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¿Por qué no hay más fuego esta vez? Claroscuros del Estado de Bienestar estadounidense

Más allá de las protestas de los últimos meses, los mecanismos estatales estadounidenses –que combinan política social con diversos tipos de control policial– parecen estar dando resultado para evitar que la crisis se transforme en movimientos de masas de trabajadores y excluidos. Este artículo analiza en detalle cómo funciona esa compleja combinación que informa sobre el Estado de Bienestar construido en Estados Unidos desde el New Deal y que no ha puesto fin a las profundas desigualdades. Basta un dato: con la tasa de encarcelamientos más alta del mundo, 2,4 millones de estadounidenses –en su mayoría afroamericanos e hispanos– estaban en prisión a finales de 2008.

¿Por qué no hay más fuego esta vez? Claroscuros del Estado de Bienestar estadounidense

Los economistas nos dicen que en junio de 2009 Estados Unidos resurgió finalmente de su peor caída desde la Gran Depresión, aunque la evidencia en ese sentido parece escasa. Un año más tarde, el desempleo alcanzaba todavía el 9,5%, y el 16,5% según la medición de mayor alcance brindada por el Departamento de Trabajo. El desempleo de largo plazo se encontraba en un récord histórico y la pobreza estaba aumentando de nuevo luego de algún descenso durante el boom de los años 90: solo entre 2004 y 2007, más de 30% de los estadounidenses fueron pobres al menos en algún momento. Como las mediciones oficiales subestiman la pobreza y estas cifras no incluyen la Gran Recesión que comenzó en diciembre de 2007, la situación seguramente fue peor.

Para 2008, 40% de los 40 millones de estadounidenses pobres eran muy pobres y sobrevivían con ingresos que estaban por debajo de la mitad del monto que marca la línea de pobreza, que entonces era de US$ 17.600 anuales para una familia de tres integrantes. De acuerdo con un nuevo Índice de Seguridad Económica, uno de cada cinco estadounidenses vio caer sus ingresos en 25% o más durante 20091. Las declaraciones personales de quiebra alcanzaron el máximo desde que se aprobó la Ley de Prevención del Abuso de Quiebra (Bankruptcy Abuse Prevention Act) en 2005, y las ejecuciones crecieron 35% entre mediados de 2009 y mediados de 2010, momento en el cual 30% de los propietarios de viviendas debían por sus casas más dinero del que estas valían, es decir que también ellos estaban esencialmente en bancarrota2. El número de personas sin vivienda alcanzó niveles récord, y entre ellas, las familias con hijos eran el sector que crecía más rápido: su cifra aumentó 30% entre 2007 y 2009. Mientras tanto, surgían asentamientos de carpas («tent cities») y otros campamentos improvisados, como ecos de las «Hoovervilles» de los años 20 y 30, y 37 millones de estadounidenses dependían de comedores populares o bancos de alimentos, versiones modernas de las colas de pobres en espera del pan gratis. Como siempre, las condiciones eran peores para los afroamericanos: para ellos, esta recesión se transformó en depresión3. Simon Schama, en ominosa referencia a la Revolución Francesa, se preguntaba en las páginas del Financial Times si el mundo se encontraba en un «momento de chispa» a partir del cual la crisis económica mundial podría estallar en una «furia social» capaz de derribar la gobernabilidad de la República4. Pero a pesar de la agitación de Schama, y no obstante algún arrebato violento ocasional, un crecimiento de las organizaciones de extrema derecha y el despliegue teatral del caucus del Tea Party, el público ha parecido curiosamente pasivo en comparación con épocas pasadas de malestar.

Es un lugar común señalar que la de EEUU es la historia laboral más sangrienta que haya tenido una sociedad occidental. En las dos primeras décadas del siglo XX, nuestra tasa de huelgas era hasta cinco veces más alta que las de otros países industrializados, y los seis años posteriores al incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de 1911 se cuentan entre los más violentos de esa larga y oscura época5. Los años previos y los que siguieron al incendio albergaron un despliegue caleidoscópico de activismo: farmers que hacían campaña a favor de la reglamentación de los ferrocarriles; pobladores urbanos que luchaban por agua limpia y leche en buen estado, o por parques y lugares de esparcimiento o iluminación para las calles; mujeres –negras y blancas, del Norte y del Sur– que participaban en movimientos de reforma política, social y cultural, desde aquellos en reclamo del sufragio –o contrarios a él– hasta cruzadas contra el alcohol, ligas de consumidoras, reformadoras que organizaban casas de acogida para inmigrantes, activistas gremiales y nativistas antiinmigración. Las empresas se organizaron para obtener más poder e influencia sobre el gobierno y sobre los trabajadores, mientras que los trabajadores hacían campaña para lograr jornadas más cortas, salarios más altos y condiciones de trabajo más seguras. Esos años frenéticos presenciaron grandes avances. Solo entre 1917 y 1920 los estados promulgaron 400 nuevas leyes de protección social: hubo medidas sobre pensiones para madres, compensación para trabajadores y seguros de desempleo, códigos de vivienda y de salud y seguridad en el lugar de trabajo, esfuerzos en favor de la protección infantil, proyectos de obras públicas y leyes referidas al salario y a las horas de trabajo. En vísperas de la Depresión, uno de cada diez estadounidenses recibía ayuda pública o privada6. Y muchas de estas innovaciones tuvieron su origen en las acciones de hombres y mujeres pobres y de la clase trabajadora, insatisfechos con su situación y movidos por la desesperación y la indignación.

