Tema central

México: una gran crisis sin (grandes) respuestas

La crisis global afecta a México más que a cualquier otro país de América Latina debido a su extrema dependencia de Estados Unidos. Las inversiones y las exportaciones disminuyen, lo que golpea a los estados del norte, y las remesas bajan, lo que afecta a los sectores más pobres del sur del país. En este contexto, la reacción del gobierno ha sido ambigua: aunque se anunciaron varios planes, muchos de ellos, como el de infraestructura, pudieron ejecutarse solo parcialmente, debido a problemas burocráticos y de implementación. El artículo sostiene que, más allá de esta dura coyuntura, México arrastra algunos problemas estructurales, como una baja carga tributaria o una excesiva dependencia de los ingresos petroleros, que si no se enfrentan difícilmente contribuyan a alcanzar un desarrollo de largo plazo.

México: una gran crisis sin (grandes) respuestas

Debido a su extrema dependencia respecto a Estados Unidos, la crisis global golpea con más fuerza a México que a otros países en desarrollo. De hecho, México atraviesa la peor recesión de los últimos 15 años. A diferencia de la «crisis del tequila» de 1994, esta vez el sector financiero no se ha visto afectado. La crisis actual asume la forma de una crisis económica con consecuencias sociales muy negativas. El retroceso en las exportaciones, en la actividad industrial y en la productividad se manifiesta en todas las relaciones laborales: en el mercado de trabajo formal e informal, en los puestos poco calificados y en los altamente calificados. Se ha registrado un drástico aumento del desempleo, el empleo informal y el subempleo. El principal «seguro social» privado de México –las remesas desde EEUU– sufre el mayor descenso desde que comenzaron a realizarse las estadísticas en los años 90. Debido a la ausencia de una red de contención estatal eficiente, a la reducción de los ingresos y al aumento en el precio de los alimentos, la contracción afecta especialmente a los sectores más pobres, los trabajadores de bajas remuneraciones y las capas medias. Por eso, incluso si la economía se reactiva rápidamente, la crisis seguirá sintiéndose durante varios años.

Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido vacilante. La mayoría de las medidas anticíclicas anunciadas aún no se han concretado. No se observa una estrategia de desarrollo a largo plazo que complemente las políticas orientadas a atenuar las consecuencias más inmediatas y enfrentar las secuelas sociales más directas de la recesión. En lugar de adoptar una estrategia integral de estabilización, el gobierno presentó un plan limitado. Esto contrasta con sus acciones en otras áreas. Aunque viene implementando desde hace tres años una dura política contra el creciente poder del narcotráfico, y aunque tras la incertidumbre inicial también logró reaccionar de manera enérgica frente al brote de «gripe porcina», el plan de recuperación económica es sorprendentemente limitado.

En la campaña electoral para las elecciones intermedias, el oficialismo se refirió casi exclusivamente al crimen organizado y la mafia de las drogas, desafíos tan importantes como la crisis económica. Antes de celebrarse los comicios ya estaba claro que esta estrategia unidimensional no había resultado convincente para la mayoría de los electores, preocupados por su futuro económico y su capacidad de subsistencia, que finalmente terminaron sellando la derrota del oficialista Partido Acción Nacional (PAN). Pocas semanas después, el gobierno, una vez más, anunció con titubeos sus planes de política fiscal, orientados a reducir el gasto público y aumentar la competitividad. La aprobación del presupuesto 2009/2010 se postergó hasta septiembre, cuando se inician las sesiones de la nueva Cámara de Diputados. Pero el descuido no fue solo del gobierno. La oposición, representada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), se refirió de forma muy general a la crisis en su repertorio de críticas durante la campaña electoral. A continuación se analizan algunos de los efectos de la crisis mundial en México y sus secuelas económicas y sociales. Más adelante se evalúa la reacción del gobierno, para luego identificar algunos problemas estructurales que, más allá de la coyuntura, dificultan la recuperación. El artículo se cierra con unas breves conclusiones.

