Tema central

¿Por qué es importante la ecología política?

La ecología política, campo interdisciplinario en constante construcción, es una herramienta teórico-analítica de relevancia, sobre todo ante la intensificación desigual del consumo de energía y materiales, de los efectos no deseados de ciertas tecnologías, así como de la generación de desechos cuyos impactos se reflejan cada vez más en conflictos socioambientales de diversa índole y escala. El artículo revisa los orígenes y desarrollo de la ecología política, poniendo el énfasis en las contribuciones latinoamericanas y trazando algunas reflexiones en torno de la construcción de alternativas desde y para los pueblos de América Latina.

¿Por qué es importante la ecología política?

Introducción

Se considera que la ecología política, como campo teórico, fue tomando cuerpo en la década de 1980, cuando se gestaba con mayor claridad un encuentro de aportes provenientes de distintas disciplinas abocadas al estudio del conflicto por el acceso, despojo, uso y usufructo de los territorios y los recursos que estos contienen (incluyendo, en muchos casos, el reconocimiento y la verificación de las contrafuerzas existentes y sus propuestas alternativas). Si bien el proceso de despojo y usufructo privado de los recursos naturales no es nuevo, sino por el contrario, algo estructural del sistema actual de producción, es cada vez más claro que la creciente acumulación de capital demanda una explotación y transformación mayor del entorno natural y social con implicaciones desiguales, sinérgicas e incluso irreversibles.Es por ello que resulta necesario dar cuenta de los procesos de colonización de la naturaleza –o actividades que alteran deliberadamente los sistemas naturales con el fin de hacerlos más útiles al sistema de producción y reproducción imperante–, así como de las modalidades del metabolismo socioeconómico, es decir, la apropiación, transformación, distribución y consumo de energía y materiales, y la consecuente generación de desechos1.

Tanto los procesos de colonización como el metabolismo socioeconómico varían según el modo de producción y en íntima vinculación con el tipo de tecnología o, dicho de otro modo, de los instrumentos exosomáticos disponibles (el «tecnometabolismo»2). De ahí que pueda sostenerse que la ecología política está también directamente relacionada con las modalidades y la sofisticación científico-tecnológicas alcanzadas, incluyendo el ritmo y las dimensiones de su operación. En el sistema capitalista de producción, el metabolismo social se agudiza aceleradamente y en clara correlación con las dinámicas de acumulación de capital, esto es, con los ciclos ampliados de producción-circulación-consumo. Y si bien el crecimiento poblacional tiene un cierto impacto en la intensificación de las demandas energéticas y materiales, esa no es la cuestión clave a escala mundial: mientras que la población solo creció cuatro veces a lo largo del siglo XX, el consumo promedio de energía aumentó 12 veces, el de metales 19 veces y el de materiales de construcción –como en el caso del cemento– hasta 34 veces, tal como lo muestra el gráfico de la página siguiente. Datos para el año 2010 estiman un metabolismo socioeconómico cuya intensidad energética y material fue del orden de 60.000 millones de toneladas de materiales al año y unos 500.000 petajoules de energía primaria3. El 10% de la población mundial acaparaba entonces 40% de la energía y 27% de los materiales4, al tiempo que las asimetrías socioeconómicas seguían prácticamente impertérritas. Al cierre del siglo XX, 20% de la población concentraba 83% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre solo se adjudicaba 1,4% de esta5; se trata de proporciones que prácticamente se mantienen al día de hoy.En concordancia con los datos anteriores, el flujo de residuos también ha ido en aumento. Solo los residuos sólidos municipales (los que han sido de hecho contabilizados y representan, en el mejor de los casos, menos de la mitad del total de residuos generados a escala mundial) pasaron de 261.333 kilotones/año en 1930 a 1.166.237 kilotones/año en 20106. En este contexto, es notorio que el estadounidense promedio genere más basura que cualquier otro habitante del planeta. Estados Unidos es altamente despilfarrador: con solo 5% de la población mundial, es responsable de 25% de la generación mundial de basura, con 389,5 millones de toneladas de residuos sólidos al año (o 18 veces el peso de toda la población adulta de ese país7). Cabe precisar la tendencia ascendente de generación de basura en el país del Norte, que aumentó en el orden de un tercio de 1980 a 2000 y en casi el doble de 1960 a 20008.

