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Las democracias malas de centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica

En Centroamérica, el arribo a la democracia electoral no fue, salvo en el caso de Costa Rica, la restauración de una tradición interrumpida, sino una instauración que ocurrió en circunstancias especiales: en medio de una crisis económica severa y en un contexto de conflicto armado. Esto fue así incluso en Honduras, que no tuvo una fuerte guerrilla en su territorio pero que funcionó como refugio y base de aprovisionamiento para las fuerzas contrainsurgentes. El resultado son democracias creadas desde arriba que, aunque han logrado mantener la continuidad electoral, están lejos de resolver los problemas de desigualdad y pobreza que afectan a la mayoría de la población. El artículo sostiene que, para entender el golpe de Estado en Honduras, es necesario analizar los déficits y desafíos de las «democracias malas» de Centroamérica.

Las democracias malas de centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica

Con democracia, ¿se acentúan los problemas?

El cristal con que se miran las democracias centroamericanas en este 2010 es como un calidoscopio, muchos colores con imágenes que cambian según se vaya moviendo el artilugio. Para unos, muy pocos, aparece el verde, que es como la epifanía de la esperanza democrática, pues recuerdan que en estos países la república despótica estuvo desde sus orígenes. ¿Cómo van a olvidarse de que en Nicaragua el «orden» lo organizó una dictadura dinástica, plebeya pero con aires sultanescos? En ese país, los Somoza retuvieron el poder durante 42 años (1937-1979). En El Salvador, durante casi medio siglo (1932-1981) los militares cuidaron ininterrumpidamente que la distribución de la riqueza asegurara el bienestar de unas 14 familias. La democracia, por mala que sea, se argumenta, es mejor que esas dictaduras militares, o que la dictadura de Guatemala, que en 14 meses asesinó entre 80.000 y 100.000 civiles indígenas.

No hay ninguna razón para que la memoria se debilite y olvide esa historia que no debe repetirse. Sin embargo, la mayoría ciudadana ve que el color del cristal es de tonos oscuros, grises. ¿Hay pesimismo? El propósito de estas notas es responder esa pregunta y examinar cómo estas democracias malas, como la de Honduras, lo son porque defraudan las esperanzas o llenan de incertidumbre a la gente. Y examinar en Honduras el ejemplo desordenador, con causas y efectos locales e internacionales, que ha demostrado cuán irreversible es la democracia. En 2010 ya no basta con argumentar, con la complacencia de hace algunos años, que nunca en Centroamérica se había vivido, en toda ella y de manera continua, un periodo de más de 25 años de democracia. Ello significó que más de 28 millones de personas nacieran en un clima político diferente al del pasado, donde organizarse, enfrentar a la policía o practicar la oposición política ya no implicaba riesgos mortales. Más de 30 millones de ciudadanos han votado en una treintena de elecciones presidenciales nunca impugnadas por fraude.

Pero el culto a las formas de la democracia política, el ceremonial electoral, se va convirtiendo en una rutina que se desacredita a medida que se ejerce, entre los millones de ciudadanos que habitan el sótano del edificio, desinformados y sin interés por lo público, ahogados en una carencia de los bienes que otorgan un mínimo de dignidad a la vida, enfermos, analfabetos, sin trabajo ni protección objetiva por parte del Estado. Algunos síntomas dispersos de desinterés por lo político, que por supuesto no son solo los que recogen las encuestas, apuntan a una manifiesta desmoralización de importantes sectores que antes creyeron que con la democracia política se empezarían a resolver sus graves problemas de supervivencia. Desde 1998 y durante casi un decenio ha habido crecimiento, pero ha aumentado la desigualdad y, con ella, el mundo de la informalidad, de las exclusiones sociales, de la concentración del ingreso y del poder.

