Ensayo

La trampa de la nostalgia. La seducción del orden mafioso y el Estado imaginario en México

La perspectiva de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vuelva al poder se articula con un fenómeno más general en la sociedad mexicana actual: la nostalgia por las décadas en que este partido hegemónico dirigió los destinos del país. Esta sensación más o menos difusa está vinculada al desencanto por las promesas incumplidas de la nueva era iniciada en 2000, después de la histórica derrota del partido que gobernó México durante 70 años. Hoy el narcotráfico, la erosión del viejo sistema de bienestar (y cooptación) y el desorden más general en el armado institucional activan una serie de peligrosos mitos e ilusiones acerca de un pasado tan añorado como irreal.

La trampa de la nostalgia. La seducción del orden mafioso y el Estado imaginario en México

¿P or qué una gran parte de la ciudadanía sigue votando al incombustible Partido Revolucionario Institucional (PRI), a pesar de que diversos diagnósticos muestran que se ha instalado una profunda percepción sobre la descomposición estructural del país, que se rechaza una forma de gobernar basada en la apropiación y captura de las instituciones y se admite –aunque de manera un tanto «cínica» quizás– que la corrupción es un componente central del ejercicio de la autoridad en los gobiernos priístas (aunque no exclusivo de ellos)? ¿Cómo entender que, pese a que la sociedad identifica cada vez con mayor claridad que el estilo de hacer política y la forma de hacer gobierno priístas reproducen el atraso del país y bloquean la posibilidad de un mayor bienestar, el PRI tenga capacidad de renovar su arraigo societal y obtener apoyo en las urnas? ¿Acaso esto se explica porque el PRI tiene por momentos (y no son pocos) mayor presencia en la sociedad que el propio Estado, así como mayor capacidad de penetración a través de instituciones informales particularistas y de mecanismos distributivos de integración controlada?

No se trata de un tema sencillo y en buena medida entraña una especie de misterio político-cultural de la mexicanidad. Toda una gama de disciplinas ha intentado proveer explicaciones de diverso talante al fenómeno. Desde la mirada de antropólogos y estudiosos de la cultura política, todos los mexicanos tienen un «chip priísta»; para otros, 70 años en el poder arraigaron profundamente en la cultura pública y son difíciles de desandar en los pocos años de alternancia. Para una corriente politológica que se inspira en los argumentos clásicos de Daniel Cosío Villegas y su ensayo sobre la crisis de México, la ausencia de proyecto país y la inefectividad de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) han sido algunas de las fuentes de la nostalgia por el pasado. En este relato, también la propia izquierda habría abonado a la añoranza del antiguo régimen al reproducir prácticas políticas semejantes y formas de gobernar no siempre democráticas ni efectivas en términos de bienestar social. Para los más optimistas, el PRI aprendió las lecciones de su derrota y ha impulsado una renovación de su estrategia, y al parecer no lo ha hecho tan mal. Si bien cada una de estas aproximaciones puede tener una dosis de verdad y de sustento en la realidad, también es cierto que todas ellas resultan simplistas para entender los «misterios» del orden político y de la sociedad que lo sustenta.

Lo que debe señalarse con mayor claridad es que la posibilidad de volver a construir la maquinaria y dotarla de legitimidad y, por cierto, de recursos para su funcionamiento, es un mito que podría conducir a un ciclo de conflictividad social, inestabilidad institucional y violencia política, sin capacidad real de contención y procesamiento democrático. Dicho de otra forma: la posibilidad de construir un orden político democrático con capacidad distributiva y de inclusión social está en las antípodas del regreso al pasado reciente y de las ilusiones de la restauración autoritaria. El proyecto que se está construyendo mediante un discurso que apela a un pasado de eficacia y orden carece de sustento, y el esquema de regresión implica riesgos concretos para la paz social y la prosperidad pública del país.