Los impactos de la crisis

Los efectos de la crisis son claros. En el primer trimestre de 2009, el PIB disminuyó 8,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La Secretaría de Hacienda estima que la economía caerá 5,5% en 2009. Otras fuentes indican caídas aún peores: 6% según la revista The Economist, 7% de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 7,7% según la Consultora Ecanal y hasta 8% de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). México constituye, por lejos, el país latinoamericano más afectado en términos de caída del PIB. Una economía de tamaño similar, como la de Brasil, sufrirá una disminución de apenas 0,8%, mientras que en el caso de Argentina se estima incluso un crecimiento de 1,5%.

La crisis afecta particularmente al sector exportador, ya que 85% de las exportaciones mexicanas se dirige a EEUU y al sector productivo. Las cifras son elocuentes. En el primer trimestre de 2009, la producción industrial disminuyó 18%. El sector más afectado fue el automotor, fundamental para la economía mexicana, que en abril de 2009 registró una caída de 42% con respecto al mismo mes del año anterior. Pero también en otros sectores se derrumbó la producción: comercio y servicios, -9,3%; construcción, -9,1%; electricidad, -4,5%. En cuanto a las exportaciones, en los dos primeros trimestres de 2009 entraron en caída libre: manufacturas, -25,2%; minería y gas, -31,9%; petróleo, -57,7%. Solamente los productos agrícolas registraron un ligero aumento de 0,4% durante el mismo periodo.

Otros datos económicos confirman la tendencia negativa. La inversión extranjera directa, que ya había caído 30% en 2008, continuará disminuyendo en 2009. Las remesas, como se detalla más adelante, disminuyeron fuertemente, y la pérdida de puestos de trabajo es tan grande como después de la «crisis del tequila». La caída del precio del petróleo (40% desde julio de 2008) repercute de manera directa en los hogares, ya que las ganancias de Pemex, la empresa petrolera estatal, constituyen la principal fuente de ingresos del país. En cuanto al turismo, antes de que se iniciara la epidemia de gripe A ya se hablaba de una disminución como consecuencia de la crisis económica mundial. Tras la aparición del virus A/H1N1 y la decisión de prácticamente clausurar el país a fines de abril, este sector, clave para la economía mexicana, ha mostrado una recuperación muy lenta. Incluso en el verano los hoteles y las playas mexicanas atrajeron a pocos turistas.

La gravedad de la situación se refleja en la desocupación. Aunque la tasa de desempleo mexicana parece relativamente baja en relación con otros países de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay que tener en cuenta que en México se considera desempleada a aquella persona que no trabaja ni siquiera una hora a la semana. Entre mayo de 2008 y mayo de 2009, el índice de desempleo aumentó de forma abrupta, de 3,24% a 5,31%. En ese mismo periodo, la subocupación se duplicó: según datos oficiales, pasó de 6,47% a 13,17%. La crisis del mercado laboral se manifiesta de manera desigual en el país. El sur agrícola casi no se ha visto afectado, mientras que en los centros industriales y turísticos los efectos de la contracción han sido mucho más fuertes. Según datos de mayo de 2009, los despidos alcanzaron sobre todo a los trabajadores de los estados norteños (especialmente Chihuahua, Coahuila y Nuevo León), del centro geográfico del país (Distrito Federal y Estado de México) y del polo turístico de Quintana Roo (Cancún).

México es el mayor receptor de remesas de América Latina y el tercero del mundo detrás de India y China. Las remesas constituyen la segunda fuente de divisas, solo superada por los ingresos del petróleo, y representan aproximadamente 2,5% del PIB. A pesar de la crisis económica, los mexicanos que viven en EEUU continúan enviando dinero a sus familiares, aunque mucho menos que en el pasado: la disminución fue de casi 20% en relación con el año anterior (1.900 millones de dólares en mayo de 2009 frente a 2.300 millones de dólares en mayo de 2008, lo que implica un quiebre de tendencia tras 15 años de continuo aumento).