¿Por qué hoy no sucede lo mismo? Si hemos experimentado la peor crisis económica desde la Depresión, ¿por qué no hemos visto una agitación similar? Con 250.000 veteranos durmiendo en las calles durante el curso de un año, un porcentaje de familias de militares que dependen de vales de alimentos que duplica el de los civiles, y tasas de suicidio crecientes entre el personal militar, ¿dónde estuvo el Bonus Army moderno, marchando sobre Washington como en 1932 y reclamando lo que se les debe? Mientras la cifra oficial de desempleo se acercaba a 20% entre los varones negros (y superaba el 40% entre los de 16 a 19 años), ¿por qué no hubo ciudades en llamas? Los progresistas lucharon por la justicia social; ¿por qué nosotros no7?

Podríamos comenzar a responder recordando que los progresistas no eran totalmente progresistas. Muchos hilos del tapiz progresista fueron esfuerzos de autopreservación de los poderosos, intentos de desacelerar el cambio y mantener todo lo que fuera posible del antiguo orden social, político y económico en un mundo en proceso de industrialización y urbanización. Shelton Stromquist atribuye al movimiento el mérito de haber legitimado la idea de que la lucha de clases no es una batalla que se debe pelear y ganar, sino una que se debe resolver mediante negociación, acuerdo e intervención estatal limitada y benigna. Muchas innovaciones progresistas no significaron una expansión de derechos, sino una contracción. Por ejemplo, las reformas electorales: las nuevas reglas de inscripción de votantes, la introducción del voto secreto y las elecciones no partidistas y por distrito único –todas ellas promulgadas en nombre del Buen Gobierno– en última instancia expulsaron a los inmigrantes recientes de la política municipal. La consolidación del poder corporativo a fines del siglo XIX es un sello distintivo del progresismo temprano, en la misma medida que los esfuerzos por minimizar los efectos disruptivos de esa consolidación; y los intentos de regular los negocios a menudo desplazaron la supervisión desde las legislaturas hacia los funcionarios públicos, alejando el poder del control democrático y llevándolo en dirección a las trastiendas, donde las empresas podían «capturar» más fácilmente los organismos designados para controlarlas.

Hay que recordar también que buena parte del proyecto progresista (en especial el llamado «movimiento por la templanza» contra el consumo de alcohol) era una misión represiva de moralistas extremos. Si bien algo del fervor antialcohol intentaba proteger a las mujeres de la violencia y la penuria doméstica producidas por un marido borracho y despilfarrador, también montó nuevas normas contra la bebida en el trabajo, lo que implicaba trabajadores más eficientes y mejor disciplinados. No siempre es fácil distinguir la asistencia social del control social, pero el discurso moralizador de la clase media es un signo distintivo de la era en la misma medida en que lo son el sufragio femenino y el impuesto a los ingresos. Recordemos también que muchos progresistas se opusieron a Franklin Roosevelt8.

Además, lo que para ojos modernos puede aparecer como una agitación repentina se desplegó a lo largo de varias décadas. El cambio avanzó con vaivenes, y para quienes participaron en él a menudo se mostró lento, insatisfactorio y demasiado sujeto a acuerdos, lo mismo que ocurre ahora. Si bien el incendio de la fábrica Triangle –resultado de la aplicación laxa de la ley y de una política local que beneficiaba más a los dueños de las fábricas que a los trabajadores– atrajo nuevamente la atención, al menos por un tiempo, hacia la difícil situación de algunos obreros, los dueños fueron absueltos de cargos criminales (aunque no de la responsabilidad civil). Y Triangle siguió siendo una empresa de sindicalización no obligatoria, y solo con la Ley Wagner de 1935 se reconoció a sus obreros el derecho de formar un sindicato. Aun así, el incendio sirvió a los propósitos políticos de Tammany Hall (la maquinaria política del Partido Demócrata), y en la medida en que ayudó a los demócratas a atraer a nuevos votantes, se le puede atribuir el mérito de 25 leyes laborales promulgadas en Nueva York en 1913, incluida una gran cantidad de nuevas reglamentaciones contra incendios9. No es un logro menor, pero tampoco trascendental. De la misma forma, podríamos rastrear el origen de la discusión de la Reforma de Wall Street y la Ley de Protección al Consumidor (CPA, por sus siglas en inglés) de 2010 en el colapso financiero de 2008, admitiendo al mismo tiempo sus debilidades y reconociendo su utilidad para los demócratas que intentan cultivar la bona fides populista. Incluso si la CPA es, como muchos sostienen, la regulación más importante del sector financiero desde la década de 1930, podríamos preguntarnos en qué sentido les estamos fallando a nuestros ancestros de la era progresista.

