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Las dos almas de la izquierda reformista argentina

Desde la irrupción del peronismo en 1945, la izquierda reformista argentina vive en permanente división: por un lado, un sector que reivindica el rol histórico de Juan Perón y asume una postura «nacional-popular»; por otro, un grupo más cercano a los paradigmas de la socialdemocracia. Esta división, que recorre el último medio siglo, se reactualiza hoy, en tiempos de Kirchner. El artículo sostiene que la heterogeneidad de la izquierda argentina, mayor que la que existe en países como Uruguay o Brasil, no debería ser solo motivo de disputas y enfrentamientos. Podría ser también una oportunidad para fomentar un diálogo fecundo entre ambas tendencias, pues la alternativa política al proceso de reformas iniciado en Argentina no es un gobierno de izquierda mejor, sino el retorno de un neoliberalismo apenas disfrazado.

Las dos almas de la izquierda reformista argentina

El debate político latinoamericano suele caracterizarse por una llamativa sincronía. En los años 60, los problemas del desarrollo y la dependencia ocupaban el centro de la escena. Era el tiempo en que la Revolución Cubana estremecía las prudentes estrategias de los partidos comunistas «oficiales» y activaba la insurgencia armada. Como reacción frente a esto, Estados Unidos procuraba elaborar una respuesta activa, bajo la inspiración de la teoría de la modernización, expuesta por Walt Whitman Rostow en su muy difundido folleto Las etapas del crecimiento económico: la Alianza para el Progreso, lanzada por John F. Kennedy, fue el producto político regional emblemático de la época. El tablero de la discusión intelectual y la lucha política quedaba claramente dividido entre reformistas y revolucionarios.

El golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile definió la década siguiente como el tiempo de las dictaduras militares, directa o indirectamente sostenidas por EEUU. La periodización es relativa y se construye sobre la base de acontecimientos, como el chileno, cargados de valor simbólico: conviene recordar que Brasil ya vivía en un régimen autoritario desde 1964 y Paraguay, desde 1954, mientras que Argentina había sufrido una dictadura militar entre 1966 y 1973 y volvería a soportar un golpe de Estado en 1976.

La siguiente década, la de 1980, estuvo signada por el clima de las «transiciones democráticas» e impregnada por los nuevos aires de la centralidad de la democracia y las reformas institucionales. La literatura politológica del periodo está saturada por las protestas institucionalistas sobre el efecto deletéreo del presidencialismo en la historia democrática. La exploración de nuevos diseños institucionales capaces de asegurar estabilidad sustituyó a la problemática del desarrollo y la dependencia como eje de los debates.

Con la crisis de finales de esa década, entramos en la era de las reformas «estructurales», eufemismo de moda en aquellos tiempos para hacer referencia a los procesos de apertura indiscriminada, liberalización y privatización, ejecutados según la normativa del Consenso de Washington. En buena parte de la literatura académico-política de esos años (sin exceptuar a muchos estudiosos de inspiración progresista), la preocupación principal estaba centrada en cómo administrar políticamente las demandas «reformistas» neoliberales, que se consideraban un proceso necesario e ineluctable.

Idéntica sincronía recorre hoy la discusión sobre el «giro a la izquierda» de la región. Y como en todos los demás casos, el debate suele estar invadido por aspiraciones de generalización que corren el riesgo de borrar las especificidades nacionales y subregionales. Sin embargo, y aun con esas especificidades, el paisaje regional tiene rasgos comunes: el regreso del Estado y de la política al centro de una escena antes ideológicamente ocupada por la lógica del mercado y del individuo calculador de costos y beneficios personales; la centralidad de la agenda de la igualdad y la lucha contra la pobreza; la emergencia de nuevos actores sociales y nuevas prácticas políticas; la crisis –fuertemente desigual entre los diferentes países– de los partidos políticos tradicionales y el desarrollo de una nueva oleada de movilización y conflictividad social parecen ser algunos de esos rasgos. Cierta interpretación, muy en boga entre analistas, comunicadores y actores políticos, clasifica a los nuevos y no tan nuevos gobiernos de la región según su pertenencia a dos «tipos ideales»: gobiernos populistas, por un lado, y socialdemócratas o de izquierda moderada (o «moderna», según algunos), por otro. La tipología es adoptada, aunque obviamente con juicios de valor simétricamente antagónicos, por las derechas noventistas y por las izquierdas de la Guerra Fría. Los gobiernos de Chile, Uruguay y Brasil (con reticencias en este último caso) son presentados como pragmáticos y realistas en sus programas económicos, abiertos al mundo, respetuosos de la institucionalidad y partidarios de un acercamiento inteligente a EEUU. Por su parte, los de Venezuela, Bolivia y Ecuador son descriptos como gobiernos «populistas», en la acepción que de este discutido término hace el Departamento de Estado norteamericano; es decir, gobiernos paternalistas y autoritarios en lo interior, confrontativos en lo exterior y poco respetuosos de la institucionalidad democrática.

