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Las democracias malas de centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica

En Centroamérica, el arribo a la democracia electoral no fue, salvo en el caso de Costa Rica, la restauración de una tradición interrumpida, sino una instauración que ocurrió en circunstancias especiales: en medio de una crisis económica severa y en un contexto de conflicto armado. Esto fue así incluso en Honduras, que no tuvo una fuerte guerrilla en su territorio pero que funcionó como refugio y base de aprovisionamiento para las fuerzas contrainsurgentes. El resultado son democracias creadas desde arriba que, aunque han logrado mantener la continuidad electoral, están lejos de resolver los problemas de desigualdad y pobreza que afectan a la mayoría de la población. El artículo sostiene que, para entender el golpe de Estado en Honduras, es necesario analizar los déficits y desafíos de las «democracias malas» de Centroamérica.

Las democracias malas de centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica

Con democracia, ¿se acentúan los problemas?

El cristal con que se miran las democracias centroamericanas en este 2010 es como un calidoscopio, muchos colores con imágenes que cambian según se vaya moviendo el artilugio. Para unos, muy pocos, aparece el verde, que es como la epifanía de la esperanza democrática, pues recuerdan que en estos países la república despótica estuvo desde sus orígenes. ¿Cómo van a olvidarse de que en Nicaragua el «orden» lo organizó una dictadura dinástica, plebeya pero con aires sultanescos? En ese país, los Somoza retuvieron el poder durante 42 años (1937-1979). En El Salvador, durante casi medio siglo (1932-1981) los militares cuidaron ininterrumpidamente que la distribución de la riqueza asegurara el bienestar de unas 14 familias. La democracia, por mala que sea, se argumenta, es mejor que esas dictaduras militares, o que la dictadura de Guatemala, que en 14 meses asesinó entre 80.000 y 100.000 civiles indígenas.

No hay ninguna razón para que la memoria se debilite y olvide esa historia que no debe repetirse. Sin embargo, la mayoría ciudadana ve que el color del cristal es de tonos oscuros, grises. ¿Hay pesimismo? El propósito de estas notas es responder esa pregunta y examinar cómo estas democracias malas, como la de Honduras, lo son porque defraudan las esperanzas o llenan de incertidumbre a la gente. Y examinar en Honduras el ejemplo desordenador, con causas y efectos locales e internacionales, que ha demostrado cuán irreversible es la democracia. En 2010 ya no basta con argumentar, con la complacencia de hace algunos años, que nunca en Centroamérica se había vivido, en toda ella y de manera continua, un periodo de más de 25 años de democracia. Ello significó que más de 28 millones de personas nacieran en un clima político diferente al del pasado, donde organizarse, enfrentar a la policía o practicar la oposición política ya no implicaba riesgos mortales. Más de 30 millones de ciudadanos han votado en una treintena de elecciones presidenciales nunca impugnadas por fraude.

Pero el culto a las formas de la democracia política, el ceremonial electoral, se va convirtiendo en una rutina que se desacredita a medida que se ejerce, entre los millones de ciudadanos que habitan el sótano del edificio, desinformados y sin interés por lo público, ahogados en una carencia de los bienes que otorgan un mínimo de dignidad a la vida, enfermos, analfabetos, sin trabajo ni protección objetiva por parte del Estado. Algunos síntomas dispersos de desinterés por lo político, que por supuesto no son solo los que recogen las encuestas, apuntan a una manifiesta desmoralización de importantes sectores que antes creyeron que con la democracia política se empezarían a resolver sus graves problemas de supervivencia. Desde 1998 y durante casi un decenio ha habido crecimiento, pero ha aumentado la desigualdad y, con ella, el mundo de la informalidad, de las exclusiones sociales, de la concentración del ingreso y del poder.

