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Las economías perversas del crimen organizado Minería ilegal, trata y explotación sexual

El auge de los precios de las materias primas ha alentado la minería en América Latina y, dentro de ella, la minería ilegal. Esto ha conllevado una articulación de este negocio con otras redes delincuenciales, como el narcotráfico y la trata de personas. En regiones de la cuenca amazónica, la minería ilegal –como ocurre en muchas regiones con el narcotráfico– toma ventaja y rediseña espacios geográficos para sus fines. No obstante, continúa captando menos atención política y mediática que el tráfico de drogas o el contrabando.

Las economías perversas del crimen organizado / Minería ilegal, trata y explotación sexual

La minería genera consumos de diversa naturaleza. Utiliza impresionantes cantidades de agua. Ocupa grandes espacios, lo que no pocas veces obliga a poblaciones enteras a desplazarse, y gasta energía eléctrica que bien podría beneficiar a todas esas poblaciones. Su despilfarro de los recursos ecológicos es tan grande que muchas veces es irreversible, con tierras que jamás volverán a ser útiles o ríos y lagos irremediablemente contaminados o secos. Y hay más.

En el caso de las actividades mineras fuera de la ley, estas no solo aprovechan recursos naturales y no renovables, sino que necesitan consumos específicos para garantizar impunidad, productividad y ganancia. Y no hablamos de fuerza de trabajo como tal, sino de voluntades, elementos de coerción y, también, personas. Es así como esta variante de la minería, sólidamente instalada en América Latina, se ha concatenado con otros circuitos económicos como el tráfico internacional de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas y la explotación sexual de menores. Se trata de un modelo de economías perversas que se abastecen de servicios y colaboran entre sí para la ampliación del negocio. A los fines de la minería ilegal, las armas son fundamentales para el control de territorios en disputa y para resistir algún eventual intento estatal de poner orden. La droga sirve como moneda de cambio con otras organizaciones criminales o como mercancía para ampliar el negocio. También, junto con el dinero que se obtiene de la explotación del recurso, se utiliza para comprar voluntades políticas, sindicales, comunitarias, militares o policiales. Un elemento más. Como señalan varios informes e investigaciones sobre el tema1, las concentraciones humanas que genera la minería ilegal casi siempre tienen como consecuencia el traslado de mujeres, en muchos casos menores de edad. Es así como los tratantes y clanes que se dedican a la explotación sexual también se vuelven parte de la cadena.

Economías perversas

El aumento de la población femenina en los centros de reclusión en América Latina durante los últimos cinco años2 está vinculado al desembarco del crimen organizado internacional en las localidades rurales de la región, donde las mujeres son el sector poblacional más vulnerable por sus características socioeconómicas. La trata de personas y la explotación sexual comercial son consideradas economías perversas articuladas al fenómeno del tráfico de drogas y de recursos naturales. Se ha constatado que, en regiones como el norte de La Paz o las selvas peruanas, donde el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales o madera ganan espacio, se genera demanda de prostitución y, junto a ello, grupos de tratantes generan circuitos de reclutamiento y traslado para satisfacer esa «demanda».

En las urbes cercanas a la «triple frontera» entre Brasil, Perú y Bolivia, se utilizan pandillas de adolescentes como sicarios baratos. Ellos mismos, además, se encargarán de convencer y reclutar a niñas y adolescentes con fines de trata y explotación sexual. Con el tiempo, las entrenarán en el oficio de «mulas» o «tragonas» para traficar estupefacientes o simplemente las entregarán a los clanes que manejan los centros de prostitución. Las economías de la violencia sexual comercial, la trata, la minería ilegal y la droga están articuladas. Comparten métodos, operadores y centros de acción. En el norte amazónico boliviano, estos actores se aprovechan de las familias en situación de ruptura o niños en situación de abandono para el reclutamiento. Las pandillas se vuelven las nuevas familias de niñas y adolescentes y de a poco las inducen en el negocio de la prostitución y el microtráfico. Todo es posible gracias a la compartimentación de la infraestructura de estos ilícitos. Los operadores les ofrecen el «servicio» tanto a tratantes como a narcos o a los dueños del negocio de la minería ilegal. En el caso concreto de esta última, su alianza con los circuitos de explotación sexual fue calificada como «escalofriante» por Livia Wagner, investigadora principal del informe de The Global Initiative sobre minería ilegal3.

«Hay un fuerte vínculo entre la minería ilegal y la explotación sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tráfico sexual», anota Wagner4. En su trabajo, la autora detalla cómo muchas mujeres y menores responden a ofertas de empleo falsas o son reclutadas directamente por intermediarios que les ofrecen un trabajo en campos mineros como cocineras, empleadas de tiendas o meseras. Una vez que son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identidad son confiscados. «Cuando estas minas son controladas directamente por grupos delictivos, existe un riesgo elevado de tráfico de personas. En Colombia y Perú, en particular, y en menor medida en otros países de la región. Nuestra investigación reveló numerosos casos de trata, explotación laboral, tráfico sexual y trabajo infantil», afirmó la investigadora de The Global Initiative en un reportaje de bbc Mundo5.

Las redes de la explotación sexual

En Bolivia existe una ruta que une el departamento amazónico del Beni con el norte de La Paz con fines de explotación sexual en las zonas donde se explota oro de manera legal e ilegal, mientras que en las ciudades del altiplano boliviano se buscan mujeres para sacarlas por la frontera a Perú, hacia el centro minero de La Rinconada, en el sudeste peruano. Cada frontera o región tiene una «vocación» y vulnerabilidades particulares.

Los reportes policiales hablan de un «puente» entre las regiones amazónicas y el norte paceño6, en especial en las zonas donde se realizan actividades de minería ilegal de oro. Los altos precios de los minerales y metales preciosos de años anteriores multiplicaron la presencia de personas en campamentos donde se generó demanda de trabajadoras sexuales. Los tratantes no perdieron la oportunidad de sacar provecho de esa larga coyuntura. La Rinconada es un ejemplo paradigmático: se trata de una ciudad donde la actividad minera se multiplicó exponencialmente en los últimos diez años y en la que ahora existen alrededor de 40.000 personas dedicadas a esta actividad. Las estimaciones de la policía peruana señalan que existen entre 100 y 300 bares que funcionan como prostíbulos ilegales y que a la ciudad llegaron bajo diversas formas de engaño cerca de 4.500 mujeres peruanas, bolivianas y colombianas.

  • 1.

    The Global Initiative against Transnational Organized Crime: «Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America», The Global Initiative against Transnational Organized Crime, Ginebra, 2016.

  • 2.

    Comisión Interamericana de Derechos Humanos: «Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas», Organización de los Estados Americanos, Washington, dc, 2013, p. 22.

  • 3.

    Ibíd.

  • 4.

    «La ‘escalofriante’ alianza entre la minería ilegal y la explotación sexual en Sudamérica» en bbc Mundo, 12/4/2016.

  • 5.

    Ibíd.

  • 6.

    Daniel Agramont y Boris Miranda (coords.): Siete crónicas sobre circuitos delictivos en Bolivia, Friedrich-Ebert-Stiftung, La Paz, 2016.