Quizás no debería sorprendernos no encontrar más rebelión entre los desposeídos teniendo en cuenta que se ha estado haciendo tanto –aunque no lo suficiente– para mejorar su situación. Norman Ornstein describió el 111º Congreso (2009-2011) como «en camino a convertirse en uno de los más productivos desde la Gran Sociedad (Great Society)» de los años 60, y afirmó que «el de Obama es ya el mayor éxito legislativo que haya tenido un presidente contemporáneo»10. Son afirmaciones discutibles, pero creíbles. La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act, ACA) podría ganar por sí misma ese estatus, más allá de sus insuficiencias, por extender la prestación de Medicaid a otros 15 millones de estadounidenses, por subsidiar la cobertura para una cantidad similar de personas y por montar, finalmente, el marco institucional para un programa nacional de salud. Antes de la ACA, la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense (American Recovery and Reinvestment Act, ARRA) de 2009 por casi US$ 800.000 millones incluía una nacionalización de facto de los préstamos estudiantiles privados; recortes de impuestos y otorgamiento de créditos dirigidos en su mayor parte a las clases trabajadoras y medias; subsidios para la prestación de beneficios para desempleados por la Ley Federal de Reconciliación del Presupuesto Colectivo Consolidado (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA); US$ 2.000 millones para centros de salud comunitarios; expansión del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), consistente en vales de alimentos, y de Crédito Impositivo por Ingreso Ganado (Earned Income Tax Credit, EITC); US$ 350 millones para programas de alimentación de emergencia, raciones escolares y comidas a domicilio; US$ 1.500 millones en subsidios para alquileres destinados a personas en riesgo de quedar en la calle y US$ 2.000 millones para vales de elección de vivienda («Sección 8»); fondos crecientes para el cuidado infantil; una inyección de dinero en la cuenta de emergencia de la Asistencia Temporaria para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF), que sostenía unos 240.000 empleos; y la extensión (y aumento) de los beneficios por desempleo. También se enviaron cheques de US$ 250 a beneficiarios de la Seguridad Social y la Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) y a algunos veteranos con discapacidades11. No es la sopa de letras de los primeros años del New Deal (FERA, AAA, TVA, NRA, PWA, etc.), pero no obstante marca un momento inusualmente expansivo en la historia contemporánea de la política social estadounidense. Incluso en ausencia de un descontento masivo –y quizás con cierta intención de evitarlo–, el gobierno de EEUU ha respondido de un modo «progresista».

Dicho esto, es razonable reclamar que la respuesta fue muy débil dada la magnitud del problema, y que se hizo muy poco por aliviar el empobrecimiento de demasiadas personas: según la opinión del entonces presidente del Consejo de Asesores Económicos de Obama, el monto de la ARRA debería haberse acercado a US$ 1,2 billones12. Y del mismo modo que con los logros progresistas, es difícil desprender las medidas que benefician a las familias, a los trabajadores o a los propietarios de viviendas, de aquellas que prestan ayuda a bancos, a brokers y a otros lobbystas de la calle K de Washington: cualesquiera sean sus virtudes públicas, la ACA creará millones de nuevos clientes para proveedores y aseguradores privados, mientras que la TANF y el EITC son subsidios indirectos para quienes emplean a trabajadores por bajos salarios. Muchos historiadores identifican el progresismo como un movimiento de expertos de clase media con instintos cautelosos, que culmina en una especie de «centrismo radical»13. En definitiva, podríamos mirar hacia la era actual con una ambivalencia similar, aplaudiendo sus logros y lamentando que haya estado dominada por tecnócratas con credenciales de la Ivy League14 que, como sus predecesores, aspiraban a alterar el statu quo solo lo necesario para preservar sus rasgos principales.

Pero por más inadecuadas que sean, las acciones del gobierno han vuelto menos terribles las vidas de millones de personas. Si se hubiera impuesto el caucus neohooverianao, si se hubiera dejado que otros grandes bancos se malograran como lo hizo Lehman, si se hubiera permitido que la industria automotriz colapsara entre los escombros de una ya devastada Detroit, y si hubiéramos aprobado un congelamiento de gastos en todos los niveles en lugar de la ARRA, quizás entonces habríamos visto gente tomando las calles y «Obamavilles» construyéndose en el Washington Mall. En general no consideramos que los programas del New Deal hayan sido un fracaso por no haber terminado con la Gran Depresión, y así como entonces la intervención federal alivió el sufrimiento y aquietó la protesta, la acción más reciente puede quizás haber erosionado el impulso a la resistencia y la rebelión.

