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Modelos y liderazgos en América Latina

Así como ocurrió en el pasado con la transición democrática, lo que hoy está en juego en América Latina es la recomposición de las relaciones entre Estado y sociedad y la posibilidad de construir una capacidad de acción política frente al mundo globalizado y la fragmentación interna. No existen modelos exportables que puedan considerarse líderes para la región, ya que cada país tiene sus propias características y enfrenta problemas diferentes. Y, a pesar de lo que sostienen algunos, tampoco puede hablarse de liderazgos para los procesos de inserción en el mundo globalizado, sino de ejes de integración regional parciales.

Modelos y liderazgos en América Latina

Las cuestiones planteadas en los últimos meses sobre liderazgos o nuevos liderazgos en América Latina y sobre el giro a la izquierda de algunos gobiernos tienen dos dimensiones que no pueden ser contaminadas entre sí porque, aunque es evidente que las proyecciones de una pueden afectar a la otra, son autónomas. La primera de estas dimensiones se refiere a la existencia o no de modelos «exportables» de sociedades o países, que puedan servir como paradigmas. Eso convertiría, según algunos, a los países «ejemplares» en líderes de la región. La segunda dimensión se refiere al liderazgo que algunos de los presidentes pueden ejercer en el conjunto de América Latina. Ambas cuestiones requieren ser reformuladas: la primera, en el sentido de cuáles son los modelos en juego capaces de resolver las problemáticas internas de cada sociedad que, en términos comunes a todas ellas, consisten en la recomposición de las relaciones entre Estado y sociedad; la segunda dimensión debe reformularse teniendo en cuenta los ejes y las alianzas para el proceso de integración regional en el marco del proceso de mundialización o globalización. A ambos aspectos nos referiremos en el presente artículo.

La problemática latinoamericana actual

Al comienzo de la década del 90, con la finalización de los procesos de transición política y el auge de las reformas neoliberales, señalamos que ya no podía pensarse a América Latina en términos de una sola problemática histórica que engloba y define a otras, como lo fueron, en décadas anteriores, el desarrollo, la revolución o la democracia, por nombrar solo algunas. Si se quería mantener la unidad analítica e histórico-política de la región, pese a las enormes variantes y diferencias en su interior, era necesario entender que la problemática es multidimensional, o que estaba compuesta por diferentes cuestiones no reductibles las unas a las otras. Ello tanto al nivel analítico como de la acción política.

La primera de estas cuestiones era la construcción de sistemas políticos democráticos, una vez superados los autoritarismos, las guerras civiles, las inestabilidades o las dictaduras militares. La segunda era la democratización social, cuyo objetivo era la superación de la pobreza y las desigualdades, por un lado, y el fomento a la participación ciudadana, por otro. La tercera era la reformulación del modelo económico implantado con las reformas estructurales del llamado «Consenso de Washington», para construir –o reconstruir– un Estado de Bienestar, lo que significaba un nuevo impulso al papel dirigente y regulador del Estado. La cuarta cuestión, que de algún modo abarcaba las otras tres pero que tenía también su propia especificidad, se refería a la construcción de un modelo de modernidad que, incorporando las diversidades culturales de los países y las regiones, permitiera su inserción autónoma en los procesos de globalización que empezaban a permear todos los ámbitos de la sociedad.