El proceso de transformación de la naturaleza es, pues, mayor, y la tendencia se ahonda no solo por la generalizada erosión de las reservas de energía y los materiales de calidad (y por tanto de bajo costo), la alteración de los ecosistemas y la transgresión o aproximación a las fronteras ecológicas de los ciclos biogeoquímicos9, sino además como resultado del actual auge de las actividades extractivas a escala mundial, vinculadas a la crisis económica y a la especulación en el mercado de la tierra y las materias primas (commodities). Por tal razón, la apropiación de tierras, que se disparó particularmente en lo que va de este siglo, puede observarse como mecanismo de despojo de «paquetes» de activos naturales en todo el mundo, con excepción de la Antártida. África y Asia son las regiones con las mayores tasas de apropiación hasta el momento, pero en América Latina el fenómeno aumenta. Solo de 2008 a 2010 se realizaron acciones de compraventa de tierras –u otros tipos de acuerdos– por unos 45 millones de hectáreas a escala mundial, la gran mayoría sin un adecuado proceso de consulta a la población local (previo, informado y culturalmente adaptado) y, en el mejor de los casos, con compensaciones deleznables, que suponen que el valor de los territorios se reduce únicamente a lo económico10.

Lo dicho hasta aquí dibuja un panorama de afectaciones y conflictos socioambientales que reenvía a la pertinencia de aproximaciones analíticas derivadas de la ecología política crítica, en tanto estas buscan develar las causas y no meramente los síntomas. En ese sentido, la ecología política crítica es un campo de estudio interdisciplinario cuyo avance se produjo y sigue produciéndose como un proceso diverso. Los énfasis presentes son heterogéneos, pero suelen dar cuenta de la importancia que tiene, en los análisis teórico-empíricos, el reconocimiento explícito de los sistemas de poder y la influencia y la subordinación presentes en las relaciones sociales y productivas contemporáneas en todas las escalas temporales y espaciales, entre otras cuestiones asociadas a lo socioeconómico, político y cultural.

Tal diversidad se expresa en múltiples definiciones, todas con puntos de encuentro, cuestión que corrobora el hecho de que se trata de un campo en consolidación, pero que no deja de ser producto de un claro esfuerzo para apuntar una diferencia entre las aproximaciones políticas y apolíticas de la ecología, para colocarse así como una lectura que, lejos de declararse neutral y objetiva, es más bien explícitamente normativa.

Sobre la conformación del concepto de ecología política

El concepto de ecología política como tal, según Paul Robbins, fue probablemente utilizado por primera vez en 1972 por Eric Wolf en su trabajo «Ownership and Political Ecology»11, que funciona como introducción a una serie de trabajos propios de la antropología y la ecología cultural para la zona andina y en los que, para Wolf, se discuten transversalmente dos elementos claves12. Por un lado, la cuestión del acceso de cara a la propiedad de los recursos, y por otro, las dinámicas de la gestión de los territorios con visión de largo plazo y de innegable naturaleza colectiva frente a la propiedad privada, las acciones individuales y la gestión cortoplacista.

Ahora bien, vale precisar que, pese a la existencia de posicionamientos críticos, la política de la ecología o la política ecologizada (a modo de diferenciar, aunque a veces emplee el concepto de ecología política) al mismo tiempo generaba, y lo sigue haciendo, interpretaciones diferentes de las aquí precisadas. En ese sentido, se puede mencionar, por ejemplo, el trabajo de Hans Enzensberger en el que se critica la ecología política de enfoque limitado propio de las clases medias, impulsada tanto por tecnócratas que apuestan por tecnosoluciones como por reformistas preocupados meramente por los espacios verdes13. Aunque existían posiciones de esta naturaleza, incluyendo aquellas de tinte pesimista y malthusiano, la literatura académica crítica tenía ya presencia y se extendería aún más en los años venideros. Las vertientes tal vez con mayor impacto en la construcción del campo de la ecología política han sido, por un lado, la economía ecológica crítica (o fuerte)14 y la ecología marxista. Ambas insisten a su modo en la necesidad de vincular las relaciones de poder y los procesos de apropiación con el análisis de la producción, distribución y consumo propios de cada sistema de producción y de cara a los límites ambientales o la finitud de la naturaleza. Por otro lado, están las vertientes que se aglutinan o derivan de los análisis de la geografía crítica, la historia ambiental, la antropología social, la sociología política y los estudios de tipo sociocultural. La ecología política es, pues, para Anthony Bebbington, un paraguas que abarca varias tradiciones y líneas de investigación, un campo de reflexión y análisis común a diversas disciplinas15.