En ese sentido, el incendio de la fábrica Triangle puede por sí mismo ayudar a explicar la calma aparente, si se le atribuye alguna responsabilidad en reformas que hicieron que la mayoría de los trabajadores (ya que difícilmente todos) estuvieran más protegidos, más saludables y más seguros de lo que estaban en 1911: hoy EEUU tiene un Estado regulador, un Estado de Bienestar y un complejo sector de servicio social privado que, incluso de manera imperfecta, limita algunos de los peligros de la empresa comercial y suaviza los peores efectos de la debacle económica. Por ejemplo, 35 millones de personas recibían vales de alimentos en junio de 2009, y en el mismo año 38.000 comedores populares y bancos de alimentos proveían también a familias en riesgo15. Estos programas pueden ser humillantes y no llegan a todos, pero aun así garantizan a la mayoría de las familias el acceso a alimentos suficientes para prácticamente pasar el mes. Mientras que en EEUU el hambre es algo común, es rara la inanición y también son raros los actos más desesperados que comete un ser humano famélico. A pesar de ser pequeña y de estar desgastada, la red de seguridad que se fue tramando en los años transcurridos desde el incendio de la fábrica Triangle es importante. Hoy la gente tiene otras opciones además de la revuelta de hambre.

Por supuesto que estas condiciones no son novedades poscolapso, sino que arraigan en décadas de desigualdad e inseguridad crecientes, salarios estancados y una declinación tan grave en el bienestar de los trabajadores estadounidenses que casi 25% de quienes eran pobres en 2007 tenían sin embargo empleo de tiempo completo16. El ataque a las clases trabajadoras y medias ha sido una descarga sostenida, iniciada seriamente durante la crisis fiscal de la década de 1970 para disciplinar a los trabajadores luego de sus avances de posguerra y apoyada por Reagan y sus sucesores. Para el año 2009, solo 12% de los trabajadores estadounidenses estaban representados por un sindicato, una caída respecto del 23% de 1980 y el pico de 33% en 195417. Esto es importante más allá de la capacidad de los trabajadores de ejercer presión contra sus jefes: la fortaleza de los partidos de trabajadores es el mejor indicador para predecir la dimensión del Estado de Bienestar en democracias avanzadas, y el hecho de que no tengamos siquiera un partido de trabajadores es en parte la razón por la cual nuestra red de seguridad pública es pobre y escasa: carecemos del peso necesario para hacer retroceder los afianzados intereses empresariales, que siguen ocupando una «posición privilegiada» en la elaboración de políticas18. Y los partidos políticos de base racial contribuyen hoy a dividir entre sí a las clases medias y trabajadoras, de la misma forma en que la raza y la etnicidad las dividieron a fines del siglo XIX, desviándolas de la posibilidad de alianzas de clase más amenazadoras.

No solo el poder de los sindicatos ha resultado erosionado; también la cantidad de participantes en organizaciones civiles, en especial en los últimos diez años, lo que alejó a muchos de redes que podrían facilitar la acción colectiva19. El discurso político vacío y combativo de los programas de noticias por cable corroe la confianza de los espectadores en el gobierno, y así los aleja más todavía de la política y exacerba caídas en la participación que ya llevan décadas20. Cuando en 1965 los derechos electorales se extendieron formalmente al último gran bloque excluido, se perdió un importante foco de los esfuerzos de movilización. La legalización de la huelga ha reducido el conflicto, y en el periodo de posguerra las luchas se canalizaron hacia rituales conocidos y menos peligrosos, en los que cada parte juega su papel en el piquete, en la prensa, en los tribunales y en la mesa de negociación. Sumado a esto, la deslocalización de la producción y el carácter desterritorializado de las empresas hacen más difícil identificar un blanco, y también ir a la huelga, parar las máquinas o amenazar la rentabilidad21.

Lo que es más importante, es posible que los estadounidenses pobres estén más eficazmente aislados y contenidos que sus pares de las ciudades industriales del Norte hace cien años. El Estado de Bienestar al que atribuí el alivio de la pobreza de muchos tiene otro costado: un Estado que aquieta la resistencia no mediante la ayuda, sino a través de la vigilancia, el terror y la reclusión22.