Por ello, tal vez una mirada desencantada no sea un mal antídoto frente a la perplejidad de nuestro tiempo. Pero no un desencanto deprimido ni esquivo, sino responsable, que asuma de manera realista que cualquier posibilidad de salida de la «crisis mexicana» deberá ser una tarea colectiva que no puede sostenerse en los pilares que legitimaron los arreglos informales de la gobernabilidad del antiguo régimen. De hecho, la trampa de la nostalgia por el pasado tiene mucho que ver con cierto aggiornamiento de la fantasía en un orden político que ya no tendría capacidad real de producir legitimidad como antaño y que implicaría un enorme riesgo para la estabilidad política y la vida democrática del país.

Un buen comienzo sería comentar críticamente una de las mayores fantasías del periodo posrevolucionario (al menos a partir de 1930). Me refiero a la seducción del «orden estatal», que supuestamente habrían configurado las elites políticas revolucionarias y que pervivió por décadas. La clase política que se constituyó en aquel tiempo fue bastante eficaz en la construcción de la «fantasía estatista» y en la expansión de la «vida pública estatal» hacia diversos ámbitos de la sociedad, pero no es menos cierto que la autonomía de la lógica estatal nunca fue dominante y su enraizamiento social fue bastante parcial y fragmentado.

La seducción confundió a más de uno, pero en realidad México nunca ha tenido propiamente un orden estatal de talante hobbesiano. Si bien la etapa posrevolucionaria derivó en un ordenamiento político que gozó de alta estabilidad e institucionalización, su estructura y despliegue se asemeja más a un arreglo de creatividad maquiaveliana que a un Leviatán con poder infraestructural. La estructura social y la moralidad pública de las elites –y habría que decirlo también, de los ciudadanos– no permitían mucho más.

Para decirlo en pocas palabras: el Estado mexicano nunca se ha sometido a la ley, al menos no como lo estima la perspectiva liberal o republicana. Tampoco ha sido capaz de hacer cumplir la ley a lo largo de todo el territorio y a través de todo el sistema de estratificación social. Contra las lecturas difundidas por ciertos imaginarios antiestatales, lo cierto es que nunca ha contado con agencias y fuerzas de coerción eficaces, la capacidad de cobrar impuestos es bastante limitada y la fiscalidad siempre ha dependido más de la buena mano de la naturaleza y de los recursos naturales que de la fuerza para eliminar resistencias y evasiones. El funcionamiento de las burocracias, pese al extendido aparato administrativo, siempre ha dependido más de lealtades personales y de los circuitos particularistas que de un espíritu de nobleza de Estado basado en el servicio civil y el ascenso meritocrático.

Desde luego, México no es África y los diagnósticos de «Estado fallido» pueden ser algo equívocos, pero la idea de omnipotencia no es más que una fantasía alimentada por diversas fuentes de confusión. La narrativa del hiperpresidencialismo difundió con bastante eficacia la idea de una figura con capacidades cuasi mágicas, cuando en realidad y en muchas ocasiones la implementación de sus decisiones y políticas dependía de un extenso aparato de mediadores y reciprocidades que permitían el funcionamiento de la lógica del Estado central. Una larga fila de observadores y analistas confundieron capacidad estatal con aparato administrativo-gubernamental o gigantismo burocrático, mientras que otros equipararon, sin más, orden con estabilidad.

Si bien el Estado mexicano tuvo momentos efectivos en términos de capacidad de conducción de sus relaciones exteriores, de impulso al crecimiento económico y de inyección de dinamismo al proceso de desarrollo, no fueron pocos los que quedaron en el vagón trasero del progreso. Los olvidados de la «revolución institucionalizada» pronto se convirtieron en figuras naturalizadas del paisaje público. La propia desigualdad se convertiría en un factor estratégico y tristemente bastante productivo para las elites, ya que la producción del orden político vio en la gestión de la desigualdad un incentivo para perpetuar privilegios y extender la lógica de apropiación privada de las instituciones y las rentas públicas del Estado. Bastante raquíticas, por cierto, hasta nuestros días.

La fórmula parece más sencilla y en ella radica justamente la diferencia con Estados realmente fallidos: el orden estatal a nadie conviene, todos o casi todos los actores de la elite política navegan en la ambigüedad, pero todos requieren de la existencia del Estado para la reproducción de sus intereses y privilegios. No del Estado en su dimensión pública, claro está, sino de la apropiación de los recursos y del uso de su aparato, sin el cual sería imposible el mantenimiento del orden político híbrido que siempre ha caracterizado la vida pública mexicana.

