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Luces y sobras en la legislación migratoria latinoamericana

En los últimos años se han escuchado en América Latina fuertes críticas hacia las políticas migratorias restrictivas de los países del Norte, especialmente en ocasión de la aprobación de la Directiva de Retorno de la Unión Europea o de los abusos cometidos en los estados fronterizos del sur de Estados Unidos. Sin embargo, el análisis de la legislación migratoria latinoamericana y caribeña muestra un escenario en el que las iniciativas reformistas conviven con normas que criminalizan la migración irregular. Los cambios más alentadores se han producido en Argentina, Uruguay y Ecuador, mientras que el caso chileno, entre otros, deja en evidencia la herencia del periodo dictatorial y la Doctrina de Seguridad Nacional.

Luces y sobras en la legislación migratoria latinoamericana

Críticas al Norte y políticas migratorias: ¿hacia una mayor coherencia?

En agosto de 2010, 72 migrantes de diversos países latinoamericanos fueron asesinados en Tamaulipas, México, presuntamente por sicarios del crimen organizado. Como la amplia mayoría de los más de 200 millones de migrantes que existen en todo el mundo, esas personas abandonaron sus hogares en busca de trabajo, educación, mejores condiciones socioeconómicas o reunificación familiar, o bien huían de situaciones de violencia, abusos y políticas excluyentes. Tal vez pocos casos como la historia individual y el final común de esas personas reflejen con tanta nitidez la complejidad de los factores asociados a la migración, especialmente la irregular1. Al mismo tiempo, quizás pocos ejemplos ilustren con tanta brutalidad la alarmante situación que pueden vivir los migrantes en los países de América Latina y el Caribe, víctimas de unos niveles de violencia que difícilmente puedan hallarse en otras partes del mundo.

El incremento de las migraciones de latinoamericanos y caribeños hacia Estados Unidos y la Unión Europea fue generado, entre otros factores, por el impacto de planes de ajuste estructural y otras medidas políticas implementadas en la región en las dos últimas décadas del siglo XX. Esa migración se produjo mayoritariamente por vías informales e irregulares, debido a los escasos mecanismos que permiten migrar de manera regular, como los previstos en casos de reunificación familiar o cuando existe un contrato de trabajo.

En forma contemporánea a este fenómeno, y más aún en los años posteriores, la respuesta de los países de destino ha sido crecientemente restrictiva y caracterizada por el aumento de los dispositivos de control y sanción, así como por el recorte de derechos humanos con base en la nacionalidad o la condición migratoria de las personas. Precisamente en este contexto los países de América Latina y el Caribe comenzaron a cuestionar esas políticas con mayor énfasis y continuidad, tanto por iniciativa propia como en virtud de la creciente demanda de sus nacionales en el exterior y de las organizaciones de la sociedad civil. En esta disputa, la Directiva de Retorno de la UE fue la que recibió mayores críticas desde este lado del Atlántico: se destacaban los derechos que vulneraba y la falta de voluntad para abordar las causas de la migración2.

En esta misma dirección, los Estados sudamericanos advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos de los migrantes3. Por su lado, en el ámbito de la Conferencia Regional de Migración (CRM), conocida como Proceso Puebla4, el Plan de Acción adoptado en 2009 incluyó la protección de los derechos humanos como uno de los tres ejes estratégicos que deben guiar los objetivos y las acciones de los Estados. Ahora bien, en el plano de las políticas migratorias de los países de la región pueden observarse cambios que se acercan o van en la dirección del discurso regional. Sin embargo, también es posible identificar una serie de mecanismos (normativos y operativos) que, más bien, se asimilan al enfoque restrictivo que se cuestiona en países de otras latitudes. Por ello, resulta especialmente relevante el compromiso de los gobiernos de Sudamérica de asegurar los derechos de los nacionales que residen en otras regiones, en aras de los principios de coherencia, igualdad y no discriminación5.

