Tema central

Régimen político y estado de la democracia en Nicaragua. Procesos en desarrollo y conflictos recientes

La evolución de los regímenes políticos y el desarrollo de procesos democratizadores constituyen temas relevantes para las ciencias sociales latinoamericanas. En el caso de Nicaragua, ambos fenómenos se encuentran ligados, desde las primeras décadas del siglo XX, a la dependencia de potencias foráneas como Estados Unidos, la consolidación de una economía agroexportadora y la precaria construcción de un aparato político-administrativo. Este texto indaga sobre los nexos entre las dinámicas del régimen político y el estado de la democracia en la Nicaragua contemporánea, atendiendo especialmente a lo acaecido bajo el último gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (2006-2011) y a continuidad tras la reelección de Daniel Ortega para el periodo 2012-2017.

Régimen político y estado de la democracia en Nicaragua. Procesos en desarrollo y conflictos recientes

Para abordar de forma conjunta regímenes y procesos de cambio político, es preciso comprender el desarrollo paulatino de la capacidad estatal, en tanto elemento clave que favorece o restringe la democratización, toda vez que «determina el cuadro territorial, administrativo, humano e incluso mental de las posteriores secuencias de formación de los grupos dirigentes, así como el aumento o la limitación de la participación popular»1. Dentro de este marco analítico, la noción de régimen político resulta decisiva, pues alude al conjunto de instituciones y procesos –formales e informales– que median entre el Estado y la ciudadanía. Estos, a su vez, determinan el acceso a los cargos públicos y señalan los actores, recursos y estrategias admitidos o excluidos en dicho acceso2, en el marco de valores, prácticas y reglas específicos. De esta forma, la democracia –en tanto conjunción de un ideal normativo, un proceso sociohistórico y un régimen político que garantizan y hacen efectivos los derechos, la participación y la representación de la ciudadanía en un contexto dado3– debe comprenderse no como un diseño estático, sino como un proceso de largo aliento, plural y abierto a las contingencias4.

Procurando aprehender cómo las trayectorias particulares de los regímenes (en este caso, el nicaragüense) se conectan con los avances y retrocesos democráticos, es preciso desterrar la idea de secuencias estandarizadas para visualizar combinaciones de mecanismos específicos de democratización o desdemocratización5. Estos fenómenos son, por esencia, impactados por las convulsiones políticas internas, por las dinámicas foráneas y por la interrelación (mediada por asimetrías de poder y recursos) de actores específicos. Y el caso nicaragüense no constituye, en este sentido, una excepción.

Los procesos de democratización/desdemocratización en Nicaragua

Si queremos comprender, dentro de las trayectorias particulares de los regímenes, cuáles son los elementos que afectan las posibilidades de democratización y desdemocratización, existe un enfoque virtuoso –en su integración de matrices sociológicas y politológicas– que constituye el legado póstumo del notable investigador estadounidense Charles Tilly (1929-2008). En su libro Democracia, este autor nos invita a observar los cambios en tres dimensiones de análisis (integración de redes de confianza, niveles de desigualdad existentes e incidencia de centros de poder autónomos) que se articulan dentro del modelo analítico6, tomando siempre en cuenta las interacciones que se producen entre estos cambios. De tal forma, los avances y retrocesos democráticos no se producen, según Tilly, en secuencias estándar, sino en combinaciones de mecanismos específicos dentro de dimensiones que facilitan o dificultan el sometimiento estatal a la política pública y la influencia popular sobre esta. Estos mecanismos agrupan la aparición de redes de confianza emergentes y amplias –que relacionan segmentos de elites y excluidos– o el reforzamiento de redes pertenecientes a los grupos social y políticamente dominantes respecto a sectores populares o excluidos del poder; el fortalecimiento o la eliminación de centros de poder autónomos (burocracia estatal y líderes regionales); la ampliación o disolución de redes clientelares –a través de la política social– que inciden en el aumento o la disminución de las desigualdades; la expansión o disminución de actividades que requieren el concurso ciudadano (elecciones para la aprobación o legitimación de las autoridades); la expansión o represión de ciclos de movilización que mejoren derechos ciudadanos; el protagonismo o la contención de fuerzas militares.