La militarización de las fuerzas policiales estadounidenses iniciada por Richard Nixon y las subsiguientes políticas de «calidad de vida» y «tolerancia cero» han transformado muchos vecindarios pobres en territorios ocupados. Gracias a prácticas que apuntan incluso contra infracciones mínimas en áreas seleccionadas, así como a estatutos contra la vagancia y el merodeo, prácticamente cualquier persona puede ser detenida e interrogada en cualquier momento. Las prácticas de cacheo (stop-and-frisk), por ejemplo, despojan a los hombres pobres de todo derecho a la privacidad; la resistencia o la simple falta de respeto pueden llevar al arresto, o a la tortura y la muerte gracias a la extensión del uso de pistolas Taser (pistolas eléctricas de aturdimiento): desde 2001, 351 personas, la mayoría de ellas desarmadas, han muerto luego de ser «picaneadas» por personal encargado del orden público23. En 2009, más de 575.000 neoyorquinos fueron detenidos por la policía: 91% eran personas de color y aproximadamente 90% no eran culpables de nada24. Los afroamericanos, en una enorme proporción pobres y más segregados hoy que en 1900, antes del incendio de la fábrica Triangle, o que en 1954, antes del fallo Brown, viven bajo una suerte de ley marcial, que disuade a quienes de otra manera quizás se rebelarían. Michelle Alexander ha descripto la construcción completa solo insinuada aquí y la ha llamado «un nuevo Jim Crow»25.

Para quienes no se someten, está la prisión. Los datos a esta altura son conocidos: con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, a fines de 2008 EEUU mantenía a 2,4 millones de personas en sus prisiones y cárceles. Entre ellas, están sobrerrepresentados los varones, afroamericanos o hispanos, pobres, con poca educación y muy probablemente desempleados en el momento de su arresto; la mitad de los reclusos están en esa situación por delitos no violentos relacionados con las drogas, contra la propiedad o el «orden público». Una vez en libertad, permanecen bajo vigilancia: 4,3 millones estaban en libertad probatoria (probation) y 828.000 tenían libertad condicional (parole) a finales de 2008, sobre un total de unos 7,5 millones bajo control de nuestro sistema de justicia contra el crimen, un aumento de 300% desde 1980. Los estatutos de suspensión de derecho de voto para criminales –promulgados por primera vez en el Sur luego de la Guerra Civil– todavía afectan a 5,3 millones de estadounidenses e impiden a 13% de los varones negros ejercer el voto, en tanto que sus registros penitenciarios los vuelven no aptos para recibir la mayor parte de la asistencia gubernamental26. Aunque se le ha prestado poca atención al tema, los estados han ido simultáneamente cortando o poniendo fin a sus programas de asistencia general –ayuda que, si bien siempre mezquina, era una alternativa para los varones solteros–, mientras que se han agregado límites temporales y exámenes de trabajo al programa de vales de alimento. Se obliga a estos hombres a buscar desesperadamente un empleo que tienen escasas oportunidades de obtener, incluso si no tienen antecedentes penitenciarios; pero bajo la mirada constante del Estado, aquellos que podrían liderar una protesta perturbadora pueden ser rápidamente puestos bajo llave27.

La Ley de Reconciliación de Oportunidades Laborales y Responsabilidad Personal (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act) de 1996 –reforma de prestaciones sociales– impone su propio aparato disciplinario sobre las mujeres pobres. Las políticas estadounidenses de asistencia social han buscado siempre monitorearlas y controlarlas, pero ahora esos controles se han expandido. En muchos estados las beneficiarias son sometidos a tests de drogas, y sus beneficios disminuyen o son interrumpidos si se niegan a probar la paternidad de sus hijos. También se reduce la ayuda si sus hijos no cumplen los objetivos de asistencia a la escuela y, en algunas jurisdicciones, a las aspirantes se les toman las huellas digitales y sufren la verificación de antecedentes criminales. Gracias a las políticas «work-first» («primero, el trabajo», programas que priorizan la capacitación para la incorporación al mercado laboral), a las duras sanciones por transgredir las reglas y a los programas de «preparación para el empleo» («work readiness»), se coloca a estas mujeres en una situación apremiante en lo económico a la vez que se las entrena para ser dóciles y obedientes, preparándolas para un mercado de trabajo de bajos salarios en el que esas son las virtudes recompensadas, y los mecanismos de vigilancia y humillación les resultarán familiares cuando se sometan a tests de detección de drogas, tengan que pedir permiso para ir al baño o se les prohíba confraternizar con sus compañeros de trabajo28. En algunas ciudades, beneficiarios de programas sociales de trabajo («workfare») reemplazan a los empleados públicos sindicalizados, más caros y presumiblemente más firmes29.

Los efectos del nuevo régimen de prestaciones sociales se extienden más allá, ya que sus medidas reducen la capacidad de organización en los vecindarios de bajos ingresos, al forzar a las organizaciones sin fines de lucro a redirigir sus energías a cubrir las necesidades de capacitación, empleo y cuidado infantil para aquellos que han quedado afuera de las listas, al tiempo que ponen a los distintos organismos a competir entre sí por financiamiento. Como lo resumen Sandra Morgen y Jeff Maskovsky, «las políticas sociales neoliberales tienen efectos particularmente insidiosos, ya que las organizaciones son transformadas en maneras que desalientan la acción colectiva por parte de los pobres y fomentan estrategias de supervivencia individuales, de emprendedurismo o autoayuda apolítica»30. En este contexto cobra sentido el ataque contra la Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora (Association of Community Organizations for Reform Now, ACORN), dado su alcance en vecindarios pobres y sus esfuerzos exitosos a favor del empadronamiento de votantes de bajos ingresos, la lucha contra los desalojos y las prácticas de préstamo usurarias y otras variantes de organización, empoderamiento y educación comunitaria.

