¿De pandillas juveniles a organizaciones terroristas?

Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 por el gobierno a cargo de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) terminaron con 12 años de conflicto armado en El Salvador. Efectivamente, las fuerzas del gobierno y la guerrilla depusieron sus armas, se inició la lucha por el poder político a través de elecciones democráticas y la violencia como medio para alcanzar fines políticos fue abandonada. Sin embargo, en 1996, mientras la democracia salvadoreña estaba apenas estrenándose, el gobierno de Estados Unidos inició una política de deportación de criminales convictos a sus países de origen. Los primeros vuelos con los deportados llevaron a El Salvador varios –y muy probablemente los primeros– pandilleros de la ms-13 y Barrio 18.

Antes de su llegada, ya existían grupos de jóvenes con características de tipo pandilleril, pero estos estaban fragmentados tanto espacialmente como respecto a su identidad. Luego de algún tiempo, los patrones culturales y organizacionales de los pandilleros provenientes de California comenzaron a dominar esas formaciones pandilleriles embrionarias y las convirtieron en un fenómeno más organizado, complejo y violento. Las nuevas pandillas, conocidas como «maras», crecieron con rapidez y marcaron profundamente el periodo que siguió al conflicto armado.

En 2003, las maras ya eran uno de los principales problemas del país y como reacción a esta problemática, el gobierno de Arena lanzó la política denominada «mano dura». Este abordaje se extendió hasta 2009 y tuvo entre sus principales resultados una importante cantidad de pandilleros encarcelados, lo que a su vez devino en un hacinamiento extremo del sistema penitenciario y posibilitó una reorganización del liderazgo pandilleril desde la cárcel, así como el establecimiento de nuevas conexiones en todo el país, lo que fortaleció aún más la violencia organizada. En ese sentido, se puede sostener que las políticas manoduristas de los gobiernos de Arena abrieron una nueva etapa en el comportamiento violento de las maras¹.

En 2011, el primer gobierno del fmln experimentó con un nuevo enfoque para abordar la ya grave problemática de las maras; este contempló, entre otras medidas, la reubicación de los principales líderes de las maras, alojados hasta entonces en una cárcel de máxima seguridad, en recintos penitenciarios de menor seguridad, como parte de un acuerdo entre el gobierno y las maras para la reducción de homicidios. Esta negociación se conoció mediáticamente como «la tregua» y fue erráticamente conducida por el entonces presidente Mauricio Funes y condenada por la opinión pública, a pesar de haber logrado una reducción del promedio diario de homicidios de 14 a seis². Los funcionarios que impulsaron la tregua, a pesar de que esta logró una reducción de homicidios nunca antes vista, tuvieron enormes dificultades para explicar el rol del gobierno en relación con ese acuerdo con las maras. La tregua resultó ampliamente rechazada por la opinión pública y por el establishment político, incluyendo funcionarios y dirigentes del propio partido de gobierno.

En 2014 el fmln volvió a ganar las elecciones presidenciales, ahora con el ex-dirigente guerrillero y vicepresidente (entre 2009 y 2014) Salvador Sánchez Cerén, quien ordenó el retorno al centro penitenciario de máxima seguridad de los líderes pandilleriles que habían sido reubicados. Esta decisión se convirtió en el sello de caducidad del errático proceso que nació en 2012 y que se mantuvo tambaleante en los últimos meses del gobierno de Funes. La decisión presidencial provocó la reacción de las maras, que se manifestaron mediante un rápido incremento de homicidios, en particular de policías y militares.

Por su parte, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia respecto de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (leat)³ en la que afirmó que las pandillas ms-13 y Barrio 18 debían considerarse como organizaciones terroristas –algo que no había sido solicitado ni mencionado en ninguno de los recursos de inconstitucionalidad sobre los que resolvió–. Este fallo coincide con el gobierno del fmln, que desde principios de 2015 inició una renovada política manodurista (aunque sin denominarla de esa manera) y ha insistido en señalar a las maras como organizaciones terroristas.

Pero más allá de discutir la pertinencia académica y política de denominar y tratar a las maras como terroristas, el principal énfasis de este artículo es vislumbrar cómo el fenómeno de las maras y las respuestas estatales hacia este podrían terminar siendo el principal germen regresivo hacia el autoritarismo.

