«Está temblando». Nadie supo si Ana Carolina había lanzado una pregunta o una afirmación, pero enseguida atravesó el apartamento hasta la puerta de la cocina, mientras le gritaba a su mamá: «¡La cabezaaaaaaa, la cabezaaaaa!». El primer terremoto bamboleó el edificio de un lado a otro y, cuando parecía que se impondría la calma, el segundo movimiento sacudió la edificación hacia adelante y hacia atrás e hizo que los vidrios crujieran. «¡Paraaaaaaaa!», le gritó Ana Carolina a la Tierra, pero el temblor siguió varios segundos más. Cuando todo se detuvo, ambas mujeres seguían con vida y todavía no medían lo que había pasado: habían sobrevivido a un doblete sísmico.

«Me asomé al pasillo del edificio, desde el piso 12, y pude ver las nubes de polvo dispersas en la ciudad», relata José Antonio, residente del suroeste de la capital venezolana. Bajo ese polvo ya se contaban los primeros muertos de Caracas y de La Guaira, en la costa. Los datos de los terremotos fueron aportados inicialmente por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que certificó un primer movimiento de magnitud 7,2 y un segundo movimiento de magnitud 7,5. Posteriormente, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) notificó el primer sismo, de magnitud 7,2, a las 6:04 de la tarde, y un segundo sismo, de magnitud 7,5, a las 6:05. Ambos ocurrieron en el estado Yaracuy, a unas cuatro horas de Caracas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y calificó a La Guaira, estado costero, como zona de desastre.

El terremoto se ensañó con apartamentos vacacionales de clase media ubicados frente al mar de La Guaira y también con viviendas de interés social levantadas por el gobierno después del deslave causado por las lluvias torrenciales en 1999. El derrumbe alcanzó a pobres y ricos: de acuerdo con datos oficiales, hay al menos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Para el 13 de julio, el balance oficial registraba 4.561 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 rescatados, 107 refugios o campamentos transitorios que albergaban a 20.231 personas y casi 18.000 personas sin vivienda. La cifra de fallecidos, imposible de contrastar de manera independiente, continuó cambiando durante las semanas siguientes.

Un Estado a medio desarmar

El terremoto cayó sobre un Estado que lleva una década desarmándose y que, seis meses antes, había perdido a su presidente en una operación militar extranjera. Organizaciones de la sociedad civil comenzaron a hablar de emergencia humanitaria a partir de 2015, por el resquebrajamiento del Estado, la inestabilidad política y la merma de su capacidad para responder a los ciudadanos. Antes de los sismos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas estimaba que 7,9 millones de venezolanos –sobre una población de 28 millones– necesitaban asistencia humanitaria urgente.

Esa institucionalidad venía golpeada desde hacía casi cuatro décadas. El Caracazo de 1989 reveló la profundidad del descontento social; tres años después, dos intentos de golpe sacudieron al país, el primero encabezado por un teniente coronel entonces desconocido, Hugo Chávez. La destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993 terminó de erosionar al viejo régimen y despejó el camino para la llegada de Chávez al poder en 1999. Su gobierno atravesó después su propia sucesión de sobresaltos –el golpe de 2002, el paro petrolero de 2002–2003 y el referéndum revocatorio de 2004– y, tras su muerte en 2013, la conducción quedó en manos de Nicolás Maduro, cuyos años estuvieron marcados por los cuestionamientos de legitimidad, las denuncias de violaciones de derechos humanos, el éxodo de millones de venezolanos y las sanciones de Estados Unidos y Europa.

A esa fragilidad se le sumó una fractura política sin precedentes. El 3 de enero de 2026, tropas estadounidenses atacaron Caracas y se llevaron por la fuerza a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, hoy detenidos en Estados Unidos a la espera de juicio por narcotráfico. El Tribunal Supremo de Justicia designó presidenta encargada a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que desde enero gobierna en un equilibrio incómodo: condena públicamente el «secuestro» de Maduro mientras el gobierno estadounidense se jacta de gobernar Venezuela. Washington, levantó sanciones, reabrió su embajada en Caracas y facilitó el regreso del capital occidental a la industria petrolera. Es ese aparato –descabezado, en transición y obligado a negociar con Washington– el que tuvo que responder al peor terremoto en más de un siglo.