Esa clasificación merece ser puesta en cuestión. Aunque parezca curioso, la tipología niega tanto lo que tienen en común los procesos políticos de esos países, como lo que los diferencia en el terreno histórico concreto. Lo que tienen en común lo ha puesto de relieve, recientemente y con mucha precisión, el latinoamericanista francés Alain Rouquié: en su conjunto, dice, el giro político en la región significa la apertura de un fuerte capítulo social de los procesos democráticos que hoy abarcan a casi la totalidad de América Latina. En todos los casos –incluida la exitosa transición chilena– estamos ante la demanda de un compromiso incumplido de la democracia, el de la justicia social. El recetario único de los organismos internacionales de crédito durante la década de 1990, que diera en llamarse «Consenso de Washington», luce agotado, y no en términos teóricos o técnicos sino en la pública evidencia de que nuestra región es la más desigual del mundo, y que esa desigualdad creció dramáticamente en la época de las «reformas estructurales».

Resulta interesante el intento de comprender los dilemas de la izquierda democrática en América Latina en el contexto de una reflexión realizada a propósito de la experiencia progresista en Europa. En su artículo «La izquierda después de la ‘tercera vía’», Ernst Hillebrand habla del fin de un ciclo político-ideológico, el del proyecto «centrista y tecnocrático» de la «tercera vía» (o el «nuevo centro», como se lo llamó en Alemania). En este rico análisis se incluyen aspectos de extraordinario interés, como la crisis de la relación entre las fuerzas de la centroizquierda con sus electorados tradicionales de los sectores más humildes de la población, el fracaso de una visión simplista sobre el agotamiento de los Estados-nación en el curso de la globalización –lo que conllevó a la subestimación de los sentimientos nacionales– y el acomodamiento de las izquierdas al discurso economicista del neoliberalismo. La centroizquierda europea, parece ser la conclusión, no ilusiona ni entusiasma a las fuerzas sociales que se ven afectadas por los nuevos problemas demográficos, culturales, sociales y ambientales desatados en los últimos años.

También en nuestra región, las izquierdas tienen que enfrentar el nuevo paisaje sociocultural de fragmentación, descomposición y desagregación de los intereses colectivos. ¿Cómo encarar una acción política que adopte el rumbo de la radicalidad democrática, consustancial a la izquierda, en el marco de esta nueva configuración social? Ese es uno de los dilemas de la izquierda latinoamericana y, por lo que parece, no solo de la latinoamericana. También nosotros atravesamos la moda de la «tercera vía»; muchas de nuestras fuerzas progresistas asumieron compromisos ideológicos con la modernización neoliberal y aceptaron reducirse a ser una «izquierda cultural», en los términos de Richard Rorty, poco eficaz a la hora de situar la «cuestión social» en la agenda de nuestros capitalismos.

El nuevo escenario político latinoamericano es complejo, heterogéneo y cambiante. Su tendencia general es promisoria, en la medida en que ha devuelto al territorio de la política un conjunto de temas que habían sido «naturalizados» y sometidos a la lógica del «pensamiento único» neoliberal. Se ha reabierto el debate del Estado en relación con el mercado; en muchos países se asiste a una marcada reactivación de los movimientos populares; vuelve a plantearse en términos nuevos la cuestión de la independencia económica y política de las naciones, hoy asociada a la necesidad de fortalecer los procesos de integración regional. En esas condiciones, no es aconsejable la utilización de herramientas analíticas más cercanas a la descalificación política que a una intelección profunda de los procesos en curso. Como ha dicho Rouquié, la mera utilización del término populismo, «concepto de pacotilla, polémico y vacío, quita toda seriedad al análisis».