El trasfondo de la incidencia de estos mecanismos en Nicaragua es el de un «Estado débil», que padece numerosos obstáculos para avanzar en la democratización, en tanto se fracasa en sujetar centros de poder autónomos (en este caso, insertos en la propia estructura estatal y la camarilla dirigente), en integrar en la política pública redes de confianza (de la propia oligarquía, así como de sectores medios y populares) y en reducir las desigualdades7 de todo signo –socioeconómicas, étnicas, políticas, etc.– presentes en el país. Aunque el proceso revolucionario iniciado en 1979 expandió como nunca antes la capacidad estatal, inició pasos democratizadores (convocatorias a elecciones y ampliación de la participación popular) y redujo las formas más agudas de desigualdad –sobre todo en el área de las políticas sociales–, (por presión externa, precariedad material y errores de sus dirigentes) profundizar de forma sostenida el proceso democratizador, por lo cual su saldo más visible y positivo ha sido el respeto a los resultados electorales adversos y la alternancia política a partir de las elecciones de 1990.

En Nicaragua, las redes de confianza existentes han sufrido el impacto de procesos desdemocratizadores. Por un lado, se ha reforzado en los últimos años el papel de movimientos religiosos y organizaciones productivas/territoriales (cooperativas) vinculadas a las iniciativas del gobierno, mientras que la situación de confrontación ha obligado a las organizaciones de la sociedad civil autónoma a defenderse del acoso gubernamental, al tiempo que se han reducido los recursos que reciben de una cooperación internacional menguante y en retirada. La Iglesia católica y las asociaciones empresariales mantienen (y en algunos casos amplían) su presencia e incidencia social, mientras que una buena parte del movimiento popular entregó su autonomía trabajosamente ganada –y la autogestión que a esta se liga– al ser subsumida en las redes clientelares del neosandinismo en el poder, que se amplían de forma selectiva para incluir a aquellos actores considerados relevantes de sectores populares y medios que estén dispuestos a sacrificar su agenda por recursos y protección oficial. Como se aprecia, la extendida pobreza, el reducido tamaño del territorio nacional y la relativa simplicidad de la estructura social nicaragüense –con una clase media poco desarrollada– facilitan que el oficialismo amplíe su labor de cooptación y control de redes tradicionales y bloquee la emergencia de otras alternativas que disputen (en el nivel simbólico o efectivo) su poder e influencia sociales, así como el lugar que ocupan los grupos dominantes dentro de la sociedad y la política locales.

Las políticas de participación como espacio de disputa democrática

Otro elemento para comparar los vínculos entre el desempeño del régimen político y el proceso democratizador es el estado de aquellos ciclos de movilización social que apuntan a la mejora de los derechos ciudadanos, en el marco de los cuales se generan prácticas de autonomía relevantes y políticas de participación mediante las cuales los ciudadanos pretenden incidir en el desarrollo de políticas públicas y agendas de gobierno, sobre todo en el ámbito local8. En Nicaragua, se aprecia la expansión de modelos de participación partidizados y vinculados al poder estatal, junto con formas de criminalización de la protesta social, precariamente desafiadas por la acción ciudadana. La tardía construcción de una estatalidad moderna y el marco autoritario en que esta se implementó –de forma explícita en la época somocista y ambigua en la etapa revolucionaria– conllevó que hasta inicios de la década de 1990 no se produjese en Nicaragua la coexistencia de políticas de participación –debidamente normadas e institucionalizadas– y una sociedad civil emergente que reivindicase la autonomía como valor esencial de su identidad y accionar, capaz de diferenciarse de los actores paraestatales de regímenes anteriores. En la Nicaragua actual existe un conjunto de actores organizados de la sociedad civil autónoma –como el movimiento de mujeres, organizaciones juveniles y de derechos humanos–, emanados de la lucha contra gobiernos y políticas neoliberales de fines del siglo XX, que se enfrentan de forma más o menos activa a lo que consideran un avance autoritario del gobierno; sin embargo, ese accionar no es acompañado por una buena parte de los sectores y organizaciones populares, que se encuentran cooptados por políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Desde el inicio de su mandato, en enero de 2007, el presidente Daniel Ortega se empeñó en construir un sistema de participación ciudadano paralelo al establecido en la Ley 475 de Participación y puso a Rosario Murillo, su esposa y jefa de campaña del FSLN, a cargo de esa estructura. Esto se consumó en enero de 2008 con una resolución de la Corte Suprema de Justicia que reconoció el derecho del Poder Ejecutivo a emitir decretos relacionados con la participación ciudadana que contribuyan al buen desempeño de su gobierno. Semejante decisión del Poder Judicial posibilitó la confirmación de Murillo como coordinadora del Consejo y la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo Social, con la responsabilidad de coordinar el Gabinete Social y todos los programas sociales de las instituciones públicas, dirigir y ejecutar el Sistema Nacional de Bienestar Social, administrar la relación con los medios de comunicación y diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y acciones para promover la formación de Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en todo el territorio nacional.

