Opinión

Marcha Verde: rápido ascenso, futuro incierto

Una poderosa marcha contra la corrupción logró reagrupar al campo popular y progresista en República Dominicana. Hasta ahora no hay un actor que logre convertir la movilización ciudadana en una expresión política concreta.

Marcha Verde: rápido ascenso, futuro incierto

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una serie de documentos que dan cuenta de las confesiones hechas por funcionarios de la empresa brasileña Norberto Odebrecht. En los documentos, estos admiten haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en países de América Latina y África. Según la documentación publicada, los montos pagados en concepto de sobornos a funcionarios y políticos dominicanos en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2014 ascienden aproximadamente a 92 millones de dólares.

Al comienzo del presente año, un conjunto de organizaciones sociales convoca a la «Marcha por el Fin de la Impunidad». Según nota publicada en algunos medios, el objetivo de la movilización era «activar un proceso de lucha para desmontar la estructura de corrupción e impunidad instalada por Odebrecht y funcionarios corruptos a lo interno del Estado Dominicano». El domingo 22 de enero miles de personas acogieron la convocatoria y marcharon en Santo Domingo, lo que dio inicio a lo que hoy se conoce como Marcha Verde.

¿Cuáles son los antecedentes?

Las movilizaciones y los reclamos contra la corrupción y la impunidad no son nada nuevo en República Dominicana. En los últimos años, han sido constantes las caminatas, los piquetes, los encendidos de velas, las cadenas humanas e infinidad de iniciativas en reclamo de sanciones contra políticos y funcionarios acusados –tanto por el rumor público como por el propio Ministerio Público– de cometer hechos de corrupción contra el erario.

Se destaca el rol de los y las jóvenes que han encabezado los procesos de lucha contra la corrupción y la impunidad. De igual forma, se puede decir que estas acciones no se han limitado a convocatorias para realizar manifestaciones públicas: durante los últimos años han sido decenas los casos en los que organizaciones políticas y de la sociedad civil decidieron constituirse en querellantes para iniciar procesos judiciales contra funcionarios y políticos dominicanos. De igual forma, decenas de actos de corrupción han sido develados por medios de comunicación y programas periodísticos de investigación, pero los resultados en la gran mayoría de los casos fueron los mismos: desistimiento de investigación por parte del Ministerio Público, archivos judiciales (figura mediante la cual se dispone la no investigación por parte del Sistema de Justicia) y/o eternos procesos de investigación que terminan en el olvido mediático y judicial.

Las mencionadas movilizaciones contra la corrupción y la impunidad han tenido diversos puntos en común. Entre ellos se destacan la amplia diversidad de organizaciones convocantes, con mayor participación de organizaciones de clase media; la importante (cuando no mayoritaria) participación juvenil; un fuerte discurso dirigido a las instituciones públicas –de control y/o sanción– para exigir acciones tendentes a enfrentar hechos de corrupción e impunidad en el país; y la ausencia de un relato que tenga como consecuencia la construcción de subjetividades políticas menos difusas.

Y la Marcha Verde, ¿qué? ¿Quiénes son y cómo lo hacen?

La iniciativa surgida hace apenas seis meses ha logrado:

1. Unir bajo un mismo color –verde– a organizaciones disímiles (religiosas, feministas y colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales [LGBTI]; a organizaciones campesinas y urbanas de clases medias, ONG y organizaciones políticas de izquierda).

2. Articular consensos mínimos sobre sus exigencias: fin de la corrupción y la impunidad, con énfasis en el caso Odebrecht; investigación y sometimiento a proceso de funcionarios y políticos vinculados a los sobornos, sobrevaluaciones de obras y financiamiento ilegal de campañas.

3. Darle proyección nacional al reclamo; a través de una serie de movilizaciones, se logró recorrer prácticamente todo el territorio de la República Dominicana con siete marchas, dos de ellas de carácter nacional (22 de enero y 16 de julio).

4. Recolectar aproximadamente 350.000 firmas para solicitar la conformación de una comisión de investigación –para el caso Odebrecht–, compuesta por fiscales sin vinculación con el partido de gobierno y con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

5. Realizar nueve recorridos por barrios, para tratar de vincular las problemáticas locales con la corrupción político-empresarial en sentido general.

6. Movilizar a dominicanos y dominicanas en diez ciudades de nueve países, lo que le ha dado al movimiento matices de lucha transnacional.

A la vista de estos resultados, puedo decir que Marcha Verde no solo ha logrado reagrupar el campo popular dominicano, sino que también ha conseguido poner en la agenda política el tema de la corrupción y la impunidad, que hasta el año pasado (2016) no llegaba ni al puesto número cinco entre las preocupaciones y prioridades de la ciudadanía, según lo demostró una encuesta de Ibarómetro.

Movimientos sociales y crisis del sistema de partidos

La victoria de Danilo Medina con 62% de los votos en las elecciones de 2016 significó una debacle para la oposición y las organizaciones sociales, que no pudieron ponerse de acuerdo para concretar una propuesta electoral conjunta; es así como Marcha Verde viene a constituirse en un respiro para el movimiento social dominicano –que vio deseos tronchados en el pasado proceso electoral–, un dolor de cabeza para el oficialismo y una oportunidad para los partidos de oposición, siempre y cuando logren incluir en su quehacer político las demandas que surgen de este espacio.

A pesar de la insistencia del partido de gobierno para invisibilizarla, Marcha Verde ha mostrado ser un sujeto político capaz de influir en la sociedad, así que las preguntas cruciales después de estos seis meses de movilización serian: ¿cuáles serán sus aportes para la transformación del sistema político dominicano? ¿Será capaz de construir una agenda de transformaciones que nos permitan cristalizar la transición democrática que nunca llegó?

La diversidad de actores que hacen parte de Marcha Verde y la infinidad de intereses que estos representan dificultan los ejercicios prospectivos sobre el movimiento. Pero al constatar la masiva participación en la movilización del pasado 16 de julio, tanto en la capital como en el exterior, y la postura política del documento leído –en el que se exige el sometimiento penal del presidente Medina por la responsabilidad de su gobierno en la licitación irregular y sobrevaluación de la planta termoeléctrica Punta Catalina, que está siendo construida por Odebrecht–, se hace evidente que los retos de la Marcha Verde son muchos mayores que los planteados al comienzo del año.

Si bien Marcha Verde ha avanzado –enfrentando cuestionamientos no solo por parte del oficialismo, que los acusa de atentar contra la gobernabilidad, sino también de posibles aliados que los acusan de ser muy moderados y poco políticos–, es evidente que para el cumplimiento de sus exigencias, que en términos generales no son otras que el cumplimiento de la ley, sigue faltando un actor político capaz de asumir los reclamos y dar solución a las exigencias.

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