Teniendo en cuenta estos datos, hay que señalar que la crisis afecta de manera diferente a las distintas zonas del país: mientras el aumento del desempleo golpea con más dureza en el norte, los estados pobres del sudeste, como Chiapas, Campeche y Tabasco, padecen especialmente la disminución de las remesas. Los efectos se sienten también en la moneda. Tras devaluarse 50% entre octubre de 2008 (10 a 1 respecto al dólar estadounidense) y marzo de 2009 (15 a 1 respecto al dólar), el peso mexicano se ha estabilizado. En octubre de 2008, en solo cinco días, perdió 14% de su valor. El gobierno intervino con compras para sostenerlo y logró un freno transitorio. A comienzos de 2009, sin embargo, la devaluación prosiguió. Para que volviera la calma fue necesario que el Banco Central anunciara que estaba dispuesto a vender dólares de sus reservas y obtener un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar la estabilidad. Así, entre el 9 de marzo y el 8 de junio de 2009, el gobierno vendió 100 millones de dólares por día. Después de la Cumbre del G-20 de abril de 2009, México se convirtió en el primer país en obtener la aprobación del FMI y acceder a 47.000 millones de dólares en el marco de la denominada «Línea de Crédito Flexible». No obstante, México también debió recurrir a un intercambio de divisas por 30.000 millones de dólares con la Reserva Federal de EEUU para incrementar las reservas del Banco Central. Hacia mediados de 2009, el tipo de cambio se situaba en una relación de 13 a 1 respecto al dólar.

Desde hace años, el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos sufre un gradual deterioro. Tras la crisis de 1994 y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el salario real no ha logrado recuperarse. El fuerte incremento de los precios registrado a partir de los 90 no se vio acompañado por un aumento en igual medida de los salarios. El elevado precio de los alimentos incide especialmente en la inflación: en el primer semestre de 2009 aumentaron 3,02%, mientras que la inflación general fue de 1,28%.

La situación se complica aún más si se tiene en cuenta que México es uno de los mayores consumidores de maíz del mundo: 38% de sus importaciones de alimentos corresponde a cereales (principalmente maíz), que dependen de los precios del mercado internacional. En México, un hogar promedio destina a alimentos 33,6% del gasto (hasta 46,1% en el 20% más pobre). En este marco, resulta natural que los hogares de menores recursos se hayan visto especialmente afectados por el alza de estos precios.

La recesión actual podría ser más severa –y, sobre todo, más prolongada– que la crisis de 1994. La crisis financiera y económica de 1994 fue causada principalmente por la sobrevaloración del peso mexicano y el abrupto retiro de divisas realizado por inversores internacionales debido al pánico en los mercados. En aquella oportunidad, cayeron los salarios reales, se perdieron un millón de puestos de trabajo y aumentó la pobreza. Pero la devaluación del peso y la fuerte demanda de exportaciones permitieron que, pasado el primer momento, la economía se reactivara con relativa rapidez, aunque el ingreso per cápita real se redujo en 9,2% de 1994 a 1995.

La situación actual es diferente. Debido a la recesión mundial (y, sobre todo, la contracción estadounidense), la demanda de productos mexicanos es –y será– muy escasa. La crisis de 1994 y la crisis actual generaron impactos negativos similares (reducción de las inversiones, depreciación del peso, caída de la actividad industrial, desempleo, disminución de las remesas, etc.), pero se diferencian en dos aspectos importantes. En primer lugar, la preocupación por la salud del sector financiero es hoy, gracias a las elevadas reservas y a condiciones en general más estables, menor que en el pasado. Pero por otro lado parece poco probable que el contexto económico internacional permita lograr una rápida reactivación de la industria exportadora como la que ocurrió luego del estallido de 1994.