La disputa por el poder: Estado versus maras

En aquellas comunidades dominadas por las maras, el Estado salvadoreño ha cedido ya buena parte de lo que la teoría suele reconocer como monopolios estatales legítimos. A continuación, presentamos algunos aspectos a través de los cuales se pone de manifiesto esa contestación o competencia de las maras frente al poder legítimo del Estado.El control territorial: vigilancia y estados de sitio. Las maras salvadoreñas viven insertas en sus comunidades, a las que han llegado a subyugar luego de más de dos décadas de ejercer violencia sistemática sobre ellas, mientras que los agentes del poder represivo-legítimo del Estado (la policía y el ejército) son entes extraños a la comunidad, además de mantener una presencia intermitente. Las normas de conducta que la población de esas comunidades vive diaria y efectivamente son las de las maras, que bien podrían resumirse en la que es su principal ley: «ver, oír, callar». La naturaleza misma del ejercicio de poder de las maras, fundado en una violencia extrema, así como la extensión territorial y la cantidad de población sobre la que ejercen dicho poder, pone en serias dudas la efectividad de los actores estatales.

La pertenencia a determinado territorio –aunque este implique solo una cuadra o dos– otorga a la mara no solamente una estratégica acumulación de poder, sino también un espacio donde se construye su identidad. Los territorios bajo su control suelen estar llenos de grafitis alusivos a la pandilla; borrarlos o intentar hacerlo puede implicar incluso la muerte. Para el mantenimiento del control territorial utilizan a niños y adolescentes de entre 12 y 15 años, a los que despliegan en los puntos fronterizos de su territorio, con el objetivo de controlar los movimientos de quienes entran y salen, en una permanente comunicación, principalmente a través de teléfonos celulares⁴. Esta capacidad de control de las maras provoca que, desde hace varios años, buena parte de la sociedad salvadoreña haya tenido que aprender a coexistir con dos Estados o con Estados paralelos⁵, cruzando diariamente líneas invisibles pero tan reales que pueden costar la vida⁶. En las zonas controladas por maras es habitual que estas –y no el Estado– decreten «toques de queda», que no son más que estados de sitio ilegales, aplicados por una organización criminal que tiene la capacidad de imponer las horas de entrada y salida a los habitantes de la comunidad, así como al transporte público. No obedecer los «toques de queda» es una cuestión de vida o muerte, sin que las fuerzas del Estado tengan la capacidad para retomar el control de esas comunidades, salvo excepcionalmente y por cortos periodos.

El otro impuesto: la «renta» de las maras. Las maras han impuesto una suerte de tributo –ilegal, pero efectivo– a través de un sistema funcional de extorsión sobre amplios sectores de la población. Si bien estas prácticas carecen de cualquier legitimidad, también es cierto que resultan efectivas y permanentes y que logran alcances en sectores de la economía que, por su informalidad, escapan del control tributario estatal. Según el especialista Walter Murcia, «la defensa del barrio, uno de los pilares de la identidad de las pandillas, paulatinamente adquirió un doble perfil: defender el territorio de la agresión de la pandilla contraria y preservarlo como resguardo y proveedor de los beneficios obtenidos mediante la extorsión»⁷.

La denominada «renta» se reconoce como la principal fuente de ingresos y las maras la justifican como una contribución o impuesto que tiene como contraprestación la supuesta protección de los miembros de la comunidad. Esta práctica extorsiva es aplicada principalmente sobre trabajadores públicos y privados, personas receptoras de remesas, micro-, pequeños y medianos empresarios, propietarios y conductores de unidades de transporte público⁸, etc., y llegó a constituirse en una práctica extendida que el Estado ha sido incapaz de combatir. Incluso algunas empresas ya incluyen esos «tributos» como parte de sus costos de operación.