Incluso durante su fase expansiva, el programa de Asistencia Pública para Familias con Hijos Dependientes (Aid to Families with Dependent Children, AFDC) trataba a los aspirantes de un modo que reducía la confianza de estos en el gobierno, su fe en la actividad del movimiento y su disposición a reclamar contra lo que percibían como injusto. Un número creciente de investigaciones muestra cómo las burocracias afectan la disposición de los ciudadanos a comprometerse como tales: algunos programas, como la GI Bill, han fomentado la virtud cívica, la participación política y la confianza en el gobierno, mientras que otros, como las prestaciones sociales y el sistema de prisiones, desmovilizan y restan poder31. Los estadounidenses pobres, y en especial los estadounidenses pobres de color (ya de por sí poco inclinados a votar y recelosos de la autoridad del Estado) se distancian aún más de un gobierno que, en su actual estado, es «completamente indiferente» a sus necesidades. El gobierno puede ignorarlos sin sufrir perjuicios porque no se puede contar con ellos para obtener votos o contribuciones de campaña, y cualquier amenaza de desorden parece, al menos por ahora, bajo control32. Las instituciones con las que es más probable que interactúen les enseñan que no hay esperanza, y su cinismo es reafirmado en cada encuentro con la burocracia o la policía. El problema es exacerbado por medios de comunicación que los demonizan como matones o reinas de la asistencia social, y que deslegitiman sus reclamos con la misma eficacia con que el sistema político ignora sus voces.

Una vez dicho esto, hay, como siempre, gente que está dando pelea33. Al comienzo de la recesión, un sheriff de Cook County, Illinois, se negó a ejecutar algunos desalojos –y se transformó así, por un tiempo, casi en un héroe nacional–, mientras que algunos grupos que trabajan bajo el paraguas del movimiento Take Back the Land (Recuperar la Tierra) han ocupado casas embargadas y tierras públicas en todo el país, y nos han provisto así de versiones modernas de las «marchas de indignación» y resistencias al desalojo de la Gran Depresión. El Foro Social Mundial ha estado ayudando a los activistas de todo el planeta a construir nuevas alianzas34. Tanto las bonificaciones de Wall Street como la Ley de Inmigración de Arizona y el derrame de petróleo de BP originaron protestas públicas, algunas muy grandes.

Ese trabajo puede parecer infructuoso, pero cuando observamos momentos de agitación en el pasado, lo que aparece como un arrebato es solo la erupción final de reclamos que se han cocinado a fuego lento, erupción que han hecho posible décadas de organización y construcción de instituciones35. En una economía particularmente estrecha, en la que un empleo, cualquier empleo, es una mercancía cada vez más valorada, y en la que el Estado ha demostrado que puede –y lo hará– quitarte el cheque de asistencia o la libertad, se adoptan por necesidad la docilidad y las manifestaciones de respeto, aunque habitualmente estas esconden formas más sutiles de resistencia36. Pero que hoy las ciudades estadounidenses no estén en llamas no significa que no lo estarán: los estados ya están dejando en libertad a sus prisioneros porque no pueden afrontar el costo de alojarlos y alimentarlos, y si el hambre y la pobreza y el desempleo y la desesperanza siguen creciendo, muchos pueden descubrir que ya no tienen nada que temer, o que no tienen nada más que perder.

