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Las maras y la nueva guerra salvadoreña

La violencia relacionada con el fenómeno de las maras salvadoreñas fluye en cuatro direcciones: la guerra entre maras rivales, la violencia pandilleril ejercida sobre las comunidades, la violencia estatal hacia las maras y las respuestas violentas de estas hacia el Estado. Hoy este fenómeno representa una gran amenaza para el proceso democrático que El Salvador intentó construir luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, así como la posibilidad de que este país centroamericano –otrora modelo por su negociación para terminar con la guerra civil de la década de 1980– vuelva a sumirse en una guerra.

Las maras y la nueva guerra salvadoreña

¿De pandillas juveniles a organizaciones terroristas?

Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 por el gobierno a cargo de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) terminaron con 12 años de conflicto armado en El Salvador. Efectivamente, las fuerzas del gobierno y la guerrilla depusieron sus armas, se inició la lucha por el poder político a través de elecciones democráticas y la violencia como medio para alcanzar fines políticos fue abandonada. Sin embargo, en 1996, mientras la democracia salvadoreña estaba apenas estrenándose, el gobierno de Estados Unidos inició una política de deportación de criminales convictos a sus países de origen. Los primeros vuelos con los deportados llevaron a El Salvador varios –y muy probablemente los primeros– pandilleros de la ms-13 y Barrio 18.

Antes de su llegada, ya existían grupos de jóvenes con características de tipo pandilleril, pero estos estaban fragmentados tanto espacialmente como respecto a su identidad. Luego de algún tiempo, los patrones culturales y organizacionales de los pandilleros provenientes de California comenzaron a dominar esas formaciones pandilleriles embrionarias y las convirtieron en un fenómeno más organizado, complejo y violento. Las nuevas pandillas, conocidas como «maras», crecieron con rapidez y marcaron profundamente el periodo que siguió al conflicto armado.

En 2003, las maras ya eran uno de los principales problemas del país y como reacción a esta problemática, el gobierno de Arena lanzó la política denominada «mano dura». Este abordaje se extendió hasta 2009 y tuvo entre sus principales resultados una importante cantidad de pandilleros encarcelados, lo que a su vez devino en un hacinamiento extremo del sistema penitenciario y posibilitó una reorganización del liderazgo pandilleril desde la cárcel, así como el establecimiento de nuevas conexiones en todo el país, lo que fortaleció aún más la violencia organizada. En ese sentido, se puede sostener que las políticas manoduristas de los gobiernos de Arena abrieron una nueva etapa en el comportamiento violento de las maras1.

En 2011, el primer gobierno del fmln experimentó con un nuevo enfoque para abordar la ya grave problemática de las maras; este contempló, entre otras medidas, la reubicación de los principales líderes de las maras, alojados hasta entonces en una cárcel de máxima seguridad, en recintos penitenciarios de menor seguridad, como parte de un acuerdo entre el gobierno y las maras para la reducción de homicidios. Esta negociación se conoció mediáticamente como «la tregua» y fue erráticamente conducida por el entonces presidente Mauricio Funes y condenada por la opinión pública, a pesar de haber logrado una reducción del promedio diario de homicidios de 14 a seis2. Los funcionarios que impulsaron la tregua, a pesar de que esta logró una reducción de homicidios nunca antes vista, tuvieron enormes dificultades para explicar el rol del gobierno en relación con ese acuerdo con las maras. La tregua resultó ampliamente rechazada por la opinión pública y por el establishment político, incluyendo funcionarios y dirigentes del propio partido de gobierno.

En 2014 el fmln volvió a ganar las elecciones presidenciales, ahora con el ex-dirigente guerrillero y vicepresidente (entre 2009 y 2014) Salvador Sánchez Cerén, quien ordenó el retorno al centro penitenciario de máxima seguridad de los líderes pandilleriles que habían sido reubicados. Esta decisión se convirtió en el sello de caducidad del errático proceso que nació en 2012 y que se mantuvo tambaleante en los últimos meses del gobierno de Funes. La decisión presidencial provocó la reacción de las maras, que se manifestaron mediante un rápido incremento de homicidios, en particular de policías y militares.