Los desplazamientos por violencia. Íntimamente ligada con la práctica de extorsión o «renteo» se encuentra la creciente cantidad de personas, familias y comunidades desplazadas, tanto hacia el interior del país como hacia el extranjero. Cada vez es más frecuente que colonias enteras sean desalojadas, sin que la policía tenga más función que la de resguardar la salida de las personas de sus hogares. Informes de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), así como investigaciones académicas y periodísticas, coinciden en que los desplazamientos forzados son una sorda realidad que desde hace varios años sufren muchos salvadoreños, pero que los gobiernos de turno se han negado a aceptar. En efecto,

Los desplazamientos forzados generados por las maras en El Salvador se están generalizando a gran parte del territorio nacional (…). Las maras operan cobrando la cuota periódica (extorsión) a gran parte de la población, amenazan por medio de linchamientos y asesinatos, controlan la organización local comunitaria y vigilan de manera exhaustiva a la población, para aumentar las extorsiones y amenazas (…). De esta forma, el patrón de desplazamiento forzado en El Salvador generado por el co [crimen organizado], inicialmente se da al interior del país, y en segunda instancia forzando el cruce de fronteras.⁹

La capacidad de las maras de generar estos desplazamientos de población, combinada con la parálisis de las fuerzas estatales para detenerlos, muestra la disputa o competencia por el control del territorio y la población entre las fuerzas legítimas del Estado y las maras.

Ejércitos privados, parcelación y amurallamiento. Investigaciones periodísticas arrojan que entre 2010 y 2015 se registró un promedio de 11.000 armas de fuego por año, es decir, «30 nuevas armas registradas cada día en un país en el que la gran mayoría de homicidios se comete con armas de fuego. En un mercado que en 2014 alcanzó ventas por casi dos millones de dólares»¹⁰. Por otra parte, un estudio elaborado en 2015 sostuvo que El Salvador gasta cerca de 2% de su pib en el pago de empresas de seguridad privada¹¹. Alrededor de 40% de todos los servicios que proveen las empresas privadas de seguridad son contratados por instituciones del gobierno, mientras que las empresas privadas invierten aproximadamente unos 600 millones de dólares anuales en seguridad¹².

En 2014, los efectivos de seguridad privados rondaban los 30.000. Pero más allá del número, esta forma de proveer seguridad ha generado varios cambios en la arquitectura de las comunidades del país. Cada vez más las vecindades se organizan para que sus pasajes y colonias sean cerrados con portones, amurallados con alambre razor, electricidad, casetas de control, cámaras de videovigilancia, entre otras medidas, lo que genera parcelas como pequeñas islas, principalmente en aquellos barrios con mayores ingresos económicos. Contrario sensu, en los barrios de menores ingresos han sido las maras las que se han encargado de esa parcelación, al establecer líneas fronterizas invisibles que, de no respetarse, pueden causar la muerte.

El Estado salvadoreño es cada vez menos capaz de brindar seguridad a buena parte de su población, incluso a sus mismas instituciones, y es por ello que cada quien debe buscarse su seguridad bien sea de manera personal, armándose, o a través de empresas privadas.

Respuestas de los cuerpos estatales y paraestatales. El año 2015 fue uno de los más sangrientos de la historia salvadoreña, incluso si lo comparamos con los años de la guerra civil. El ambiente de guerra, de un conflicto armado de nuevo tipo, se profundizó cuando las maras iniciaron una serie de ataques contra efectivos policiales y militares, así como contra sus familiares. Muchos de estos ataques y asesinatos sucedieron mientras los efectivos estaban de licencia en sus casas y comunidades. Nuevamente, el control territorial de las maras es tan extendido que muchos policías y militares, así como sus familias, viven en zonas controladas por pandilleros, lo cual los hace presas fáciles de ataques en momentos en que se encuentran desprevenidos.

Como respuesta, la policía y el ejército han elevado su nivel de belicosidad y sus procedimientos han comenzando a lindar con la ilegalidad, lo que genera un ambiente parecido al de una verdadera guerra. Pero además de procedimientos policiales y militares que muy probablemente riñen con la ley, han comenzado a aparecer evidencias más firmes sobre la existencia de cuerpos paraestatales de limpieza, en los que podrían estar involucrados efectivos estatales¹³. Cada vez con mayor frecuencia hay enfrentamientos entre policías y militares y pandilleros, en los que muchos de estos últimos resultan muertos. Tanto el presidente de la República como los encargados del Gabinete de Seguridad han restado importancia al incremento de la tasa de homicidios y sostuvieron que en dicho aumento van incluidos muchos pandilleros: «Dentro de esos 481 homicidios que se cometieron en marzo [de 2015], más de 140 son pandilleros que murieron en enfrentamientos o murieron en combates de encuentros con la Policía»¹⁴.

