El viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña por mal desempeño en sus funciones, con el voto de los 44 senadores presentes. Esa misma noche fue detenido junto con Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP). Al día siguiente, la Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio, y la Justicia ordenó su prisión preventiva. En el Congreso, mientras tanto, juraban como presidente Pedro Alliana y como vicepresidente el senador Antonio Barrios, del sector del expresidente Horacio Cartes en el Partido Colorado. Todo había comenzado el lunes 2, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank, un banco digital que llegó a atender a dos de cada tres paraguayos, según afirmaba su publicidad. El jueves 5, Peña anunció su renuncia en un video, pero el Congreso se negó a aceptarla.

La destitución no respondería, empero, a una súbita voluntad de transparencia del Partido Colorado, que gobierna actualmente con una amplia mayoría parlamentaria y una clara hegemonía en el Estado. Parece ser más bien el desenlace de la ruptura entre el expresidente y empresario Horacio Cartes y su antiguo protegido, Santiago Peña, enfrentados por la sucesión de 2028 y por negocios en competencia. 

Una crisis de Estado

Santiago Peña tiene la hoja de vida de un tecnócrata modelo. Con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia, trabajó casi una década en el Banco Central, pasó por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y regresó al Banco Central como miembro de su directorio. Más tarde fue ministro de Hacienda y, ya fuera del gobierno, integró el directorio del Banco Basa, del grupo Cartes. Por eso llama la atención que una persona con este perfil profesional terminara incubando desde la Presidencia de la República una de las crisis financieras más graves de la era democrática, que reavivó el recuerdo del colapso bancario de 1995. Peña llegó al gobierno con el respaldo parlamentario más amplio desde la caída del régimen autoritario de Alfredo Stroessner en 1989, con mayoría propia en ambas cámaras del Congreso, y fue esa misma mayoría la que terminó destituyéndolo.

Lo que convirtió la caída de un banco privado en una crisis de Estado fue la presencia de dinero público. Al momento de la intervención, Ueno Bank tenía depositados unos 850 millones de dólares en fondos estatales, que quedaron inmovilizados. Los mayores montos correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las jubilaciones de los asalariados, con unos 355 millones de dólares, y a la hidroeléctrica Itaipú Binacional, que Paraguay comparte con Brasil y que es una de las mayores del mundo, con unos 183 millones. El resto se repartía entre la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la hidroeléctrica Yacyretá, que Paraguay comparte con Argentina, el Ministerio de Economía, la petrolera estatal Petropar y varias cajas jubilatorias públicas. Los efectos fueron inmediatos. En cuatro días, el dólar subió cerca de 10%, el riesgo país pasó de 119 a 138 puntos y la calificadora Moody’s alertó sobre los riesgos para los depositantes y el marco regulatorio.

Un poco de contexto

Conviene situar en el escenario político algunos datos históricos relevantes. El Partido Colorado gobierna el país desde 1947, incluido el prolongado régimen autoritario de Alfredo Stroessner (1954-1989), con un único paréntesis entre 2008 y 2013, abierto por la victoria del exobispo Fernando Lugo. 

Dentro de ese espacio político predomina hoy el movimiento Honor Colorado, corriente liderada por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), magnate tabacalero y referente de la derecha empresarial. Cartes fue sancionado por Washington en 2023 por «corrupción desenfrenada» y rehabilitado por el gobierno de Donald Trump en 2025. 

Santiago Peña, que había militado en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), histórico rival del Partido Colorado, fue reclutado por Cartes como ministro de Hacienda en 2015, se pasó al coloradismo en 2016 y, siempre bajo su ala, llegó a la presidencia en 2023 con 43% de los votos. Su gobierno combinó ortodoxia económica, conservadurismo moral resumido en la fórmula «provida y profamilia» y un estrecho alineamiento con Washington. Julieta Heduvan lo caracterizó como una «tecnocracia bajo tutela»; en otras palabras, un gobierno que proyectaba hacia afuera una imagen de modernización económica y alineamiento con Washington, mientras hacia adentro debía gobernar dentro de las reglas de un partido que lleva casi ocho décadas en el poder. La historia del Grupo Ueno es, en buena medida, la de un intento fallido de Peña por construir una base de poder propia por fuera de esa tutela.