Para las fuerzas de izquierda inspiradas en la tradición socialdemócrata, parece más provechosa la promoción de un diálogo crítico y abierto con las fuerzas populares que provienen de otras herencias político-culturales y que están hoy en el centro de los cambios que se producen en la región. Está claro que en nuestros países la alternativa al rumbo transformador que hoy avanza por distintos caminos no es una izquierda más «clásica», sino la recuperación de la iniciativa por parte del neoliberalismo.

Las dos almas de la izquierda argentina Si tuviéramos que definir el campo potencial de la izquierda reformista argentina habría que admitir su heterogeneidad cultural e ideológica. Una heterogeneidad mayor que la que existe en países como Chile y Uruguay y también mayor que la que caracteriza a las izquierdas europeas; una diversidad que tiene raíces históricas y cuya principal referencia es la emergencia del peronismo a mediados de la década de 1940 del siglo pasado.

Hasta entonces, la izquierda argentina se expresaba principalmente a través de dos partidos, el Socialista y el Comunista, que se reconocían a sí mismos como herederos críticos del liberalismo argentino. En palabras del peruano José Carlos Mariátegui, pensaban que el destino de todo liberalismo auténtico es preparar el camino al socialismo. Esa articulación entre liberalismo y socialismo ya había entrado en crisis durante la década de 1930; el triunfo del peronismo en 1945 y la historia posterior a su derrocamiento por un golpe de Estado en 1955 pondrían en escena una articulación alternativa: la del socialismo con el nacionalismo. Excede las pretensiones de este trabajo analizar la compleja causalidad y la vastedad de consecuencias ideológicas y culturales que supuso la irrupción del peronismo. Para sus propósitos, es suficiente consignar que la amalgama discursiva y práctica entre avances sociales impulsados desde el Estado, definiciones políticas de corte antiimperialista y tensas relaciones con la ideología y las instituciones de la democracia liberal que produjo el movimiento de Perón dejó profundas huellas en el perfil político-cultural de la izquierda argentina. Desde entonces, el alma «liberal-socialista» convive y lucha con la tradición «nacional-popular», a partir de relatos alternativos y a veces antagónicos del pasado y de interpretaciones igualmente encontradas sobre el presente.

El peronismo nunca se autodefinió como «de izquierda». Sin embargo, las reformas impulsadas durante su primer gobierno significaron la definitiva incorporación política de grandes masas trabajadoras, hasta entonces excluidas de la escena. Las izquierdas de cuño socialista se situaron, en lo fundamental, en la oposición al gobierno de Perón, sobre la base de denunciar los aspectos corporativos y autoritarios de su régimen político. Después de 1955, la interpretación del movimiento derrocado pasó a ser el punto central de la agenda política argentina; aun quienes sostenían y auspiciaban la «desperonización» de la sociedad reconocieron que la política no volvería a ser igual a lo que era antes de la experiencia iniciada en 1945, y que los motivos nacional-populares del peronismo ya no podían ser excluidos de la escena. En la propia izquierda socialista hubo un movimiento de revalorización y reapropiación de esos elementos que produjo cambios internos y rupturas en los partidos de esa inspiración.

Mientras tanto, la cada vez más activa resistencia del peronismo a los regímenes militares y civiles basados en su proscripción creó el ambiente propicio para la radicalización de amplios sectores y –bajo el influjo del clima de época propio de la Revolución Cubana– desembocó en la constitución de una influyente corriente de izquierda peronista con importantes bases sociales. Las organizaciones armadas que protagonizaron la violencia de los años 70 son, en su diversidad ideológico-política, testimonio de esas transformaciones en la configuración de la izquierda argentina. Por otro lado, desde el ascenso de Perón en 1945 las izquierdas que permanecieron fieles a la inspiración socialista y comunista no volvieron a alcanzar posiciones decisivas en el movimiento sindical –que se mantuvo en lo fundamental bajo la dirección del peronismo– y sus desempeños electorales no tuvieron gravitación en la escena política nacional. La tajante divisoria de aguas entre peronistas y antiperonistas siguió –y en buena medida sigue– circulando dentro del territorio político de la izquierda.