La democracia mala no puede entenderse sin aludir al Estado que la cobija. Hoy Estado y democracia deben asumirse como una unidad funcional y conceptual, tema al que no habremos de referirnos aquí. Como lo prueban especialmente los casos de Guatemala, Nicaragua y Honduras, se ha ido formando un Estado débil (sin recursos, ineficaz, colonizado por intereses corporativos, corrupto y con baja legitimidad), junto a una enorme población en situación de pobreza y afectada por desigualdades múltiples, de las cuales la más estudiada –y no necesariamente la más visible– es la desigualdad económica. La derivación de estos datos estructurales es que, bajo esas condiciones, el Estado no puede ser plenamente democrático, o la democracia se vuelve frágil y da paso a situaciones de inestabilidad que se manifiestan en conflicto de poderes (especialmente entre el Parlamento y el Ejecutivo), prácticas autoritarias con violaciones a los derechos humanos, nostalgias por el pasado militar y esperanzas, cuando se le encargan al Ejército tareas de seguridad frente al desborde criminal o la batalla contra el narconegocio.

Al parecer, la democracia mala se origina como resultado de factores estructurales como los que se mencionan en el párrafo anterior. No es el destino, al margen de la subjetividad política, y son los hombres los que se mueven según su libertad, en cuyo ámbito los intereses se transmutan en pasiones. Por ejemplo, las serias amenazas a la participación política de la oposición y los pactos antidemocráticos que propicia hoy el sandinismo en Nicaragua mantienen a la sociedad en una tensión destructiva permanente; la creciente presencia de poderosos actores criminales y el llamado «Estado-paralelo» en Guatemala vuelven parcial e inoperante la acción del Estado, sin resultados en la vida democrática; la intolerancia conservadora de la elite dirigente hondureña que condujo al golpe de Estado muestra no solo el total irrespeto de los recursos legales, democráticos, sino también la prevalencia de grupos de interés privados en la vida pública. Todas estas situaciones críticas ocurren en sociedades empobrecidas, que son también las más desiguales de América Latina. Desde que se implantó la democracia en Centroamérica, a comienzos de los 80, han aumentado la pobreza absoluta y las desigualdades relativas (ver cuadro), lo cual sugiere la paradoja de una cierta correspondencia negativa entre las desigualdades políticas y las económicas: ¿a más democracia, más pobreza? No hemos investigado suficientemente la relación entre tales desigualdades que agobian a una ciudadanía confundida. ¿Cuál es el límite? Es difícil precisar cuánta democracia soportan las desigualdades o cómo la democracia convive con la pobreza. Pero sí sabemos que las amenazas no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada concentración de la riqueza. De hecho, en muchos otros países la desigualdad acompaña la vida política, y su persistencia es objeto no solo de estrategias públicas para disminuirla sino de interés teórico para entender tanto sus orígenes como su trayectoria y sus efectos. El Estado fuerte es democrático y, por definición, pro-igualitario y pro-mayoría; con ello, asume una tendencia a ser prodistributivo, pro-justicia social. El combate contra la pobreza puede contar entonces con victorias relativas, aunque la injusta distribución del ingreso parezca irreversible. Un Estado débil puede ser resultado de una doble causa: o no existe una ciudadanía extensa y participativa o el Estado reprime la vida democrática e inhibe ese tipo ciudadano. Esta doble vía está presente en la Centroamérica de hoy: la pobreza produce ciudadanos mal informados y con bajo interés político, que son portadores de una visión «alimenticia» de la democracia, dispuestos a aceptar el mandato autoritario. Y esta clase de ciudadanía fomenta un poder clientelista, patrimonial y personalista, con tendencias al populismo, al abuso de los derechos humanos y todos los males propios del atraso. En toda Centroamérica se registran los efectos de las desigualdades sociales que en los últimos años han producido estas democracias malas: la ideología neoliberal a la que desde los 80 adhirieron las elites conservadoras en el poder fomentó aún más la concentración de la riqueza social. Esto condujo a la concentración de los recursos de poder (prensa, partidos políticos, grupos de presión empresarial, control de políticas públicas, manejo de sicarios), a la polarización ideológica, a ganar créditos con una cultura política que privilegia el uso de la violencia, el temor al diálogo, la victoria del más fuerte. Y está probado que una ciudadanía desorganizada, junto con una alta concentración de la riqueza y el poder, vuelve el sistema fácilmente corrupto: una asimetría donde no es posible el control, la accountability, que estimula el saqueo y la ilegalidad.