  • 1. Los datos de la Oficina de Estadísticas del Trabajo (Bureau of Labor Statistics) están disponibles en www.bls.gov/cps. Los datos de pobreza de la Oficina del Censo de Estados Unidos están disponibles en www.census.gov/hhes/www/poverty/poverty.html, y el Índice de Seguridad Económica puede consultarse en www.economicsecurityindex.org. V. tb. Sara Murray: «Chronic Joblessness Bites Deep» en Wall Street Journal, 2/6/2010.
  • 2. V. www.federalreserve.gov/releases/housedebt; «Consumer Bankruptcy Filings Up 14 Percent Through First Half of 2010», 2/7/2010, disponible en <www.abiworld.org/am /Template.cfm?Section=Home&template =/cm/ContentDisplay.cfm&contentid =61270>; Alex Veiga: «Foreclosure Rates Surge», Associated Press, 15/4/2010; y www.calculatedriskblog.com/2010/07/negative-equity-breakdown.html.
  • 3. V. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de eeuu: «The 2009 Annual Homeless Assessment Report to Congress», junio de 2010; Jesse McKinley: «Cities Deal with Surge in Shantytowns» en New York Times, 25/3/2009; James Mabli, Rhoda Cohen, Frank Potter y Zhanyun Zhao: «Hunger in America 2010: National Report Prepared for Feeding America», Mathematica Policy Research, Princeton, nj, enero de 2010; y Orlando Patterson: «For African-Americans, a Virtual Depression–Why?» en The Nation, 19/7/2010.
  • 4. S. Schama: «The World Teeters on the Brink of a New Age of Rage» en Financial Times, 22/5/2010, disponible en www.ft.com/cms/s/0/45796f88-653a-11df-b648-00144feab49a.html.
  • 5. Philip Taft y Philip Ross: «American Labor Violence: Its Causes, Character, and Outcome» en Hugh Davis Graham y Ted Robert Gurr (eds.): The History of Violence in America: A Report Submitted to the National Commission on the Causes and Prevention of Violence, Frederick A. Praeger, Nueva York, 1969; v. tb. Robert Justin Goldstein: «Political Repression of the American Labor Movement During Its Formative Years-A Comparative Perspective» en Labor History vol. 51 No 2, 5/2010.
  • 6. Michael Katz: In the Shadow of the Poorhouse: A Social History of Welfare in America, Basic Books, Nueva York, 1996; James T. Patterson: America’s Struggle Against Poverty, 1900-1994, Harvard University Press, Cambridge, ma, 1994.
  • 7. V. www.nationalhomeless.org/factsheets/veterans.pdf; Bryan Mitchell: «More Troops Relying on Food Stamps» en Military.com, 22/7/2009, www.military.com/news/article/more-troops-are-relying-on-food-stamps.html; Jamie Tarabay: «Suicide Rivals the Battlefield in Toll on us Military» en npr.org, www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=127860466, 17/6/2010; Sylvia Allegretto, Ary Amerikaner y Steven Pitts: Black Employment and Unemployment in June 2010, uc -Berkeley Labor Center, Berkeley, ca, 2/7/2010.
  • 8. Martin J. Sklar: The Corporate Reconstruction of American Capitalism, Cambridge University Press, Nueva York, 1988; Gabriel Kolko: The Triumph of Conservatism, Free Press, Nueva York, 1977; S. Stromquist: Re-Inventing «The People»: The Progressive Movement, the Class Problem, and the Origins of Modern Liberalism, University of Illinois Press, Urbana-Chicago, 2006; Robert H. Wiebe: The Search for Order: 1877-1920, Hill and Wang, Nueva York, 1967; Glenda Elizabeth Gilmore (ed.): Who Were the Progressives?, Bedford / St. Martin’s, Boston, 2002; Michael McGerr: A Fierce Discontent: The Rise and Fall of the Progressive Movement in America, 1870-1920, Free Press, Nueva York, 2003.
  • 9. David von Drehle: Triangle: The Fire That Changed America, Grove Press, Nueva York, 2003.
  • 10. N. Ornstein: «A Very Productive Congress, Despite What the Approval Ratings Say» en Washington Post, 31/1/2010.
  • 11. Ver Center on Budget and Policy Priorities: «Economic Recovery Watch», www.cbpp.org/research/index.cfm?fa=topic&id=142; y www.recovery.gov.
  • 12. Ryan Lizza: «Inside the Crisis: Larry Summers and the White House Economic Team» en The New Yorker, 12/10/2009.
  • 13. Ver M. McGerr: ob. cit.
  • 14. Hace referencia al grupo de universidades de elite y excelencia académica de eeuu, entre ellas Harvard, Columbia, Princeton, Yale, etc. [N. del E.]
  • 15. V. datos de Population Reference Bureau, www.prb.org/Articles/2009/usfoodstampenrollment.aspx; J. Mabli, R. Cohen, F. Potter y Z. Zhao: ob. cit. (en mayo de 2010, 40,8 millones de personas estaban en las listas del snap, con una proyección de alcanzar 43 millones para 2011); y un artículo de Bostonist.com/BloombergNews, www.boston.com/news/nation/washington/articles/2010/08/05/food_stamp_use_hit_record_408m_in_may/, 5/8/2010.
  • 16. Maria Cancian y Sheldon Danziger: Changing Poverty, Changing Policies, Russell Sage Foundation, Nueva York, 2009, tabla 2.1, pp. 39-40.
  • 17. Bureau of Labor Statistics: Union Membership 2009, Washington, dc, 22/1/2010; Douglas S. Massey: «Globalization and Inequality: Explaining American Exceptionalism» en European Sociological Review vol. 25 No 1, 2009, pp. 9-23.