La estrecha vinculación entre EEUU, México y Canadá, los tres países que integran el TLCAN, es percibida tanto de forma positiva como negativa. El gobierno y algunos expertos creen que la fuerte articulación con EEUU conducirá a una rápida recuperación de la economía mexicana, a partir de la idea de que un despegue estadounidense en 2010 eliminará cualquier obstáculo para el crecimiento. La fórmula, sin embargo, parece demasiado simple. En efecto, desde la entrada en vigor del TLCAN, este cálculo no resultó acertado. Si no fue posible aprovechar el boom estadounidense de los 90 y los primeros años del nuevo milenio, no parece sensato esperar un milagro económico hoy, cuando el mercado estadounidense tiende a mostrar un comportamiento conservador en materia de consumo. Aunque desde 1994 México ha incrementado significativamente sus exportaciones a EEUU, su crecimiento económico fue de apenas 2,8%. En el mismo periodo, además, se duplicó la cantidad de emigrantes mexicanos, lo que revela los déficits del mercado de trabajo mexicano.

La reacción del gobierno

La recesión actual exige adoptar un plan comprometido y audaz para reactivar la economía. Pero también es necesario resolver problemas estructurales. Antes del estallido de la crisis, México ya registraba bajas tasas de crecimiento. Para reducir la deuda externa y mantener controlada la inflación, el país tuvo que conformarse con un escaso crecimiento en los años anteriores. Por eso, pese a su tamaño y su atractivo para las inversiones, México se ubicó entre los países latinoamericanos de menor crecimiento: apenas 2,5% en 2008 según la Cepal. Este dato resulta aún más notable si se tiene en cuenta que otros países emergentes, como China y Brasil, registraron tasas de crecimiento muy superiores antes del estallido de la crisis. Históricamente, la comparación también es desfavorable: el ritmo de crecimiento de México desde el año 2000 equivalió a un tercio del promedio de los 70.

Hasta el momento, el gobierno de Felipe Calderón solo ha podido desarrollar una estrategia de reactivación económica muy limitada. En octubre del año pasado, el gobierno consideró que México no se vería alcanzado por los efectos de la crisis financiera. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, afirmó que el país estaba «blindado». Mientras aumentaban los temores de la población por su futuro, la estabilidad de su trabajo y la inflación, el gobierno, con mirada economicista, insistió, al igual que la agencia calificadora Moody’s, en confirmar la estabilidad de la economía mexicana. Poco después, el gobierno anunció diplomáticamente que todos aquellos que retornaran de EEUU serían bienvenidos, lo que sonó como una broma para los mexicanos que desde hace años buscan desesperados un trabajo bien remunerado. Sin embargo, a comienzos de 2009 la preocupación reemplazó el optimismo inicial. El Secretario de Hacienda declaró: «La economía se encuentra en un profundo hoyo».

Como se señaló, los efectos de la crisis financiera global no se sienten tanto en el sistema bancario como en la industria exportadora. Por lo tanto, el gobierno se ha concentrado en estimular la actividad económica y estabilizar la moneda. En enero de 2009, se anunció un paquete de medidas de coyuntura con el objetivo de atenuar las consecuencias de la crisis en las empresas y los ciudadanos. El programa, denominado «Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor», consta de cinco puntos: un programa de infraestructura; medidas para la preservación del empleo; medidas de apoyo a las empresas; reducción del precio de la gasolina, el gas y las tarifas eléctricas; y más transparencia en el gasto público.

El congelamiento del precio de la gasolina y la reducción del valor del gas en un 10% representan una importante ayuda para las familias mexicanas, en tanto que la baja de las tarifas eléctricas incide significativamente en la economía. Sin embargo, los alcances de estas medidas son relativos, ya que un año antes se había incrementado el precio del gas (10,7%), de la gasolina (5,5%) y de las tarifas eléctricas (15,5%). El programa de infraestructura anunciado no ha podido aplicarse en muchos ámbitos. Esto se explica, en primer lugar, por las reiteradas suspensiones o postergaciones de las licitaciones públicas en distintas regiones del país (por ejemplo, los puertos comerciales que iban a construirse en la costa del Pacífico o las autopistas en el Noroeste). Otras medidas no pudieron ejecutarse debido a obstáculos institucionales o legales. A comienzos de año, cuando el sector de la construcción sufrió la mayor caída y la ayuda del Estado era especialmente necesaria, el programa de infraestructura no logró desempeñar un papel relevante, como consecuencia de las postergaciones y los sucesivos problemas de implementación. De acuerdo con una encuesta realizada por la consultoría KPMG, 77% de los empresarios opinó que las medidas anticíclicas no eran suficientes para reactivar la economía.