En su libro, Robbins retoma diversas definiciones de ecología política, en su mayoría de autores anglosajones, que considera en general útiles para explicar y describir la degradación ambiental originada por el mal manejo corporativo y estatal, a partir de la documentación de las iniciativas de activismo social; para comprender la dialéctica cambiante entre sociedad y recursos territoriales, así como entre clases y grupos dentro de la sociedad; para analizar la distribución del poder en el ejercicio de transformación de la naturaleza; para dar cuenta de las consecuencias políticas del cambio medioambiental, o para la deconstrucción de las narrativas predominantes16. Sin embargo, Robbins no atribuye en su planteamiento suficiente peso a las contribuciones de autores iberoamericanos, entre los cuales podemos mencionar, de modo sucinto, el trabajo de Joan Martínez-Alier y su análisis sobre conflictos ecológicos distributivos, el comercio ecológicamente desigual entre países ricos y pobres, y el estudio de lo que califica como ecologismo de los pobres o ecologismo popular17.

También se siente la falta del trabajo realizado en el marco de la revista Ecología Política, coordinada desde 1990 por Martínez-Alier y James O’Connor (entre 1990 y 2004; hasta su número 26)18. O’Connor es reconocido por su propuesta acerca de la segunda contradicción del capitalismo y de un abanico de reflexiones marxistas de gran importancia, a las que se suman las de, por ejemplo, André Gorz, Michael Löwy y John Bellamy Foster19.

Inicialmente, la revista en cuestión ofrecía tanto trabajos publicados en Capitalism, Nature and Socialism –editada por O’Connor y Barbara Laurence en EEUU desde 1988 y autodenominada «espacio ecosocialista» o de pensamiento de «política rojiverde» como artículos de autores de América Latina, y se convertía así en uno de los principales espacios aglutinadores de la reflexión iberoamericana sobre la ecología política.

La revista Ecología Política aboga desde sus orígenes por la crítica al desarrollismo y por una perspectiva amplia que incluía explícitamente el debate ecomarxista (crítico del socialismo real) y ecofeminista. En el primer editorial de la revista, Martínez-Alier precisaba que la ecología política se ocupa, entre otras cuestiones, de estudiar los intentos de la ecotecnocracia internacional para establecer normas ecológicas que perpetúan la desigualdad entre ricos y pobres y que permiten condiciones propicias para el intercambio ecológicamente desigual entre países. Pero también le cabe analizar cómo la del beneficio privado es una lógica de beneficios cortos y de infravaloración de las necesidades futuras. La línea general de la revista buscaba, entonces, poner de manifiesto que el ecologismo se inscribe en una larga tradición de luchas sociales emancipadoras y que los movimientos sociales rurales y urbanos que se han opuesto y se oponen a la dominación y a la explotación han sido y son a menudo movimientos ecologistas, aun cuando utilicen lenguajes distintos de los del ecologismo occidental.

En adición a los aportes precisados, las contribuciones desde América de, por ejemplo, el colombiano Arturo Escobar, han sido de particular importancia, ya que han enriquecido el análisis al hacer énfasis en los aspectos biológicos e histórico-culturales, indicando asimismo que la tarea de la ecología política es delimitar y caracterizar –con memoria histórica– diversos componentes y sus articulaciones. Esto es, desde las relaciones sociales, políticas, económicas y de conocimiento, hasta modos de uso del espacio, de las condiciones biofísicas existentes, y las variantes en las percepciones y experiencias del tejido social20. La ecología política, según Escobar, sería entonces, «el estudio de las múltiples articulaciones de la historia y la biología, y las inevitables mediaciones culturales a través de las cuales se establecen tales mediaciones [, esto es,] aquellas prácticas en que lo biofísico y lo histórico están mutuamente implicados»21.