La respuesta: el reclamo de la gente

Los terremotos ocurrieron en la tarde del 24 de junio. La primera ayuda que recibieron las personas sepultadas fue la de sus propias vecinas y vecinos, que se metieron entre los escombros sin esperar a nadie. Esas manos sostuvieron la vida durante las horas siguientes, cuando centenares de motorizados recorrieron los 30 kilómetros que separan Caracas de La Guaira para tratar de sumarse al rescate.

«Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos, a pocas horas de la ocurrencia, fue emitir un decreto con la creación del estado mayor para atender la emergencia», afirmó Rodríguez. Pero «obviamente, en los sitios donde se desplomaron edificios, las primeras personas en llegar son sobrevivientes del mismo colapso, familiares, vecinos». En rueda de prensa con medios internacionales, una semana después, insistió en que lo del 24 de junio «fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos».

Esa movilización estatal no es necesariamente la que perciben las familias en La Guaira. El último día de junio, Janett Noriega y su esposo, Francisco Moreno, habitantes de Caracas, regresaron al lugar para tratar de encontrar con vida a seis familiares o, al menos, recuperar sus cuerpos. Habían quedado entre los escombros de una de las torres de las OPPPE de Playa Los Cocos, un conjunto de viviendas de interés social levantado por el gobierno.

Los esposos, acompañados por otros integrantes de la familia, caminaron entre cabillas, retazos de paredes, electrodomésticos, peluches arrastrados y carteras rotas. Grupos de rescate nacionales e internacionales luchaban contra las horas. El llamado «protocolo de silencio» se imponía cada cierto tiempo para hallar rastros de sobrevivientes, aunque ese día la búsqueda resultó infructuosa: ni los perros rescatistas detectaron señales de vida. Janett y Francisco retornaron a Caracas con la frustración de no saber si sus seis familiares habían pasado a integrar la lista de víctimas. Han regresado varias veces y han obtenido siempre la misma respuesta: la incertidumbre.

Las OPPPE son edificaciones levantadas por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, un organismo creado en 2009 por el presidente Hugo Chávez que se convirtió en ejecutor de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta gran misión prometió atender el déficit de unidades habitacionales.

«Los del gobierno llegaron tarde», reclama un habitante de Macuto, otro sector de La Guaira impactado por los terremotos, en el que se observan edificaciones derrumbadas y piscinas intactas. «Esto era una confusión de polvo y gente gritando, y nadie del gobierno», describe una rescatista que estuvo presente en el Urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande, construido por una empresa turca y una de las construcciones más cuestionadas por residentes y especialistas tras los derrumbes. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reiteró que hubo un llamado deliberado desde el exterior, hecho por políticos e influencers, «para congestionar la zona de rescate» y dificultar el acceso de los equipos.

El país tuvo que apoyarse en 51 delegaciones extranjeras –más de 3.000 rescatistas, voluntarios y especialistas– para cubrir lo que su propio aparato no alcanzaba. Llegaron también más de 140 perros adiestrados. Uno de ellos, Togo, un pastor del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, cayó tres metros y quedó atrapado durante una operación en un edificio colapsado de La Guaira. Lo sacaron con vida y lo devolvieron a España.

La ayuda ciudadana se coordinó en buena medida por WhatsApp. Desde los terremotos, sus estados se convirtieron en una cartelera pública en la que se piden maquinaria pesada para mover escombros, camiones para retirar materiales y dinero para comprar picos y palas. Entre tantos casos emblemáticos, el de dos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Stephanie y Jesús, no deja de asombrar: sus compañeros permanecen en la zona donde ambos desaparecieron, en Catia La Mar –al oeste de La Guaira–, aferrados a la convicción de que podrán encontrarlos. Incluso juntaron dinero para comprar los equipos necesarios para seguir apartando los amasijos que quedaron en lugar del bloque en el que se encontraban.