Como se menciona más adelante, las desigualdades (sociopolíticas, culturales, étnicas, de lugar, género, edad…), tal como hoy ocurren en estas sociedades, refuerzan los síntomas negativos de las democracias malas: mercado libre para el narconegocio, desbordes criminales imparables, impunidad y Poder Judicial impotente, bienes públicos escasos y de difícil acceso, infinitas formas de ilegalidad; es decir, una erosión del Estado de derecho o dificultades para su constitución. Finalmente, también se producen efectos en el nivel macro: en una matriz con desigual reparto de la riqueza social hay dificultades para atraer la inversión extranjera, surgen obstáculos al crecimiento y la misma economía genera regresividad social y estimula las tendencias negativas en la obligación tributaria. En resumen, las desigualdades afectan no solo a los ciudadanos pobres sino a las sociedades mismas.

Las transiciones democráticas

En Centroamérica, el arribo a la democracia electoral no fue, salvo en el caso de Costa Rica, la «restauración» de una tradición interrumpida, sino una problemática «instauración» que ocurrió como un desafío a la teoría política: en efecto, cuando todas las condiciones socioeconómicas y políticas locales parecían contrarias a lo que prescriben las ciencias sociales, la democracia fue instaurada. La democratización ocurrió en medio de una sangrienta guerra civil en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, en momentos en que la crisis de la deuda producía daños que después fueron equivalentes a dos décadas perdidas. En el remolino de la crisis se realizaron convocatorias a asambleas constituyentes para promulgar Constituciones razonables, innovadoras. No fueron democracias surgidas «desde abajo», efectos del reclamo de fuerzas populares movilizadas desde la oposición, sino decisiones de una cúpula reaccionaria y en crisis. La democracia no fue resultado de la derrota de los militares ni de la victoria de la guerrilla. Fue un arreglo contrainsurgente, sugerido por iniciativa de Estados Unidos, cuya política exterior explica desde hace un siglo y en un alto grado las circunstancias de la guerra y de la paz, de las dictaduras o la democracia en la región.

En Centroamérica, lo autoritario se define también por la concurrencia sobresaliente de dos rasgos perversos: la violencia extrema como recurso primario y la criminalización de toda expresión de oposición política; una cultura que premia la arbitrariedad y la intolerancia. Por ello, la democratización no fue una transición, sino el resultado de pactos acordados entre fracciones de la elite militar, empresarial y política guiadas por las iniciativas de «La Embajada».

Líneas arriba se señaló la paradoja centroamericana, que contradice lo ocurrido en otras regiones del mundo: aquí primero llegó la democracia (1980 en Honduras, 1982 en El Salvador, 1985 en Guatemala) y luego se firmó la paz (1990 en El Salvador, 1996 en Guatemala). En Nicaragua la lógica fue otra: la presión externa forzó la conversión del proyecto de democracia directa que quería el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en otro, de democracia electoral. Entre 1984, fecha de las primeras elecciones libres, que ganó el Frente, y 1990, cuando se realizaron las segundas, que perdió, Nicaragua vivió las tensiones propias del cambio de una democracia participativa a una representativa; o, en el lenguaje del marxismo vulgar, de la democracia real a la democracia formal.

Las «transiciones» tienen otro ritmo: una vez implantadas las instituciones democráticas por decisión de actores no democráticos, lo que se espera es la estabilidad, el respaldo ciudadano, la rutina cívica. Por ello, en Centroamérica la herencia autoritaria condiciona el carácter de la estabilidad que se pone a prueba, que solo será positiva si fuerzas portadoras de distintos intereses e ideologías se alternan en la dirección del Estado. Es decir, cuando los intereses díscolos del disenso alcanzan el valor del pluralismo democrático y los conflictos sociales, y no el consenso, definen el carácter de la integración y la plena legalidad de la vida política. ¿Cómo calificar, por ejemplo, la experiencia de Guatemala? En este país, desde 1985 hasta 2009 solo ganan y pierden los partidos de la derecha: la competencia ocurre solo entre actores con los mismos intereses electorales. El pluralismo es monocolor y no hay ninguna posibilidad de que la izquierda pueda acceder al poder. Existen razones fundadas para creer que esta democracia conservadora no resistiría una victoria de las fuerzas ex-guerrilleras, ahora reducidas a un 3% electoral.