Desde México, Víctor Manuel Toledo haría contribuciones de gran importancia ya desde la década de 1980, vinculando los estudios rurales y la etnoecología con la gestión de los territorios, la biodiversidad, las propuestas alternativas de desarrollo y la conservación de los recursos22. Ya en 1983, Toledo advertía que las luchas por la naturaleza demandan transformar el ecologismo en una verdadera ecología política, lo que involucra, sugiere el autor, «superar la escisión que mantiene separadas las luchas de los trabajadores para abolir su explotación de las luchas contra la explotación de la naturaleza»23.

Enrique Leff, por su parte, sugerirá que la ecología política se ocupa de estudiar las relaciones de poder que atraviesan el conocimiento, el saber, el ser y el hacer, y desde ahí desarrollará su ya conocido análisis sobre la necesidad de construir nuevas racionalidades y, por tanto, epistemologías políticas sobre la base, entre otras cuestiones, de los saberes plurales24. Germán Palacio, en cambio, sostendrá que la ecología política «discute los aspectos de fabricación, construcción o sistematización social de la naturaleza no solo en cuanto a los asuntos materiales, sino a su construcción imaginaria o simbólica»25. Por tanto, la ecología política, escribe Palacio,

reconoce los aportes de la economía política de modo que analiza los procesos de apropiación de la naturaleza, por lo cual revisa su circulación, distribución y consumo. De allí se derivan las modalidades y disputas en torno de la apropiación, usufructo y control de la naturaleza. En consecuencia, también analiza las disputas, las luchas y negociaciones de esos agentes, lo que deriva en los problemas económico-políticos de justicia ambiental.26

Desde tal visión, según Palacio, las principales áreas de análisis tienden a centrarse en el cambio ambiental emancipador, la fundamentación jurídico-política que implica la crisis ambiental global y la crítica epistemológica27. En un tenor similar, Héctor Alimonda procura la construcción de una ecología política latinoamericana aportando tres obras claves desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)28. Así, recuperando los importantes aportes de Aníbal Quijano29, entre otros, precisará la pertinencia de dar cuenta de la colonialidad, la historia ambiental y las estructuras de poder de los Estados en tanto condicionan la apropiación y producción del espacio, pero también la constitución de contrapoderes (sociales). Alimonda definirá entonces la ecología política en los siguientes términos:

el estudio de las articulaciones complejas y contradictorias entre múltiples prácticas y representaciones a través de las cuales diversos actores políticos, actuantes en iguales o distintas escalas (local, regional, nacional global), se hacen presentes, con efectos pertinentes y con variables grados de legitimidad, colaboración y/o conflicto, en la constitución de territorios y en la gestión de sus dotaciones de recursos naturales.30

Otros autores han contribuido desde hace un tiempo, también, en la reflexión de la ecología política, específicamente desde una visión latinoamericana, entre ellos Walter Porto Gonçalves, Mario Pérez, María Luisa Eschengahen, Hildebrando Vélez Galeano, José G. Vargas-Hernández, Eduardo Gudynas, Gian Carlo Delgado, Leticia Durand, Fernanda Figueroa, Mauricio Guzmán y Gustavo Portocarrero31. Otros más, de la misma manera, han hecho aportes si bien no necesariamente empleando de modo puntual alguna conceptualización de ecología política32.

A modo de conclusión

La ecología política crítica que deriva de una lectura propia de la economía ecológica fuerte se puede pensar como herramienta normativa de análisis de las implicaciones, los conflictos y las relaciones de poder asimétricas presentes al nivel de las dinámicas metabólicas o de los flujos de energía y materiales de entrada y salida del proceso productivo y reproductivo de la sociedad, así como de los impactos generados por las tecnologías empleadas en dicho proceso. En tanto tal, se puede hablar entonces de estudios de ecología política de los recursos naturales; de la innovación científico-tecnológica, y de la expulsión de residuos en diversas escalas espaciales y temporales; todas dimensiones de análisis que confluyen, propiamente hablando, en el estudio en un grado u otro de la ecología política de lo rural y lo urbano.

