Las reformas a los sistemas de administración de justicia en la región se han convertido en una de las áreas más significativas de las llamadas reformas de segunda generación. Tales proyectos, no obstante, podrían ser fuente de nuevos fracasos y frustraciones, en la medida en que sus motivaciones no estén fundadas en méritos propios. Hay un complejo sistema de cambios que debe involucrar necesariamente a todas las ramas de los poderes públicos en función de una justicia más transparente, independiente, equitativa, oportuna y democrática para todos; no solo para quienes, desde la lógica del mercado, requieren la eliminación de los obstáculos a la libre competencia. El dilema que se plantea es la modernización judicial que tome en cuenta principalmente las necesidades del sector empresarial y financiero, con retoques en la justicia penal y las ramificaciones sociales de la justicia civil, o afrontar las legítimas demandas de justicia por parte de quienes tradicionalmente no han tenido un acceso formal ni material a ésta.