El ambiente de guerra ha habilitado una especie de carta blanca para la eliminación de pandilleros, lo que provoca que muy probablemente policías y militares vuelvan a verse involucrados en estas actividades¹⁵. Como resultado de ello, prácticas que habían sido superadas con los Acuerdos de Paz parecen estar volviendo a instalarse, pero ahora con motivaciones diferentes, e instituciones como la Policía Nacional Civil, creada con los Acuerdos de Paz, y el Ejército, que también sufriera una importante transformación tras dichos acuerdos, se encuentran en un franco proceso de descomposición, que lejos de solucionar la problemática de la violencia pandilleril solo termina complejizándola.

La mayor presencia del Ejército en labores de seguridad pública junto a la Policía, así como el incremento de su belicosidad, no se ha traducido hasta el momento en una disminución del poder de las maras. Por el contrario, ha dado pie a la deserción policial, así como a protestas públicas contra el presidente de parte de los efectivos policiales, en reclamo de mejores salarios y condiciones de trabajo. En tal sentido, los más afectados por el nuevo esquema de «choque frontal» o guerra contra las maras no parecen ser los pandilleros, sino los efectivos armados del Estado.

El impacto de las maras

El impacto de las maras ya se manifiesta en muchas más áreas de la realidad nacional de las que permite vislumbrar un enfoque predominantemente «securitista» del problema. A continuación se plantea de manera sintética cómo podrían estar transformando –de manera más o menos consciente– varios ámbitos de la realidad salvadoreña, para así surgir como uno de los principales actores o sujetos que han impactado la realidad salvadoreña en los últimos años.

Impacto político. Las maras salvadoreñas son cada vez más determinantes en la política real del sistema, además de tener cada vez mayor relevancia en la administración del poder –ilegal, pero efectivo– en buena parte de las comunidades más pobladas del país. Los actores formales del sistema político, que compiten por el poder a través de elecciones y de las reglas del Estado de derecho, han tenido que entablar relaciones en los territorios y comunidades, pero también con los liderazgos de las maras, bien sea para poder ingresar a una determinada zona durante las campañas electorales, para reducir los homicidios o para llevar ciertos programas a las comunidades.

La capacidad de incidencia política de las maras, cada vez de manera más consciente y deliberada, es un aspecto de este fenómeno que no debe dejarse de lado. Más allá de si esta incidencia es ilegal o antiética, debe analizarse dentro del plano de la realidad política, para luego hacer las valoraciones legales y éticas que sean necesarias. Negar las nuevas características del fenómeno desde una visión o sentimiento moral o legal no cambiará la realidad sobre el poder e interés de incidir en el sistema político que las maras ya tienen. Serán las acciones y reacciones de las maras, pero también las provenientes del Estado, las que irán brindando mayor claridad a las características políticas del fenómeno.

Impacto económico. El impacto del ejercicio criminal de las maras en la economía local y nacional, principalmente a través de las extorsiones, es otro aspecto que debe ser abordado con mayor precisión y profundidad. Las hipótesis que explican su rápido fortalecimiento en el país deben ser analizadas nuevamente de manera crítica: las remesas, la migración, la deportación, la desigualdad en el ingreso, entre otros elementos, deben ser retomadas y relacionadas con factores históricos y culturales.

En tal sentido, debe profundizarse sobre la economía criminal que están desplegando, así como sobre los impactos que causan en la economía nacional. El cariz de las maras como violent entrepreneurs¹⁶, categoría utilizada por Vadim Volkov para describir aquellas organizaciones que hacen de la gestión de la violencia su forma de negocio u obtención de ingresos, es un aspecto importante en el que debe investigarse para comprender mejor el fenómeno. Impacto jurídico. La evolución del fenómeno de las maras ha puesto a juristas y legisladores en el filo de la navaja con respecto a los marcos jurídicos que deben aplicarse o crearse para abordar el problema. Durante casi dos décadas, las elites políticas y judiciales salvadoreñas, tanto de derecha como de izquierda, han intentado solucionar el problema desde lo jurídico, receta que no solo ha resultado ineficiente, sino que además ha llevado a una serie de reformas que han puesto en crisis los valores sobre los que se cimienta un Estado constitucional y democrático de derecho.