De continuar la tendencia antes descrita del metabolismo social, se advierte claramente un futuro inquietante en el plano socioambiental, contexto en el que la creciente urbanización juega un papel central en tanto punta de lanza del proceso contemporáneo de acumulación de capital33. Proyecciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sugieren un aumento en la extracción, que podría llegar a triplicarse en 2050, aunque si se asume un escenario moderado el aumento sería de alrededor de 40%; en cambio, solo mantener los patrones de consumo del año 2000 implicaría que los países metropolitanos disminuyan su consumo entre tres y cinco veces, mientras que algunos «en desarrollo» lo tendrían que hacer en el orden de 10% a 20%34. Se trata de un escenario que, en efecto, se refleja en el avance de la actividad extractiva, por lo general sobre la base del despojo, legal o ilegal, en tres sentidos: el despojo de los bienes comunes, el del bien común de buena parte de la población e incluso de pueblos enteros, y el despojo gradual del futuro de las generaciones venideras, porque no necesariamente está asegurado un ambiente sano –cuestión que desde luego pone en riesgo la existencia misma de otras formas de vida–.

El despojo, claro está, no se lleva adelante sin resistencia social, en tanto que lo que está en juego, en no pocas ocasiones, es la supervivencia misma de los pueblos que dependen en gran medida de su entorno natural. Los casos actuales de resistencia suman al menos varias centenas, solo en América Latina35, a los que habría que sumar aquellos históricos, desde Chico Mendes hasta la masacre de la represa de Chixoy en Guatemala, por mencionar un par de casos de la historia reciente.

Una aproximación al estado de situación de la ecología política de los recursos naturales y de la expulsión de residuos en América Latina de 2012, esto es, de movimientos sociales en activo, en defensa del medio ambiente y/o en oposición al megaextractivismo de enclave, develó la presencia de 34 casos asociados a la minería energética, 85 casos a la minería metálica y no metálica (aunque se estima la existencia de por lo menos el doble a febrero de 2013), 47 casos al agua, 16 a recursos forestales y biodiversidad, 27 casos de expansión/afectación de la agroindustria y 32 casos de residuos tóxicos u otros. A estos seguramente se suman otros, además de los múltiples casos de afectaciones ambientales que no encuentran algún tipo de reacción social articulada.

Debe notarse que el rasgo actual del conflicto por los recursos en América Latina es, tal vez, no la existencia de un extractivismo depredador, que ya tiene su tiempo (aunque ciertamente aumenta de intensidad), sino el hecho de que las partes en conflicto han complejizado su actuación. Por un lado, los actores en resistencia o los movimientos de justicia socioambiental sugieren articularse cada vez más, trascendiendo lo local e involucrando una multiplicidad de interlocutores. La conformación de redes de actores en resistencia y de redes de redes es cada vez más significativa, y sobre todo su acompañamiento, simultáneo, en diversos procesos concretos de defensa del territorio y de su identidad sociocultural. Aún más: la resistencia social, pese a que es inevitablemente reactiva, también es cada vez más propositiva, tanto en las formas de resistir como en la construcción de propuestas alternativas de y para los espacios territoriales concretos.

Por su parte, el Estado, en sus múltiples niveles, representa cada vez más los intereses de sus socios empresariales, empujando a favor de esos intereses un amplio entramado legal ad hoc que se superpone al denominado «Estado de derecho». Al mismo tiempo, y de cara a la profundización del despojo y a los usos y abusos de la naturaleza, el Estado se arma para el control interno promoviendo, justificando o avalando la criminalización de la protesta, al tiempo que presume que los actores sociales en legítima defensa de su territorio y de los bienes comunes que este contiene son, en el mejor de los casos, irracionales, opositores al progreso y al desarrollo.

Dado que no puede darse un crecimiento económico al infinito en un planeta finito, resulta ineludible el replanteamiento del propio concepto de desarrollo tradicional, de tinte utilitarista, una cuestión que demanda preguntarse para qué y para quiénes se piensa tal o cual esquema de desarrollo y bajo qué modalidad de metabolismo social. En la conformación de nuevos paradigmas, se trata de gestionar, sí, las mejores condiciones de vida materiales para las actuales y las futuras generaciones, pero siempre planteando un uso racional de los recursos y más allá de una noción meramente antropocéntrica.