  • 18. John Myles y Jill Quadagno: «Political Theories of the Welfare State» en Social Service Review vol. 76 No 1, 3/2002; Charles Lindblom: Politics and Markets, Basic Books, Nueva York, 1980; Jacob S. Hacker y Paul Pierson: «Winner-Take-All Politics: Public Policy, Political Organization, and the Precipitous Rise of Top Incomes in the United States» en Politics & Society vol. 38 No 2, 2010.
  • 19. Theda Skocpol: «Voice and Inequality: The Transformation of American Civic Democracy» en Perspectives on Politics vol. 2 No 1, 3/2004. Sobre debates que sugieren que los blogs políticos y otras comunidades online «pueden» ofrecer nuevas oportunidades para la organización, v. Matthew R. Kerbel y Joel David Bloom: «Blog for America and Civic Involvement» en International Journal of Press/Politics vol. 10 No 4, 2005; Eric Lawrence, John Sides y Henry Farrell: «Self-Segregation or Deliberation?: Blog Readership, Participation, and Polarization in American Politics» en Perspectives on Politics No 8, 2010, pp. 141-157.
  • 20. Diana C. Mutz y Byron Reeves: «The New Videomalaise: Effects of Televised Incivility on Political Trust» en American Political Science Review vol. 99 No 1, 2/2005.
  • 21. O quizás no; v. Frances Fox Piven: «Can Power from Below Change the World?» en American Sociological Review vol. 73 No 1, 2/2008.
  • 22. Se trata de un esquema que Piven y Cloward han analizado en extenso: a veces los pobres reciben pan, a veces balas. Ver F. Fox Piven y Richard A. Cloward: «Humanitarianism in History: A Response to the Critics» en Walter I. Trattner (ed.), Social Welfare or Social Control?: Some Historical Reflections on Regulating the Poor, University of Tennessee Press, Knoxville, 1983.
  • 23. V. www.amnestyusa.org/us-humanrights/taser-abuse/page.do?id=1021202.
  • 24. V. www.nyclu.org/issues/racial-justice/stop-and-frisk-practices.
  • 25. El nombre refiere a las leyes segregacionistas sancionadas bajo la filosofía «juntos pero separados». Douglas Massey y Nancy Denton: American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass, Harvard University Press, Cambridge, ma, 1998; Richard D. Kahlenberg: «The Return of Separate But Equal» en James Lardner y David A. Smith (eds.): Inequality Matters: The Growing Economic Divide in America and Its Poisonous Consequences, New Press, Nueva York, 2005; M. Alexander: The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, New Press, Nueva York, 2010.
  • 26. Las estadísticas de la Oficina Federal de Justicia de eeuu pueden consultarse en bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm; Sentencing Project: «Facts About Prisons and Prisoners» (varias ediciones), disponible en www.sentencingproject.org.
  • 27. Devah Pager: Marked: Race, Crime, and Finding Work in an Era of Mass Incarceration, University of Chicago Press, Chicago, 2007.
  • 28. Jane L. Collins y Victoria Mayer: Both Hands Tied: Welfare Reform and the Race to the Bottom of the Low-Wage Labor Market, University of Chicago Press, Chicago, 2010; Barbara Ehrenreich: Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America, Metropolitan Books, Nueva York, 2001.
  • 29. Laura Wernick, John Krinsky y Paul Getsos: New York City’s Public Sector Sweatshop Economy, Community Voices Heard, Nueva York, 2000.
  • 30. James Jennings: «Welfare Reform and Neighborhoods: Race and Civic Participation» en Randy Albelda y Ann Withorn (eds.): Lost Ground: Welfare Reform, Poverty, and Beyond, South End Press, Boston, 2002; S. Morgen y J. Maskovsky: «The Anthropology of Welfare ‘Reform’: New Perspectives on us Urban Poverty in the Post-Welfare Era» en Annual Review of Anthropology No 32, 2003.
  • 31. Suzanne Mettler: Soldiers to Citizens: The g.i. Bill and the Making of the Greatest Generation, Oxford University Press, Nueva York, 2005; Joe Soss: «Lessons of Welfare: Policy Design, Political Learning, and Policy Action» en American Political Science Review vol. 93 No 2, 6/1999; Joe Soss y Lawrence R. Jacobs: «The Place of Inequality: The Place of Nonparticipation in the American Polity» en Political Science Quarterly vol. 124 No 1, 2009; Suzanne Mettler y Jeffrey M. Stonecash: «Government Program Usage and Political Voice» en Social Science Quarterly vol. 89 No 2, 6/2008; Vesla Weaver: «The Impact of the Carceral State on Citizenship and Sense of the State», ponencia presentada en la reunión anual de la American Political Science Association, 2009.
  • 32. Larry Bartels: Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age, Russell Sage Foundation and Princeton University Press, Nueva York-Princeton, 2008.
  • 33. Este artículo fue escrito antes del inicio del movimiento Occupy Wall Street. [N. del E.]
  • 34. Azam Ahmed y Ofelia Casillas: «Sheriff: I Will Stop Enforcing Evictions» en Chicago Tribune, 9/10/2008; www.takebacktheland.org; José Correa Leite: World Social Forum: Strategies of Resistance, Haymarket Books, Chicago, 2005.
  • 35. Doug McAdam: Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970, University of Chicago Press, Chicago, 1982.
  • 36. James C. Scott: Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, New Haven, 1985.