Coyuntura

¿Ruptura de un proceso?

El incremento mundial de los precios de los alimentos impacta sobre todo en los países importadores netos, entre ellos Haití. En los últimos meses, el más pobre de los países latinoamericanos vivió una serie de revueltas callejeras, un intento de toma del Palacio Nacional y, finalmente, la salida del primer ministro. La inflación amenaza la precaria estabilidad política alcanzada, demuestra las dificultades de un gobierno que no supo cómo enfrentar la crisis y obliga a la comunidad internacional a replantear su estrategia: Haití –argumenta el artículo– no debe ser visto como un país integrado al sistema internacional, que vende y compra alimentos, sino como una nación con serias limitaciones económicas que necesita comenzar a construir un Estado y desarrollar una política de autosuficiencia alimentaria y energética.

¿Ruptura de un proceso?

Hace ocho años, varias decenas de agricultores de arroz decidieron que no aguantaban más la vida en Haití. Reunieron sus magros ahorros, compraron un cayuco (un barco precario) y se dirigieron con sus familias hacia las islas Turcas y Caicos. El cayuco se hundió antes de llegar a destino y los 60 pasajeros murieron. Pocas semanas atrás, otra embarcación, que también llevaba a un grupo de haitianos desesperados por el hambre, naufragó a 30 millas de la costa y se cobró la vida de las 20 personas que viajaban en ella. Casi una década de diferencia y un destino común. La pobreza y las migraciones no son novedades en Haití. Tampoco lo es la deficiencia alimentaria, un problema que comenzó años atrás, en buena medida como resultado de la rápida liberalización que impusieron en los 90 los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Aunque el problema es antiguo, en los últimos meses una combinación de factores empujó a Haití, junto con otros países de la región, a una crisis todavía más profunda. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que, como resultado del incremento de los precios internacionales de los alimentos, 100 millones de personas se hundirán en la pobreza, en un tsunami silencioso que generará un retroceso de una década en el desarrollo humano.

En Haití, la crisis supone un gran paso atrás en el proceso de estabilización y consolidación de la paz que se inició en 2004. En abril de este año hubo revueltas violentas en todo el país y una parálisis generalizada y, finalmente, se produjo la destitución del primer ministro. Haití cayó en el caos; ni el gobierno ni la misión de las Naciones Unidas (Minustah) pudieron parar la crisis, en la que murieron cuatro haitianos y un policía nigeriano de la ONU.

Los motivos de la crisis

La crisis mundial de alimentos es resultado de una combinación de factores. El precio del maíz y del trigo se incrementó entre 30% y 130% en los últimos años. El valor del arroz se duplicó (o triplicó, según distintas fuentes) desde enero de 2008. La combinación entre un aumento de la demanda y una oferta menos abundante afectó a decenas de países importadores netos de alimentos. El crecimiento de la población mundial y el mayor consumo en países emergentes como China y la India han contribuido a esta situación.

Pero también existen otras causas. Las tierras cultivables dedicadas a los biocombustibles, las malas cosechas en varios países y la disminución de la agricultura por los altos precios de los fertilizantes han contribuido a la reducción de la oferta. A esto se suma la volatilidad de los mercados internacionales, el dólar débil y la decisión de muchos inversores de refugiarse en bienes tangibles como los cereales ante la crisis financiera hipotecaria. Todos estos factores contribuyeron, directa o indirectamente, al aumento del precio de los alimentos. El resultado es que millones de personas en el mundo se sumarán a los 854 millones que ya padecen hambre y malnutrición.

Si bien la coyuntura actual ha generado revueltas más o menos violentas en varios países, el incremento de los precios era una tendencia ya visible desde hacía tiempo, que enmascara problemas más profundos y complejos. Muchos países, entre ellos Haití y varios africanos, no son autosuficientes en términos alimentarios. En estos casos, el más mínimo aumento de los precios encarece las importaciones, que deben ser sostenidas con presupuestos estatales muy debilitados y endeudados. Ya en 2000 la situación alimentaria de Haití era insostenible por la falta de divisas para comprar los productos en el exterior, principalmente en Estados Unidos. La crisis alimentaria, entonces, no es un hecho circunstancial, sino una tendencia estructural, pues parece muy difícil que los precios bajen en el mediano plazo.