El programa de preservación del empleo solo ofrece cobertura a un sector de los trabajadores, ya que la mitad de los desocupados perdió su puesto en los dos últimos trimestres de 2008, es decir, cuando las medidas aún no existían. Dentro del programa hay un punto referido al seguro social: en caso de pérdida de empleo, se amplía de dos a seis meses la cobertura de atención médica para los trabajadores. Sin embargo, las trabas burocráticas (y también clientelares) que dificultan la ejecución del programa de infraestructura impiden avances en otros campos y complican el objetivo de protección del trabajo. Por otra parte, el programa prevé que el Estado pague un tercio del salario siempre que este no supere el valor de tres salarios mínimos (aproximadamente 12,50 dólares diarios) en aquellas empresas que decidieron adoptar esquemas de horario reducido. Pero como este beneficio solo alcanza a las empresas que optaron por esta modalidad después del 15 de enero de 2009, muchas de las firmas del sector automotor quedaron excluidas.

Poco después de iniciado el brote de gripe porcina, el gobierno amplió el paquete de medidas. Pero aunque algunos puntos resultan importantes para reactivar la industria y proteger a la población, en términos generales puede afirmarse que la reacción oficial fue tardía. Considerando la dependencia del mercado estadounidense y la experiencia de las crisis anteriores, era posible prever con mayor antelación la caída en la industria del automóvil y otros sectores fundamentales, como el turismo. Pese a ello, las trabas burocráticas que frenan la ejecución de los programas persisten, al tiempo que el gobierno confirmó el rumbo económico liberal y, de ese modo, la política aplicada en los últimos 30 años: retiro del Estado de la economía, desregulación del sector financiero, flexibilización de las relaciones laborales, privatización de las jubilaciones e intentos de aplicar el IVA a alimentos y medicamentos. La actual política económica es el reflejo de una estrategia que no ha podido lograr un crecimiento significativo y que ha mantenido la desigualdad social como una constante en México.

Problemas estructurales de la economía mexicana

Las actuales estructuras económicas y financieras son, en gran medida, el resultado del intenso proceso de reformas liberales iniciado en los años 80. Tras la crisis de 1982, el esquema de sustitución de importaciones con un papel activo del Estado fue reemplazado por una política de liberalización cuyo objetivo era convertir las exportaciones y la inversión privada en el principal motor del crecimiento. Desde entonces, todos los presidentes eliminaron subvenciones, privatizaron empresas estatales, redujeron la intervención del Estado y liberalizaron el comercio. La entrada en vigor del TLCAN en 1994 es el gran símbolo de esta estrategia exportadora. Aunque se produjeron importantes cambios políticos, los dos gobiernos del PAN posteriores a la era del PRI profundizaron los grandes trazos de esta política.

Pero el modelo exportador no solo ha fracasado por los bajos índices de crecimiento logrados o por el saldo en términos de desigualdad. También produjo efectos directos o indirectos negativos, como un desarrollo geográfico muy desigual, una escasa carga impositiva y bajas inversiones para la modernización y el desarrollo de sectores económicos estratégicos.

