Tema central

¿Qué pueden hacer las políticas energéticas por la integración?

Luego de repasar las principales cifras del balance energético en América Latina y el Caribe, el artículo plantea los objetivos que debería asumir la política energética y enumera algunos de sus posibles lineamientos, entre los que se destacan el involucramiento de los actores no estatales, la cooperación con los organismos multilaterales y la priorización de las nuevas tecnologías y los recursos renovables. Se argumenta que la integración energética debe enmarcarse en la integración económica y que constituye, por lo tanto, un objetivo parcial del desarrollo sustentable. Para avanzar en ella es necesario elaborar una política integrada y flexible, orientada de acuerdo con metas explícitas y medibles.

¿Qué pueden hacer las políticas energéticas por la integración?

Introducción

La integración es un proceso de expresión de la voluntad política, a través del cual los países deciden compartir el futuro, con el objetivo de lograr un desarrollo integral en beneficio de sus habitantes y buscando metas comunes en un sistema global. En este esquema, América Latina y el Caribe constituyen un área de singular importancia para el intercambio comercial de bienes y servicios y para la implementación de nuevas normas, estructuras e instituciones.

La integración energética debe enmarcarse dentro de la integración económica. Constituye un objetivo parcial del desarrollo sustentable, por lo que su análisis debe abordarse como una sucesión de conjuntos incluidos y sus proyectos deben estar estrechamente vinculados al proceso de globalización. En general, el estudio del sector energético muestra la ventaja comparativa de la región en cuanto a la disponibilidad de energía primaria, que la pone en condiciones inmejorables para enfrentar el desafío de la integración energética regional y hemisférica a gran escala, lo que proporciona beneficios relevantes para el desarrollo.

La región es inmensamente rica en reservas de petróleo, gas natural, carbón mineral y potenciales hidroeléctricos. Sin embargo, es dramáticamente pobre en la capacidad instalada de generación de electricidad y, por lo tanto, en el consumo. Como variable explicativa del desarrollo, el bajo consumo de electricidad pone de relieve el significativo atraso de América Latina y el Caribe frente a los países industrializados.

El balance energético latinoamericano en cifras

De acuerdo con los indicadores de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), América Latina y el Caribe producen 9% de la energía del mundo; consumen 6,8% y exportan 2,2%. El consumo promedio, aunque creció 3,7% en la última década, aún es bajo si se lo compara con el de las economías industrializadas, y también es dispar entre los diferentes países de la región. Ello se debe a las diferencias en el desarrollo y la situación de pobreza y bajos ingresos, que impiden una expansión significativa de los mercados de bienes y servicios. Es ilusorio pensar que, sin un proceso de desarrollo más agresivo, la región pueda reducir la brecha de consumo con los países industrializados e integrarse más plenamente al mundo globalizado.

En América Latina y el Caribe, el petróleo y sus derivados representan 13,5% de las reservas mundiales y 13,8% de la producción. Es el principal energético regional, tanto para el consumo doméstico (48%) como para la exportación. Los principales exportadores hacia el resto del mundo son Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago, que poseen los excedentes más importantes. El comercio extrarregional creció en los últimos años más de 60%.El gas natural representa 5,7% de las reservas mundiales y 7,7% de la producción. En grado de importancia, es el segundo energético consumido en la región (22%), porcentaje que coincide con la participación en el consumo mundial de gas. La mayor concentración se observa en el Mercosur ampliado (con Bolivia y Chile como Estados asociados).

El carbón tiene baja significación. Las reservas representan 1,7% del total mundial y la producción, 1,3%. Aunque en el ámbito global el carbón ocupa el segundo lugar en la matriz de consumo, en América Latina y el Caribe ocupa el quinto lugar, con 5% del consumo total. Pese a que el carbón de Colombia y Venezuela es de excelente calidad y a que otros países de la región también lo producen, se destina fundamentalmente a la exportación.

El potencial hidroeléctrico se encuentra entre los más importantes del mundo. La producción de electricidad es 6,5% del total mundial, y para ella se aprovecha intensivamente la capacidad de generación hidroeléctrica, que representa 62,7% del total de electricidad producido en la región.

De acuerdo con estas cifras, podemos afirmar que América Latina y el Caribe se caracterizan por la diversidad de fuentes energéticas, renovables y no renovables; el consumo autosostenible en conjunto; la distribución desigual de los recursos energéticos; y la falta de eficiencia y de utilización de tecnologías que ahorran energía.

Los objetivos de la política energética

La interrelación entre la energía y la dimensión económica del desarrollo sustentable se sitúa en varios planos. En el plano político, el sector energético es objeto de preocupación respecto a situaciones de dependencia y desequilibrio de poderes; ya sea entre países (exportadores o importadores), entre grupos económicos, entre abastecedores y clientes, entre reguladores y regulados, o entre Estados y empresas importantes. En el plano macroeconómico, el sector energético tiene fuertes impactos sobre la balanza comercial y los ingresos fiscales, y también sobre los gastos y las inversiones públicas del Estado. Tales ingresos fiscales, en el caso de los países exportadores de energía, constituyen un instrumento clave para el desarrollo de políticas económicas que garanticen el bienestar y el crecimiento.

Al mismo tiempo, el desempeño del sector energético es crucial ya que genera los insumos básicos para el funcionamiento del conjunto del aparato productivo. Tiene, por lo tanto, que contar con un financiamiento satisfactorio y es necesario que alcance un funcionamiento que permita que los procesos de producción, distribución y consumo y la asignación de los recursos financieros sean óptimos. Dado que la energía es un factor de producción y un insumo en casi todas las actividades, la productividad de este sector se convierte en un objetivo económico fundamental.

La política energética debe tomar en consideración estas interrelaciones y, para ello, debe formular una planificación integrada, flexible y factible, orientada a objetivos explícitos respecto al desarrollo sustentable. Para garantizar estos fines, los Estados deberían fomentar el diseño de un sistema de indicadores que permita medir la situación social y ambiental del desarrollo y facilite la participación de investigadores, científicos y el público en general en el estudio de sus efectos.