El modo en que los latinoamericanos entendamos en cada caso la «vida buena» ciertamente variará de lugar a lugar, y esto es parte de la riqueza y diversidad sociocultural, histórica y biológica de cada país, central en el proceso de replanteo de alternativas. Por ello, se puede afirmar que la búsqueda de esquemas de desarrollo para el buen vivir, al menos de la mayoría de los sujetos y los entornos naturales que los sustentan, es un proceso y no una meta. Es decir, el bien común de la humanidad (que incluye los bienes comunes) es una idea impredicativa, en el sentido de que es necesario ajustarla a los contextos biofísicos de cada zona, a sus límites naturales y a los del planeta, y a las nociones de sociedad deseable de los pueblos.

Por todo lo antes dicho, es evidente que estamos ante una apuesta que demanda, por un lado, una profunda ruptura epistemológica con las ideas dominantes, y allí la ecología política, ciertamente, tiene un lugar de primer orden; y, por otro lado, se impone un cambio concreto del sistema de producción y reproducción de la humanidad, que requiere de la producción del espacio territorial en términos de prácticas, respuestas, procesos de organización, planeación y ordenamiento desde la base social (lo que empuja las propuestas de vida buena del idealismo al realismo).

El proceso de transición sugiere pasar por el reconocimiento y la genuina operatividad de procesos autonómicos multiculturales y de reapropiación de la identidad territorial de los pueblos, así como por la revalorización de la memoria histórica socioambiental, de la propiedad y la gestión colectiva de los bienes comunes. Precisa también el replanteo de las relaciones de poder, cuestión que lleva a una nueva institucionalidad y normatividad que no puede tomar cuerpo más que en estructuras horizontales (libres al máximo de burocracias), con cuotas genuinas de poder popular, tal vez mediante figuras como la de «Estado-pueblo» planteada por Pablo González Casanova36; todo en un contexto de verdadera igualdad de género y de respeto a los derechos colectivos y humanos.