Hay hijas que siguen buscando a sus padres, como Oriana Orozco, estudiante de la Escuela de Letras de la UCV, que comparte videos en los que se la observa tratando de cavar en el edificio Belo Horizonte de Playa Grande para reencontrarse con el cuerpo de su padre. «Hoy seguimos abriendo un túnel dentro de la torre. Nunca imaginé que el amor pudiera tomar la forma de un túnel», escribió Oriana en Instagram durante la noche del 13 de julio.

También hay hermanas que perseveran en la búsqueda de sus hermanas, como Lisbeth Rancel, que busca a la suya ante la duda de si efectivamente la sacaron con vida del edificio Punta Brisa –como le contaron– o si murió entre los escombros.

La esperanza de hallarlos con vida

En la costa de La Guaira, a un costado del edificio Caribe, una familia esperaba noticias de su hija. La frase «viva o muerta» no tenía cabida en su conversación porque, para sus seres queridos, la joven aún existía, aunque habían transcurrido más de 140 horas desde los terremotos. «Hasta que no vea el cuerpo, mi hija está viva. El cuerpo es lo que me va a decir que está muerta», enfatizó Alejandro, su padre. Rebatió así lo que le habían dicho rescatistas internacionales: «Los expertos dicen ‹no detectamos vida› y siguen de largo, pero yo digo que tampoco detectaron muertos».

«Mientras haya vida, hay esperanza. Todavía tenemos uno o dos sitios activos de búsqueda de vida», sostuvo Jorge Rodríguez el sábado 11 de julio. La remoción de escombros «se está haciendo de manera lenta», alegó, para proteger a las personas que pudieran haber sobrevivido y también para recuperar los cadáveres.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó el lunes 6 de julio que habían logrado recuperar 2.400 cuerpos. Según argumentó, se había dado «un tratamiento de dignidad», con una morgue móvil y servicios gratuitos para las familias, tanto de inhumación como de cremación.

Para esa fecha, más de 300 cadáveres no habían sido identificados. Terán descartó el uso de fosas comunes, sobre el cual se había especulado. «Todos los cuerpos son identificados», insistió. Pero, si nadie los reclama, «son llevados al cementerio de La Esperanza para su inhumación», en «fosas individuales para cada uno, en las que se coloca la cruz y la placa de identificación con el expediente, para que el día de mañana, cuando aparezca algún familiar, pueda reclamarlo. Esto se ha hecho siguiendo los protocolos internacionales y con apoyo de la Cruz Roja».

El gobierno de Colombia aportó 2.000 bolsas para cadáveres y prometió duplicar esa cantidad si era necesario. El embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, apuntó que, además de las 300 toneladas de ayuda y los equipos de rescate desplegados durante el primer momento de la contingencia, se concentraban ahora en respaldar la atención en los refugios con un hospital de campaña, así como en acompañar la identificación de los fallecidos.

La psicóloga Taibel Núñez recuerda que, en estos casos, el duelo rara vez es simple: las pérdidas se acumulan y no siguen un orden. Alguien puede haber quedado sin casa, sin familia y sin empleo a la vez, y transitar la negación y la rabia al mismo tiempo. Lo material, agrega, también deja una herida abierta: es una cotidianidad entera la que cambia de golpe.

Solo en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la primera casa de estudios del país, se reportaban 48 fallecidos, 166 desaparecidos y casi 500 damnificados.

Inspecciones, refugios y el camino que viene

A la búsqueda de sobrevivientes siguió la inspección de los edificios que permanecían en pie. En La Guaira, algunas construcciones parecen tragadas por la tierra y otras se desplomaron por completo. En San Bernardino, un sector de clase media del norte de Caracas, también cayeron edificaciones. Muchas otras quedaron dañadas por el sismo, y sus habitantes decidieron, en un primer momento, montar campamentos en los alrededores –dentro de vehículos, bajo toldos o en la acera– para resguardar sus propiedades de posibles saqueos y acciones similares.

