentro de la clase política.

Durante la época soviética, la clase política cubana se había caracterizado por una monótona continuidad, hasta que en 1986, en el marco del «proceso de rectificación», comenzaron a producirse nuevos reclutamientos, en su mayoría provenientes de la organización juvenil del partido y de las jefaturas provinciales, mientras que algunas figuras históricas se convertían en piezas de museo. Pero fue sobre todo desde los 90, con la crisis y la apertura económica moderada, cuando se generó una reestructuración más significativa y, por consiguiente, una distinción más clara de sectores dentro de la elite y la clase política, en todos los casos en relación con el espinoso tema de la economía.

Un primer sector importante de la burocracia del Partido Comunista, y en particular en su secretariado, abogaba por una planificación centralizada al estilo soviético. Un segundo sector, apegado al modelo chino y anclado en las Fuerzas Armadas, apoyaba una apertura mayor al mercado, la inversión extranjera y la descentralización empresarial. Como es habitual, Fidel Castro, junto con un grupo reducido de colaboradores, arbitraba el proceso, tomando decisiones de apertura sin compromisos especiales.

La crisis y las medidas de emergencia y recuperación adoptadas dieron un espaldarazo a los militares y a los tecnócratas. En 1991 fue abolido el secretariado del Partido Comunista, un artificio institucional de control en manos de los sectores conservadores; en 1992 se produjeron los cambios constitucionales de adaptación a las nuevas circunstancias; en 1993 y 1994 se dictaron varias medidas liberalizadoras; y en 1994 comenzaron los ajustes. Desde sus numerosas empresas, los militares dieron inicio a un proceso de perfeccionamiento empresarial que comenzó a ser aplicado en compañías civiles, aunque a un ritmo pasmosamente lento. La fracción aperturista de la clase política asumió el peligro de los costos sociales mediante políticas liberalizadoras de autoempleo y recepción de remesas, mientras que el temido ascenso de una clase capitalista fue conjurado de momento mediante el reclutamiento de los tecnócratas y empresarios desde sus propias filas y entre los cuerpos de seguridad.

Pero así como la reforma se detuvo en las nuevas circunstancias económicas, el sector tecnocrático comenzó a acumular más cicatrices en sus cuerpos que muescas en sus revólveres. Esto se ha reflejado en la pérdida de posiciones de las figuras políticas vinculadas a este sector, los retrocesos institucionales y, finalmente, el surgimiento de una institucionalidad paralela, directamente controlada por el presidente. En primer lugar, se han intensificado las remociones de dirigentes estatales y partidistas. El caso más significativo, ocurrido en 2004, fue el de Marcos Portal, ministro de la Industria Básica (energía, minería, petróleo), que había logrado notables éxitos en su gestión y había extendido su influencia a todos los órganos máximos de toma de decisiones: el Buró Político del Partido, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Perfilado como la figura reformista más sólida dados sus vínculos de negocios con los mayores inversionistas extranjeros y sus relaciones personales con la familia Castro, Portal fue acusado de autosuficiencia y arrogancia. Finalmente, su lugar fue ocupado por una persona proveniente del círculo más estrecho de colaboradores del presidente.

La sustitución de Portal fue seguida por un gambito: la sustitución del ministro de Turismo por un tecnócrata ligado a los militares. Pero ese avance fue la última demostración de vigor de los uniformados. Desde fines de 2005, se ha producido una serie de reemplazos de dirigentes partidarios y estatales que ha llevado en poco tiempo al retiro político de cuatro ministros y cuatro dirigentes del Partido Comunista, uno de los cuales, miembro del Buró Político, terminó condenado a 12 años de prisión acusado de tráfico de influencias. Vale la pena anotar que éste ya ha sido el tercer miembro de la máxima instancia de poder político que ha sido removido desde el último congreso partidario de 1997, un verdadero récord para la política local.

El proceso de recentralización del poder en un grupo cercano al presidente con el apoyo de la vieja guardia conservadora ha implicado también posposiciones y cambios inusitados. Un ejemplo de ello es la reiterada postergación del VI Congreso del Partido Comunista que debió realizarse en 2002. Aunque los congresos no son precisamente el lugar donde se toman las decisiones más trascendentales, son el ámbito en el que estas decisiones son consagradas y socializadas. Su valor reside en que sus acuerdos constituyen compromisos políticos de las diferentes fracciones de la elite y la clase política, y como tales se presentan a la población. La ausencia de un congreso por un espacio cercano a una década (están programados cada cinco años) indica ante todo la renuencia de la máxima dirigencia cubana a contraer compromisos y su preferencia por los medios informales para el proceso de ajustes de la elite y la toma de decisiones. Otro ejemplo ha sido la restauración del disuelto secretariado del Comité Central del Partido Comunista, una inobjetable victoria del sector partidario conservador, que contará con una burocracia propia y nuevas atribuciones para intervenir en todos los aspectos de la gestión pública.