El reformismo en los años de Carlos Menem El año 1989 es un parteaguas histórico en el mundo y en la vida política argentina. Con una llamativa simultaneidad, implosionaba en Europa el «socialismo real» y estallaba un paradigma socioeconómico en la Argentina. Mientras se derrumbaba el Muro de Berlín, el incendio hiperinflacionario cerraba una larga etapa histórica en el país, cuyo comienzo podría fecharse en las décadas de 1930 y 1940, caracterizadas por un desarrollo centrado en el mercado interno y la centralidad del Estado en el arbitraje de la puja distributiva intercorporativa. Fue una simultaneidad muy significativa porque le permitió a Carlos Menem anclar el más profundo viraje sociocultural en varias décadas en un sentido común que recorría el mundo. La quiebra del comunismo, la crisis de los Estados de Bienestar europeos, la emergencia de un mundo globalizado, la nueva centralidad del individuo liberado de los «lastres corporativos», la competitividad y la inserción mundial como únicos caminos posibles, entre otros tópicos de la época, constituyeron una amalgama argumental capaz de situar a la defensiva a cualquier adversario.

Ninguno de los afluentes centrales de la izquierda argentina saldría indemne de este temporal de época. Los sectores más progresistas del peronismo tenían que dar cuenta del hecho notable de que era un gobierno peronista el que ponía en marcha un proceso de transformaciones raigales en clave neoconservadora. Menem no les ahorró ningún disgusto: vieron cómo uno de los militares del golpe de Estado que en 1955 derribó el segundo gobierno de Perón pasaba a ser un nuevo compañero de ruta del presidente, soportaron la proclamación de las «relaciones carnales» con EEUU en tiempos de la primera invasión al Golfo, y hasta los militares que en la década de 1970 encabezaron el terrorismo de Estado en nombre de la Doctrina de Seguridad Nacional fueron indultados por el gobierno. El lugar de la izquierda no peronista no fue más confortable: con el Muro de Berlín se derrumbó una mitología cuya fascinación había desbordado notablemente los límites del comunismo prosoviético para constituir un punto de referencia reconocido aun por sus más encendidos críticos.

En los primeros años de la década de 1990, en un clima de desaliento y perplejidad, nació una de las experiencias más ricas que hoy puedan situarse en el lugar de referencia y antecedente de este inexistente, y acaso improbable, sujeto político del reformismo argentino. Y una de las fuerzas impulsoras de esa experiencia, acaso la principal, surgió de una escisión del peronismo: el llamado «Grupo de los Ocho», que se alejó del partido invocando la necesidad de rescatarlo de lo que interpretaban como la traición de Menem. Esa apelación en clave peronista no sobrevivió demasiado al rotundo fracaso de esta nueva corriente política en las elecciones parlamentarias de 1991, en las que el menemismo revalidó su primacía electoral obtenida dos años antes.

Sin embargo, liderada por uno de los principales dirigentes del «Grupo de los Ocho», Carlos «Chacho» Álvarez, se fue desarrollando una de las experiencias más novedosas e interesantes del campo progresista argentino. Alrededor de este proyecto se reunió una vastedad de grupos disidentes de partidos de izquierda clásicos. De la experiencia de lo que se constituyó primero como Frente Grande y luego se llamó Frente País Solidario (Frepaso), con la participación del socialismo y del ex-gobernador peronista de Mendoza, José Bordón, interesa particularmente su discurso novedoso en el universo de la izquierda: una convocatoria a construir un progresismo de mayorías y de gobierno, a abandonar el discurso antisistema de las izquierdas de diverso origen para orientarse en la dirección de reformas concretas y viables en un sentido de justicia social y calidad institucional. La experiencia del Frepaso debe ser recuperada también, a pesar de su desastroso final, en lo que constituyó una muestra de convivencia política entre cuadros y sectores políticos progresistas de la más diversa inspiración. Fue una comprobación de que las profundas querellas internas entre las fuerzas de izquierda no se resuelven en el debate historiográfico sino en la acción política alrededor de una agenda concreta.

Sin embargo, carente de un registro realista de la creciente vulnerabilidad socioeconómica y política de la Argentina en el marco de la convertibilidad, y arrastrado por las exigencias estrictamente electorales, el Frepaso concretó una coalición política en la que quedó sumido en la pasividad ante el creciente deterioro nacional. La crisis de la Alianza y el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 fueron el final lamentable de la experiencia. Una experiencia de la que, de todos modos, no se puede prescindir a la hora de pensar el futuro del reformismo en la Argentina.