Los CPC y los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) tienen el mandato formal de cumplir la misión de que el pueblo nicaragüense, en ejercicio de la democracia participativa y directa, se organice e involucre en el desarrollo integral de la nación de manera activa y apoye los planes y las políticas del presidente de la República encaminadas a desarrollar estos objetivos. Sin embargo, a un lustro del establecimiento del Poder Ciudadano, es preciso interrogarse sobre cuán innovador es este tipo de participación y ponderar su contribución a la democratización nacional y la emancipación de los actores involucrados.En general, los GPC y los CPC han desarrollado en estos años una agenda de trabajo que responde a la estrategia y las labores del gobierno del FSLN. Realizan diversas acciones que abarcan la entrega de avales para el otorgamiento de trabajos, la repartición de becas estudiantiles y de formación profesional (docencia, enfermería, secretariado, computación), la creación de cooperativas y la selección de los beneficiarios de programas sociales (Hambre Cero, Bonos Productivos, Bonos de Patio, Usura Cero, Alfabetización, Programa Amor ­–atención a la primera infancia–, Operación Milagro –para problemas de la vista–, consultas de las brigadas médicas sandinistas, etc.), impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional9 con apoyo venezolano. También se implican en la donación de útiles escolares, jornadas de reforestación, limpieza, vacunación y salud, el apoyo a labores de prevención, evacuación y rescate. Se intenta que estas estructuras sirvan para dar seguimiento tanto a los funcionarios que deben implementar con eficacia los programas del gobierno como a los compromisos asumidos por los beneficiarios de dichos programas.

El Poder Ciudadano es una estructura organizada directamente por el FSLN para aplicar sus políticas nacionales en el ámbito municipal, que opera con altos niveles de discrecionalidad, cumpliendo funciones propias de los funcionarios públicos, en ausencia de mecanismos autónomos de contraloría social; la incidencia ciudadana se limita, en buena medida, a la recogida de peticiones y recomendaciones10. En tanto las directrices del Poder Ciudadano emanan del gobierno nacional (con Murillo como correa de transmisión), este modelo de participación opera como una suerte de embudo que se cierra, en materia de diversidad ideológica y pluralidad, a medida que se asciende en la pirámide, y se encuentra virtualmente ausente o inoperante en aquellos municipios donde no gobierna el FSLN.

Aunque habilita una cierta participación comunitaria de los sectores populares, este modelo dista mucho de promover una verdadera participación ciudadana y se encuentra más cerca del modelo tradicional autoritario, cuya cultura política, estructura y dinámica organizativa se somete a las orientaciones del FSLN y responde a los planes de trabajo del Estado y los gobiernos municipales. Si bien la movilización está inspirada en metarrelatos revolucionarios –que hablan de darle el poder al pueblo para la transformación radical del statu quo–, en la práctica se trata de una ampliación del área de influencia del FSLN dentro de las organizaciones sociales.

En consecuencia, el Poder Ciudadano no está contribuyendo a la democratización, pues fortalece un modelo verticalista que tiene al FSLN como diseñador, administrador y director de las estrategias, y a las organizaciones sociales –que se encuentran en la periferia de la toma de decisiones– como brazos ejecutores o correas de transmisión. Por otra parte, las estructuras de participación reconocidas por la ley (como el Consejo Nacional de Planificación Económica Social y los Consejos de Desarrollo Municipal) han disminuido mucho su presencia por el protagonismo de las estructuras del Poder Ciudadano (Gabinetes y Consejos). Esto ha generado dinámicas predominantes de cooptación, clientelismo y exclusión, así como de conflicto con aquellos sectores de la sociedad civil que tienen capacidad para captar recursos en fuentes no estatales y que analizan las políticas, sugieren soluciones o intervienen sobre la realidad con propuestas alternativas al modelo partidista y vanguardista que se promueve desde el gobierno nacional.