De modo que México ingresa en el siglo XXI con diversas transformaciones y momentos de confusión. Para nadie resulta extraño que el proceso de democratización requiere de nuevas miradas, especialmente si admitimos que el estilo predominante de hacer política y de gobernar, así como el modelo de desarrollo de los últimos años, ha despertado signos de agotamiento y múltiples climas de desencanto y desafección. En algunas ocasiones la democracia parece irrelevante y la política pierde sentido para la vida cotidiana de los ciudadanos. Un Estado débil que no logra reformarse para conducir los nuevos retos de una gobernabilidad democrática y hacer frente a los poderes fácticos y a los desafíos de la globalización; una sociedad frágil en sus capacidades políticas y cívicas; un modelo de desarrollo socioeconómico con escasos logros en términos de crecimiento y generación de empleos de calidad, sin consensos mínimos para producir políticas estructurales en pro de la igualdad y la inclusión. Todo lo cual deja al descubierto una de las zonas más preocupantes de la experiencia mexicana: un país donde la «ciudadanía» como referente central de la democracia continúa siendo una tarea pendiente del proyecto de república democrática.

Pese a los avances del régimen de democracia electoral, los actores políticos conviven en escenarios donde coexisten, contradictoriamente, culturas políticas ligadas al régimen semiautoritario con prácticas de la política democrática y formas innovadoras de ocupación del espacio público que, sin embargo, chocan frente a enclaves autoritarios y prácticas despóticas en el seno mismo de la sociedad. La compleja convivencia entre lo que muere y se agota y lo que no termina de nacer hacen de la vida pública mexicana un teatro de simulaciones donde la lucha por el poder se desnuda frente a sus deslizamientos frívolos, y sus formas mediáticas terminan por convertir el espectáculo en la institución de mayor desprestigio de la política mexicana.

El proceso sociopolítico en México parece implicar situaciones parecidas a las descritas por Italo Calvino en su clásica metáfora de las «ciudades invisibles», con la cual expresaba una pérdida del sentido, también del rumbo de la vida pública y social de sus habitantes. Por ello el problema central que enfrentará la sociedad mexicana en las próximas décadas guarda estrecha relación con la reconstrucción de una comunidad política nacional que pueda insertarse de maneta autónoma en la globalización.

Uno de los riesgos que enfrentamos como país es la fragmentación de la sociedad como hogar público. Varios factores apuntan en esa dirección: fuerzas económicas y comunicacionales transnacionales, poderes fácticos externos e internos, la desigualdad que amenaza con convertirnos en dos o más «sociedades» extrañas las unas de las otras, la exclusión de amplios sectores sociales, el debilitamiento del Estado como referente de unidad, la pérdida de la dimensión pública de la política como forma de convivencia colectiva y la desvalorización de la vida en común.Sin duda México vive un momento histórico de alta complejidad. La magnitud de nuestro incierto orden político nos permite pensar que estamos ante la mayor encrucijada posrevolucionaria. Nuestro dilema como sociedad será encontrar respuestas colectivas para superar la descomposición extendida del antiguo régimen y diseñar fórmulas creativas para transitar de una era político-cultural pospriísta a una época democrática como cimiento cultural de otra forma de hacer política y de otro estilo de gobernar, sin lo cual nuestra convivencia social estará en entredicho. Pero la pregunta por la posibilidad de que emerjan liderazgos capaces de transformarse en una elite política comprometida con la estatalidad pública que requiere una democracia no admite respuestas sencillas, al menos no en el horizonte inmediato.