El modelo económico que Peña encarnaba ayuda a entender el desenlace. Paraguay combina estabilidad macroeconómica, una economía apoyada en la exportación de productos agropecuarios y energía hidroeléctrica, y un esquema tributario conocido como «10-10-10», porque los tres principales impuestos -el IVA y los impuestos a la renta empresarial y personal- tienen una tasa de 10%. El resultado es una de las presiones tributarias más bajas de la región: 15,8% del PIB, frente a un promedio latinoamericano de 21,5%. En julio de 2024, Moody’s le otorgó al país, por primera vez en su historia, el grado de inversión (investment grade). En revisiones posteriores, sin embargo, advirtió sobre la debilidad de la gobernanza y la exposición de la economía a shocks climáticos, por su dependencia de la agricultura y la energía hidroeléctrica.

Entre 2022 y 2025, Paraguay fue una de las economías de mejor desempeño de la región, pero la bonanza no se derramó. Seis de cada diez ocupados siguen en la informalidad. Aunque la tasa bajó levemente, entre 2022 y 2025 el número de trabajadores informales aumentó en unas 110.000 personas, y la mitad de los asalariados de empresas privadas registradas no cotizaba a la seguridad social. La pobreza monetaria bajó a 16% en 2025, pero sin las transferencias estatales habría rondado 20%; en el campo alcanza a 22% y, entre niños y adolescentes, a casi tres de cada diez. Las carencias también se miden en servicios básicos: uno de cada tres paraguayos no recibe agua segura para el consumo, y en departamentos del Chaco como Boquerón la proporción de quienes sí acceden a ella no llega a 20%.

En un Estado que recauda poco y controla menos, los escasos fondos públicos de gran escala -las reservas jubilatorias, los depósitos de las hidroeléctricas, los grandes contratos- se convierten en un botín, y la cercanía al poder político, en la llave para acceder a él.

Peña y el grupo Ueno

El vínculo entre Peña y Ueno no es una conjetura: el presidente fue accionista del grupo. Ueno Bank nació como financiera del Grupo Vázquez. Obtuvo licencia bancaria a fines de 2023, precisamente bajo el gobierno de Peña y, en 2024, absorbió a Visión Banco. Hasta marzo de 2025, Peña era el cuarto mayor accionista de Ueno Holding, con acciones por 6.144 millones de guaraníes (alrededor de 1 millón de dólares), una participación que no figuraba en su declaración jurada de intereses de 2023. Su hermano Francisco ingresó en 2024 como socio de U Holdings, la sociedad luxemburguesa que encabeza la estructura de control del banco Ueno. Ambas informaciones se conocieron en abril de 2025, cuando el diario ABC Color expuso la trama y Peña lo acusó de «manipulación».

Lo que siguió fue una vertiginosa expansión empresarial al calor del Estado. Cuando Peña asumió la Presidencia de Paraguay, Ueno Bank prácticamente no administraba dinero público. A fines de junio de 2026, los depósitos estatales rondaban los 869 millones de dólares, 29% del total de fondos del banco. El principal proveedor fue el IPS, que administra los aportes jubilatorios de los asalariados del país. En noviembre de 2023, el mismo mes en que Ueno obtuvo su licencia bancaria, el IPS modificó su reglamento de inversiones. Un año después flexibilizó los límites de exposición por entidad. Entre ambas reformas compró bonos de Ueno por 32 millones de dólares, en una colocación en la que el banco fue el único que «calificó». El sindicato del propio IPS pidió a la Contraloría un examen especial urgente. 

A ello se sumaron los contratos estatales. El diario ABC Color contabilizó más de 30 millones de dólares en adjudicaciones a firmas pertenecientes al grupo empresarial entre 2023 y 2025. Eso sin contar un contrato de máquinas de votación por 35 millones de dólares con un consorcio representado por el estudio de un director suplente del banco. A esto se suma la licitación informática del Banco Nacional de Fomento (BNF) en la que ITTI, la empresa tecnológica del grupo, quedó como única oferente.

El ente regulador también quedó dentro del círculo de influencias. Al asumir, Peña designó como presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien había encabezado la Financiera Ueno hasta agosto de 2023. Según sus críticos, ese nombramiento chocaba con la ley de conflicto de intereses -conocida como ley contra las «puertas giratorias»-, promulgada en abril de 2023 por el entonces presidente Mario Abdo Benítez. La nueva mayoría parlamentaria no tardó en recortarla, y en enero de 2024 Peña promulgó su versión «mutilada». La puerta giraba en ambos sentidos y Diego Duarte Schussmuller, exdirector del propio Banco Central, pasó a integrar el directorio de Ueno.