Por su parte, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia respecto de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (leat)3 en la que afirmó que las pandillas ms-13 y Barrio 18 debían considerarse como organizaciones terroristas –algo que no había sido solicitado ni mencionado en ninguno de los recursos de inconstitucionalidad sobre los que resolvió–. Este fallo coincide con el gobierno del fmln, que desde principios de 2015 inició una renovada política manodurista (aunque sin denominarla de esa manera) y ha insistido en señalar a las maras como organizaciones terroristas.

Pero más allá de discutir la pertinencia académica y política de denominar y tratar a las maras como terroristas, el principal énfasis de este artículo es vislumbrar cómo el fenómeno de las maras y las respuestas estatales hacia este podrían terminar siendo el principal germen regresivo hacia el autoritarismo.

La disputa por el poder: Estado versus maras

En aquellas comunidades dominadas por las maras, el Estado salvadoreño ha cedido ya buena parte de lo que la teoría suele reconocer como monopolios estatales legítimos. A continuación, presentamos algunos aspectos a través de los cuales se pone de manifiesto esa contestación o competencia de las maras frente al poder legítimo del Estado.El control territorial: vigilancia y estados de sitio. Las maras salvadoreñas viven insertas en sus comunidades, a las que han llegado a subyugar luego de más de dos décadas de ejercer violencia sistemática sobre ellas, mientras que los agentes del poder represivo-legítimo del Estado (la policía y el ejército) son entes extraños a la comunidad, además de mantener una presencia intermitente. Las normas de conducta que la población de esas comunidades vive diaria y efectivamente son las de las maras, que bien podrían resumirse en la que es su principal ley: «ver, oír, callar». La naturaleza misma del ejercicio de poder de las maras, fundado en una violencia extrema, así como la extensión territorial y la cantidad de población sobre la que ejercen dicho poder, pone en serias dudas la efectividad de los actores estatales.

La pertenencia a determinado territorio –aunque este implique solo una cuadra o dos– otorga a la mara no solamente una estratégica acumulación de poder, sino también un espacio donde se construye su identidad. Los territorios bajo su control suelen estar llenos de grafitis alusivos a la pandilla; borrarlos o intentar hacerlo puede implicar incluso la muerte. Para el mantenimiento del control territorial utilizan a niños y adolescentes de entre 12 y 15 años, a los que despliegan en los puntos fronterizos de su territorio, con el objetivo de controlar los movimientos de quienes entran y salen, en una permanente comunicación, principalmente a través de teléfonos celulares4. Esta capacidad de control de las maras provoca que, desde hace varios años, buena parte de la sociedad salvadoreña haya tenido que aprender a coexistir con dos Estados o con Estados paralelos5, cruzando diariamente líneas invisibles pero tan reales que pueden costar la vida6. En las zonas controladas por maras es habitual que estas –y no el Estado– decreten «toques de queda», que no son más que estados de sitio ilegales, aplicados por una organización criminal que tiene la capacidad de imponer las horas de entrada y salida a los habitantes de la comunidad, así como al transporte público. No obedecer los «toques de queda» es una cuestión de vida o muerte, sin que las fuerzas del Estado tengan la capacidad para retomar el control de esas comunidades, salvo excepcionalmente y por cortos periodos.

  • 1.

    José Miguel Cruz: «La incidencia de las pandillas juveniles en la inseguridad de El Salvador» en Estudios Centroamericanos (eca) vol. 68 No 735, 2013.

  • 2.

    Las encuestas de opinión de la época reflejan bajos niveles de apoyo a la tregua: más de 80% de los encuestados desconfiaba de ella, mientras que cerca de 75% de los encuestados de la época consideraba la «mano dura» una mejor estrategia. Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (iudop): Encuesta de evaluación del año 2003, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 2003 y Encuesta de evaluación del año 2012, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 2012.

  • 3.

    Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador: sentencia de inconstitucionalidad ref 22-2007/42-2007/89-2007/96-2007.

  • 4.

    W. Murcia: Las pandillas en El Salvador: propuestas y desafíos para la inclusión social juvenil en contextos de violencia urbana, Documento de Proyecto Nº 672, Cepal, Santiago de Chile, 2015.

  • 5.

    William Ortiz Jiménez: «Los paraestados en Colombia», tesis doctoral en Sociología, Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, Universidad de Granada, 2006, disponible en http://hera.ugr.es/tesisugr/16183605.pdf.

  • 6.

    Óscar Rubén Zelaya: «Un Estado dentro de otro» en La Prensa Gráfica, 20/1/2016.