Gracias a la disponibilidad de recursos que facilita la cooperación venezolana, el FSLN ha conseguido que muchos dirigentes comunitarios y pobladores organizados estén dispuestos a prestar menos atención a su autonomía en aras de conseguir beneficios para su comunidad o su familia. Con todas las diferencias del caso –pues se trataba de un modelo con una mayor capacidad de crítica, reflexión y compromiso político, afín a un proyecto político más que a la figura de su líder–, es preciso recordar que ya se aplicó un modelo similar en la Nicaragua revolucionaria (1979-1990), que colapsó una vez que el FSLN perdió el poder. En consecuencia, el FSLN depende absolutamente de los recursos venezolanos para mantener su proyecto social, lo cual, sumado a la polarización política vigente, vuelve incierta la sostenibilidad en el mediano plazo del modelo «danielista».

Democracia y Fuerzas Armadas

Después de las pasadas elecciones generales de noviembre de 2011, el oficialismo alcanzó una mayoría parlamentaria que, sumada al control que ejerce el aparato estatal central sobre buena parte de los gobiernos locales, así como a la presencia de su «tendido organizacional» partidario y social en todo el territorio nacional, configura escenarios complejos para la acción de los sectores ciudadanos no identificados con la orientación del proyecto oficial.

Desde 2006, en Nicaragua se han realizado diversos procesos para la elección de autoridades regionales, nacionales y parlamentarias, en los que el oficialismo ha dispuesto de ventajas apreciables en cuanto al empleo de recursos públicos, manejo de la entrega de documentos de identidad y tiempos de emisión de propaganda en medios masivos. La directa cooptación y sujeción del Poder Electoral así como de buena parte del sistema judicial por parte del FSLN y la renuencia a implementar formas de veeduría ciudadana y observación externa, unidas al empleo de la intimidación (y en algunos casos represión) a ciudadanos que intentaron fiscalizar el proceso electoral o protestar por lo que consideraban manifestaciones de fraude, son signos reveladores de la precariedad de este mecanismo democrático.

Los comicios generales de noviembre de 2011 han cambiado de forma relevante el panorama político nacional, mostrando nuevos desafíos para una oposición que deberá enfrentar a un gobierno nacional que refuerza su control de los poderes públicos. El nuevo gobierno del FSLN –elegido para la etapa 2012-2017– posee como únicos contrapesos visibles las organizaciones autónomas de la sociedad civil, la prensa independiente –cuyos espacios se han reducido– y algunos partidos opositores (Movimiento de Renovación Sandinista, Partido Liberal Independiente)11. En su conjunto, la oposición partidaria y social tendrá que enfrentar su mayor déficit político: la falta de conexión entre su discurso de defensa de la ley y la institucionalidad y las demandas sociales de la población12. Ese discurso solo tendrá un impacto político real si se vincula a una agenda política concreta (en temas como empleo, salarios, salud, vivienda, seguridad, etc.), que ofrezca soluciones alternativas a las mayorías populares más allá del clientelismo de las políticas oficiales.

Los escenarios postelectorales consagraron la asimetría de fuerzas entre el régimen orteguista, cuya capacidad de controlar y cooptar parece imbatible –con un manejo pragmático de lo público encubierto de retórica revolucionaria y religiosa–, y una ciudadanía y organizaciones sociales demasiado débiles. Trasladando sus métodos partidarios, el estilo de su liderazgo y su estructura de intereses al Estado, el FSLN fortalece su poder mediante mecanismos para- y extrainstitucionales (que incluyen la inserción en el mundo de los negocios), con un bajo respeto por la institucionalidad y los derechos civiles y políticos ejercidos de forma autónoma respecto a sus redes e intereses13. Semejantes características –que son condición de posibilidad de su hegemonía dentro del campo político nacional– constituyen también factores de debilidad del FSLN. Una estructura y un proyecto político tan personalistas, que dejan escaso margen al relevo generacional en el liderazgo y carecen de un sistema de meritocracia partidaria y administrativa, no desarrollan capacidad de reproducción a largo plazo14. Pero esto es un problema hacia el futuro, no del presente.

Otro factor clave para comprender el alcance de los procesos desdemocratizadores es el rol que juegan los militares dentro del orden social y su incidencia en la limitación de los derechos ciudadanos. La experiencia previa de regímenes autoritarios en la historia nicaragüense revela un papel destacado del sector castrense –tanto con Anastasio Somoza como con los sandinistas– como ente impulsor de los procesos de modernización y desarrollo de la capacidad estatal, pero también como agente represor de las diversas formas de disidencia y oposición antigubernamental. Será recién en la etapa de transición iniciada en 1990 cuando la sujeción del mando militar al poder civil y la mayor incidencia de la sociedad civil van a configurar escenarios en los cuales la ciudadanía organizada podrá incidir en la política pública sin que los conflictos político-institucionales corran el riesgo –salvo excepciones– de degenerar en confrontaciones armadas amplias entre sectores de la sociedad y de estos con el aparato estatal y, en particular, con la institución armada.