En este contexto, una prueba de estabilidad institucional fue la de El Salvador, donde la polarización de la guerra se trasladó, sin solución de continuidad, al escenario electoral. En 1995 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se situó como la segunda fuerza electoral y en 2001 alcanzó la mayoría parlamentaria. En marzo de 2009 triunfó en la contienda presidencial luego de que la burguesía de este país, la más poderosa de Centroamérica, aceptara su derrota, y su partido, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), entrara en una crisis de descomposición.

Otra prueba de estabilidad se alcanzó tempranamente en Nicaragua, cuando, en 1990, el FSLN convocó a elecciones generales. Nótese que en ellas no se apostaba propiamente a la victoria de un partido frente a otro; como se señaló más arriba, se jugaba la vida de un proyecto de cambio económico-social. Y así, el programa socialista-sandinista de nueva sociedad fue barrido, en la democracia electoral, por el voto de la oposición. En los dos países se interrumpió lo que había sido una tradición autoritaria: la continuidad de las mismas fuerzas. El argumento es que la calidad de la democracia en construcción se pone realmente a prueba cuando hay un cambio de dirección de proyecto, cuando el timón debe pasar a manos de otros. Luego pues, no es un asunto de tiempo sino de sustancia.

Honduras y la prueba de la democracia continental

En 1982 hubo en Honduras una guerrilla de 20 hombres, los «cinchoneros», que fueron fácilmente aniquilados, en menos de seis meses. No hubo guerra civil, pero sí una absoluta complicidad con el Ejército norteamericano, con el salvadoreño y el guatemalteco y con los mercenarios antisandinistas, que encontraron en este país refugio y ayuda. Un país con cinco ejércitos, diáfano ejemplo del negocio de la democratización a disgusto, de cómo las Fuerzas Armadas aceptaron la propuesta norteamericana de jugar al antisandinismo y devolver el gobierno a los civiles (en 1980) a cambio de modernizar su armamento, adiestrar a sus tropas y aceptar varias bases militares estadounidenses en su territorio. Todo ello tal vez alimentado por ese sordo rencor que dejó la guerra Honduras-El Salvador, la llamada «guerra inútil». Hubo momentos, en 1984, en que se estacionaban tantos aviones de guerra en Honduras que el país fue calificado como el mayor portaaviones norteamericano.

La operación de devolver el gobierno a los civiles se basó en la confianza de EEUU en un bipartidismo que data del siglo XIX, la seguridad de que la «competencia» entre los partidos Liberal y Nacional no generaba peligro, por feroz que fueran sus rivalidades. Son fuerzas gemelas, del mismo tronco oligárquico, solo diferenciables por lealtades regionales o comerciales. Una clase poseedora en precario de extensos pastos, donde las vacas eran fuente de poder; ganaderos, cafetaleros y dueños de la pulpería local, que se organizaron en dos fuerzas políticas de indefinidas fronteras programáticas pero que han vivido matándose por ocupar el gobierno. El poder residía en el enclave bananero; todavía en los años 30, los liberales eran financiados por la United Fruit Co., y los nacionales por la Cuyamel Fruit Co., en lo que William Krehm llamó desde entonces «república bananera». Lo que hubo fue una lucha por el poder en estado puro, que desde 1980 se convirtió en un acuerdo de elites: el bipartidismo en la alternancia presidencial con reparto de canonjías y cargos. El pacto oligárquico se mantuvo 29 años y garantizó la estabilidad política a costa del inmovilismo social.

Es en el interior de esta matriz donde tiene que interpretarse el golpe de Estado de junio de 2009. La destitución del presidente Manuel Zelaya por el Congreso con el voto de su propio partido (el Liberal) fue solo el punto final de un profundo desencuentro de múltiples rostros. Uno, el que ocurre entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y que se exacerba en el primer semestre de 2009; otro, más profundo pero asaz particular, es el rompimiento del tácito acuerdo bipartidista, histórico, que forma parte de la tradición nacional. Desde su difícil elección en noviembre de 2005, donde Porfirio «Pepe» Lobo casi le gana, el inquieto Mel Zelaya empezó a actuar al margen de su partido, buscando otras formas de apoyo popular. Se ganó así el odio de la burguesía, que lo acusó de «traición a la clase» por su política de acercamiento a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). A mediados de 2007, Zelaya contrató con Petrocaribe, después de una breve visita a Venezuela, petróleo barato, conjurando así a los demonios de la derecha. De nada valió que esa decisión fuera menos ideológica que una defensa de la economía frente a un barril de gasolina a 150 dólares.