Ocurre que, para lograr mejoras económicas a partir de las relaciones comerciales multilaterales, es necesario adoptar decisiones en el ámbito político. La región del TLCAN, compuesta por México, EEUU y Canadá, se caracteriza principalmente por la actividad de las empresas privadas. Esto redunda también en beneficio de México. Sin embargo, buena parte de los beneficios obtenidos se concentran en los sectores de mayores ingresos y en los estados del norte del país. Hasta ahora, el desarrollo industrial excluyó a la región sureña. Asimismo, debido a la fuerte competencia internacional, en los últimos años desaparecieron muchas empresas pequeñas y medianas. Por último, la agricultura mexicana no es competitiva ni siquiera en pequeños sectores especializados. Otro problema estructural asociado al modelo económico es la baja carga impositiva, que hoy ronda el 14%, y la dependencia de las exportaciones de petróleo. Ambas cuestiones limitan el margen de maniobra del gobierno. De hecho, México enfrenta la necesidad de cubrir un importante agujero presupuestario en 2010: el secretario de Hacienda señaló que nunca antes el país había sufrido una caída tan drástica de los ingresos del Estado en un año. Y aunque estimó que la disminución de 480.000 millones de pesos (unos 37.000 millones de dólares) podrá cubrirse en 2009 con ingresos provenientes del petróleo, fondos de estabilización y recursos del Banco de México, el presupuesto 2010 estará sometido a una fuerte presión debido al bajo crecimiento económico –2,8% en el mejor de los casos– y la disminución de los ingresos petroleros.

Se trata de un tema central. La combinación de precios en baja y una fuerte caída de la producción genera grandes dificultades presupuestarias para un país como México. Desde que comenzó la explotación del yacimiento de Cantarell en 1979, México financia entre 30% y 40% de su presupuesto con la venta de petróleo1. En los últimos dos años, el aumento de los ingresos públicos se explica, sobre todo, por los altos precios del crudo. Sin embargo, 60% de cada peso obtenido fue destinado a gastos corrientes. Hacia junio de 2009 los ingresos provenientes de ventas nacionales y exportaciones de petróleo habían caído 22,2%. Al mismo tiempo, la empresa estatal Pemex se encuentra ante una perspectiva de agotamiento de sus recursos: las gigantescas reservas del pasado, sobre todo Cantarell, han disminuido drásticamente, y podrían agotarse en un plazo de entre siete y doce años. Pero la producción no cayó solo por la falta de reservas: México también padece las consecuencias de la ausencia de inversiones en tecnología y desarrollo de nuevas fuentes, la sobreexplotación de Cantarell y el financiamiento del presupuesto a través de Pemex. Finalmente, el país, sexto exportador mundial de petróleo, debe importar 40% de la gasolina que consume, ya que en las últimas décadas no se han construido nuevas refinerías (recién con el gobierno de Felipe Calderón se decidió instalar una nueva planta). No solo disminuyen los ingresos del petróleo. En el actual contexto de crisis se han reducido los ya de por sí bajos ingresos fiscales. El Impuesto sobre la Renta y el IVA registraron un descenso de entre 15% y 20% en los últimos meses. El propio gobierno describe sus problemas presupuestarios como el mayor «shock financiero» de los últimos 30 años. En este contexto, con reservas escasas y pocas chances de lograr una recuperación inmediata, al gobierno le costará sostener los programas anunciados. De hecho, en agosto ya anunció un primer recorte a los planes lanzados a inicios de 2009.

Un aspecto central de la economía que es necesario subrayar es el de la industria exportadora, cuya caída no puede atribuirse solo a la recesión de EEUU. No se trata, en efecto, de un problema coyuntural. Desde comienzos del nuevo milenio, la industria mexicana sufre una crisis de competitividad cuyo tratamiento ha sido inadecuado o inexistente. En lugar de promover inversiones para lograr un crecimiento de largo plazo con mayor incorporación de tecnología, innovación e integración de procesos, predominaron las estrategias de corto plazo y la transferencia de ganancias al exterior. Solo en el sector productivo se perdieron aproximadamente un millón de puestos de trabajo en los últimos diez años, frente a un Estado que no ha elaborado diagnósticos ni propuestas concretas. Según el Informe de Competitividad Global que publica anualmente el Foro Económico Mundial, México ha caído 18 puestos (del 42 al 60) en el ranking de competitividad desde 2001.