En los últimos años, el gobierno nicaragüense ha mantenido relativamente fuera del juego político al Ejército y la Policía, instituciones ambas que avanzaron en sus procesos de profesionalización con resultados remarcables en el ámbito centroamericano. Hoy, frente a la recurrente pasividad de los agentes policiales, el orteguismo se contenta con apelar a sus adherentes cuando, por ejemplo, se trata de reprimir marchas opositoras. La movilización de tropas en el reciente conflicto con Costa Rica por el río San Juan y el apoyo del presidente Ortega a la permanencia en el cargo de la jefa de la Policía, Aminta Granera –cuya profesionalidad ha sido reconocida por la opinión pública, del mismo modo que sus orígenes y simpatías sandinistas–, parecen sugerir un interés en acercar o cooptar en mayor grado a los cuerpos armados y de interior. Sin embargo, el esquema de poder construido por el orteguismo (mezcla de poder estatal-partidario, control de instituciones y organizaciones sociales afines y alianza con sectores económicos y países extranjeros donantes) parece prescindir hasta el momento del factor militar como variable relevante en su ecuación desdemocratizadora. Asistimos pues a un caso en el que la desdemocratización no ha ido de la mano de un mayor protagonismo del elemento castrense, toda vez que el resto de los recursos en manos del Estado y la relativa debilidad de sus oponentes y la sociedad civil organizada tornan por el momento innecesario el uso de la fuerza armada y policiaca como resguardo de poder.

Recapitulando...

Tras presentar esta secuencia de mecanismos y procesos, es posible ofrecer un cuadro que caracteriza, de forma esencial, los procesos desdemocratizadores desarrollados en Nicaragua en el periodo 2006-2011. La existencia de una aguda polarización de actores y conflictos (como los relacionados con las elecciones de 2008 y 2011) se une a la reforzada incidencia de redes tradicionales (como las de la Iglesia católica y las protestantes), en muchos casos vinculadas a las nuevas agendas y propaganda gubernamentales (provida, religiosa, etc.) para impedir la emergencia de una política pública que acoja la incidencia ciudadana en sus expresiones moderna, laica y pacífica. Paralelamente, niveles aceptables de participación electoral y de libertades (de prensa, expresión, asociación) coexisten con un modelo oficialmente promovido, partidizado y excluyente, de participación en los ámbitos locales a partir de la implementación de las estructuras del denominado Poder Ciudadano. A la vez, el acceso ampliado –pero desigual– de la población a recursos, a través de diversos programas desarrollados por el gobierno nacional mediante la canalización selectiva de la abundante ayuda venezolana, apunta a la consolidación de estrategias diferenciadas de clientelismo (por regiones y grupos poblacionales considerados relevantes) y a la utilización de elementos formalmente creadores de ciudadanía (como la cedulación electoral) como mecanismos para el control y la movilización políticos por parte del partido gobernante. Este es el único que posee la estructura, la experiencia y los recursos para hacer una política partidaria efectiva a escala nacional, ahora reforzada por los recursos gubernamentales.

La notable autonomía del grupo dirigente –que ha marginado a aquellas figuras o grupos que potencialmente podrían constituir una amenaza al dominio de Ortega y su esposa– y la fusión en su seno de intereses estatales y privados, los beneficios concedidos a aliados (empresariales, eclesiales) y la capacidad de control de poderes públicos (electoral, judicial), así como la confrontación con partidos opositores y sociedad civil, revelan un incremento relativo de la capacidad estatal y una menor influencia ciudadana (sobre todo, aquella que se canaliza de forma institucionalizada por mecanismos de gobierno e incidencia en políticas específicas) en la política pública. Así, las relaciones entre el Estado y la ciudadanía van adquiriendo y consolidando características que las hacen tendencialmente asimétricas, desprotegidas y no vinculantes, lo que tributa a la paulatina desdemocratización del régimen político y el orden social nicaragüenses.