En agosto de 2007, Zelaya invitó a Honduras a Hugo Chávez y Daniel Ortega y cambió su retórica. Se inició un proceso de «golpes» y «contragolpes» políticos en una escena de intensa conflictividad social, de la que Zelaya quiso sacar provecho: un decreto justo pero no negociado de aumento del salario mínimo que enfrentó a la patronal hondureña como nunca antes, intensas huelgas de los profesores de la Universidad Nacional, junto con un aumento del desempleo, la pobreza visible, los terribles índices de violencia e inseguridad, que hacen de Honduras el país más expuesto a los efectos criminales de las pandillas juveniles de la región. La incorporación al ALBA abarató los costos de la gasolina pero el precio político fue diez veces superior, al incorporar a Chávez y a EEUU al conflicto interno.

La confrontación institucional fue más onerosa y puso en una situación precaria la coexistencia de los poderes del Estado, el proceso electoral del 29 de noviembre y la misma elección de un nuevo gobierno. En enero de 2009, Zelaya intentó ubicar a sus propios magistrados en la nueva Corte Suprema de Justicia, de manera patrimonial. El Congreso nombró a otros, el 25 de enero, según la ley. En marzo ocurrió lo mismo con el fiscal general y adjunto, que el presidente también perdió. Casi de inmediato destapó la caja de Pandora y propuso la llamada «cuarta urna», con el propósito de consultar al electorado, en el mismo acto de las elecciones generales, la posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial. La propuesta dividió de inmediato al país y llevó a su límite la confrontación del presidente con los partidos, los poderes Legislativo y Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la prensa, la Iglesia, los gremios patronales, el Ejército. En su soledad política, Mel intentó apoyarse en las organizaciones sociales, escasas y débiles, que no podían ser suficientes para sustituir el respaldo del partido.

En mayo, Zelaya perdió la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que convocó legalmente a las elecciones de noviembre de 2009; amenazó con cerrar el Congreso e ignoró una orden judicial, formulada a petición del Tribunal Supremo Electoral, que declaraba ilegal la consulta de la «cuarta urna». Fue entonces cuando, ciego de poder, dijo: «Ni Kaliman puede parar este proceso…». A mediados de junio, con casi toda la nación en contra, ordenó a las Fuerzas Armadas que organizaran la distribución de la boleta electoral adicional; estas lo desobedecieron, por lo que el 27 de junio destituyó a su jefe, general Romeo Vásquez. En esa fecha, un tribunal judicial lo procesó, en tanto el Congreso decidió su destitución y ordenó su captura. Los militares incumplen la orden de arresto y, en un gesto vitando, inaudito, sin duda inducido desde afuera, lo capturan y lo trasladan vergonzosamente a Costa Rica. La remoción ilegal de un mandatario constitucional, generalmente realizada por el Ejército, constituye un golpe de Estado. ¿Fue legal el proceso judicial iniciado por su proyecto de consulta que modificaba artículos «pétreos» de la Constitución? ¿Podía el Congreso destituirlo sin derecho a defenderse? ¿Quién debió ordenar la captura? ¿Puede el Ejército recibir órdenes del Congreso? ¿Por qué incumplió el Ejército las instrucciones recibidas?

Hay que reconocer que las más importantes instituciones del Estado hondureño decidieron la expulsión de Mel del gobierno. Podrían haberlo hecho legalmente, con antejuicio, proceso judicial y sentencia, que quizás hubiera terminado con la cárcel. Hubiese sido un juicio político pero formalmente aceptado. La impaciencia no solo fue de los funcionarios sino de los empresarios, que no adujeron razones legales sino motivos ideológicos. Este es uno de los efectos del fenómeno Chávez: basta su mención, y no su proyecto, para concitar el rechazo inmediato, a la manera del anticomunismo de hace ya muchos años. En las últimas dos décadas, se ha ido concentrando en Honduras el poder de una elite comercial/industrial a la que pertenecen los Canahuati Larach, los Flores Facussé, los Andonie Fernández, los Ferrari, los Kafie, los Nasser, los Rosenthal y los Goldstein, casi todos de origen árabe-palestino y de confesión cristiana, excepto los dos últimos, judíos, todos de derecha militante. Muchos de ellos afiliados a los partidos tradicionales. Las razones fueron los eventuales efectos de la «cuarta urna», consulta previa para una consulta de reforma constitucional: de haberse aprobado ambas iniciativas, Zelaya sólo habría podido ser presidente ¡hasta 2014!