La democracia mala no puede entenderse sin aludir al Estado que la cobija. Hoy Estado y democracia deben asumirse como una unidad funcional y conceptual, tema al que no habremos de referirnos aquí. Como lo prueban especialmente los casos de Guatemala, Nicaragua y Honduras, se ha ido formando un Estado débil (sin recursos, ineficaz, colonizado por intereses corporativos, corrupto y con baja legitimidad), junto a una enorme población en situación de pobreza y afectada por desigualdades múltiples, de las cuales la más estudiada –y no necesariamente la más visible– es la desigualdad económica. La derivación de estos datos estructurales es que, bajo esas condiciones, el Estado no puede ser plenamente democrático, o la democracia se vuelve frágil y da paso a situaciones de inestabilidad que se manifiestan en conflicto de poderes (especialmente entre el Parlamento y el Ejecutivo), prácticas autoritarias con violaciones a los derechos humanos, nostalgias por el pasado militar y esperanzas, cuando se le encargan al Ejército tareas de seguridad frente al desborde criminal o la batalla contra el narconegocio.

Al parecer, la democracia mala se origina como resultado de factores estructurales como los que se mencionan en el párrafo anterior. No es el destino, al margen de la subjetividad política, y son los hombres los que se mueven según su libertad, en cuyo ámbito los intereses se transmutan en pasiones. Por ejemplo, las serias amenazas a la participación política de la oposición y los pactos antidemocráticos que propicia hoy el sandinismo en Nicaragua mantienen a la sociedad en una tensión destructiva permanente; la creciente presencia de poderosos actores criminales y el llamado «Estado-paralelo» en Guatemala vuelven parcial e inoperante la acción del Estado, sin resultados en la vida democrática; la intolerancia conservadora de la elite dirigente hondureña que condujo al golpe de Estado muestra no solo el total irrespeto de los recursos legales, democráticos, sino también la prevalencia de grupos de interés privados en la vida pública. Todas estas situaciones críticas ocurren en sociedades empobrecidas, que son también las más desiguales de América Latina. Desde que se implantó la democracia en Centroamérica, a comienzos de los 80, han aumentado la pobreza absoluta y las desigualdades relativas (ver cuadro), lo cual sugiere la paradoja de una cierta correspondencia negativa entre las desigualdades políticas y las económicas: ¿a más democracia, más pobreza? No hemos investigado suficientemente la relación entre tales desigualdades que agobian a una ciudadanía confundida. ¿Cuál es el límite? Es difícil precisar cuánta democracia soportan las desigualdades o cómo la democracia convive con la pobreza. Pero sí sabemos que las amenazas no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada concentración de la riqueza. De hecho, en muchos otros países la desigualdad acompaña la vida política, y su persistencia es objeto no solo de estrategias públicas para disminuirla sino de interés teórico para entender tanto sus orígenes como su trayectoria y sus efectos. El Estado fuerte es democrático y, por definición, pro-igualitario y pro-mayoría; con ello, asume una tendencia a ser prodistributivo, pro-justicia social. El combate contra la pobreza puede contar entonces con victorias relativas, aunque la injusta distribución del ingreso parezca irreversible. Un Estado débil puede ser resultado de una doble causa: o no existe una ciudadanía extensa y participativa o el Estado reprime la vida democrática e inhibe ese tipo ciudadano. Esta doble vía está presente en la Centroamérica de hoy: la pobreza produce ciudadanos mal informados y con bajo interés político, que son portadores de una visión «alimenticia» de la democracia, dispuestos a aceptar el mandato autoritario. Y esta clase de ciudadanía fomenta un poder clientelista, patrimonial y personalista, con tendencias al populismo, al abuso de los derechos humanos y todos los males propios del atraso. En toda Centroamérica se registran los efectos de las desigualdades sociales que en los últimos años han producido estas democracias malas: la ideología neoliberal a la que desde los 80 adhirieron las elites conservadoras en el poder fomentó aún más la concentración de la riqueza social. Esto condujo a la concentración de los recursos de poder (prensa, partidos políticos, grupos de presión empresarial, control de políticas públicas, manejo de sicarios), a la polarización ideológica, a ganar créditos con una cultura política que privilegia el uso de la violencia, el temor al diálogo, la victoria del más fuerte. Y está probado que una ciudadanía desorganizada, junto con una alta concentración de la riqueza y el poder, vuelve el sistema fácilmente corrupto: una asimetría donde no es posible el control, la accountability, que estimula el saqueo y la ilegalidad.