Crisis y oportunidad

El estallido económico, social y político que sucedió al derrumbe de la convertibilidad en diciembre de 2001 y a la quiebra general de los contratos públicos internos y externos clausuró rotundamente una etapa de la vida nacional. No era la crisis de un gobierno: el propio régimen político y hasta la supervivencia de la comunidad política estuvieron en entredicho en aquellos días.

El pasaje marcó una extraordinaria activación de la sociedad. La clase política quedó en el centro de un huracán de furia e indignación proveniente de los más diversos sectores sociales y expresado a través de diferentes formas. A los efectos de este trabajo, tiene especial importancia el clima de ideas que se vivía en aquellos días. La derecha política e intelectual apostó hasta muy entrado el año 2002 a una deriva caótica de la situación: los pronósticos de una inevitable hiperinflación se mezclaban con el relato escandalizado del escenario de protesta social generalizada. Poco se recuerda hoy que a principios de 2002 tuvo amplia circulación periodística un paper que proponía la declaración de quiebra del país y la delegación de las decisiones a un comité internacional de expertos que administrara la situación.

En la izquierda del espectro político tampoco se vivía un momento demasiado propicio para propuestas sensatas y gradualistas de salida de la crisis. Sin contar con el brusco ascenso a primer plano de los grupos ideológicamente más estancados del espacio –bastante marginales antes del estallido y después de la relativa normalización–, existía un ambiente sumamente favorable para los discursos refundacionales, aun en sectores políticos e intelectuales que hasta hacía pocos meses habían participado en el desarrollo de la comentada experiencia reformista. No faltaron quienes plantearan la necesidad de una reforma constitucional cuyo filo principal iba en el sentido de un carácter más «directo» de la democracia; no era claro el diseño de la propuesta, pero el espíritu que la animaba era de rechazo al sistema representativo.

Las posibilidades que en ese contexto podían asignarse a un curso pacífico y relativamente estable de la situación política eran ciertamente escasas. Y desde el punto de vista del signo que pudiera tener la salida de la crisis, parecían altas las probabilidades de que fuera conservador y hasta autoritario. Sin embargo, quiso la fortuna, no sin un importante grado de prudencia por parte de la mayor parte de la dirigencia política, que la crisis asumiera un curso gradualista, más pacífico y civilizado del que podía preverse. En el marco de una apreciable recuperación económica –que empezó por ser considerada por los infalibles economistas neoliberales como una «meseta» dentro de la crisis– y de una ostensible puja interna de poder en el peronismo, las elecciones de mayo de 2003 dieron nacimiento a una situación que entraña una nueva oportunidad para el reformismo.

Es imposible una apreciación del actual estado de cosas en el mundo de la izquierda o del «progresismo» sin considerar las profundas huellas sembradas por la escisión histórica entre sus vertientes nacional-popular y socialista. El grupo político que, encabezado por Néstor Kirchner, asumió el gobierno en mayo de 2003, tiene la marca evidente de la experiencia política de la izquierda peronista de la década de 1970. Es esa herencia, con los ajustes propios del paso del tiempo y el cambio de circunstancias, la que se deja ver en sus orientaciones de valor y en sus estilos de gestión. La evaluación que sobre esta experiencia hacen distintas corrientes progresistas va más allá del registro de sus fortalezas y debilidades; está impregnada de una antinomia que la política argentina no ha terminado de superar y que, como dijimos, atraviesa a la propia izquierda.

Kirchner llegó a la Presidencia en 2003 como uno de los tres candidatos del justicialismo. Su mensaje político inicial –no abandonado hasta hoy– se basaba en la necesidad de construir una herramienta política superadora de los partidos tradicionales y generar una dinámica de competencia entre centroizquierda y centroderecha. Desde las primeras medidas puestas en marcha, el gobierno muestra una manifiesta inclinación reformista y se autoincluye expresamente en la constelación de gobiernos de ese signo nacidos en la región durante los últimos años. No puede ignorarse, sin embargo, que gran parte de su base parlamentaria, los gobernadores que lo apoyan y segmentos significativos de su base social organizada provienen de la misma estructura justicialista que en su momento respaldó a Menem. Es comprensible que esta trama política incida en la política oficial y provoque una tensión entre los compromisos de renovación formulados y la permanencia de las prácticas tradicionales del peronismo. Para una parte de la dirigencia progresista, no existe tal tensión sino, lisa y llanamente, un doble discurso presidencial: mientras se emiten mensajes transformadores, se perpetúa la «vieja política», lo cual se agrava por las pulsiones «hegemonistas» del gobierno. La discusión es importante más allá del juicio sobre la actual política gubernamental en la medida en que compromete un diagnóstico del país y una perspectiva para el reformismo en la Argentina.