El golpe en la órbita internacional

La crisis hondureña fue una en el país y otra afuera, y fue leída de distintas maneras, que variaron con el tiempo. Internamente, fue un ansiado golpe empresarial que terminaron dando los militares. En una visión democrática, externa, fue una ruptura del orden constitucional inaceptable. Una primera reacción, tomando al pie de la letra lo que ocurrió en Honduras y que la información internacional simplificó, interpretó la destitución del presidente constitucional como un hecho grotesco, torpe, al ser capturado en su casa, a las seis de la mañana, en pijama, por un destacamento armado y llevado violentamente fuera del país. Cualesquiera que hubiesen sido los antecedentes, lo que la acción militar configuró o completó fue vergonzosamente un golpe de Estado.

En América Latina ha habido por lo menos una docena de hondas crisis políticas desestabilizadoras, de variado cariz, por lo general nacidas de conflictos de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, que impidieron que los presidentes terminaran su periodo legal. Fueron reyertas entre civiles que, en última instancia, respetaron la Constitución, revueltas dentro de la institucionalidad, como ocurrió en Bolivia antes de Evo Morales, en Argentina antes de Néstor Kirchner, en Ecuador antes de Rafael Correa y en Guatemala, Haití, Paraguay. No ha habido golpes parecidos al hondureño, pues Alberto Fujimori disolvió las dos cámaras del Congreso peruano en 1992 y convocó de inmediato a elecciones; en Guatemala, Jorge Serrano Elías hizo lo mismo en 1993, pero la reacción de la sociedad civil organizada, los partidos políticos y una parte del Ejército se lo impidió y debió renunciar; en Haití, el general Raoul Cedras expulsó al presidente Jean-Bertrand Aristide, que volvió por presión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de EEUU y luego renunció; en Ecuador, tres presidentes debieron renunciar debido a fuertes manifestaciones populares con presencia indígena. Lo más parecido a Honduras ocurrió en Venezuela, en abril de 2002, cuando el presidente Chávez fue tomado prisionero… y devuelto al poder 48 horas después.

Lo ocurrido en Honduras puso a prueba, en primer lugar, la credibilidad de la Carta Democrática Interamericana y la sensibilidad de la Organización de Estados Americanos (OEA). El rechazo fue unánime: un cuarto de siglo sin que los militares arrojen a un presidente civil habla bien del cambio ocurrido y de un ambiente internacional que condena y castiga acciones tan profundamente antidemocráticas. En la OEA se movieron, primero, EEUU y paralelamente la mayor parte de países latinoamericanos, que tenían diversas razones para la condena y que, con diferente énfasis, exigieron la restitución de Zelaya. La posición de los países del ALBA fue condenar la complicidad oculta del imperialismo yanqui y pedir la intervención inmediata. Otros países, como Costa Rica, Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil, también rompieron relaciones por el pésimo ejemplo que daban los militares hondureños y hablaron del «regreso no negociado». La iniciativa de EEUU fue seguida por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, cuya propuesta satisfacía la formalidad de la condena y proponía un «acuerdo» entre las partes en conflicto pero restableciendo a Zelaya en el cargo.

Y es en este punto donde la crisis hondureña plantea varios interrogantes fundamentales. No es tanto el mal ejemplo político de un país minúsculo, con una débil tradición democrática y un enorme atraso social, sino el arduo problema de cómo restituir la democracia para que permanezca como una lección aprendida. Es decir, la efectividad de las sanciones que desde el exterior se formulan y cómo puede ella salvar no tanto a la OEA como a su Carta Democrática.