La institucionalidad paralela

Pero sin duda el dato institucional más relevante es la formación de estructuras paralelas de toma de decisiones, directamente comandadas por Fidel Castro, y que intervienen en casi todas las instancias formales del Estado.

Ciertamente, la formación de administraciones paralelas ha sido un recurso político usual en la práctica del presidente cubano. Lo hizo, por ejemplo, a mediados de los 80, cuando el modelo soviético dejó de ser rentable y necesitaba liquidar políticamente a la burocracia de la Junta Central de Planificación. A lo largo de los 90, tuvo a su lado un Grupo de Apoyo integrado por jóvenes profesionales incondicionales que actuaban como sus «ojos y oídos», y que más adelante asumirían en algunos lugares vitales de la jefatura estatal.

En este caso, la estructura formada –conocida como «Batalla de Ideas»– se compone de este mismo Grupo de Apoyo, reforzado por dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, promovidos al firmamento político durante las campañas por el regreso al país del niño Elián González. En lo fundamental, la estructura replica las instituciones estatales. Y, aunque no las sustituye en sus trabajos rutinarios, se ocupa de aquellas cuestiones prioritarias y a las que se dirigen la mayor parte de los recursos. Ejerce, además, un trabajo de supervisión directamente encomendado por Fidel Castro.

Hay, sin embargo, dos rasgos distintivos de este proceso. Uno de ellos es que, por primera vez, el presidente cubano ha buscado un apoyo grupal directo en las bases a través de la cooptación y el apadrinamiento de miles de jóvenes que estudian la Licenciatura de Trabajo Social. Estos jóvenes –por lo general, estudiantes de un menor rendimiento académico que no pudieron acceder a otras carreras– han sido incorporados a tareas prioritarias, como la aparatosa intervención de las estaciones de expendio de gasolina, en un primer paso en la lucha contra la corrupción y por la «revolución energética». Aunque algunos analistas han sugerido la semejanza entre este reclutamiento de jóvenes por un líder carismático en las postrimerías de su vida con los inicios de la Revolución Cultural china, nada indica que el presidente cubano esté planeando imitar a Mao Zedong y violentar y destruir al Partido Comunista y otras estructuras políticas formales. Probablemente solo aspire a demostrar que a su lado todos son, simplemente, prescindibles.

El segundo rasgo novedoso es que, también por primera vez, la apelación generacional directa se liga al problema de la sucesión. En una conocida entrevista con Ignacio Ramonet (2006), Fidel Castro habló de otras variables para su sucesión, diferentes de la que se había considerado casi como «natural» y que beneficia a su hermano Raúl Castro. En aquella entrevista, Castro argumentó la necesidad de pensar en personas más jóvenes que ocupen su lugar después de su muerte. Aunque el cálculo no es descabellado –Raúl Castro es solo unos años más joven que su hermano y probablemente más frágil de salud–, no puede obviarse el posible impacto negativo de estos cambios de opinión entre los mandos militares, nuevamente puestos en un segundo plano al calor de los vaivenes del ALBA.

Un ejemplo de los signos de los tiempos fue el exabrupto del vicepresidente Carlos Lage, quien, en una visita a Venezuela, declaró que Cuba era el país más democrático del mundo, pues contaba con dos presidentes: Hugo Chávez y Fidel Castro. Se trató, ciertamente, de una genuflexión intolerable, que en cualquier otro lugar habría provocado al menos un escándalo político. Y fue también un error de interpretación que demuestra la pobre educación democrática del vicepresidente: tener dos presidentes no hace más democrática a una nación, especialmente si no ha elegido a ninguno de los dos. Pero, sobre todo, fue un pronunciamiento público que debió ser muy punzante para los militares y para el general Raúl Castro, en un país donde cada viva a Fidel se acompañaba con otro para su sucesor.

En otras palabras, aun cuando la nueva coyuntura pueda parecer una oportunidad para contribuir a la unidad de la elite de cara a una sucesión inevitablemente cercana, las políticas en curso y la recentralización han orientado la situación en sentido opuesto. Se han incrementado las pugnas intraelite, al tiempo que se erosionaron los mecanismos institucionales para facilitar los acuerdos. Otra posposición que resultará políticamente muy costosa en el futuro.

Las nuevas interpelaciones ideológicas

De acuerdo con su vocación fundacional, el sistema cubano necesita para su funcionamiento una fuerte interpelación ideológica que «eduque» a la gente común tanto acerca de «lo mejor» como de «lo posible» en relación con «lo existente».