  • 1. Marina Fischer-Kowalski y Helmut Haberl: «El metabolismo socioeconómico» en Ecología Política No 19, 2000, pp. 21-34.
  • 2. Edward Boyden: «Biohistory: The Interplay Between Human Society and the Biosphere: Past and Present», Man and the Biosphere Series No 8, unesco / Parthenon Publishing, París-Nueva Jersey, 1992.
  • 3. Helga Weisz y Julia Steinberg: «Reducing Energy and Material Flows in Cities» en Environmental Sustainability vol. 2, 2010, p. 185.
  • 4. Ibíd.
  • 5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud): Human Development Report 1992, Oxford University Press, Nueva York, 1992.
  • 6. Actualmente, se estima que los residuos recolectados rondan entre 2.500 y 4.000 millones de toneladas métricas anuales, ello sin incluir residuos de la construcción, demolición, minería y agricultura, así como los flujos de residuos irregulares o clandestinos, muchos de los cuales son tóxicos. La recolección a escala municipal es la que cuenta con datos más precisos y su volumen es de 1.160 millones de toneladas métricas. La mitad de ellas son emitidas por los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (ocde). Elisabeth Lacoste y Philippe Chalmin: From Waste to Resource: 2006 World Waste Survay, Ciclope / Veolia, París, 2006.
  • 7. A esto se suma que unos 140 millones de toneladas de desechos no son contabilizadas oficialmente, pues son generadas de manera irregular o ilegal. Ver Edward Humes: Garbology. Our Dirty Love Affair with Trash, Avery, Nueva York, 2012, pp. 7 y 9.
  • 8. Ibíd., p. 5.
  • 9. Desde la alteración del ciclo del carbono al alcanzar 394 partes por millón (ppm) a principios de 2012 (era menor a 280 ppm antes de 1850), hasta la inyección de más de 120 millones de toneladas de nitrógeno, que ya sobrepasan casi en cuatro veces la frontera propuesta para dicho ciclo. Para mayores precisiones, v. John Rockström et al.: «A Safe Operating Space for Humanity» en Nature No 46, 2009, pp. 472-475.
  • 10. Ver María Cristina Rulli, Antonio Saviori y Paolo D’Odorico: «Global Land and Water Grabbing» en pnas vol. 110 No 3, 15/1/2013.
  • 11. En Anthropological Quarterly vol. 45 No 3, 1972, pp. 201-205.
  • 12. P. Robbins: Political Ecology: A Critical Introduction, Blackwell, Malden, ma, 2010.
  • 13. H.M. Enzensberger: «A Critique of Political Ecology» en New Left Review vol. 84, 3-4/1974.
  • 14. Se reconoce que la economía ecológica aglutina una diversidad de visiones, desde aquellas más cercanas a la economía ambiental (o la que asume que es posible el intercambio equivalente de capital natural y capital económico y, por tanto, que el mercado es el mejor mecanismo de distribución y preservación de los recursos) hasta aquellas cercanas a visiones ingenieriles o aquellas sociopolíticamente críticas, aunque no necesariamente marxistas. En este sentido, sobre todo desde la academia latinoamericana, se ha señalado que tal amplitud de espectros torna difusa la identidad de la economía ecológica. Otros presumen que esa diversidad, por el contrario, permite que las visiones críticas sean más complejas en el sentido kuhniano (que comprendan e incluyan el paradigma predecesor).
  • 15. A. Bebbington: «Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras» en Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de las transformaciones territoriales, iep / Cepes, Lima, 2007, p. 26.
  • 16. P. Robbins: ob. cit.
  • 17. V., por ejemplo, J. Martínez-Alier y Klaus Schlüpmann: La ecología y la economía, Fondo de Cultura Económica, México, df, 1991; J. Martínez-Alier y Jordi Roca: Economía ecológica y política ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, df, 2001; J. Martínez-Alier: Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation, Edward Elgar, Northampton, 2003.
  • 18. A partir de su número 27, Ecología Política se consolida como espacio de reflexión iberoamericano en tanto que O’Connor ya no participa en la coordinación. Desde el número 31 se vuelve revista de debate y reflexión centrados en una temática específica por número y deja así de ser una revista netamente multitemática. Al día de hoy, la coordinación incluye, además de a Martínez-Alier, a Ignasi Puig Ventosa (Fundació ent), Anna Monjo Omedes (de la editorial Icaria) y Miguel Ortega Cerdá.
  • 19. Ver J. O’Connor: Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico, Siglo xxi, México, df, 2001; A. Gorz: «Ecología política. Expertocracia y autolimitación» en Nueva Sociedad No 134, 11-12/1994, pp. 32-41, disponible en www.nuso.org/upload/articulos/2373_1.pdf; J. Bellamy Foster: La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza, El Viejo Topo, Barcelona, 2004; The Ecological Revolution: Making Peace with the Planet, Monthly Review Press, Nueva York, 2009 y The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth, Monthly Review Press, Nueva York, 2010; y Michael Löwy: Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista, Herramienta, Buenos Aires, 2011.
  • 20. Ver A. Escobar: Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Princeton, 2005; El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea, ican / Cerec, Bogotá, 1999; «Ecología política de la globalidad y la diferencia» en H. Alimonda (comp.): Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana, Clacso, Buenos Aires, 2006; «Ecologías políticas postconstructivistas» en Revista Sustentabilidad(es) No 2, 2010; A. Escobar y S. Paulson: «The Emergence of Collective Ethnic Identities and Alternative Political Ecologies in the Colombian Pacific Rainforests» en S. Paulson y Lisa L. Gezon (eds.): Political Ecology Across Spaces, Scales and Social Groups, Rutgers University Press, Nueva Jersey, 2005.