A la condena continental siguió el reclamo casi unánime de la restitución del presidente expulsado. Pero volver al statu quo ante era una exigencia desmesurada, una estrategia que solo valoró la fuerza de los principios desconociendo la razón de lo real, exigiendo una rectificación de los golpistas, la autocondena de los vencedores. Fue la solución de Venezuela que, como los milagros, solo puede ocurrir una vez en mucho tiempo. No se produjo la restitución de Zelaya, a pesar de una enorme presión, por varias razones, todas igualmente poderosas. Primero, porque no se entendió que no era Micheletti el único culpable sino casi el conjunto de la sociedad hondureña. Ha sucedido en algunos países africanos, donde los militares juegan a la ilegalidad en distintos niveles pero dependen totalmente de la ayuda exterior para sobrevivir. En el caso hondureño, líneas arriba se habló de la historia de la crisis, de cómo las fuerzas sociales y políticas más influyentes, las que constituyen el corpus nacional y la opinión pública, estaban ferozmente enfrentadas a Zelaya.

La segunda razón por la cual era imposible retornar a la situación previa al golpe tampoco se apreció lo suficiente. Lo ocurrido en Honduras abrió la oportunidad para que la derecha, activa de nuevo en todos los países, tomara partido y profundizara la polarización ideológica. Son espacios de reacomodo neoliberal, definiciones polares conservadoras. En EEUU, la extrema derecha republicana reorganizada, con ocasión de Obama, utilizó lo de Honduras para algo inaudito: una política exterior paralela. Así, tres senadores reaccionarios, que un mes atrás no sabían dónde quedaba este país de nombre tan extraño, viajaron a Tegucigalpa encabezados por Jim DeMint, de Carolina del Norte, y se entrevistaron con Micheletti. Tres torvos personajes de la época de Bush –Otto Reich, Roger Noriega y Daniel W. Fisk– alentaron públicamente a los golpistas. En un lúcido análisis, Jeffrey Sachs reconoció que «las divisiones ideológicas del país se están volviendo cada vez más profundas». En Guatemala, Colombia y Perú hubo abiertas felicitaciones para los militares hondureños. En suma, lo ocurrido sirvió para que las fuerzas de derecha aparecieran agresivamente.

La tercera razón es más compleja. Sin actuar conjuntamente, las raquíticas fuerzas de izquierda y los partidarios de Mel se movilizaron ruidosamente y se agruparon en el llamado Frente Nacional de la Resistencia, que por momentos pareció ser una fuerza realmente desestabilizadora, crecientemente importante. Fueron reprimidos al precio de diez muertos y numerosos heridos, además de detenidos. Obviamente, el régimen golpista no era democrático, pero la lucha popular, heroica como es siempre, hizo soñar a la izquierda latinoamericana con la idea de que en Honduras se estaba forjando una opción revolucionaria. Su lucha por la democracia no pedía la restitución de Zelaya, sino la derrota de Micheletti y los golpistas. A mediados de septiembre, cuando el ex-presidente volvió en lo que pareció ser un «enroque maestro» de Chávez y una audaz iniciativa de Luiz Inácio Lula da Silva, el movimiento popular llegó a su clímax. Después, el propio Zelaya se encargó de retirar a sus seguidores, liberales disidentes, y dejar en el abandono a los sectores populares de izquierda, inorgánicos. Así, la presión interna se desmoronó.

La Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron el cese de la asistencia financiera, y EEUU cortó la ayuda social, retiró la visa de ingreso a varios funcionarios del nuevo gobierno y hasta deportó a la hija de Micheletti… pero no interrumpió la asistencia militar. Cuba se alejó de Chávez, guardó silencio y dejó en Honduras a sus médicos rurales. Los países con gobiernos progresistas, como Chile, Ecuador y Uruguay, fueron enfriando su apoyo a Zelaya. Suponemos que, a medida que transcurría el tiempo, se hacía cada vez más difícil respaldar a un personaje como Mel, que resultó ser contradictorio y de escaso talento político, que no fue capaz de articular alguna propuesta política positiva, creadora, para superar la crisis y que solo jugó a volver.

Fue importante pero arriesgada la posición de Brasil, independiente y distinta de la de EEUU. Encabezó la protesta latinoamericana en la OEA y fuera de ella. El 21 de septiembre le abrió las puertas de su embajada en Tegucigalpa a Zelaya, en un gesto que hubiera sido ganador de haberse multiplicado la presencia de las masas populares en torno del ex-presidente. Nunca fueron tan débiles Micheletti y las fuerzas golpistas como en aquellos momentos, sobre todo cuando Brasil exigió respeto a la territorialidad de su embajada. Pero el problema surgió con el tiempo en contra y la fecha de las elecciones acercándose. EEUU aceptó las elecciones como solución y Brasil las rechazó. La brecha estaba abierta y la fecha llegó. Sin buscarlo, Lula se aproximó a Chávez. El desconcierto latinoamericano no podía ser mayor.