Es preciso destacar que América Latina y el Caribe se caracterizan por su triple condición de área de tránsito, origen y destino de migrantes. Si bien la emigración hacia EEUU desde México y Centroamérica es de larga data, en las últimas décadas se han ido incorporando flujos desde el Caribe y Sudamérica. Y más recientemente, migrantes asiáticos y africanos se han sumado a la ruta hacia el Norte. A su vez, ciertos países latinoamericanos reciben un creciente número de migrantes de países limítrofes, como es el caso de los colombianos que migran a Ecuador o los hondureños que se establecen en El Salvador. Las migraciones dentro de la región se han intensificado, como la boliviana hacia Chile, la haitiana hacia Bahamas y la nicaragüense a Costa Rica. Sin agotar la diversidad de los flujos en la región, este cuadro se complementa con contingentes de migrantes africanos, de Europa del Este y Asia hacia Argentina6.

En este contexto, las líneas que siguen procuran describir en qué etapa nos encontramos en esa búsqueda de coherencia. Dicho de otro modo, en qué medida es posible afirmar que las políticas migratorias de la región difieren de las aplicadas en los países del Norte. El análisis sobre la realidad que viven día a día los migrantes, en especial mediante un estudio de las leyes migratorias en América Latina y el Caribe, nos permitirá esbozar algunas ideas y respuestas para orientar un debate que, sin duda, requiere un espacio, un tiempo y una multiplicidad de actores y perspectivas que exceden largamente lo expuesto en estas páginas.

Migrantes y derechos: realidades complejas, desafíos de corto y largo plazo

En paralelo a los múltiples desafíos en términos de derechos y condiciones de vida de los migrantes que transitan por Centroamérica y México hacia EEUU, la migración intrarregional también enfrenta riesgos, dificultades y atropellos, provenientes tanto de los Estados como de actores no estatales. Sin pretender agotar la diversidad de los fenómenos de movilidad en la región y sus complejidades, existen situaciones específicas que representan importantes retos, en especial para los derechos de las personas, como la migración haitiana a República Dominicana y otros países del Caribe o el desplazamiento de colombianos hacia el sur como consecuencia del conflicto armado.

En cuanto a las políticas y la realidad concreta que experimentan los migrantes, el panorama es muy complejo, aunque lentamente se han ido diseñando marcos normativos y políticas que intentan modificar este escenario. No obstante, las políticas migratorias de la mayoría de los países de la región siguen guiándose por la llamada «visión instrumental». Como señala Javier De Lucas, la política es definida por un criterio esencialmente utilitarista, que define la inmigración «deseada» de acuerdo con intereses y necesidades del país de destino (más bien, de ciertos actores económicos). Al ser diseñada de manera unilateral y desde una lógica nacional –no regional ni global– resulta no solo ineficaz, en virtud de su negación de la complejidad del fenómeno migratorio y de los factores que moldean los flujos migratorios (regulares e irregulares), sino también ilegítima, al generar la violación de derechos fundamentales7.

  • 1. Las razones que llevaron a migrar a esas 72 personas se detallan en http//:72migrantes.com.
  • 2. Sobre las reacciones contra la Directiva, v. Laura Gianelli: «Análisis de la Directiva de Retorno de la Unión Europea», viii Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, Montevideo, septiembre de 2008.
  • 3. Declaración de la ix Conferencia Sudamericana de Migraciones, Quito, 22 de septiembre de 2009. En esta conferencia, iniciada en 2000, participan todos los Estados de Sudamérica.
  • 4. La crm, creada en 1996, está integrada por Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
  • 5. Declaración de la ix Conferencia Sudamericana de Migraciones, Quito, 2009.
  • 6. Para una descripción más exhaustiva, v. Cepal: América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y desarrollo, Cepal, Santiago de Chile, 2008, disponible en www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/34889/P34889.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl.
  • 7. «Globalización, migraciones y derechos humanos. La inmigración, como res política», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho No 10, Universidad de Valencia, 2004.