Pero el dato central es que Argentina participa, con sus propias características, del proceso de transformaciones políticas y culturales que recorre la región. Ha habido en estos años un innegable replanteo respecto del sentido común predominante en la década de 1990. Las relaciones entre Estado, mercado y actores sociales han adquirido un dinamismo imprevisible en la época de la hegemonía neoliberal. La supuestamente definitiva impotencia de los Estados nacionales para intervenir en el funcionamiento del capitalismo global ha dejado su lugar a una visión neodesarrollista que, aun en las condiciones de extraordinaria debilidad de los recursos estatales, procura devolverle a la política su capacidad de intervención en la distribución social. El reconocimiento de esta realidad no significa aceptarla sin beneficio de inventario. El país sale de las profundidades de su más grave crisis contemporánea con enormes problemas en los más variados campos, desde una economía todavía muy vulnerable a una institucionalidad político-estatal que muestra las huellas del extraordinario vaciamiento de legitimidad sufrido. Hay una amplia agenda de temas pendientes que conciernen a una propuesta de desarrollo de mediano y largo plazo pendiente de discusión, en la que una confluencia de izquierda democrática podría dar una importante contribución.

La actual dispersión del progresismo

La actitud ante el gobierno nacional divide las aguas en el interior de la constelación política de la izquierda reformista. Si tomamos a los cuadros y dirigentes del Frepaso como puntos de referencia orientadores para hacer un mapa de la actual realidad, observaríamos tres grandes bloques. Una parte de esos dirigentes actúa hoy en el gobierno y forma parte de modo más o menos activo de su dispositivo político; otro sector viene actuando en la oposición, con posiciones críticas; y un tercer grupo actúa en gobiernos locales y en el de la provincia de Santa Fe, con posiciones de independencia respecto del gobierno nacional pero sin situarse en una oposición cerrada.

Esta situación tiene una complejidad que no puede ser resuelta sobre la base de apelaciones voluntaristas que prescindan de la lógica propia de los procesos políticos democráticos en los cuales el calendario electoral interviene decisivamente a la hora de decidir conductas. Dicho de otra manera, es muy difícil concebir unidades políticas que no se expresen, en un periodo razonable, en propuestas electorales. Esta dificultad, acaso insalvable en el corto plazo, no significa que no puedan ser pensadas formas flexibles y creativas de interacción y discusión político-programática, orientadas a mantener y reforzar vínculos y crear condiciones para formas más orgánicas de coordinación. Para facilitar ese camino, sería necesario partir de las diferentes condiciones que crea cada una de las situaciones antes referidas.

Los dirigentes del arco de la izquierda reformista que actúan dentro de la fuerza gubernamental tienen una ventaja en la posibilidad de participar en un proceso de gran riqueza política. Están comprometidos, en general, con la gestión diaria, y pueden, en esas condiciones, profundizar en el tipo de decisiones necesarias en la coyuntura política. Se sienten parte de un proceso de cambios y su aporte a ese proceso les abre nuevas perspectivas sobre la realidad del país. Al mismo tiempo, este sector político sufre la ausencia de una personalidad política y un liderazgo propios, en el contexto de un gobierno fuertemente concentrado y personalizado. La etapa actual, en la que se ha colocado en el centro la reorganización del Partido Justicialista (PJ), genera la incertidumbre sobre el futuro de la concertación política enunciada desde el kirchnerismo.

Quienes actúan en la oposición cuentan a su favor con el espacio de la crítica a los errores e inconsistencias del gobierno en una situación más difícil para este desde el punto de vista de una ampliación de demandas sociales de cada vez más compleja satisfacción. No tienen recortado su accionar por los lógicos compromisos de quien está en el gobierno y cuentan con un amplio margen de independencia política. El gran problema que enfrentan es que la oposición central al actual gobierno tiene como actores principales a sectores privilegiados de la sociedad argentina. Resulta complicado diferenciar, en el campo de la oposición, a quienes la ejercen a partir de propuestas de acción más radicales de quienes, desde la derecha, quieren revertir la situación al clima político anterior a la crisis. En ese sentido, cuanto más sistemática y total es la oposición al kirchnerismo más se aproximan políticamente sus actores, como lo demuestran episodios políticos como la crisis entre Colombia y Ecuador y el reciente lock out de los productores agrícolas.