Y de la «restitución no negociada» se pasó a la fórmula más realista de negociar… o de esperar las elecciones; el realismo asomó, con el tiempo a favor de Micheletti. Probablemente el régimen golpista habría aceptado, no exactamente el retorno inmediato de Zelaya pero sí, como empezó a aceptar el gobierno estadounidense, alguna fórmula intermedia, como aparentemente se logró con el llamado Diálogo Guaymuras (complemento del Plan Arias), que dejaba en manos del Congreso el retorno del ex-presidente después de las elecciones del 29 de noviembre. ¿Podía el Congreso que lo destituyó hacer tan dolorosa rectificación? ¿A título de qué dejar en sus manos el destino de la democracia? El Congreso solo se reunió después de las elecciones para decidir y, como se esperaba, ratificó la defenestración de Zelaya. Se realizaron las elecciones el 27 de noviembre que, de manera objetiva, inevitable, ganó el candidato del Partido Nacional.

Y la vida misma, con el vigor de lo que ocurre porque está en la lógica de las cosas, planteó el problema de la legalidad de las elecciones presidenciales a la sombra de un gobierno ilegal, condenado. Sin duda, en la historia de todos los países latinoamericanos esto ha ocurrido muchas veces: convocatorias electorales realizadas por regímenes de facto y cuya realización legitima al elegido. En el caso hondureño, la convocatoria se hizo durante el mandato de Zelaya: desde mayo de 2009 todas las encuestas daban a Porfirio Lobo una mayoría apreciable, que el evento de diciembre ratificó ampliamente.

La izquierda política hondureña, agrupada en el partido Unificación Democrática (UD), logró sobrevivir y mantenerse dentro del sistema, al retener cuatro de las cinco diputaciones que tenía, pese a ser objeto de una sistemática campaña de desprestigio gestada tanto por los golpistas como por los integrantes de la llamada «resistencia zelayista». Tras la declaratoria oficial de las elecciones del pasado noviembre, donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgó el triunfo al Partido Nacional, la balanza no estuvo nada mal para la UD.

Colofón

Como tema de política internacional, Honduras ha pasado a un segundo lugar. El FMI ha reiniciado su ayuda y EEUU, Perú, Costa Rica, Panamá y Colombia han reconocido la victoria de Lobo, paso previo al restablecimiento de la normalidad. Zelaya se trasladó a República Dominicana. Pausadamente, y si la gestión de Lobo es inteligente, los países latinoamericanos irán restableciendo relaciones, o no lo harán. Lo importante ahora, para el gobierno, es retomar los vínculos con quienes dan «solidaridad económica». La economía del país está deshecha: sobrevive con las remesas, que constituyen 25% del PIB, algo del turismo y el comercio con EEUU.

En una decisión para la cual no hay una explicación fácil, la Corte Suprema de Honduras, a solicitud del Ministerio Público, ha iniciado un juicio penal contra la cúpula militar golpista. El presidente de ese alto tribunal, Jorge Rivera Avilés, ha sido nombrado juez natural (en la terminología local) para iniciar un proceso penal a los militares que en aquel momento formaban la dirección del Ejército, a solicitud del fiscal general, Luis Rubí. Se los acusa de ilegalidad en su comportamiento frente al poder civil en los sucesos del 28 de junio. El general Romeo Vásquez Velásquez y cuatro generales más ya fueron interrogados inicialmente, con prohibición de salir del país y con sus casas como cárcel provisional. El golpista Micheletti y varios jefes del Partido Liberal ya han roto con el nuevo presidente. La OEA guarda silencio mientras el desenlace ocurre. La lección es difícil de aprender, pues se confundió la defensa de la democracia con un hecho difícil de imponer o negociar: la restitución del golpeado y la rectificación de los golpistas. ¿Hay otra opción?

Guatemala de la Asunción, enero de 2010