La reelección de Ortega simboliza, para algunos analistas, la implantación de un modelo que combina el autoritarismo político con los negocios privados y el clientelismo social, apuntalado por la patrimonialización de la millonaria cooperación económica venezolana15. Se insiste en que, durante su nuevo gobierno, el FSLN podría reformar la Ley de Leyes o convocar una Asamblea Constituyente para permitir la reelección presidencial indefinida o eliminar los obstáculos a una futura candidatura presidencial de Rosario Murillo, además de institucionalizar los CPC como parte de la nueva geometría política del territorio y Estado nicaragüenses. También se alerta sobre la posibilidad de que se establezcan nuevos controles sobre las ONG y los medios y de una modificación de la Ley Orgánica del Ejército Nacional que permita partidizar esta institución.

La capacidad de cooptación, las afinidades ideológicas y afectivas con la herencia revolucionaria, el recuerdo de los costos de la guerra y el miedo a la violencia paralizan hasta el momento la acción colectiva. Las últimas noticias parecen evidenciar la capacidad del gobierno nacional para sostener niveles de gobernabilidad amparados en los factores antes mencionados y bloquear ulteriores desarrollos democratizadores. Pero en tanto las causas del disenso no sean eliminadas, subyace la amenaza –ante la aparente fosilización de los espacios y métodos de lucha institucionales– de una nueva radicalización de los oponentes, fenómeno que traería de vuelta los dramas recurrentes de la historia nicaragüense (autoritarismo, represión, violencia) y desterraría las promesas de un cambio democrático.

  • 1. Armando Chaguaceda: politólogo e historiador. Es investigador en la Universidad Veracruzana, miembro del Observatorio Social y Coordinador del Grupo de Trabajo «Anticapitalismos y sociabilidades emergentes» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Correo electrónico: <xarchano@gmail.com>.Palabras claves: democratización, sandinismo, Charles Tilly, Daniel Ortega, Nicaragua.. Bertrand Badie y Guy Hermet: Política comparada, fce, México, df, 1993, p. 92.
  • 2. Guillermo O’Donnell: Democracia, agencia y Estado. Teoría con intención comparativa, Prometeo, Buenos Aires, 2010.
  • 3. A. Chaguaceda: «El ágora infinita y las sombras de Macondo. Explorando la democracia en clave latinoamericana» en Metapolítica vol. 16 No 77, 4-6/2012.
  • 4. Laurence Whitehead: Democratización. Teoría y experiencia, fce, México, df, 2011.
  • 5. Charles Tilly: Democracia, Akal, Madrid, 2010.
  • 6. Ibíd.
  • 7. C. Tilly: ob. cit., p. 206.
  • 8. Para una aproximación a la emergencia de movimientos que reivindican la autonomía, v. A. Chaguaceda: «El movimiento de mujeres y las luchas sociales por la democratización en la Nicaragua postrevolucionaria (1990-2010)» en Encuentro año xliii No 89, 2011. Para un balance de las políticas de participación del gobierno orteguista, v. A. Chaguaceda y Roberto Stuart: «¿Democracia participativa en Nicaragua? Los Consejos de Poder Ciudadano y el gobierno del fsln (2006-2011)» en Revista Centroamericana de Ciencias Sociales vol. 2 No viii, 12/2011.
  • 9. Esta formulación permitió incorporar a figuras como el arzobispo emérito de Managua Miguel Obando y Bravo, símbolo de la resistencia contrarrevolucionaria al sandinismo en los 80.
  • 10. La capacitación de sus miembros proviene de dependencias del gobierno central (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación), así como de alcaldías y organizaciones afines al fsln.
  • 11. El viejo «pacto» establecido en 2000 entre el Frente y el hoy moribundo Partido Liberal Constitucionalista (plc) ha perdido relevancia, pues el caudillo liberal Arnoldo Alemán fue sacado del juego y gran parte de sus bases lo han abandonado.
  • 12. Carlos F. Chamorro: «El ‘Golpe’ y la Oposición» en Confidencial, 18/12/2011, www.confidencial.com.ni/articulo/5612/el-ldquo-golpe-rdquo-y-la-oposicion.
  • 13. Entrevista del autor a Ángel Saldomando, investigador del Centro de Investigación de la Comunicación, 12 de septiembre de 2011.
  • 14. En similar dirección operan la sistemática purga de cuadros antiguos, expertos y fieles –que construyeron la estructura organizacional del fsln– en momentos en que el gobierno apuesta a expandir su militancia y radio de acción, y el enfrentamiento de Murillo con el sector empresarial del Frente.
  • 15. C.F. Chamorro: ob. cit.