Hambruna clorex y galletas de barro

En Haití, las manifestaciones comenzaron en el sur del país, en Les Cayes, y se extendieron a otras grandes ciudades, como Puerto Príncipe. A los pocos días, las manifestaciones públicas contra el hambre ya eran denominadas «hambruna clorex», en referencia a la sensación de lejía en el estómago producida por la falta de alimentos. El aumento de los precios está haciendo la vida aún más difícil para el 56% de los haitianos que vive en la pobreza extrema y el 76% que vive con menos de 2 dólares diarios. En este contexto, más y más gente tiene que comer las populares galletas hechas con un poco de aceite, sal y barro. Estas galletas no son tampoco una novedad en Haití, pero la noticia fue publicada en los medios internacionales y generó una gran conmoción. «Cuando no hay nada más que comer, todavía queda el barro: es como decir que Haití no ha terminado su descenso al infierno», se escandalizó la prensa internacional. En ciertas zonas rurales, algunas familias sobreviven vendiendo barro para los productores de galletas de la capital. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas distribuye 800.000 comidas al día en Haití y estima que la actual crisis lo obligará a duplicar esa cifra.

Los fenómenos globales tienen efectos particulares en países como Haití, por su baja producción nacional y su dependencia de las importaciones. Las políticas de apertura y liberalización emprendidas en los años anteriores inundaron los mercados locales de arroz barato importado y destrozaron vastos sectores de la economía. Hoy, la producción nacional de arroz alcanza a cubrir apenas 20% de la demanda interna. En cuanto al resto de los alimentos, Haití tiene que importar más de 50% del total. De hecho, entre 25% y 30% del presupuesto nacional está dedicado a la importación de productos alimenticios. Solo las importaciones de arroz implican unos 270 millones de dólares al año.

EEUU le vende 200.000 toneladas de arroz a Haití, que es el cuarto receptor de las exportaciones norteamericanas de este producto detrás de Japón, México y Canadá. Al ser Haití un mercado importante para las exportaciones de arroz estadounidense, existen pocos incentivos, desde Washington y desde la comunidad internacional, para favorecer la agricultura nacional, la producción y la soberanía alimentaria. En cambio, el reciente tratado firmado con EEUU –Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership Encouragement Act (HOPE)– apunta a reorientar la producción de Haití al sector textil mediante el aprovechamiento de la mano de obra barata y la promesa de crear miles de empleos. Un gobierno paralizado

La crisis alimentaria generó una fuerte presión sobre el gobierno, que no ha podido responder a una población hambrienta y airada ni ha logrado frenar la espiral de violencia. Los últimos episodios evidencian los graves problemas de la clase política, la falta de liderazgo y de consenso. Se sospecha, además, de la reanudación de los lazos del gobierno con las bandas armadas.

Desde enero de 2008, el aumento de los precios de los alimentos es el telón de fondo de las tensiones sociales que vive el país. Ya en febrero la población había pedido al gobierno subvenciones y ayudas para combatir el alza de los precios. Al principio, el gobierno aseguró que no podía ofrecer una respuesta. Esta reacción mereció una severa crítica del Parlamento y generó manifestaciones ante el Palacio Nacional en Puerto Príncipe. En aquel momento, algunos sospechaban de los lazos del primer ministro, Jacques-Édouard Alexis, con antiguos chimères (grupos que apoyan al ex-presidente Jean-Bertrand Aristide). La situación ya era frágil, tanto por la debilidad del gobierno como por las complejas relaciones entre el gobierno y los chimères. La crisis explotó en abril, con el intento de toma del Palacio Nacional por parte de miles de manifestantes. No fue el único episodio: el incremento del precio del transporte en un 50% en cuestión de días hizo que 22 estaciones de gasolina fueran destrozadas, mientras que los tradicionales tap-taps (pequeños transportes privados) dejaron de funcionar durante varios días.