Las respuestas jurídicas al fenómeno han oscilado entre más o menos garantismo; restricción, supresión o relativización de principios y garantías; enfoque de derechos humanos o enfoque de peligrosidad; endurecimiento de penas o resocialización y derecho penal de última ratio, y estas son solo algunas de las disyuntivas surgidas. Las propuestas antigarantistas y el endurecimiento de penas parecen haber ganado la discusión hasta el momento, sin que se hayan traducido en una mayor seguridad. Para 2015, el Estado salvadoreño ya ha creado una importante serie de respuestas jurídicas que provocan numerosas preguntas: ¿han sido útiles?, ¿han sido bien aplicadas?, ¿han modificado el problema y en qué sentidos?, ¿contrarían o están en consonancia con un Estado democrático y constitucional?, ¿representan retrocesos para los avances planteados por los Acuerdos de Paz en materia judicial?

Impacto cultural. Los aspectos culturales de las maras han sido poco tomados en cuenta a la hora de estudiar el fenómeno, lo que a menudo ha dado pie a un «reduccionismo criminalista», que no ha servido para comprender mejor el fenómeno de las maras ni para tomar mejores decisiones desde las políticas públicas. El encarcelamiento masivo, el endurecimiento de leyes, los grupos paraestatales de limpieza, entre otras respuestas dadas desde finales de la década de 1990, han demostrado que si no se toman en cuenta otros aspectos, como el cultural, las decisiones desde la esfera de lo público solo terminan agravando la violencia asociada al fenómeno, lejos de reducirla o evitarla. Por otra parte, la propia cultura o subcultura producida por las maras ya ha generado impacto en las comunidades que ellas dominan, en los medios de comunicación y en la sociedad misma. La vertiente de los estudios culturales en América Latina abre una posibilidad importante para estudiar el fenómeno ya no solo desde la criminología o la criminalística, sino también desde las dimensiones culturales, que brindarán otras perspectivas para su comprensión.

Ni paz ni democracia

Como se ha puesto de manifiesto en los párrafos anteriores, más allá de las elecciones periódicas, de gobiernos relativamente estables y del cumplimiento de otros indicadores formales de la democracia, subterráneamente muchos salvadoreños viven una situación que limita a diario libertades tan básicas como la de circulación. En ese orden de ideas, es pertinente reflexionar si es sostenible hablar de democracia cuando muchos de los ciudadanos deben inhibirse de visitar otras comunidades o territorios para resguardar su seguridad e incluso sus vidas. ¿Puede hablarse de democracia cuando las normas de los gobernantes elegidos legítimamente tienen cada vez menor impacto sobre la cotidianeidad de las personas? ¿Puede hablarse de Estado de derecho en comunidades regidas por la ley de «ver, oír, callar»?

El poder acumulado por las maras en las últimas décadas podría estar propiciando una erosión del poder de las elites políticas elegidas democráticamente; estas tienen cada vez menor capacidad para contrarrestar el accionar de las maras, y sus respuestas para abordar el fenómeno no solo terminan siendo probablemente contraproducentes, sino que abren la puerta para que las garantías democráticas pactadas en 1992 comiencen a debilitarse. En su lucha contra las maras, las actuales elites gobernantes, representadas principalmente por Arena y el fmln, están erosionando a tal grado su credibilidad que eventualmente pueden ser sustituidas por nuevos sujetos políticos, surgidos como resultado de sus mismas respuestas ineficientes y antidemocráticas al fenómeno.

Irónicamente, un presidente que en su juventud se enfrentó contra gobiernos militares, tomó las armas para luchar contra la represión política y fue acusado de terrorista por los gobiernos de turno ordena años después un enfrentamiento directo contra las maras –a las que ahora su gobierno denomina «terroristas»–, y durante su mandato las tasas de homicidios se disparan hasta colocar nuevamente al país como una de las capitales mundiales de la muerte. Carente de enfoques alternativos o progresistas, el otrora comandante guerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz y actualmente a cargo de la primera magistratura parece determinado a sumir a una nueva generación en otra guerra: «Aunque algunos digan que estamos en una guerra, no queda otro camino. No hay espacios para diálogo, no hay espacios para treguas, no hay espacios para entenderse con ellos, son criminales y así como criminales hay que tratarlos»¹⁷.