El Banco Central sostuvo siempre que Carvallo se inhibía de intervenir en las decisiones relativas a Ueno. Aun así, tras la absorción de Visión Banco, el regulador concedió a la entidad una excepción contable inédita: le permitió distribuir a lo largo de hasta 20 años el reconocimiento de las previsiones por los créditos deteriorados que había heredado de Visión, por unos 300 millones de dólares. En la práctica, esto evitaba que el banco tuviera que reflejar de inmediato el costo de esas pérdidas en sus resultados, lo que le permitía presentar una situación patrimonial más favorable.

El país se vendía como un remanso de estabilidad y, en marzo de 2026, Ueno había colocado la mayor emisión corporativa de bonos de la historia paraguaya.

Tecnocracia y conservadurismo

Toda esa vitrina tenía también una dimensión ideológica. Peña se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Javier Milei, que asistió en 2025 a la primera Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizada en Paraguay -que habría sido financiada por Ueno Bank-. Allí, el mandatario argentino presentó a Paraguay como «un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica». Peña asistió a la segunda investidura de Nayib Bukele y a la asunción de José Antonio Kast y, en diciembre de 2024, participó junto a Benjamin Netanyahu en la reapertura de la embajada paraguaya en Jerusalén. Ya con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, se sumó al Escudo de las Américas, firmó un acuerdo de «tercer país seguro» que convirtió a Paraguay en receptor de solicitantes de asilo enviados por Washington, y suscribió el Estatuto de Fuerzas, que habilita la presencia temporal de militares estadounidenses con inmunidad similar a la diplomática. Aun así, Peña mantuvo vínculos pragmáticos con los gobiernos de izquierda de la región, como el de Brasil. Puertas adentro, promulgó una ley de control de las ONG que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay calificó de retroceso preocupante. 

Sin embargo, más allá de «hacer bien los deberes» en el plano de la diplomacia conservadora, el gobierno que la nueva derecha latinoamericana exhibía como modelo de libre mercado y estabilidad macroeconómica funcionaba, en los hechos, como un capitalismo de amigos.

«Ordená tu banquito»

En junio de 2026, la Superintendencia de Bancos detectó que Ueno Bank había excedido el límite de créditos a empresas vinculadas. Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 desembolsó unos 146 millones de dólares a tres sociedades formalmente en manos de empleados del grupo, sin garantías reales y con destino final en otras empresas del conglomerado. El monto equivalía a 35% del patrimonio efectivo del banco, cuando el tope legal es de 20%. Para regularizar la situación, Ueno Bank vendió esa cartera a otra empresa, Vinanzas SA, vinculada al mismo grupo. Pero el dinero con que esta pagó provenía, a su vez, de préstamos que el propio banco había concedido a otras firmas del conglomerado. En otras palabras, el banco no se había desprendido realmente del riesgo: el grupo se financiaba a sí mismo para comprar sus propios créditos incobrables.

El 6 de julio, mediante el Decreto 6329, Peña designó al gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, Fernando Rivarola, en el directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), una salida elegante que lo alejaba de la supervisión de bancos. Cuatro días después, ya apartado de la gerencia, Rivarola firmó un memorando de cierre que pasaría a conocerse como el «informe Rivarola». En él recomendaba no admitir esa venta y alertaba sobre una «situación de extremo exceso al límite regulatorio». El documento se filtró y los bonos de Ueno cayeron.

El informe Rivarola llegó al Congreso de la mano del propio sector del expresidente Cartes. El 7 de septiembre, el presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, y los senadores Natalicio Chase y Antonio Barrios (hoy vicepresidente de la República), presentaron un pedido de informes de 31 preguntas al Banco Central sobre los créditos vinculados, el memorando, el traslado de Rivarola, la excepción contable y la concentración de fondos públicos en Ueno Bank. El Banco Central respondió en octubre con un documento entregado bajo secreto que, lejos de disipar las dudas, las multiplicó, mientras que la Asociación de Bancos del Paraguay calificó las respuestas de «incompletas».

Una columna del diario Última Hora calificó aquel pedido como «la declaración de guerra total» del cartismo duro contra Peña. Estaba en juego nada menos que la sucesión de 2028: dado que la Constitución prohíbe la reelección, la disputa giraba en torno de quién sería el próximo candidato colorado. Cartes había elegido al vicepresidente Pedro Alliana para encabezar la fórmula, pero quiso imponerle como compañero al entonces ministro de Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja. Peña y Alliana se resistieron, y a mediados de octubre Cartes redobló la apuesta descartando a Alliana y confirmando a Baruja como integrante de la dupla. Alliana, respaldado por Peña, mantuvo su precandidatura hasta el 2 de noviembre, cuando anunció que la ponía en pausa. Ese mismo día, el Banco Central resolvió intervenir Ueno.