El triunfo de la coalición progresista encabezada por el socialismo en Santa Fe es una importante novedad política para la izquierda. Genera la oportunidad de comprobar la diferencia política en la gestión de una de las principales provincias del país. También el triunfo de fuerzas progresistas en un conjunto de intendencias, muy importantes algunas de ellas, permite desarrollar una experiencia de gobierno local y fortalecer el vínculo de estas fuerzas con la sociedad. Sin embargo, la acumulación de recursos de poder provincial y local no asegura por sí misma proyección nacional; tarde o temprano, estos dirigentes y estas fuerzas se encontrarán en la situación de definirse en términos nacionales y conformar alianzas en ese sentido.

El gran desafío para esta vasta constelación política –con sus dos «almas» históricas y sus encontradas posiciones actuales– es contribuir a que no se cristalicen divisiones irreductibles que remiten más al pasado que al horizonte del país actual. Se puede y se debe evitar que la libertad democrática y la calidad institucional se piensen en contradicción con la inclusión social; que la clase media se piense al margen y en contraste con los sectores más postergados de la sociedad; que el progreso económico y social se mida según el bienestar de una parte de las personas. Necesitamos una discusión que parta de la agenda política real y no de los atrincheramientos ideológicos o de la defensa cerril de identidades o estructuras políticas, por legítimas que estas sean.

El futuro del reformismo

Argentina es un país periférico, situado en una región que no ocupa, acaso afortunadamente, el centro de la atención de los actores centrales del mundo globalizado. La manera de moverse en ese mundo aparece como uno de los clivajes centrales de su política. Parece claro que la opción por un proyecto de desarrollo autárquico, cerrado a los flujos internacionales de capital, no es viable; la retórica soberanista puede ser operativa a la hora de modificar un sentido común que hacía de la propia vulnerabilidad el argumento para un proyecto de apertura indiscriminada y desigual, pero no es suficiente por sí misma para sostener un modelo de desarrollo. La globalización ha modificado la escala de las políticas y las regiones pasan a ser un módulo concluyente a la hora de decidir el rumbo; el reformismo de estos días no puede prescindir de una hoja de ruta integradora audaz y concreta, centrada en lo productivo y políticamente ambiciosa, con el Mercosur como núcleo central. Desde la región y con la región es posible intervenir activamente en la agenda global; la defensa de la paz, el multilateralismo y la búsqueda de condiciones de equidad hoy ausentes en materia de comercio internacional entre el mundo en desarrollo y los países emergentes son objetivos irrenunciables que no pueden disociarse de los problemas de la seguridad que ocupan la atención de los países centrales. Tal como quedó claramente ilustrado en la reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, donde se trató el conflicto en la región andina, la doctrina de la guerra preventiva y las facultades para violar las fronteras nacionales en nombre de la lucha contra el terrorismo deben ser enérgicamente repudiadas.

El lugar del Estado es, sin duda, otro de los puntos centrales de la agenda. La interpretación neoliberal del mundo globalizado sentencia la caducidad definitiva del Estado-nación, bajo el doble proceso de la mundialización económica y la reivindicación de nuevas atribuciones por los poderes locales. Sin negar la necesidad de una exploración seria de nuevas instancias de gobierno político de la sociedad, lo cierto es que el Estado-nación sigue siendo la única sede de la ciudadanía política. Si la búsqueda de nuevas respuestas políticas supranacionales a la extrema libertad de movimientos del capital, particularmente el capital financiero, es reemplazada por una Vulgata antiestatista como las que predominaron en las últimas décadas, el resultado es un debilitamiento del único terreno en el que florecieron las instituciones democráticas en los últimos 200 años. Como suele recordar Jürgen Habermas, no todos los Estados nacionales son democráticos, pero no hay democracia política fuera de los Estados nacionales. Claro que la recuperación del Estado –que es la recuperación de la política– no puede pensarse desde la negación de los cambios civilizatorios de las últimas décadas. La izquierda puede pensar la relación entre Estado, sociedad y mercado en términos pragmáticos que se interroguen sobre los requisitos de una sociedad democrática e igualitaria, más que en clave de dogmas y relatos cerrados.