Desde hace algunas décadas, pero especialmente desde la entrada en vigor del TLCAN, México es conocido por la maquila, los centros de producción destinados a exportaciones baratas para los mercados del Norte. La mayor parte de estas industrias se encuentra cerca de la frontera con EEUU, pero también hay cada vez más plantas en el interior del país. El sistema de maquila surgió en 1965, cuando el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, impulsó un programa de industrialización en la frontera. La iniciativa mexicana estaba respaldada por una disposición del Congreso estadounidense, que en 1964 había instituido un sistema de preferencias arancelarias para los productos procesados en el exterior. Se trata de fábricas definidas como zonas de producción individual que operan en México con importantes ventajas arancelarias e impositivas. Los materiales procesados pueden importarse con franquicia siempre que el producto final sea reexportado inmediatamente. Cuando se envían a EEUU, estos productos gozan de un arancel inferior al de los bienes provenientes de otros países. Desde 1983 –y, sobre todo, desde la introducción del TLCAN–, las maquilas fueron autorizadas a vender sus productos en el mercado interno mexicano. Las empresas se concentran en las ramas de electrónica, textiles y maquinaria.

Como modelo de desarrollo de largo plazo, la maquila ha sido blanco de muchas críticas. Desde hace ya muchos años las cifras demuestran su debilidad. En efecto, aunque las maquilas producen la mayor parte de las exportaciones mexicanas, su contribución al PIB es muy escasa. Por otra parte, si se trata de promover el desarrollo del país fortaleciendo la investigación y la especialización en determinados sectores, estas empresas tampoco aportan demasiado. Dado que muchas actividades económicas mantienen una escasa vinculación entre sí, las tecnologías no son desarrolladas y perfeccionadas por compañías mexicanas. Solo 1% de las piezas es de origen local. En su condición de miembro de la OCDE y con un ingreso per cápita relativamente alto en América Latina, México debería promover con más intensidad las políticas de educación y la formación laboral. Hasta ahora, sin embargo, se ha invertido poco en ambas áreas, por lo que el país corre el riesgo de quedar rezagado.

Para romper el círculo vicioso es necesario que intervenga la política. La crisis pone nuevamente de manifiesto la necesidad de una reforma impositiva integral para reducir la dependencia de la industria petrolera. La experiencia de los últimos años demuestra que las ganancias obtenidas a partir de estos recursos no fueron invertidas en proyectos de largo plazo ni fueron suficientes para avanzar en desarrollo social. Sin un esfuerzo sostenido destinado a modernizar y mejorar la infraestructura y el sistema educativo, las medidas anticíclicas solo constituirán un paliativo limitado.

Los partidos opositores, el PRI y el PRD, han criticado con dureza la política económica oficial. Varios representantes de ambas organizaciones proponen cambiar el rumbo, pero no logran definir concretamente los contenidos de una posible nueva estrategia. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, calificó las medidas del gobierno como insuficientes e ineficientes y cuestionó el modelo económico por haber profundizado la injusticia social. La presidenta del PRI, Beatriz Paredes, también exige un cambio de rumbo. Para ambos partidos, la clave es proteger a la población y preservar el empleo. El izquierdista PRD destaca la importancia de elaborar y ampliar los programas sociales, mientras que el PRI propone crear comedores para los pobres y sancionar una ley de derecho a la alimentación. Asimismo, los dos partidos se han pronunciado a favor de apoyar a las pequeñas y medianas empresas facilitando su acceso al crédito. El PRI sugiere crear un seguro federal de desempleo, mientras que importantes líderes del PRD recomiendan recortar gastos corrientes. Alejandro Encinas, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados y ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, propuso recortar el sueldo de los altos funcionarios y obligar a los empleados estatales a afiliarse al sistema público de seguro de enfermedad. En México, el sueldo de los empleados públicos de mayor jerarquía es superior a la media: los gobernadores o los funcionarios con cargos electivos federales ganan hasta 30.000 euros por mes.