En Haití se duda sobre el origen de las manifestaciones: si guardaban relación únicamente con el aumento del precio de los alimentos básicos o si respondían también a otros motivos. Hay varios detalles a los que habría que prestar atención: actos de vandalismo y saqueo contra empresas privadas, episodios de violencia, uso de armas de fuego y agresiones contra periodistas. Un sombrío recordatorio de los días previos al exilio de Aristide, en febrero de 2004.

En este contexto, algunos observadores afirman que en los últimos meses comenzaron a celebrarse reuniones clandestinas de Lavalas, el partido político de Aristide, para preparar la campaña para las elecciones de 2011. De algún modo, las manifestaciones por el precio de los alimentos han jugado a su favor. De acuerdo con estas sospechas, Lavalas estaría aprovechando la situación para fomentar el caos en el país. De hecho, se han producido nuevas protestas contra la Minustah, que ha sido tildada de «fuerza de ocupación» por los seguidores de Aristide que desean el retorno del líder.

Poder y manipulaciones

La respuesta del gobierno ha sido lenta y sin convicción. En el peor momento de la crisis, el presidente René Préval, un ex-integrante del partido de Aristide hoy alejado de quien fuera su mentor, esperó varios días para dirigirse a la nación y luego se limitó a decir que «la violencia no va a resolver el problema». Solo habló de soluciones a largo plazo y pidió a los funcionarios, que habían recibido un aumento salarial de 35%, que lo compartieran con sus «hermanos y hermanas». También responsabilizó por la situación a la mala gestión económica de los últimos 20 años, en 17 de los cuales gobernó Lavalas. Pero después, tras oleadas permanentes de disturbios, anunció que el gobierno, junto con los importadores, implementaría una subvención de 15% para bajar el precio del arroz.

La población y el Parlamento quedaron muy descontentos con la forma en que el gobierno manejó la situación: en abril, 16 senadores –de un total de 27– exigieron la dimisión del primer ministro, Jacques-Édouard Alexis. El 12 de abril, finalmente, este fue destituido mediante un voto de censura. Esta decisión se adoptó semanas antes de la conferencia de donantes prevista para el 24 y 25 de abril, que finalmente fue aplazada, e implica una ruptura del consenso político que se estableció cuando Préval fue elegido presidente, en 2006. El gobierno, el Senado y la Cámara de Diputados se encuentran paralizados a la espera de que se elija un nuevo primer ministro. El presidente propuso a Ericq Pierre, un agrónomo con una carrera destacada en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien cuenta con un gran apoyo de la Cámara de Comercio Haitianoamericana. Legisladores de la Concertación de Parlamentarios Progresistas, así como diputados de Lespwa, el partido del mismo Préval, decidieron no apoyar la candidatura de Pierre, con el pretexto de que este no había entregado el certificado de nacimiento de uno de sus abuelos y por lo tanto no podía demostrar su nacionalidad haitiana. En realidad, fue una forma de manifestar su rechazo al presidente y marcar una clara división en la coalición de apoyo al gobierno. Al cierre de este artículo, Haití seguía sin primer ministro.

La falta de liderazgo de Préval en las últimas semanas y su escasa convicción para manejar la crisis resultan llamativos. Mientras los políticos se enfrentan, se consultan, proponen, votan y rechazan, el gobierno parece paralizado, no toma decisiones frente al alza de los precios, no pone en marcha los programas prometidos de creación de empleo ni logra disipar la imagen de inestabilidad. El vacío político, resultado de la ruptura del consenso, pone en peligro los avances conseguidos por los actores locales e internacionales como la Minustah desde el inicio del proceso de consolidación de la paz.

Un paso atrás

Durante 2007, la situación de seguridad en Haití había mejorado visiblemente gracias al aumento del número de policías y la detención de más de 750 miembros de grupos armados. Barrios pobres, como Cité-Soleil y Martissant, fueron liberados del dominio de las bandas criminales. Los secuestros disminuyeron y se recuperó la sensación general de seguridad.