Ante tales problemáticas, el mayor desafío de la política mexicana será encontrar rutas de recomposición de la convivencia social en un contexto de creciente pluralidad. Su mayor reto: reconstruir la dimensión pública de la política. Desde una mirada desencantada, el devenir de la frágil democracia mexicana está condicionado por la debilidad del tejido social y estatal, en un malestar difuso que refleja la preocupación por el rumbo y la relevancia que otorga la ciudadanía a los valores democráticos como horizonte normativo de sus relaciones sociales, lo que conforma un imaginario colectivo en el que la sociedad no se reconoce ni menos aún se apropia de un proceso que vive como ajeno a su experiencia cotidiana. Todo indicaría que la fragilidad de nuestro relato democrático atraviesa por un desarraigo afectivo.

Ello explicaría por qué la ciudadanía mira con distancia lo que acontece en el campo de la política, no alcanza a dotar de sentido su participación en la conducción de su experiencia de vida y, por tanto, la legitimidad social de la democracia se enfrenta a altos índices de desconfianza pública que ponen en entredicho su importancia para la libertad política y la igualdad ciudadana. Uno de los grandes retos de la calidad de la política democrática en escenarios de gobiernos divididos y de creciente pluralidad, como es el caso mexicano, se refiere a la construcción de mayorías y a la capacidad de transformar el diálogo en acuerdos legítimos y en agendas transversales de gobierno. Por ello, se podría pensar en acciones orientadas a impulsar el desarrollo de una cultura política transversal en la formación de acuerdos y coaliciones, así como en tender puentes de reflexión y animación del debate público para la transformación y la innovación de formas democráticas de hacer política.

También deberemos admitir que, a estas alturas, la llamada «transición a la democracia», pese a las buenas intenciones, implicó más un proceso de desajuste y erosión de las bases y los arreglos que daban soporte al orden político posrevolucionario, que la introducción de un nuevo orden político basado en la construcción pública del Estado. La pluralidad, muy bienvenida por cierto, terminó también por ingresar en el terreno de la espiral de ampliación de una clase política que muy pronto, quizá demasiado, se acomodó a los viejos ropajes del Leviatán imaginado. La elite política del «cambio democrático» (pobremente limitada a la alternancia) se asemeja más a la «lógica del empujón del compadre» que pronto se dio cuenta de que la «necesidad hace al monje», y no el monje a la realidad.

Pero el desencanto no proviene solo de los intelectuales ilustrados, algunos convertidos en activistas de la sociedad civil, ni de los ciudadanos mismos, sino de la propia clase política, que parece girar en el laberinto de su propia soledad. Por eso la confusión es más profunda y el derrumbe de la fantasía que informa la irrupción del narcotráfico y la violencia social ha terminado por crear un clima de alta perplejidad. Lamentablemente, y a pesar del avance del régimen democrático en el sentido de la democracia electoral, de ciertas libertades básicas de participación y del reconocimiento de la pluralidad política, es mejor admitir que la fantasía de restaurar un orden político contrario a los atributos de una democracia, por imperfecta que esta sea, y basado en el uso y la apropiación de la dimensión «pública» del Estado, es un camino falso para la paz social y el bienestar de las mayorías. Por eso, aunque existan tentaciones de esta naturaleza, al menos de restauración parcial del orden político priísta, el regreso total tampoco parece probable. La organización política de la pluralidad y la polarización de las visiones de mundo dentro de la elite y de la sociedad han introducido un elemento de incertidumbre casi imposible de eliminar.

Lo más preocupante es que se ha instalado un dilema o clivaje central entre democracia y autoritarismo. Tan solo el intento de imponer una Ley de Seguridad Nacional sirve de ejemplo, ya que la polémica que suscitó ha generado un planteamiento más amplio sobre los dilemas centrales de gobernabilidad política que enfrentará el país de cara a las elecciones de 2012. Se refiere al clivaje entre democracia y autoritarismo, entre quienes pugnan por resolver los problemas políticos por la vía del fortalecimiento del Estado democrático y constitucional y quienes también buscan fortalecer el Estado pero desde su lógica despótica y autoritaria. A lo que se suma una tercera opción anclada en una visión delegativa de la democracia, que no admite o se siente incómoda con los controles institucionales.