  • 21. A. Escobar: El final del salvaje, cit., pp. 277 y 281.
  • 22. Ver V.M. Toledo: «Ecología del modo campesino de producción» en Antropología y Marxismo vol. 3, 1980, pp. 35-55; «Modernidad y ecología. La nueva crisis planetaria» en Ecología Política No 3, 1990; «Latinoamérica: crisis de civilización y ecología política» en Gaceta Ecológica vol. 36, 1996; Ecología, espiritualidad y conocimiento, pnuma / Universidad Iberoamericana, México, df, 2003; V.M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols: La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, Icaria, Barcelona, 2008.
  • 23. V.M. Toledo: «Ecologismo y Ecología Política» en Nexos No 69, 9/1983, pp. 15-24, disponible en www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=266653.
  • 24. E. Leff: Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable, Siglo xxi / unam, México, df, 1986; «La ecología política en América Latina. Un campo en construcción» en H. Alimonda (comp.): Los tormentos de la materia, cit.
  • 25. G. Palacio: «Breve guía de introducción a la ecología política: orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad» en Gestión y Ambiente vol. 9 No 3, 2006, p. 11, disponible en http://imas2010.files.wordpress.com/2010/07/palacio-guia-ecologia-politica.pdf.
  • 26. Ibíd.
  • 27. Ibíd.
  • 28. H. Alimonda (comp.): Ecología política, naturaleza, sociedad y utopía, Clacso, Buenos Aires, 2002; H. Alimonda (comp.): Los tormentos de la materia, cit.; H. Alimonda (coord.): La Naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina, Clacso, Buenos Aires, 2011; Eduardo Bedoya y Soledad Martínez: «La ecología política y la crítica al desarrollo» en Debate Agrario No 29-30, 1999, pp. 223-246.
  • 29. A. Quijano: «Colonialidad y Modernidad/Racionalidad» en Heraclio Bonilla (comp.): Los conquistados: 1492 y la población indígena de las Américas, Flacso / Libri Mundi, Quito, 1992, pp. 437-449; «El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?» en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales vol. 10 No 1, Universidad Central de Venezuela, 2004, pp. 75-97; «Colonialidad del poder y clasificación social» en Santiago Castro y Ramón Grosfoguel (eds.): El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Universidad Javeriana / Universidad Central / Siglo del Hombre, Bogotá, 2007.
  • 30. H. Alimonda: La Naturaleza colonizada, cit.
  • 31. G. Portocarrero: Manual de ecología política, gpv, La Paz, 2011; E. Gudynas: «La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador» en Revista de Estudios Sociales No 32, 2009; M.L. Eschengahen: «Retos de la ecología política» en Zero No 18, 2007; H. Vélez Galeano: Ecología política de la energía. Ideas para el cambio, Censat Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia, Bogotá, 2006; M. Pérez: «Dimensiones biofísicas del comercio exterior colombiano. Evidencias del intercambio ecológicamente desigual para el periodo 1970-2002» en Economía Industrial No 352, 2003, pp. 95-120; W. Porto Gonçalves: Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad, Siglo xxi, México, df, 2001; G.C. Delgado (coord.): Ecología política de la minería en América Latina, ceiich-unam, México, df, 2010; L. Durand, F. Figueroa y M. Guzmán: La naturaleza en contexto. Hacia una ecología política mexicana, ceiich-unam / crim-unam / Colegio de San Luis, México, df, 2012.
  • 32. Por ejemplo: David Barkin: Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable, Jus / Centro de Ecología y Desarrollo, México, df, 1998; Andrés Barreda Marín: Atlas geoeconómico y geopolítico del estado de Chiapas, tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, México, df, 1999; Ana E. Ceceña: «América Latina en la geopolítica estadounidense» en Theomai No 6, 2002; A.E. Ceceña y Joaquín Giménez: «Hegemonía y bioprospección. El caso del International Cooperative Biodiversity Group» en Theomai, invierno de 2004; A.E. Ceceña: «Caminos y agentes del saqueo en América Latina», iade, Buenos Aires, 2009; Luis Hernández Navarro: Siembra de concreto, cosecha de ira, Fundación Rosa Luxemburgo / Para Leer en Libertad, México, df, 2011; G.C. Delgado: Biodiversidad, desarrollo sustentable y militarización, ceiich-unam / Plaza y Valdés, México, df, 2004; y Agua y seguridad nacional, Arena Abierta / Debate / Random House Mondadori, México, df, 2005.
  • 33. Ver G.C. Delgado Ramos, Cristina Campos Chávez y Patricia Rentería Juárez: «Cambio climático y el metabolismo urbano de las megaurbes latinoamericanas» en Hábitat Sustentable vol. 2 No 1, 2012, pp. 2-25.
  • 34. pnuma: Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth, informe del Grupo de Trabajo sobre Desacoplamiento al Panel Internacional de los Recursos, París, 2011.
  • 35. En la región se registran diversos esfuerzos de seguimiento de afectados o conflictos ambientales, incluyendo el trabajo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (www.olca.cl), el del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (www.conflictosmineros.net); la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (www.afectadosambientales.org); la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (ww.conacami.pe); la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil (www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br), entre otros.
  • 36. P. González Casanova: «Otra política, muy otra: los zapatistas del siglo xxi» en La Jornada, 26/1/2013.