Las inspecciones de estas estructuras comenzaron con ingenieras, ingenieros, arquitectas y arquitectos voluntarios, que se encargaron de observar las columnas y las vigas para orientar a las vecinas y los vecinos. Después, los bomberos y el funcionariado de Protección Civil iniciaron los recorridos para determinar si cada edificio estaba «en verde» –habitable–, «en amarillo» –habitable con reparaciones– o «en rojo» –inhabitable por el momento–.

Hasta el 6 de julio, la comisión presidencial había evaluado unas 6.000 edificaciones; la mayoría –70 %– pasó el examen, como confirmó el presidente del organismo, Francisco Garcés. Queda pendiente la revisión de entre 12.000 y 15.000 más, una tarea para la que se prepararon cuadrillas de voluntarias y voluntarios del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

El profesor Sergio Silva, de la Facultad de Ingeniería de la UCV, es uno de los instructores del voluntariado. La evaluación rápida pretende que las familias sepan si es seguro dormir bajo su techo. En una de las sesiones, Silva remarcó que lo importante son las estructuras, porque las paredes se recuperan, e instó a concentrarse en las grietas: dónde están y cuál es su tamaño.

Los servicios básicos ya eran deficientes en la zona de desastre, y los terremotos los perjudicaron aún más. El sistema de aguas blancas de La Guaira funcionaba al 50 % de su capacidad antes de los movimientos, diagnosticó José Noberto Bausson, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. Las aguas blancas se transportan por una red de tuberías de hierro fundido que habría resistido los impactos, pero la situación del sistema de aguas servidas es una incógnita.

«¿Me regalas un agua?» es la pregunta de rigor para quienes se acercan a la zona cero de La Guaira. Las botellitas de medio litro vuelan de mano en mano. El sol de la costa quema la piel y dispara la sed. Más allá de las voluntades particulares, el problema del agua parece requerir medidas decididas. Bausson propone poner pozos en funcionamiento, mantener una red de camiones cisterna y desalinizar agua con apoyo internacional.

Aunque las autoridades prometen resolverlo con rapidez, los refugios se preparan para un camino que se presume largo. Y en ese camino ya hay advertencias sobre cómo preservar la salud de quienes hoy se encuentran en los llamados campamentos temporales. El infectólogo Jaime Torres, del Instituto de Medicina Tropical de la UCV, pone sobre el tapete las afecciones prevenibles mediante vacunas, pero también las enfermedades transmitidas por alimentos –relacionadas con la calidad del agua y la manipulación de la comida– y las infecciones respiratorias.

Venezolanos que ya se enfrentaban a las dificultades de los servicios de salud se beneficiaron de los hospitales de campaña enviados por países como la India y España. En el de la India se atendieron más de 300 pacientes por día; en su mayoría, sus consultas no estaban relacionadas con los terremotos del 24 de junio, sino con las carencias cotidianas del sistema de salud venezolano.

Los nudos de cada día

La solidaridad local ha mermado –como relata el voluntariado en los centros de acopio–, pero la Cruz Roja Venezolana estima que la atención se prolongará unos 24 meses. Organizaciones como Operation Blessing preparan cada día unas 2.500 comidas, esperan llegar a servir 5.000 platos y planean permanecer unos tres meses. La gente solicita maquinaria del Estado, pero los equipos disponibles no dan abasto para responder a la demanda; quienes pueden pagarla contratan servicios privados.

El temblor también entró en los comercios de la ciudad. Cuando cedieron los estantes de la Pulpería del Libro Venezolano, se desparramaron por el piso entre 100.000 y 200.000 ejemplares: derecho, psicología, esoterismo y Simón Bolívar, todo mezclado. Su dueño, Rómulo Castellanos, ya convocó a los amigos para levantar la librería.

