Opinión

Obstáculos en el camino de la paz Las perspectivas del proceso de pacificación colombiano

Las negociaciones entre el gobierno y las FARC avanzan pero aún falta mucho para que en Colombia reine verdaderamente la paz

Obstáculos en el camino de la paz / Las perspectivas del proceso de pacificación colombiano

Desde hace más de cincuenta años están enfrentadas las FARC – EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) y el Estado colombiano. Sea cual sea la denominación apropiada (guerra civil, conflicto armado, lucha antiterrorista) el hecho es que desde hace medio siglo rara vez se han callado las armas.

Entretanto, las negociaciones entre ambas partes del conflicto, que oficialmente se iniciaron en Cuba en noviembre de 2012, están tan avanzadas que uno puede presuponer un cierre exitoso en el curso de los próximos meses, aun cuando el Acuerdo de Paz no se firme el 23 de marzo de 2016, como estaba anunciado. En este momento (7.03.2016) la atención ya se concentra menos en las negociaciones como tal y más en la legitimación política y jurídica, así como en la implementación de los acuerdos.

Pero se hace inevitable una pregunta: ¿Un cierre exitoso de las negociaciones significa entonces que en Colombia de ahora en adelante se vivirá una situación que uno a conciencia pueda llamar pacífica? ¿O será la paz peor que la guerra, como opinan algunos?

¿Cómo legitimar el resultado de las negociaciones? ¿Hasta ahora, cuáles son los acuerdos principales de las negociaciones en la Habana?

Lo primero fue un acuerdo en el tema de tierras y de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Las FARC aseguraron que no participarían más en el narcotráfico, y el gobierno, por su parte, les abrió la perspectiva de la participación política. También se llegó a un acuerdo sobre el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Poco antes de la Navidad de 2015 se anunció que de común acuerdo se había resuelto la pregunta sobre la justicia transicional para aquellos delitos cometidos durante el conflicto. En este punto las delegaciones negociadoras se basaron en el precedente de la reintegración de los paramilitares: quienes se entregan y reconocen verdad y responsabilidad serán sancionados con pena privativa de la libertad de cinco a ocho años en condiciones especiales, quienes no reconozcan responsabilidad y sean encontrados culpables, con aproximadamente veinte años de privación efectiva de libertad en una cárcel ordinaria. Finalmente, en las primeras semanas de 2016 se avanzó en el tema de la dejación de armas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la creación de un mandato especial por un período de doce meses para la verificación de la entrega de armas a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Paralelamente al progreso de las negociaciones en Cuba, en Colombia se debatía cómo podrían legitimarse política y jurídicamente los resultados de dichas negociaciones. En principio hay cuatro posibilidades: referendo, plebiscito, consulta popular y asamblea constituyente. Lo más probable es que termine siendo un plebiscito, ya que las otras opciones mencionadas tienen desventajas. La idea de las FARC de legitimar los resultados en el marco de una asamblea constituyente no es muy factible, puesto que, entre otras razones, las preparaciones para convocar dicha asamblea son muy demoradas. En cuanto al referendo, estos en Colombia normalmente enfrentan dos problemas: se necesita una participación relativamente alta, y se plantea una gran cantidad de preguntas específicas que hay que responder por separado. En concreto, las preguntas referentes a la justicia transicional y a la participación política de las FARC podrían ser las piedras en el camino, ya que es grande el malestar que estos temas producen a una parte considerable de la población. Finalmente, una consulta popular, en la que no se estipula una participación mínima, posiblemente -precisamente por falta de participación- no sería adecuada para una verdadera legitimación social de los acuerdos.

Un plebiscito, por el contrario, está a mitad de camino entre consulta popular y referendo: sería suficientemente vinculante y no es muy complejo. Exige, al contrario que la consulta popular, una participación mínima, y las preguntas no son tan detalladas como en el referendo. Sería suficiente elegir entre un SÍ y un NO. Ya en 2015 el Congreso y el Senado aprobaron una ley que posibilita un plebiscito semejante para el Proceso de Paz, en la que se tuvo cuidado de no incluir grandes impedimentos: una mayoría simple de los que participan, con una participación mínima del 13% del Censo Electoral, ya sería suficiente. En números absolutos: se necesitan mínimo 4.396.625 votos por el SÍ, algo más que la mitad de los 7,8 millones que votaron por Juan Manuel Santos en 2014 en la segunda vuelta para la presidencia.

Por lo tanto, es probable que el mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana sea un plebiscito, a no ser que el Tribunal Constitucional, tomando en cuenta que la paz es un derecho constitucional, decida que no se requiere votación popular alguna, puesto que un derecho constitucional no se puede rechazar. Jurídicamente sería lo más fácil, pero considerando que en la realidad colombiana el derecho a la paz no se ha podido garantizar en el último medio siglo y que, además, los acuerdos generan algo más que controversia entre la población, una legitimación política y social explícita tendría sus ventajas.

¿Qué significa la implementación de los acuerdos?

El alcance de la agenda de negociaciones es bastante limitado. La prioridad es prescindir del uso de las armas en la confrontación política y social. Para facilitarle a las FARC la dejación de las armas, se les garantiza la participación política. Además, las FARC lograron algunas de sus reivindicaciones, por ejemplo en relación con temas de tierra, lo que les da la posibilidad de regresar a la vida civil con la cabeza en alto y la satisfacción de haber alcanzado algo. Por otra parte, los acuerdos sobre reconocimiento y reparación de las víctimas, así como las penas previstas de la justicia transicional, deberían ayudar a que la sociedad acepte los acuerdos y la reintegración de los combatientes de las FARC a la vida civil.

Sin embargo, más allá de esta limitada interpretación, se trata de algo más esencial: se trata de que el Estado colombiano recupere el monopolio de la fuerza, de que el Estado de Derecho se extienda en todo el territorio nacional, y de que las reglas del juego de una economía de mercado formal se impongan sobre economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.