Dados los resultados de las elecciones parlamentarias del 5 de julio de 2009 y la escasa capacidad de los partidos para llegar a políticas de consenso, cabe esperar un estancamiento político con negativas consecuencias socioeconómicas para el resto del mandato de Calderón. En los últimos comicios, el oficialismo sufrió fuertes pérdidas. Como era de prever, el PRI se convirtió en la principal fuerza legislativa, con 36,89% de los votos. Lejos de los éxitos electorales de 2000 y 2006, el PAN solo obtuvo 27,98% de los sufragios. El PRD apenas llegó a 12,2%. Pero el resurgimiento del PRI no se debe a un programa convincente, sino a la política y el comportamiento que exhibieron tanto el oficialista PAN como el opositor PRD.

El aumento de la criminalidad termina de configurar la situación. Desde 2006, el PAN recurrió a los militares como instrumento contra la brutal mafia de las drogas que se extiende por todo el país. Pese a la captura de importantes jefes narcos, los resultados son, en general, bastante modestos. Las numerosas víctimas, la creciente inseguridad y las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por los militares generan muchas críticas hacia la política oficial y explican el porqué de la derrota electoral. De hecho, la crisis económica prácticamente no apareció en la agenda de campaña del PAN. Debido al bloqueo opositor y a la falta de consenso sobre las causas estructurales y las posibles salidas de la crisis, es probable que no se produzcan reformas significativas en materia fiscal, educativa o laboral hasta las elecciones presidenciales de 2012. Sin embargo, los problemas estructurales antes mencionados exigen medidas rápidas y efectivas, así como un diagnóstico realista para poder atenuar las consecuencias sociales de la crisis. Con el actual gobierno aferrado a una política económica anticuada, solo queda el Congreso como motor político para los proyectos de reforma.

Conclusiones

Si los efectos económicos y sociales de la crisis no se controlan de forma rápida y sostenida, el riesgo de inestabilidad social crecerá. La capacidad de maniobra del gobierno, que ya en el anterior periodo legislativo estaba restringida por la relación de fuerzas en el Congreso y las reñidas elecciones presidenciales de 2006, es ahora aún menor, como resultado del incremento del peso parlamentario del PRI. La posibilidad de que la economía de EEUU se recupere más rápido de lo previsto, ya hacia 2010, no necesariamente supone un comportamiento similar de la economía mexicana. Si el boom del mercado estadounidense en los 90 y los primeros años del nuevo siglo no produjo un alto crecimiento en México, las perspectivas son ahora menos positivas.

Al mismo tiempo, la migración disminuirá si no existe la esperanza de conseguir un puesto de trabajo en EEUU. De hecho, ya en la segunda mitad de 2008 la cantidad de personas que emigró se redujo 50% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto implica que habrá, en México, una mayor competencia por menos puestos de trabajo, junto con una pérdida de ingresos y de remesas. Los países que cuentan con una sólida red de seguridad social pueden ofrecer un mínimo de estabilidad a sus habitantes. Pero en México el panorama es complejo. Desde el punto de vista financiero, los encargados de la toma de decisiones han registrado la crisis anterior y han reaccionado de otra manera. Sin embargo, los aprendizajes en materia de mercado laboral y política social parecen menos importantes. Hoy, al igual que en 1994, no existe una protección adecuada para los trabajadores ni un seguro de desempleo. Cínicamente, algunos observadores afirman que la migración y las remesas representan la verdadera red de contención social. Debido a los pronósticos negativos en ambos frentes, con una dramática lucha contra el narcotráfico y la falta de disposición para adoptar cambios estructurales como telón de fondo, México podría enfrentar en el futuro cercano nuevos problemas sociales, que amenazan los débiles pilares de su democracia.

Bibliografía

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Páginas web

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Periódicos

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  • 1. En 2008, los ingresos del petróleo representaron 37% del presupuesto.