Es innegable que estas cuatro dimensiones han experimentado transformaciones importantes. En efecto, los regímenes posdictatoriales se han consolidado, aunque no todos son genuinamente democráticos. Además, las crisis políticas importantes, que en muchos casos han significado la finalización abrupta o anticipada de los mandatos presidenciales, en algunos países como resultado de fuertes movilizaciones sociales y populares, se han resuelto siempre por la vía institucional, sin regresiones autoritarias estables como en el pasado. Sin embargo, en América Latina la democracia aparece en forma generalizada –y uno podría decir ya consolidada– justo cuando ella, y más en general la política, se encuentran cuestionadas en su relevancia para resolver los problemas y para expresar las demandas de la sociedad. Por un lado, los procesos de globalización parecen quitarles a las comunidades políticas su capacidad de decisión sobre muchos problemas cruciales, que quedan en manos de los mercados transnacionales y los poderes fácticos de todo tipo. Y, por otro lado, las nuevas formas de exclusión, desigualdad y pobreza generan condiciones en que se hace difícil un ejercicio real de la ciudadanía. Este déficit democrático es estructural y sustancial, lo cual, más allá de los problemas propios de las instituciones de cada país, estudiados y enfatizados por el ya clásico informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha llevado a la construcción de un nuevo mito: el de la sociedad civil y la ciudadanía. Como todo mito, éste tiene también un núcleo racional: en este caso, la crítica a una política y a unas instituciones que parecen distanciarse de «la gente», distancia que, en épocas anteriores, tendía a acortarse por el papel movilizador de las ideologías y los proyectos políticos populistas o revolucionarios. También este núcleo racional lleva a la demanda de una democracia más participativa más allá de la simple, pero fundamental, participación electoral. Sin embargo, esto también puede llevar a la exaltación de la sociedad civil y la ciudadanía como la expresión de «las preocupaciones de la gente», convirtiendo a aquellas instancias ya no en un contrapeso necesario para el Estado y la acción política, sino en un sustituto. La crítica a una determinada política o al funcionamiento de determinadas instituciones se transforma así en una crítica a la política en sí misma. A la superación de esto no contribuye una clase política perpleja que, o bien se refugia en métodos tradicionales que ya no sirven para la representación o la movilización políticas, o bien cede a esta anulación de la política, convirtiéndose en portavoz de los «problemas de la gente». El «estilo ciudadano» y la «centralidad» de la sociedad civil pueden llevar, en muchos casos, a erosionar la legitimidad de instituciones que se crearon precisamente para asegurar la representación de la gente. En otras palabras, una secreta complicidad entre los políticos y la sociedad para saltearse a las instituciones, en vez de reformarlas y generar otras nuevas. Por un lado, la sociedad civil aparece dotada de una virtud y una homogeneidad que contradicen la realidad de intereses particulares y contradictorios propios de la condición humana, mientras que la ciudadanía se presenta solo en su dimensión de derechos individuales y no en su pertenencia a una comunidad política. Por otro, la política tiende a disolverse en la farándula, la mediatización, la acción puramente corporativa, la autorreferencia de la clase política, la oferta de respuestas fáciles a las «demandas de la gente». A ello hay que agregar el papel que juegan ciertos organismos financieros internacionales, que exaltan a una sociedad civil y a un ciudadano abstractos que, en realidad, se transforman en clientes o beneficiarios de políticas tecnocráticas que condenan como populismo a todo aquel que se aleje de ellas. Para que estos llamados a la sociedad civil y a la ciudadanía no se conviertan en puramente retóricos, es indispensable que estén acompañados por la creación de instituciones de participación efectivas, además de reformas que relegitimen a los partidos políticos, que son los que pueden resolver de manera más adecuada las relaciones entre Estado, política y sociedad. Con algunas excepciones, esta agenda de reformas –del Estado, la política y las relaciones con la ciudadanía– aún está pendiente. En el plano económico y social, es cierto que, más allá de las diferencias entre países, se ha avanzado relativamente en los temas de crecimiento y superación de la pobreza (aunque ésta aumente en términos absolutos). Sin embargo, siguen pendientes al menos tres temas centrales: la definición del papel del Estado como dirigente del proceso de desarrollo y agente principal para la inserción en la globalización; la superación de las desigualdades, y una transformación productiva que signifique la efectiva incorporación de la región a la sociedad del conocimiento y, también, la generación de empleos decentes. Ello implica, ni más ni menos, un nuevo modelo de desarrollo, diferente tanto del modelo clásico como del proyecto neoliberal conocido como Consenso de Washington y que hoy nadie puede defender razonablemente.Cabe preguntarse si en todas estas cuestiones es posible discernir una problemática común y central para los países de América Latina, como en el pasado lo fueron las transiciones democráticas, las reformas estructurales de los 80 y los primeros impactos de la globalización. Desde nuestra perspectiva, lo que está en juego detrás de los «modelos», las políticas, las nuevas formas de acción colectiva y los liderazgos es la recomposición de las relaciones entre Estado y sociedad, de la