La crisis de los 90 colocó ambas preguntas en un plano tremendamente existencial, y así como limitó la economía a la sobrevivencia, también definió el sentido de la política sobre la base de una consideración ética de resistencia ante la degradación capitalista que abarcaba cualquier tópico ––desde los Juegos Olímpicos hasta la guerra de Iraq–, aunque de manera ineficiente y poco creíble. El efecto no pudo ser otro que la erosión del consenso y, en particular, aquel que se asentaba en los sectores activos y vitales para alimentar el sentido de movilización del sistema.

En buena medida, las extenuantes y costosas campañas de movilización por el caso del niño Elián González y las que concretaron después por los cinco cubanos prisioneros en EEUU acusados de espionaje fueron una suerte de fuga hacia delante, un intento de instalar temas visibles, de alta sensibilidad y en torno de los cuales se podían obtener victorias tangibles. Dicho de otra manera, fue una política de emergencia destinada a contrarrestar la erosión de la ya minoritaria franja de consenso activo mediante su movilización, al mismo tiempo que se impedía, por otras vías, el crecimiento de la también minoritaria franja de oposición (Dilla Alfonso 2002).

En el nuevo escenario, en cambio, fue posible formular una interpelación más eficiente por dos razones principales. La primera es que, por primera vez desde la crisis, la idea del progreso se acompañó con algunas mejoras en los niveles de vida a partir de la distribución realizada desde el Estado. Para ello fue importante tanto la «matriz bolivariana» como algunas maniobras monetarias que han permitido al Estado captar cantidades importantes de divisas y financiar con ellas políticas para favorecer el consumo popular. Entre otras, podemos mencionar los sucesivos aumentos salariales y de pensiones y la distribución de electrodomésticos a precios subsidiados.

La segunda es que, también por primera vez desde los 90, fue posible relegar a un segundo plano la invocación a la resistencia y mostrar una tendencia de avances hacia la victoria. Para ello se enarbolaron los triunfos de la izquierda en América Latina (y, particularmente, de la izquierda más radical en la zona andina), y también los empantanamientos de las torpes políticas estadounidenses en América Latina y Oriente Medio.

Ningún análisis podría obviar los efectos positivos de estas acciones. Millones de personas –buena parte de ellas pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables– han obtenido incrementos en sus ingresos y, por consiguiente, han elevado sus deprimidos niveles de vida. Numerosas familias, por otra parte, recibirán electrodomésticos que mejorarán su calidad de vida. Finalmente, la población podrá beneficiarse de una mejora en los servicios públicos colectivos, como el transporte urbano e interprovincial. Por consiguiente, hay que reconocer que el nuevo escenario ha ayudado a consolidar y, eventualmente, extender el consenso activo preexistente.

Pero también asoman dudas muy razonables acerca del impacto social real de estas medidas (que finalmente dejan a los beneficiarios al borde de la sobrevivencia) y de su sostenibilidad en el tiempo, ya que, como en la época soviética, no se apoyan en el crecimiento sostenido de la productividad, la eficiencia e incluso del plusproducto nacional.

Hay también interrogantes, quizás aún más significativos, acerca de los alcances sociológicos de estas medidas, es decir, hasta qué punto atraen a los sectores más dinámicos de la sociedad cubana, ya sea por sus rangos etarios, su ubicación laboral o su alto nivel educativo. La inexistencia en Cuba de estudios sociológicos públicos con base empírica suficiente impide una evaluación en el sentido antes apuntado. Sin embargo, los tipos de acciones (aumento de salarios mínimos y pensiones y distribución de electrodomésticos), la manera en que se concretaron y el discurso que las acompañó (estatismo, personalismo, centralización) hacen pensar en un efecto limitado. Sus consecuencias podrían ser incluso contraproducentes para un sector de la población nacido después del triunfo revolucionario, con niveles educativos superiores y una aspiración más diversificada y libre de consumo.

Si esto fuera así, entonces la política actual estaría posponiendo la rearticulación del consenso político a partir de prácticas y discursos renovados que tomen en cuenta la creciente complejidad de la sociedad cubana y su diversidad social, tarea imprescindible para garantizar la gobernabilidad en un contexto de cambios inevitables y de normalización de las relaciones con EEUU, más allá de la forma que adopte este último proceso.

Se trata, en suma, de otra posposición que podría resultar muy costosa en el futuro. Ella habla de las limitaciones de las políticas en curso para dar cuenta de la diversidad y del nivel de calificación de la sociedad cubana –un producto de la movilidad social revolucionaria–, así como de las dificultades de la elite para producir una renovación política sobre bases democráticas y socialistas.

Volviendo al milenio

Evidentemente, el pintor del cartel sobre el milenio de victorias era un optimista impenitente. No hay razones para creer en un milenio victorioso, ni siquiera en un siglo, y probablemente tampoco en un decenio.