Ante el riesgo del dilema que implica la trampa de la nostalgia, debemos tener mayor claridad y capacidad de desmantelar la seducción del pasado y mostrar con transparencia las consecuencias que tendrá para la gobernabilidad y el bienestar de los ciudadanos. Es decir, mostrar que el regreso al pasado implicaría desconocer, casi como un acto de desmemoria, que el PRI es el autor principal de las decisiones estratégicas que llevaron a la «crisis mexicana» de nuestros días. Se trata del trayecto de 24 años anclado en el «experimento neoliberal mexicano», el cual no solo está agotado en México sino prácticamente en todo el mundo, más aún después de la crisis económica internacional comenzada en 2008.

La trampa de la nostalgia también se alimenta del supuesto vacío de alternativas y vías de salida del esquema de las últimas décadas. Sin embargo, otro camino es posible, como lo muestran los 13 años de gobiernos progresistas en la Ciudad de México. El tránsito de la democracia electoral de los años 90 a una democracia de ciudadanía ha permitido crear las condiciones para una Ciudad de Bienestar, lejos en varios sentidos de lugares comunes y de esquemas cerrados.

No hay nada que añorar del pasado; en este aspecto debemos ser contundentes: la nostalgia por el pasado podría conducirnos a un verdadero precipicio, que implica desconocer, por ejemplo, que la forma de ejercer el poder por parte de la elite priísta se sustenta en la gestión de la desigualdad. La nostalgia se alimenta de diversos mitos que aludían a un país de orden, estabilidad y prosperidad, así como de las señales de declive de las últimas décadas que termina por construir este imaginario. Sin embargo, en la añoranza por ese país un tanto fantaseado existe una trampa: buena parte de la «crisis mexicana» tiene su origen en decisiones tomadas por las elites políticas del antiguo régimen, aunque estas hasta ahora han tenido cierta destreza para desligarse de su responsabilidad o aparecer como actores ajenos a las «señales del declive». Pero sin duda la inefectividad de los gobiernos panistas y la falta de un proyecto de país real han contribuido a alimentar la trampa de la nostalgia. Por citar tan solo un ejemplo: la debilidad tanto social como política del Estado mexicano sería obra de las políticas sociales y de seguridad de los últimos 10 años, cuando en realidad los pilares (arreglos e instituciones informales) de la gobernabilidad siempre atentaron contra la dimensión pública del Estado, y el proceso de desmantelamiento de sus capacidades desarrollistas se puso en marcha desde los años 80. De manera que la amputación del Estado comenzó mucho antes.

La trampa de la nostalgia también encuentra su correlato en el ámbito de la ciudadanía social. Parecería que antes de la década de 1980 México hubiera sido un país de bienestar, cuando diversos estudios han demostrado que la desigualdad, la concentración del ingreso y otros asuntos vinculados a las brechas de desigualdad tienen un largo trayecto histórico y que no se resuelven durante la larga etapa posrevolucionaria; algunos, incluso, se agravan. En realidad, el Estado que recibe la nueva clase política tecnocrática viene con fallas de fábrica bastante notables; por ejemplo, nunca tuvo capacidad de cobrar impuestos de manera extendida y siempre se mantuvo al borde de la quiebra fiscal, carece de la capacidad para hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional –ya que la negociación selectiva de la ley era un rasgo central de la gobernabilidad y el control social– y ostenta una capacidad limitada en materia de provisión de bienes públicos y servicios. De manera que el «Estado recibido» era más débil y frágil de lo que se pensaba y estaba afectado por fuertes distorsiones en su dimensión pública. Por eso la llamada «reforma del Estado» no solo implicaba su «retiro desarrollista», sino su amputación pública.

Si bien podemos reconocer el progreso socioeconómico que implicó la construcción de un Estado social-corporativo y clientelar en algunos aspectos del bienestar (derechos laborales, por ejemplo), aunque lejano del modelo de bienestar europeo, este terminó desvirtuado antes de comenzar el ciclo neoliberal, sobre todo por un estilo predominante de gobernar y hacer política que se sostenía en la apropiación de lo público estatal y en el uso político de las instituciones públicas de bienestar (esta es la gran tesis de Cosío Villegas en todos sus escritos a partir de 1946). De manera que, si bien se reconoce el impulso posrevolucionario, la crítica comienza antes del experimento neoliberal.