nación en sus diversas expresiones histórico-culturales. Es decir, la capacidad de construir, más allá de los regímenes formalmente democráticos, una capacidad de acción política de la sociedad frente al mundo globalizado y la fragmentación interna. Se trata de una cuestión especialmente aguda y visible en aquellos países en los que el sistema partidario, independientemente de sus fallas clásicas, se derrumbó, y donde surgieron nuevas formas de liderazgo, no convencionales y alejadas de proyectos ideológicos o de la política partidaria. No pueden entenderse los procesos electorales de los últimos años, ni lo que se ha llamado el «giro a la izquierda», ni los intentos que algunos califican equivocadamente de neopopulismo, ni la aparición de nuevas formas de movilización social y de actores hasta ahora inéditos, si no se tiene en mente este nuevo contexto, similar a la situación enfrentada por nuestros países después del derrumbe oligárquico o la crisis económica mundial de la primera parte del siglo XX. En aquella época, el desafío era básicamente la integración de las masas a un proceso de desarrollo cuyos parámetros estaban de alguna manera definidos, en el marco de Estados cuya base socioeconómica y cultural, por restringida que fuera, era indiscutible. Hoy, en cambio, lo que está en cuestión es precisamente esta capacidad estatal de accionar sobre los flujos de mercados y comunicaciones transnacionales y, por lo tanto, su legitimidad ante poblaciones que, exaltadas como ciudadanos, quedan, sin embargo, inermes ante los poderes fácticos. Esta recomposición de la sociedad y de la nación, que tiene una dimensión subnacional (algunos la llaman «democracia local»), una dimensión estatal y una dimensión supranacional (de integración como bloque a los procesos de globalización), está en la base de todas las agendas de los gobiernos actuales, aunque no siempre de manera explícita. Y si bien hay rasgos originales en cada una de las fórmulas actuales de recomposición entre Estado y sociedad o de reconstitución de la nación, todas ellas tienen una sorprendente semejanza con el modo en que cada país enfrentó los desafíos en otras épocas. De aquí una primera razón para que no haya modelos, fórmulas o liderazgos que puedan considerarse ejemplares para otras situaciones.Mas allá de los proyectos de reconstrucción de los Estados-nación en juego que mencionaremos luego, es necesario señalar que, si queremos buscar un contenido para un proyecto de estas características, éste debiera responder a cuatro cuestiones. Una de ellas es la dimensión ética. En sociedades que vivieron crímenes y genocidios, el conjunto de valores que conforman esta dimensión no puede ser sino la restauración de la justicia, el fin de la impunidad y la centralidad de los derechos humanos y, al mismo tiempo, el respeto de las diversidades. En otros casos, es probable que el núcleo valorativo predominante surja del conflicto étnico, los enfrentamientos armados o las desigualdades sociales. Lo que queremos indicar es que no hay nación o proceso de reconstrucción de ella sin esta dimensión o contenido ético que se oponga a las fragmentaciones, las desigualdades y los individualismos asociados a la globalización. Y la memoria emblemática de lo que podría llamarse el «conflicto central» de cada sociedad pareciera ser su fuente principal. Una segunda cuestión es la socioeconómica, que consiste, fundamentalmente, en hacer de los dos o más países que hay dentro de cada país uno solo, una sola comunidad socioeconómica. Ello implica básicamente el tema de la igualdad, éste requiere redistribución y ésta, a su vez, exige el fortalecimiento y la legitimación de los Estados, los únicos que pueden generar redistribución. Como fue planteado en la última reunión de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la cuestión central es la conformación de un nuevo pacto social que lleve a un Estado de protección en América Latina, en un marco democrático y como parte de un modelo de desarrollo no subordinado a la globalización. Pero, precisamente por todo ello, la problemática económica es hoy más que nunca política, y no solo producto de una evolución natural o del mero crecimiento económico, que de por sí es importante. Ese pacto, por otra parte, no puede hacerse solo con los actores sociales clásicos, que se encuentran muy debilitados, o con los actores nuevos, que son variables y no tienen ni la envergadura ni la consistencia para asumir compromisos de largo plazo. Es decir, no puede formularse solo como un acuerdo entre los ciudadanos o las organizaciones de la sociedad civil. Si el acuerdo o el pacto social no tiene una dimensión partidaria dominante, será imposible que cristalice en instituciones que lo respalden y legitimen. La política y los partidos no podrán ser reemplazados y jugarán un papel aún más importante que en el pasado en la conformación de un pacto social. La tercera cuestión, propiamente política, se refiere a la relevancia y la calidad de la democracia. Esto significa darles a las democracias de la región un sentido más allá de las cuestiones puramente electorales, es decir, convertirlas en verdaderos sistemas de organización del poder y de la sociedad en todos los ámbitos de participación de los actores sociales en el destino de sus países. Pero, además, lo político tiene hoy dos niveles de construcción de la polis democrática, es decir, del espacio de toma de decisiones: el local-regional y el nacional-estatal. Finalmente, una cuarta dimensión, que se muestra en toda su importancia y también en la dificultad en estos tiempos, tiene que ver con la inserción de la nación en el espacio supranacional, a lo que nos referiremos más adelante.