Sin embargo, a pesar de los importantes logros de la Minustah y de la comunidad internacional en asistir al gobierno en la rehabilitación del país, la crisis alimentaria demuestra que la capacidad del Estado haitiano de hacer frente a las amenazas a la estabilidad sigue siendo muy limitada, especialmente si se trata de factores de origen externo. Desde la perspectiva de la seguridad, la capacidad de prevenir o enfrentar una crisis es similar a la de 2004; es decir, bajísima. El elevado número de propietarios de armas ilegales sigue siendo un peligro. Y aunque es cierto que la Policía Nacional Haitiana (PNH) ha mejorado su situación gracias al aumento del número de agentes y una depuración de la fuerza, ha sido criticada por su falta de profesionalidad a la hora de proteger los derechos y los bienes de la población y por su manejo general de la situación. Todavía necesita el respaldo internacional para operar.

Los daños materiales y las consecuencias económicas de los disturbios son catastróficos y afectarán la recuperación a largo plazo de Haití. Se calcula que las pérdidas provocadas por las manifestaciones alcanzaron los diez millones de dólares por día, en el contexto de una economía muy débil. El gobierno parece incapaz de ofrecer una respuesta a los que no tienen nada, lo cual le quita legitimidad, pero tampoco protege a las empresas privadas y la inversión. Se trata de un problema serio, pues el gobierno necesita incluir a la elite económica en la reconstrucción del país para fomentar su compromiso.La Minustah ha jugado un papel tímido, casi ausente, durante la crisis. La misión tiene el mandato de asistir al gobierno en el proceso político y democrático y puede apelar a su «buen oficio» si cree necesario realizar otras tareas. Si bien la línea entre el «buen oficio» y la interferencia en los asuntos internos de Haití es muy fina, el rechazo a la nominación de Ericq Pierre se convirtió en una oportunidad desaprovechada. En aquella ocasión, tal vez habría sido deseable que la Minustah actuara de manera más firme con el gobierno y el Parlamento, ayudando a moderar las tensiones y a evitar que los votos parlamentarios se utilizaran para causas mezquinas. La misión de Naciones Unidas cumplió en junio cuatro años en Haití. Sin embargo, en la vida diaria de la mayoría de los haitianos –sobre todo en las regiones alejadas de la capital– pocas cosas han cambiado. El Estado sigue ausente, el acceso a servicios básicos de salud y educación es muy limitado y, si bien el PIB ha crecido en los últimos años, persisten los déficits de desarrollo económico, creación de empleo y producción nacional. Todo sigue paralizado. Hasta que no asuma un nuevo gobierno no se celebrarán las elecciones para renovar un tercio del Senado, previstas para el 18 de mayo. Del mismo modo, el aplazamiento de la conferencia de alto nivel de donantes multilaterales y bilaterales con el gobierno no ha permitido discutir el Documento Nacional de Crecimiento y Reducción de la Pobreza ni activar los 3.900 millones de dólares previstos como parte de la cooperación internacional.

Tres enseñanzas de la crisis

En general, la crisis ha demostrado tres cosas. En primer lugar, la debilidad del gobierno y la necesidad de contar en Haití con una clase política más responsable y capaz de hacerse cargo de los problemas del país.

En segundo término, ha quedado claro que la Minustah tendrá que permanecer bastantes años más en Haití. Si la comunidad internacional quiere ayudar al país a ser autosuficiente, deberá centrarse sobre todo en la construcción de un Estado que hoy casi no existe. Además, tendrá que asumir una responsabilidad mayor en relación con el gobierno, para ayudar a restablecer un proceso político que genere un consenso mínimo para el desarrollo económico.

Finalmente, los impactos de la globalización (el último de los cuales es el incremento del precio del arroz) obligan a replantear el modelo económico que se está promoviendo en Haití. Hasta ahora, la idea que subyace a la ayuda internacional y los planes de desarrollo es que en algún momento Haití podrá producir y comprar en los mercados internacionales gracias a la liberación de su economía. Ese supuesto es erróneo. Haití necesita, antes que cualquier otra cosa, un plan coherente de autosuficiencia alimentaria y energética, de aprovechamiento de los recursos naturales propios que, con la ayuda internacional, permita construir una infraestructura mínimamente decente. La clásica idea liberal –primero creamos riqueza y después llegará el desarrollo– no funciona en un país como Haití, del que las familias siguen huyendo para dejar de comer galletas de barro.