En un nuevo derroche de voluntarismo infundado, la dirigencia cubana vuelve a perder todas las oportunidades, ya no para construir un sistema socialista alternativo –opción a la que ha renunciado consistentemente en cada nueva coyuntura– sino para garantizar un esquema manejable de gobernabilidad. Cada una de las posposiciones mencionadas suma costos económicos, sociales y políticos que alguien tendrá que pagar y que hablan de un escenario futuro marcado por una economía ineficiente, un consenso fatigado, una elite desunida y una institucionalidad desvencijada.

Todo esto se amplifica cuando observamos dos variables que deben ser tenidas en cuenta en este periodo y que podríamos definir como las dos claves del presente cubano: la salud de Fidel Castro y el bloqueo estadounidense.Respecto a la primera, aunque su médico personal le ha augurado 120 años de vida activa (es decir, otras cuatro décadas en el poder), nada obliga a creer que será necesariamente así. Es más plausible pensar que, ubicado en su novena década de vida, el presidente cubano transita por la fase terminal de su existencia, y que sus facultades para ejercer su trabajo como jefe de Estado irán disminuyendo. Y con ello, inevitablemente, el sistema político cubano perderá a quien durante décadas modeló y desechó las alianzas, promovió y removió dirigentes, cooptó y liquidó sectores y, finalmente, logró que una parte significativa de la población siguiera pensando que, con él, marchaba hacia un futuro mejor. Una ausencia que sin dudas muchos sentirán, con sincera tristeza.

Por otra parte, el absurdo y criminal bloqueo estadounidense se está acabando, aunque en su trayecto final se haya encontrado con la descomunal estolidez del gobierno de EEUU y, en particular, de su presidente. No será abolido de un golpe, sino que morirá por desangramiento, agujereado por la práctica y, probablemente, sobrepasado por los intereses petroleros.

Ello va a significar un avance considerable para Cuba, pero también nuevos riesgos. Ante todo, porque el fin del bloqueo significará tener que negociar importantes espacios de la economía y la política cubanas. Esto, además, deberá hacerse sin la posible recurrencia al peligro externo inminente. Y, probablemente, sin el recurso inestimable de los dos presidentes que mencionaba el vicepresidente Lage en un evidente tránsito desde el exceso de virtud al desenfreno del pecado.

Post scríptum

Cuatro semanas después de concluido este artículo, la vida se acercó a lo que se afirma en el antepenúltimo párrafo: el presidente cubano, Fidel Castro, decidió delegar temporalmente todas sus funciones ante un grave quebranto de salud.

Para un hombre educado en esa confluencia de pasiones por el poder que significan el caudillismo latinoamericano, la educación jesuita y el leninismo, delegar es una palabra fuerte. Hace apenas dos años, cuando sufrió una estrepitosa caída pública, se encargó de explicar a todo el mundo que desde el mismo quirófano continuó dirigiendo los asuntos de Estado y que solo se distraía –ocasionalmente– para indicar a los cirujanos algunas cuestiones relacionadas con la operación. Que ahora haya tenido efectivamente que delegar es todo un símbolo de la complejidad de la situación. Para un hombre enfermo de ochenta años, «temporalmente» es otra palabra fuerte, casi imposible. Aunque el gobierno cubano afirma que está mejorando, nadie sabe si Fidel está totalmente vivo, totalmente muerto o en algún estadio intermedio que la ciencia moderna posibilita. Pero, de cualquier manera, no tengo dudas de que nada será como antes y que –ya sea en todo o en parte– esta delegación es definitiva.

Fidel ha delegado sus funciones como un jefe de hogar cede su patrimonio principal: el poder. Aunque la parte principal fue para el general Raúl Castro, su sucesor según la institucionalidad cubana, otras atribuciones muy importantes fueron cedidas a un reformista civil como Carlos Lage, o a ortodoxos recalcitrantes como José Ramón Machado Ventura y José Ramón Balaguer. Es decir, una fragmentación que es un reflejo, pero que también podría agrietar, aún más, a la clase política.

Es una historia que aún está comenzando. Queda por ver si la clase política cubana será capaz de mantener su unidad y gobernar con suficiente acierto como para frenar las pretensiones injerencistas estadounidenses. Hacerlo no significa solamente establecer alianzas internacionales o fortalecer las capacidades militares de la isla. Significa sobre todo rearticular el consenso político sobre bases democráticas, inclusivas y pluralistas.

Posiblemente nada de esto significará el socialismo, una meta que cautivó la imaginación de una sociedad y que quedó sepultada por el subdesarrollo, la agresión estadounidense y el caudillismo autoritario. Pero al menos salvará a la nación cubana de la depresión y dejará un mensaje acerca de una obra revolucionaria, modernizante y patriótica, que deberá ser completada en el futuro. Sobre todo si esa clase política entiende que queda mucho camino por recorrer y que habrá que hacerlo sin el comandante.

Bibliografía

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