Coyuntura

República Dominicana en la mira. Inmigración, exclusión social y despojo ciudadano

La decisión del Tribunal Constitucional dominicano de negar la ciudadanía a los descendientes nacidos en territorio nacional de migrantes indocumentados –especialmente de origen haitiano– constituye una violación de los derechos humanos y condena de hecho a muchos dominicanos a la categoría de apátridas. Esto ha puesto a la nación caribeña en la mira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Este artículo analiza el contexto político,los antecedentes y las consecuencias del resurgimiento del nacionalismo y la xenofobia antihaitiana en República Dominicana.

República Dominicana en la mira. Inmigración, exclusión social y despojo ciudadano

El 23 de marzo de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana emitió la sentencia 168-13 como respuesta a un recurso de amparo de la señora Juliana Deguis, ante la negación de una solicitud de acta de nacimiento interpuesta por ella ante el Juzgado de Primera Instancia de Monte Plata el 10 de julio de 2012. La sentencia del Tribunal Constitucional no tiene precedentes en la historia de los derechos humanos en República Dominicana, ni posiblemente en Latinoamérica y el Caribe. Esto es así puesto que la decisión condena explícitamente a miles de dominicanos de origen haitiano, no solo a la incertidumbre ciudadana, sino a una verdadera situación de apatridia.

¿Cuál es el significado histórico de esta sentencia? ¿Cuáles son sus consecuencias para el porvenir de las relaciones dominico-haitianas y para el sistema interamericano? Dada la importancia de la inmigración haitiana para República Dominicana, y el hecho de que los afectados con la sentencia son, en su inmensa mayoría, dominicanos de ascendiente haitiano, las líneas que siguen exploran la magnitud y dinámica de estas migraciones, el contexto en el que se ha producido la decisión del Tribunal Constitucional y sus significados. Asimismo, discutimos las posibles vías de evolución de la situación creada por la sentencia, tanto en el plano nacional y binacional como en el marco más amplio de las relaciones regionales en el Caribe.

El contexto histórico

Los problemas que viven hoy Haití y República Dominicana constituyen un producto histórico complejo, resultado de estilos de desarrollo diferentes que han conducido a desigualdades de crecimiento en ambas naciones, resultado, a su vez, de estilos de inserción en los sistemas mundiales que han motorizado distintas modalidades de dominación por parte de las elites dirigentes, así como culturas políticas diferenciadas, que potencian prejuicios recíprocos y habilitan manipulaciones de diversa naturaleza sobre ambas sociedades

En materia migratoria, estos problemas remiten a un largo proceso de constitución de un sistema de plantaciones en torno de la producción azucarera que, a principios del siglo XX, articuló un mercado laboral insular y que a su vez vinculó las economías campesinas haitianas a la lógica productiva de las grandes plantaciones azucareras dominicanas. Ese sistema fue facilitado por la ocupación militar estadounidense en ambos lados de la isla La Española: entre 1915 y 1934, en territorio de Haití, y entre 1916 y 1924, en el de República Dominicana. A finales del siglo XX, la crisis de la economía azucarera dominicana y la crisis política en Haití abrieron las puertas a la expansión de la inmigración haitiana a la economía agrícola no azucarera dominicana, al sector informal y a las construcciones urbanas. Pero el punto que vincula los actuales problemas insulares, que tienen como telón de fondo esos procesos económicos de «larga duración», es fundamentalmente político y se relaciona con los esfuerzos de construcción de un orden democrático en ambos países.

El proceso de construcción democrática dominicano hizo más abierta la sociedad y, por tanto, ayudó decisivamente al proceso de integración de los inmigrantes haitianos a la comunidad nacional –y ya no solo a nuevos sectores de su economía–, pese a las exclusiones que padecían y a las constantes violaciones a sus derechos de que eran víctimas. La democratización hizo más visible la inmigración y la convirtió en objetivo de la política de los partidos y en tema de debate en los medios de comunicación. Con ello, paradójicamente, al tiempo que se verificaba una mayor integración económica de los inmigrantes, su suerte política los hacía más vulnerables, lo mismo que a sus descendientes, y los convertía en objetivos de las disputas políticas. Esto fue muy visible en el caso del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), liderado por Joaquín Balaguer, que manipuló ese proceso para aumentar su caudal de votos, pero también como reacción a las simpatías que en la población de migrantes y descendientes haitianos ganaba la figura de José Francisco Peña Gómez (1937-1998), líder popular socialdemócrata y referente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Ya en 1990, Peña Gómez abrió una brecha para agrietar la tradicional política de exclusión de la participación social y el autoritarismo político. Al fortalecerse desde el Estado una serie de alianzas conservadoras, como la que reunió el Frente Patriótico Nacional (FPN) en 1996, la cuestión de la inmigración devino el foco articulador de un discurso político autoritario y fue adquiriendo presencia en la arena política, pero sobre todo un gran poder ideológico en el partido que estaba alcanzando la hegemonía en el Estado: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), parte del FPN.

En paralelo al proceso democratizador que se iba abriendo paso en República Dominicana, en la vecina Haití la muerte de François Duvalier y el desencadenamiento de una tortuosa apertura democrática produjeron una crisis política que se prolonga hasta nuestros días, la cual se inició con el ascenso al poder en 1986 de Jean-Claude Duvalier, apodado «Baby Doc». La posterior llegada al gobierno del líder populista Jean-Bertrand Aristide puso al desnudo la resistencia oligárquica al cambio democrático y la endeblez institucional del Estado haitiano, a lo que siguió un golpe militar a principios de la década de 1990. La reacción internacional produjo el regreso al poder de Aristide en 1994, y esos mismos actores internacionales, sobre todo Estados Unidos, forzaron en la subsiguiente coyuntura un segundo abandono del poder (y el exilio) del presidente. El balance de estos últimos años es desalentador: dos invasiones extranjeras, ascenso al poder de René Préval –quien no logró estabilizar sus gobiernos–, crisis humana desatada por un terrible terremoto, ascenso al poder del outsider de la política Michel Martelly. La creciente influencia neoduvalierista bajo su gobierno y el fortalecimiento de la figura de Aristide han creado, además, un clima propicio para la existencia de un verdadero Estado fallido en Haití.