Cuando estalló el conflicto con Cartes, Peña ya había tejido apoyos propios entre legisladores y, sobre todo, entre los gobernadores departamentales que administran Hambre Cero, el programa de alimentación escolar con un presupuesto anual de unos 500 millones de dólares. Ese caudal de recursos los convirtió en actores con peso propio dentro del coloradismo. Con la ruptura, 15 de los 17 gobernadores se alinearon con el presidente. La disputa tenía también una dimensión económica, dado que, en 2025, Ueno Bank había desplazado al Banco Basa, del grupo Cartes, como la entidad con más fondos públicos en dólares. Según trascendidos, en una de sus últimas discusiones Cartes le habría espetado a Peña: «Ordená tu banquito».

El derrumbe se precipitó a la velocidad de una corrida bancaria. El presidente del Banco Central renunció a pedido de Peña, la Fiscalía ordenó detener a ocho directivos del banco Ueno y, el jueves 5, Cartes selló la suerte de su antiguo pupilo anunciando que el Partido Colorado acompañaría el juicio político para «volver a reencauzar la institucionalidad de la República». Horas después, llegó el video de la renuncia del presidente Peña.

Ese mismo jueves, menos de una hora después de recibir la carta de renuncia, la Cámara de Diputados aprobó la acusación con el voto unánime de los 78 diputados presentes, sobre un total de 80. Las causales eran cuatro: el conflicto de intereses por su participación en Ueno Holding, la designación de Carvallo al frente del Banco Central, la reforma de la ley de conflicto de intereses y la concentración de fondos del IPS en el banco por encima de los límites legales. En la misma jornada, sin embargo, la bancada colorada bloqueó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Alliana, que horas más tarde se convertiría en presidente.

El Congreso rechazó la dimisión del presidente Peña con el argumento de que el artículo 189 de la Constitución convierte a los expresidentes en senadores vitalicios, salvo que hayan sido condenados en juicio político, por lo que aceptarla equivalía a premiar a Peña con una banca en el Senado y sus correspondientes fueros. En 1999, Raúl Cubas había renunciado antes de que el Senado resolviera su juicio. En 2012, Lugo fue destituido en poco más de un día por una coalición encabezada por colorados y liberales. Peña, que se convirtió en el segundo presidente en caer por juicio político consumado, lo hizo con los votos de la misma mayoría que había sido la base de su poder.

Un patrón de captura del Estado

La crisis de Ueno Bank exhibe un patrón de acumulación en el que la cercanía al poder se convierte en acceso a fondos públicos, contratos y reguladores complacientes, lo que Francisco Durand conceptualizó como captura corporativa del Estado. Eso explica por qué la formación técnica de Peña, en lugar de ser un antídoto contra la captura, fue parte de su ingeniería. 

La mayoría parlamentaria no operó como sostén de un programa de gobierno, sino como garantía de que ningún control prosperaría mientras no existieran mayores controversias entre las cabezas del gobierno y del Partido Colorado. Así, la reacción colorada se asemeja menos a una depuración institucional que a una operación de supervivencia de cara a las elecciones de 2028, tras haber sufrido en los pasados comicios municipales de octubre una derrota en Asunción y Ciudad del Este -las dos ciudades más pobladas-, aun habiendo ganado la mayoría de las municipalidades en el resto del país. 

Tampoco la derecha regional salió en defensa de quien hasta hace poco era su aliado incondicional. Kast evitó pronunciarse y el gobierno de Milei se limitó a negar que Peña estuviera en territorio argentino, confiado en que un sucesor colorado preservará la alianza. Ese sucesor es Pedro Alliana, que gobernará hasta agosto de 2028 junto al exsenador Antonio Barrios, uno de los firmantes del pedido de informes que derivó en la caída de Peña. 

Los costos recaerán sobre los jubilados y trabajadores que aportan al IPS, cuyas reservas previsionales quedaron atrapadas en Ueno, y sobre un Estado obligado a cubrir con recursos públicos el agujero de un banco privado.

Frente al Congreso, un cartel retomaba la vieja consigna nacida en la Argentina más de dos décadas atrás y que luego se expandió por toda la región: «que se vayan todos». Si al final solo se va Peña y ese malestar no encuentra una expresión política capaz de someter a control democrático los fondos de la seguridad social y la supervisión financiera, la crisis solo habrá servido para demostrar, una vez más, la habilidad de una elite política capaz de reciclarse eternamente sobre sus propias ruinas.