Norberto Bobbio decía que la igualdad es la «estrella polar» de la izquierda. No hay izquierda sin lucha por la igualdad. El punto central de la agenda reformista en Argentina no puede ser ocupado sino por el problema del enorme deterioro de la trama social por las múltiples fracturas, no solo económicas, sino también culturales que atraviesan nuestro país. Un sector considerable de la izquierda argentina incorporó a su acervo en los años 80 el reconocimiento de la importancia del Estado de derecho y la república democrática; es un avance al que no debería renunciarse en nombre de ningún atajo político aparente que prometa rápidas reparaciones sociales. Pero la defensa de la democracia no se libra hoy solamente en el terreno del entramado institucional, ciertamente importante. Hay millones de hombres y mujeres excluidos de los circuitos productivos, educativos y culturales, expuestos a la violencia como víctimas y como victimarios. No hay ideario democrático que pueda situarse al margen del hecho de que una gran parte del demos carece de las mínimas condiciones para la participación en las decisiones sobre los asuntos colectivos. Cuando pensamos en el fortalecimiento institucional estamos pensando, ante todo, en un Estado que esté en condiciones de garantizar la ciudadanía a todos los habitantes del país. Que pueda cobrar impuestos con una lógica más progresiva que la actual, combatir prácticas oligopólicas, asegurar educación y salud a todos, velar por la aplicación de las leyes laborales y las que preservan la igualdad de género y los derechos de niños y adolescentes. Que esté, en fin, en condiciones de velar por una convivencia social pacífica y civilizada.

Es un momento muy apropiado para la generación de ámbitos de reflexión comunes para sectores del progresismo que vienen sosteniendo posiciones diferentes ante la coyuntura. Es muy importante que esa reflexión pueda desarrollarse en un diálogo fluido con los protagonistas de otras experiencias nacionales, particularmente de nuestra región. Se puede construir la «hoja de ruta» de un proceso de confluencia que tenga en cuenta las dificultades reales y los tiempos propios de la política. En Argentina, más de tres años nos separan de las próximas elecciones nacionales, y el año próximo habrá elecciones legislativas. Es un tiempo de reagrupamientos, de cambios y de tensiones políticas. La salida de la crisis crea nuevas condiciones y nuevos problemas.

El sistema de partidos políticos entró en una profunda crisis, como parte del derrumbe generalizado de 2001. Sus efectos todavía no han terminado de desplegarse. Contra la mayoría de los pronósticos, las viejas estructuras partidarias no implosionaron, como ocurrió por ejemplo en Venezuela, Bolivia o Ecuador. La novedad de la situación política que se inició en 2003 convive con la permanencia de estructuras que parecían haber colapsado en los días más duros de la crisis de representación. El grado de continuidad institucional, que es una conquista de la democracia argentina, trajo aparejada la necesidad de esta convivencia entre nuevos fenómenos y viejas formas políticas. Sin embargo, hay espacio para nuevos reagrupamientos; de hecho, la derecha político-mediática impulsa una alternativa que, bajo la reivindicación de la «calidad institucional» y apoyándose en errores y dificultades del gobierno, reagrupe a la oposición con el concurso de un sector del peronismo que rechaza el actual rumbo político. Es lógico que el kirchnerismo aspire a institucionalizar el PJ, que constituye hoy lo principal de la base de apoyo organizado al actual gobierno en el Congreso y en las provincias. Pero será muy difícil que con ese solo respaldo pueda generarse, además de gobernabilidad, el apoyo y entusiasmo que demanda una agenda de transformaciones como la emprendida. Las fuerzas progresistas que no están ni se proponen estar en el PJ deben alcanzar un nivel de interlocución inteligente e independiente con el gobierno; un diálogo que exprese compromiso general y disposición a la unidad, desde una personalidad política e iniciativas propias. El calendario electoral puede ser visto también como una oportunidad. En 2009 no está en juego la Presidencia. Se trata por lo tanto de una ocasión para producir experiencias de reagrupamiento progresista en un conjunto de distritos y para consagrar nuevos liderazgos con proyección nacional, sobre la base de un amplio arco de alianzas políticas. De manera que, junto a una reflexión estratégica común, sea posible desarrollar una práctica política que facilite y acorte los tiempos de la confluencia. Una vez más hay que decir que la amplitud y la generosidad necesarias para avanzar en este objetivo son superiores a las que han caracterizado nuestra historia.