El manejo de los escombros se ha convertido en un tema polémico, porque se han formulado denuncias según las cuales parte de ellos ha sido arrojada al mar. Joaquín Benítez, director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, insiste en que este material debe clasificarse entre contaminado y no contaminado, porque en las estructuras colapsadas hay restos de vehículos, aceite y combustibles, además de cloro de piscinas. La recomendación de Benítez es reciclar todo lo posible para obtener aglomerados o elementos metálicos que puedan emplearse en la reconstrucción.

«Hay al menos 1,2 millones de toneladas de escombros y bajo ningún concepto se nos va a ocurrir lanzar ese montón al mar», remarcó Jorge Rodríguez. «Estamos procurando mecanismos para ver cómo muchos de esos escombros pueden ser reutilizados».

Los habitantes de los sitios afectados por los terremotos no saben si perdieron sus hogares o si podrán recuperarlos. En el urbanismo Oropeza Castillo, en Guarenas –una ciudad satélite ubicada a poco más de 30 kilómetros de Caracas–, hay apartamentos que parecen haber sido bombardeados. El sábado 11 de julio, Indira Yánez le mostró uno de ellos a la arquitecta María Isabel García, que se ha dedicado a hacer inspecciones gratuitas para tranquilizar a las familias. Indira le enseñó las paredes caídas. «Eso se reconstruye», precisó la arquitecta. Indira le señaló los frisos rotos. «Eso se repara», replicó. «Ustedes tienen casa para rato», concluyó García.

Tolderos, vendedores de pescado frito y tostones, cuidadores de vehículos… Todos los que prestaban estos servicios en La Guaira se quedaron sin trabajo. «En La Guaira somos alrededor de 5.700 trabajadores playeros y todos estamos desempleados», confiesa Jenny Suárez, afectada y residente de Mare Abajo. Jenny, todavía en duelo, se debate entre invitar nuevamente a las y los turistas o continuar sin ingresos y con deudas.

En Playa Surfista, en Mare Abajo, Eva Cedeño admite que prefiere estar en una carpa antes que instalarse en su apartamento. «No quisiera irme de mi comunidad, porque tengo muchos años viviendo aquí, tengo a mis hijos, amistades buenas. Pero no quisiera vivir más en mi apartamento, porque tengo pánico. Duermo en carpa desde el mismo 24 de junio. Ha habido réplicas y el edificio se ha movido. Me siento más segura en la carpa», remarca.

¿Es seguro regresar a La Guaira? ¿Se debe construir de nuevo en zonas como Los Corales, que ya había sido devastado por los llamados deslaves de 1999 y volvió a hundirse con los terremotos de 2026? Para encontrar las respuestas, el ingeniero geólogo Noel Mariño propone, además de aplicar el sentido común, recurrir a la ingeniería forense para entender qué pasó, por qué pasó y qué no se debe hacer. También llama a estudiar los suelos para determinar dónde y cómo construir.

Las cartas del adiós

El domingo 12 de julio se celebraron misas y velorios para honrar a las víctimas de los terremotos. En El Paraíso, los familiares y amigos de Melissa Cañas, docente fallecida junto con su esposo y su hijo en Los Corales, acudieron en masa a una misa en su memoria. Después de días de búsqueda, pudieron sacar su cuerpo del edificio en el que vivía. La gente que la quiso la despidió entre sonoros aplausos y sollozos.

En la funeraria Vallés, en Caracas, el doctor Lenín Peña, Míster Universo Venezuela 2025, se despidió de su novio, Yordi Paredes, a quien buscó desesperadamente –en un proceso documentado en Instagram– en el apartamento que ambos compartían, en Tanaguarena. «Amor, espérame un poco más. Ya casi llego, amor, por favor», escribió Peña el 7 de julio. Efectivamente llegó, pero Yordi no pudo esperarlo.