Cuando este experimento se puso en marcha, el Estado, ya desvirtuado y sin todas las capacidades que se le habían asignado de manera un tanto mítica, se convirtió en el Estado realmente existente. ¿Qué significa esto? Básicamente, que confluye la orientación patrimonialista que había sustentado su práctica política y de gobierno –en una permanente apropiación de lo público y de las instituciones del Estado– con una visión tecnocrática y «estadofóbica» que coloca todos los males del subdesarrollo en el gigantismo estatal, sobre todo en lo que se refiere a la dimensión pública del Estado. Sin embargo, el propio experimento neoliberal y las reformas modernizadoras no podían instrumentarse sin el apoyo de ese Estado –como lo mostraban en aquellos años todas las experiencias comparadas–, aunque lo que se requería era un Estado diferente, amputado en cierto sentido, pero fortalecido en su capacidad de impulsar los mecanismos de mercado. Si la primera versión estatal había estado al servicio de una elite política patrimonialista, ahora se trataba (y se trata) de ponerlo al servicio de los agentes del mercado. Así, la idea de un Estado al servicio del desarrollo y el bienestar quedaba prácticamente en el olvido.

De manera que si el Estado realmente existente venía de un proceso de erosión, el experimento neoliberal terminó de amputarlo en su dimensión pública y en su rol desarrollista. Lo que debe señalarse sin ambigüedades es la confluencia catastrófica de estas «dos almas»: la patrimonialista y la tecnocrática privatista, ya que su combinación ha puesto en evidencia la fragilidad del «mito estatal posrevolucionario», el abandono de lo público-estatal y del rol desarrollista del Estado, profundizando las brechas de bienestar y erosionando los mecanismos y las instituciones informales que «sostenían» el orden político. La posibilidad de reconstruir la maquinaria y dotarla de legitimidad y de recursos para su funcionamiento es un mito que podría conducir a un ciclo de conflictividad social, inestabilidad institucional y violencia política sin capacidad real de contención y procesamiento democrático. Dicho de otra forma: la posibilidad de construir un orden político democrático con capacidad distributiva y de inclusión social es el efecto contrario del regreso al pasado y una ilusión de la restauración autoritaria.

La posibilidad de avanzar hacia un camino alternativo no es parte de un mero imaginario, sino que existe evidencia de que puede funcionar y de manera muy efectiva. La buena noticia es que existen casos notables de despegue (como el experimento desarrollista de los «tigres asiáticos») y, al menos desde hace una década, la vía progresista de varios países latinoamericanos. En conjunto, estos países salieron del «experimento neoliberal» y evitaron un regreso nostálgico al pasado, ya que entendieron que la vuelta atrás no podría resolver ni responder los desafíos del futuro. Este es uno de los grandes dilemas del México de nuestros días: continuar por la senda de un modelo de estancamiento desestabilizador o caminar hacia una sociedad de bienestar.

La mayoría de los países que apostaron por la senda progresista y desarrollista ha logrado otorgar a sus sociedades dignidad y protección social, crecimiento económico y prosperidad material, estabilidad política y gobernabilidad democrática, seguridad humana y vitalidad ciudadana. Desde luego, no existe un solo camino dentro del patrón desarrollista y progresista, pero sin duda ninguno ha omitido en sus apuestas de despegue materias como la educación pública, la salud, el crecimiento con equidad, la revolución tecnológica, la innovación y la energía. Aunque existen matices y énfasis en sus políticas públicas, en todos los casos encontramos un rasgo central: pensamiento y análisis político-estratégico, el cual ha permitido elaborar hojas de ruta o mapas de navegación política, sin los cuales no se comprendería el funcionamiento y la efectividad de la senda progresista. Se trata de las «claves políticas» de la estrategia de desarrollo. En prácticamente todos los casos encontramos tres pilares: formación de coaliciones, pensamiento estratégico y liderazgo con adhesión ciudadana. Digamos que la ecuación «gobernabilidad-desarrollo/bienestar» ha resultado central en estas experiencias que evitaron caer en la trampa de la nostalgia.